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13 feb. 2017

Populismo digital y postverdad

Hoy la mentira se desembozó y es utilizada masivamente para convencer al grueso de la población en las disputas electorales y alcanzar con ello el poder total. Esto desfigura la Democracia, altera el discernimiento de los electores y va en detrimento de las políticas públicas que las personas esperan se apliquen para mejorar la sociedad. Las mentiras enrarecen el escenario político, distorsionan la realidad y llevan a una competencia desleal: instrumentalizan al elector. Así sucedió en EEUU e Inglaterra recientemente, las mentiras las volvieron verdad en la mente de los desinformados.

Las mentiras también las han utilizado para sostenerse en el poder los partidos reconocidos como “serios”. Pero ahora sin recato alguno se utilizan abiertamente para llegar al poder. Con las mentiras en la vida privada y lo interpersonal se calumnia, difama, estafa, etc. Dentro del ámbito de la política también sirve para competir de manera desleal, afectar el nombre del contendor, y se ridiculiza al otro para hacerle perder prestancia y credibilidad. Con mentiras, por ejemplo, disminuyeron el ascenso de Antanas Mockus en la campaña del año 2010, iba ganando en las encuestas, pero lo achicaron y volvieron indefenso: hasta ridiculizarlo. Tácticas del estratega electoral J.J Rendón. Donald Trump, llegó al poder con una campaña plagada de mentiras y calumniando a Hillary Clinton; en el Reino Unido, ante el Brexit se tejieron mentiras. No sólo perdió el poder David Cameron, lograron hacer retirar al Reino Unido de la Unión europea. En Colombia el plebiscito por la Paz se convirtió en una campaña de mentiras distorsionando el contenido de los acuerdos de Paz, con embustes hicieron enojar a la gente, despertaron la ira: lo reconoció el mismo gerente de la campaña por el NO.

Las mentiras, el engaño, antes tenían límites, pues los medios de comunicación eran una barrera o un filtro: no se prestaban a su difusión, fácilmente. Por lo tanto, los políticos electoreros se veían reducidos a utilizar el engaño persona a persona, o en reuniones de grupos a los que tenían acceso para logar los votos. Hoy, con las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsAap…), las mentiras se echan a circular y se diluye el responsable. La circulación es incontenible, se multiplica, no hay censura, no aparecen los responsables. Se distorsiona la verdad, y se difama al otro. Tanta mentira repetida miles de veces crea una postverdad, que ante el receptor desprevenido toma como verdad.

Con las mentiras el debate de las ideas y  los programas de gobierno se debilitan porque la contundencia de una mentira menoscaba un argumento serio que, para ser difundido necesita ser explicado a profundidad. Las mentiras encapsuladas en frases ligeras penetran la mente de los electores sin formación o sin tiempo para digerir los argumentos de fondo.

Bulo, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE, “noticia falsa propalada con algún fin”. Esa cantidad de noticias que inundan las redes sociales son las que han desinformado y desideologizado a la gente en las últimas campañas cambiando la correlación de fuerzas y llegando al poder el populismo de derecha en EEUU, con mentiras digitales, haciendo populismo digital. Ganó el UPKIT en el Reino Unido. Ganaron en Hungría. Lo hizo Berlusconi en Italia y ahora pretende hacerlo Beppe Gallo. Y están con ansiedad de  llegar en Francia, Austria, Holanda, Italia. De otro lado, el populismo de izquierda también se ha beneficiado para cuestionar y diezmar a los políticos corruptos en el poder, y para el aparecimiento de nuevos partidos políticos.

Paradójicamente las redes sociales que han permitido cambios políticos profundos y transformaciones estatales (en Egipto, Tunez, Libia, España, Grecia…); con las movilizaciones sociales por la facilidad para convocar las protestas locales y globales, como la caída de Mubarack, Ben Ali, Gadaffi; también esas redes sociales son las que facilitan la difusión de las mentiras y la pérdida de control sobre la información.

Si el periodismo es ejercido por muchos con profesionalidad (carrera universitaria, aunque no se requiera el título); antes los periodistas empíricos se asociaban y carnetizaban, o actuaban como free-lance, y buscaban un medio de comunicación formal: emisora, canal, boletín institucional o empresarial, etc. Ahora con el funcionamiento de las redes sociales y el auge de lo digital, los periodistas fueron desbordados, cualquiera posa o funge de periodista, suplantan periodistas, redactan, hacen videos; entonces la información no tienen “fuentes confiables”, comprobables, y llevan a este maremágnum que estamos viviendo.

