Los poderes ocultos, hábilmente manejados los conservan
de un gobierno a otro, hacen el tránsito con la mayor destreza, se instalan o
reinstalan. Son los poderes de la clase política que perdió las elecciones,
pero se enquistan en el nuevo gobierno a través de funcionarios y testaferros
clientelizados; las elites y los burócratas que viven de ellos, los trashumantes
que se camuflan en cada gobierno. Solo les importa conservar lo que tenían en
el gobierno anterior, y fastidiar, obstaculizar para poder proseguir haciendo lo
mismo detrás de los nuevos funcionarios a quienes se enganchan y engañan, o los
hacen transigir, o los corrompen, para ellos permanecer ejerciendo poderes
ocultos y logran hacer pervivir el sistema bipartidista o conservador, más
derechizado.
La corrupción enquistada desde los anteriores gobiernos
busca continuar a través del manejo oculto de las formas de decidir o incidir
para continuar, esto es lo que más afecta la Democracia, la corrupción crónica.
Y dentro del sistema neoliberal mucho más porque los servicios públicos se
privatizaron y los derechos sociales más esenciales se volvieron mercancías. Es
decir, el mercado al reemplazar al Estado abrió las compuertas para la
reproducción de los corruptos. Antes de empezar la era neoliberal (1990), la
corrupción tradicional tanto municipal, la departamental y la nacional, se
manejaba rebanando los presupuestos de la hacienda pública de cada ente
estatal. Desde hace 34 años los empresarios que mercantilizan servicios y
derechos pasaron a saquear las arcas del Estado y manejan los poderes ocultos
con obsecuentes, abyectos y calanchines que les sirven para este saqueo y estas
obstrucciones.
Bajo ese contexto, hoy los poderes ocultos están
enraizados con la cúpula de los partidos del bipartidismo que, posan de
pluralistas, con partidos bisagras al mismo bipartidismo; las instituciones
estatales, la rama judicial derechizada; los poderes ocultos o invisibles
también los manejan a través de las asociaciones de gremios económicos, los
industriales, la banca nacional, los medios de comunicación, los empresarios de
los servicios públicos y las hidroeléctricas; el sector salud y las EPS, el
manejo de las pensiones desde el sector
financiero; las universidades privadas y las castas agrarias, de ganaderos y
agentes de los terratenientes que se atraviesan a todo lo que se perciba como
cambio social.
La Democracia en teoría política es un sistema que
contiene o permite formas de gobierno, elecciones abiertas para facilitar la
alternancia o sucesión de otro, si obtiene las mayorías; contiene
instituciones, ramas del poder, un orden territorial, organismos de control,
cortes judiciales, un estado de derecho, mecanismos de defensa, reconocimiento
de derechos humanos, sociales, ambientales, etc. Y quien llega al poder es
reconocido por los demás competidores, obtiene la legitimidad con ese
reconocimiento y ejerce un poder visible para ser controlado por la oposición y
los organismos de vigilancia de la función pública o del tesoro nacional. Pero
dentro de esa arquitectura jurídica de instituciones y normas se agazapan los
que quieren seguir ejerciendo poderes invisibles u ocultos que, no tienen
control y no solo buscan el provecho personal, además buscan la obstrucción del
nuevo poder visible. Allí están los poderes ocultos que entraban, impiden el
desarrollo del nuevo gobierno y horadan los presupuestos. Lo hacen con
malabares, terminología encriptada, apoyos de funcionarios supérstites
enclavados en los ministerios, alcaldías y gobernaciones, y de contera,
judicialmente con los magistrados y jueces que se comportan como un partido
político judicial, sin reconocer que así se comportan algunos.
La elección
popular de alcaldes y gobernadores, a primera vista es de esencia democrática y
de origen federalista (dentro del Estado centralista y “unitario”), esta
situación dual (centralismo y federalismo) para la parte administrativa abre o
facilita desobediencias de mandatarios elegidos por partidos políticos que no
obtuvieron el poder central, y abre las compuertas a los clanes políticos
regionales que están avezados al saqueo del erario público. Los elegidos
ejercen un poder visible en cada departamento, pero pueden tener poderes
ocultos a su favor , de esta manera la corrupción se reproduce en las regiones,
como mal metastásico. Y los organismos de control en cada ente territorial se
amoldan a los directrices de los clanes políticos. Esa es otra cara de la
desgracia de esta Democracia sin controles.