Las comunicaciones digitales están facilitando la difusión de convocatorias populistas, la extensión del odio, el aceleramiento y expansión de las mentiras y la manipulación en general. La crisis de los partidos políticos contribuye a la aparición del populismo digital porque la gente no encuentra quien los represente con responsabilidad. Entonces, el dilema hoy para los receptores de noticias es discernir sobre lo que es verdad y la mentira. Lo que se difunde por las redes sociales no tiene control, es manipulable, puede ser creado por cualquiera que no es periodista; puede tener sentido y ser cierto, pero igual puede ser inventado o infamante.

Si los periódicos tradicionales, con fuentes “serias”, y con responsables de la información, han sido y son utilizados para distorsionar; esos mismos periódicos revelan parcialmente la noticia, la opacan y sesgan, imagínese la distorsión en las redes sociales y los sesgos que se plantan. Así, las nuevas tecnologías virtuales, digitales, han inundado de comunicados, mensajes, links, memes, textos, a los portadores de teléfonos inteligentes(Smartphone),a los poseedores de computadores, creando confusión, distorsión y expandiendo bulos. Inclusive la comunicación virtual que se vuelve viral ha sobrepasado a la comunicación tradicional que necesita empresas, jefes de prensa, salas de redacción, edificios, costos administrativos, etc. Hoy con un computador y un Smartphone, cualquiera se vuelve “periodista” y “director de cine”. Hoy se llama postverdad al cúmulo de mentiras que se están agitando a través de todos estos medios de comunicación virtuales, porque van más allá de la verdad y crean un ámbito imaginario que altera la política como la veníamos conociendo.

La participación política alternativa se está conduciendo por estos conductos, el activismo político es digital; y las movilizaciones, reacciones y expresiones de afecto o desafecto por los dirigentes políticos está siendo marcada por estos medios paralelos de comunicación social. El populismo tiene allí un nicho para desarrollarse, el populismo renacido y revestido en una de sus formas: el neopopulismo.

 Hay varios matices de populismo, niveles y tonos que lo hacen impreciso y difuso para definirlo conceptualmente. Todos lo usan para atraer y motivar adhesiones, porque se trata de mover a pueblo, de atizar pasiones. El populismo no configura un sistema político sino que aparece o brota dentro de un sistema político, usualmente la Democracia. El populismo no conforma una teoría para sustentar su validez, pero si es una ideología que penetra la mentalidad de los electores atraídos por nociones con información y desinformación, lemas, consignas, etc , todo encaminado a criticar al régimen político que pretende sustituir y elevar al rango de salvador al líder que jalona el proyecto.

 Las variadas formas del populismo impiden que desaparezca hasta que exista un sistema político perfecto en su funcionamiento institucional que, sea aceptado por toda la sociedad y tenga plena legitimidad. La Democracia representativa debe ser revalorada para volverla más práctica. La obstrucción o las dificultades que tienen los electores para activar  los mecanismos de  participación que les permita participar en las decisiones trascendentales, los expulsan o conducen a la movilización callejera, a la protesta, a la desobediencia civil; y otros caen en manos de los populistas reales y digitales que les prometen lograr desde el poder lo que se les viene negando o desconociendo. Por eso varios de los mecanismos de participación  democrática, deben ser revisados. Queda claro que si la democracia funcionara a la  perfección, si la gente se sintiera a gusto  con los partidos políticos (si estos cumplieran sus objetivos), el populismo burdo e hirsuto no prosperaría porque los partidos también acuden al pueblo para obtener votos. El problema no es convocar al pueblo (todos lo hacen). El problema es dejar avanzar a populistas irresponsables que terminaran también dirigiendo mal las instituciones estatales. Si la Democracia no se amplía con mecanismos de participación efectivos y si no se administra bien la hacienda pública, dejando avanzar la corrupción, siempre aparecerán fisuras, descontentos y surgirán propuestas que lleven al populismo.

Por: Alberto Ramos Garbiras.

Abogado con especialización en Derecho Constitucional de  la Universidad Libre Seccional Cali; Magíster en Ciencia Política, Universidad Javeriana, PhD, Doctorado en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre y derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali (USC).

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4 feb. 2017

Formas del populismo (II)

Hay populistas que su principal bandera es el nacionalismo, otros son xenófobos, temen a la inundación del mercado con productos extranjeros y son por ende proteccionistas, enarbolan la soberanía nacional, rechazan los efectos de la globalización, son anti-integracionistas a bloques de países vecinos, etc. El lenguaje de los populistas es directo, crudo, frentero y contundente. Atacan para decir la verdad sin tapujos ni rodeos, Consideran que tantas expresiones y lenguaje suave o decente de los políticos en el poder, es una máscara para ocultar o disimular lo que hacen al robarse el presupuesto público que pertenece a todos. Entonces, se trata de confrontarlos para desenmascararlos.

 Donald Trump es populista de derecha que se dio a conocer haciendo populismo televisivo, con reinados nacionales e internacionales, y a través del programa de televisión El Aprendiz. Supo lograr difusión de su nombre para el objetivo que se había fijado: la presidencia de los EEUU. Una revisión sobre la composición del gabinete ministerial  de Trump confirma que su actitud es excluyente al nombrar  solo millonarios, blancos, con agendas contrarias a los temas de interés de las minorías, de la pluriculturalidad, y a los temas impulsados por Obama a quien como afrodescendiente le quisiera borrar su obra. Son plutócratas  que jalonaran los intereses privados en las áreas de educación, el trabajo, la salud, el medio ambiente y el manejo de la energía. Por lo tanto, la aspiración a la igualdad y al trato justo, lo mínimo que debe proporcionar la Democracia, se verá inalcanzable.

 Con los Decretos o directivas presidenciales hasta ahora firmados, sin evaluación previa por los efectos que causen; el muro con México, los gasoductos de Keystone y Dakota, el freno a los inmigrantes de 7 países musulmanes, la salida del tratado transpacífico, el endurecimiento del visado para latinoamericanos, etc; confirman su carácter autoritario. El congreso de los EEUU tendrá que revisar antes de proceder a las apropiaciones presupuestales, las extralimitaciones y las medidas exorbitantes contenidas en esas directivas presidenciales; y más adelante estudiar cómo frenar a un presidente errático que alterará el orden mundial. Por ejemplo al impedir indiscriminadamente el ingreso de musulmanes creyendo que con ello tapona la entrada de terroristas, confundiendo a musulmanes con terroristas yihadistas, es desconocer toda la tradición t tácticas de seguridad antiterroristas; y transgrede la carta de la ONU sobre la circulación de personas: un asunto es la medida antiterrorista y otro asunto es cerrar las puertas a naciones enteras. Creyendo que el muro en esta caso es la visa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitó retirar el decreto que impide el ingreso de personas de 7 países porque viola la política de protección de reasentamientos de refugiados, este es un amparo de humanidad. Y desde la Unión Europea (UE), el señor trusk se expresó contra Trump, afirmando que se convierte en una amenaza para los países miembros de la UE.

Sobre todo, qué hacer con un gobernante que desconoce la ciencia, las advertencias de expertos mundiales, la mesura y que logró ganar con exageraciones, calumnias y mentiras. Que actúa como repentista (diciendo las frases de repente, sin reflexión), por instinto y queriendo administrar el país vía Twitter. Si va a gobernar con esos  mismos  parámetros se verá abocado a ser enjuiciado políticamente por el Congreso y judicialmente por la Corte Suprema de Justicia, para evitar la caotización del país. Los congresistas ecuánimes e informados, (demócratas y republicanos), no toleraran que un personaje exótico y ególatra, sin conocimiento de las relaciones internacionales, aparezca caprichosamente tomando una serie de decisiones que alteren el rumbo racional de la política exterior con yerros y desenfoque que aíslen a los EEUU, en aras de un proteccionismo excesivo.

 El planeta tierra después de la segunda guerra mundial, con la ONU no la logrado establecer un orden mundial estable, el multilateralismo no opera bien, la justicia penal globalizada tampoco, al calentamiento global y la adaptación al cambio climático por tardanza den las medidas de las cumbres mundiales no ha dimanado los gases de efecto invernadero, por eso hay desastres ; el terrorismo globalizado se agravó por el aparecimiento de ISIS desde el año 2014, atacando países del mapa europeo; esa falta de orden de acentuará por las decisiones de un cruzado populista-mesiánico que afirma protegerá a los norteamericanos, actuando prácticamente como se cierra y enreja una casa para impedir que  entren los delincuentes.

 La globalización de la economía y de otros aspectos va cambiando las sociedades; las migraciones de la población son en gran parte una consecuencia. Varios capas de personas afectadas por la globalización busca oportunidades y trabajo en otros países; se suma a ello la huida de millones de personas por las guerras que los convierten en refugiados de manera forzada ; comienzan un largo trasegar transnacional buscando ayuda humanitaria, refugio, trabajo, protección; y de otro lado los desplazados climáticos que huyen por los desastres y catástrofes (Tsunamis, terremotos, inundaciones, deslaves, incendios, etc) ; estos tres factores que originan traslado masivo de personas que buscan ubicación en otros países, como trashumantes, incomoda mucho a los habitantes habituales de las ciudades donde llegan y se inicia un proceso de rechazo y de críticas a los gobiernos que asimilan la recepción de personas(como le ha sucedido a Ángela Merkel en Alemania, y ocurrió en el Reino Unido), aparecen entonces los populistas de derecha, xenófobos que arman el discurso nacionalista y tienen recibo en electores inconformes con la oleada de migrantes.