El encostramiento de la burocracia parasitaria que se
camufla de un gobierno a otro para permanecer dentro del aparato del Estado,
para sobrevivir ocultos haciendo daño y beneficiándose con los nuevos
funcionarios que asumen cargos intermedios en la administración, hábilmente
permanecen dentro del nuevo gobierno, así sea del bipartidismo tradicional o
del multipartidismo como zaga de la misma estirpe, o centristas de derecha;
pero si se trata de un gobierno progresista o de izquierda, hacen lo mismo con
más insidia y saña, para obstruir y beneficiarse, formando pequeños poderes
ocultos dentro del gobierno visible que debe responderle a la comunidad y a los
organismos de veeduría. Organizan un subgobierno invisible que se lucra con la
continuidad de los negocios montados; pero, además taponan, obstruyen y
dificultan la gobernabilidad.
Norberto Bobbio, jurista y filósofo italiano, explica en
su libro Democracia y secreto, compilación de columnas que, “En un régimen
democrático es absolutamente inadmisible la existencia de un poder invisible
que actúa en paralelo, a la vez en su interior y en su contra, en algunos
ámbitos en connivencia y en otros en competencia, que hace uso del secreto no
precisamente para eliminarlo, pero tampoco para servirlo, sino que lo utiliza
principalmente para rodear, e incluso violar impunemente las leyes, así como
para obtener favores extraordinarios o ilícitos. Se trata de un poder que lleva
a cabo actos políticamente relevantes sin que de ello se derive responsabilidad
política alguna; por el contrario, busca sustraerse a través del secreto, de
las responsabilidades civiles, penales y administrativas normales”. (Bobbio, 2013).
Como lo expresé en las columnas tituladas Parecen un partido político judicial, y Obstáculo judicial para las reformas del
cambio social, publicadas en la Revista Sur, el
comportamiento de ciertos jueces y magistrados los hace ver como adscritos a
las derechas que funcionan desde diferentes partidos políticos; es decir la
simpatía o militancia subyacente en los jueces como ciudadanos, se puede
traducir en respaldo a la ideología de esos partidos sin llegar al proselitismo
abierto, simplemente se inclinan dependiendo de los casos que tengan un
componente político. Pero otros togados si lo hacen de manera sesgada y
dirigida a impedir el avance de ese gobierno. Se habla desde hace años en
América Latina de la politización de la justicia o de la judicialización de la
política, con diferentes usos y aplicaciones de acuerdo a las conveniencias de
quienes mueven los hilos del poder, o contrapoder. Hoy esa práctica se denomina
en muchos países Lawfare (guerra jurídica), para combatir al adversario con el
derecho y aminorarlo, obstruirlo, asfixiarlo, con encerronas jurídicas y no
dejarlo gobernar: Golpes blandos. Lo que perdieron en las urnas lo quieren
rescatar en los estrados judiciales.
En algunos países, los largos períodos de
dominación de la derecha, logran alinear a toda la justicia e inclusive a los
organismos de control. De esta manera el gobernante que llega por una coalición
alternativa, o como outsider del populismo, o cualquier otra razón va a
encontrar una justicia en contra que, ha perdido independencia y actuara para
preservar el sistema anterior con los intereses anclados en el sector
financiero y la plutocracia fortalecida. En una columna
titulada “Metamorfosis del golpismo y reacomodo de las derechas”,
republicada en Google, expliqué las tácticas que utilizan para tumbar
presidentes. Impulsan un golpe de Estado, se unen empresarios ,
gremios, grupos de presión neoliberales, para criticar las reformas del cambio,
agitan a sus congresistas para cuestionar sistemáticamente, a veces con
argumentos insustanciales, compran los medios de comunicación más conocidos y
colocan turiferarios a sueldo, lanzan especies falsas y distorsionan la
realidad; difunden el miedo ante inminentes expropiaciones, y se acercan a
magistrados de las cortes favorecidos por ellos desde gobiernos anteriores. Así
logran que algunos medios de comunicación y magistrados se comporten como
apéndices de los partidos políticos de la derecha.
Apartándonos de los casos de obstrucción a
este gobierno del presidente Petro, como la sentencia de la Corte
Constitucional para declarar inaplicable (inexequible) el estado de excepción
en la Guajira; o la decisión del Consejo de Estado frente al CREG y las tarifas
de energía que no dejaron regular, y hoy son un drama en la costa Atlántica por
la especulación de las hidroeléctricas, y más de 25 decisiones de obstrucción
en las Altas Cortes, que son ya un ringlero.
Solo
voy a recrear un caso reciente, el del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la
financiación de la campaña electoral 2022. Armando Novoa, ex Magistrado del CNE
dice que, “Ese Tribunal es un órgano político controlado por los partidos y
el Congreso. En el proyecto de apertura de investigación que se encuentra a
consideración del CNE, se formulan cargos contra el candidato presidencial
Gustavo Petro, pero se omite señalar que ese candidato fue elegido Presidente.
En ese sentido , no hay ninguna mención a la garantía del juez natural, esto
es, a la integralidad del fuero de la figura del Presidente , que está en
cabeza del Congreso de la República y no en un órgano administrativo. Es decir,
el principio de separación y equilibrio de poderes establecido en la
Constitución impide que se pueda fraccionar el fuero… El Consejo de Estado
desde su sala de consulta dejó en manos de un órgano de origen partidista, la
estabilidad de la propia institución presidencial”. (Novoa, 2024)
La sanción administrativa que pretenden
aplicarle para defenestrarlo, por la intención que tienen, podría compararse a
una revocatoria directa del mandato (que no existe en Colombia,
solo para alcaldes y gobernadores, previa movilización y lleno de requisitos
del pueblo que los eligió); o podría compararse con la destitución del
presidente en el Perú que se denomina vacancia por declaración de
incapacidad moral , artículo 113 inciso 2 de la Constitución de
1993, tan criticada por violar su legitimidad de la elección popular y el
derecho a la defensa porque no es un verdadero juicio. O podría asimilarse a
una distorsión de la muerte cruzada en Ecuador, artículo 148 de
la Constitución, pero allá se extingue el mandato del presidente y del
Congreso, y aquí pretendería el CNE una muerte política con encrucijada,
buscan la sanción administrativa para que en la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes adelante el juicio con un acerbo probatorio voluminoso
en detalles de gastos, pero no con financiación torticera y pretenden llegar al
juicio en el Senado. Es decir, tratan de enredar el resto del mandato
presidencial con dudas y turbiedades, lo que no hicieron con el caso Odebrecht,
campaña del año 2014; ni con el caso de la Ñeñe política y la financiación
desde la Casa Blanca de Barranquilla que narró la misma Ayda Merlano, en la
campaña del 2018, en ambos casos, si existían dineros ilícitos, no meros
aportes.
En América Latina ha operado en los últimos 24 años que,
el progresismo o el populismo han llegado al poder, pero muchos de esos nuevos
dirigentes no se toman el aparato del Estado para transformarlo, solo se
desempeñan dentro de ese sistema administrativo, y no lo alcanzan a adaptar a
otras formas de gobierno o instituciones nuevas, precisamente porque la
institucionalidad está montada desde años atrás y no la pueden desmontar al verse
entrampados en el legalismo, quedando maniatados ante las viejas instituciones
del estado de derecho producido. El derecho expedido desde el nacimiento
de un Estado crece cada año y si los partidos dominantes son del
establecimiento oligárquico, expiden con sus legisladores un Estado de
derecho para sostener los privilegios, formando un tejido jurídico
indesmontable que impide, al que llega, por fuera de ese bipartidismo, que
oriente políticas públicas, debe lograr unas mayorías para cambiar las leyes, y
el tiempo no alcanza . Esa es una razón del bloqueo que, ya estaba estructurado
para beneficio de los que han dominado.
Bibliografía :
Bobbio Norberto. Democracia y
secreto. Compilación de columnas publicadas en periódicos italianos
La Stampa, Paese Sera, Spadolini Nuova Antología .Libro publicado por el Fondo
de Cultura Económica. Inicialmente por Giulio Einaudi Editori S.P.A. Primera
edición en español, año 2013.
Novoa Armando. Puede
afectar al presidente y a los futuros mandatarios. Entrevista de Cecilia
Orozco Tascón al ex -magistrado Novoa, publicada por el periódico El
Espectador, páginas 8 y 9 de la edición dominical , primero de septiembre
del año 2024.
(*) Especialización en derecho
constitucional de la Universidad Libre; Magíster en Ciencia Política de la
Universidad Javeriana; PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de
Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional,
ciencia política, derechos humanos y derecho ambiental, en la Universidad
Libre, Cali.