 El hambre y el desempleo tercermundista en los países subdesarrollados (África, Asia, Oriente y América Latina), disparan la salida de personas de sus países, buscan camino hacia los países desarrollados, o sea, la desatención, la concentración dela riqueza en el mundo, la falta de distribución equitativa de los bienes, ha llevado a las oleadas de “invasores” que incomodan a los que han alcanzado el bienestar social.


Por: Alberto Ramos Garbiras. Abogado con especialización en Derecho Constitucional de  la Universidad Libre Seccional Cali; Magíster en Ciencia Política, Universidad Javeriana, PhD, Doctorado en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre y derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali (USC) .

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25 ene. 2017

Trump y el populismo

Los populistas de derecha se han beneficiado de los avances digitales para difundir mentiras, calumnias, distorsiones y bulos contra políticas públicas que tienen inconvenientes de consolidación en un país. Atacan a los gobernantes por las redes sociales, difunden generalidades sin soporte científico ni teórico y crecen el malestar: así sucedió con el Brexit en el Reino Unido para lograr el retiro de la Unión Europea y así sucedió con el triunfo de Trump en los EEUU. Surgiendo de esta manera una nueva clase dirigente impreparada para el manejo del Estado.

Boris Johnson, uno de los líderes del Brexit, hoy Ministro de Relaciones Exteriores, confunde a Turquía con Egipto. Donald Trump no distingue entre ser musulmán y ser islamista. No sabe de política internacional ni de la administración pública. De sus frases se desprende que es un zafio, inculto en la mayoría de los temas, un derechista que puede aumentar el desorden mundial.

Lo del Brexit, Trump y el plebiscito en Colombia, son una muestra fáctica de cómo la Democracia es afectada por las mentiras, la manipulación, generando confusión y desviando la conducción del poder. Así el poder cambia, lo cual podría ser saludable para el arribo de otros dirigentes o la formación de una nueva clase política; haciendo el relevo; pero si los que ganan son populistas irresponsables o derechistas radicales, el pueblo va a perder más.

 Los partidos políticos con las expectativas del pueblo que los apoya también son responsables del surgimiento  de nuevas formas de populismo. En el caso de Donald Trump, un tránsfuga y saltarín del bipartidismo norteamericano, prácticamente se deslizó hacia el partido republicano sin ser ya un miembro activo y logró la nominación presidencial en las primarias, contra más de 10 aspirantes y contra la voluntad de prestantes republicanos reconocidos y saliéndose de los esquemas programáticos de ése partido. El discurso populista de derecha atrajo a los desencantados de los dos partidos tradicionales de EEUU y a los arruinados económicamente.

El partido derechista Ukip liderado por Nigel Farage y el señor Paul Nuttall se “creció” por el triunfo del referéndum sobre el Brexit, en la práctica fue un plebiscito; y  en efecto  los dos partidos fuertes (Laborista y el Conservador) se debilitaron. Los dirigentes del Ukip utilizaron la difusión de consignas a través de las redes sociales animando por la salida  (leave) de la Unión Europea (UE), con exageraciones, distorsiones y mentiras; el enfoque dado fue el de una independencia y liberación de las cargas que implica la pertenencia y una exageración de los males por la permanencia. Ese es el estilo del neopopulismo nacionalista. La Democracia se debilita pero también se debe a un adormilamiento de los dos partidos fuertes y a la falta de nuevos programas de incorporación a los golpeados por la crisis.

El electorado joven, los estudiantes y profesionales votaron por la permanencia (remain); el electorado de mayor edad, los sectores golpeados por su posición económica y trabajadores afectados por la inmigración, votaron por la salida. El líder de la derecha, el señor Farage manifestó que, “ quiere usar la plataforma y el modelo de campaña hecho para ir más allá del Ukip y crear una nueva fuerza política que capte por igual a los desencantados del Partido Laborista y del Partido Conservador". Cuando se refiere a desencantados trata de abarcar a los excluidos y golpeados salarialmente, es decir al precariado.

Se registró en el Reino Unido una fractura de las élites respecto a la opinión pública, al electorado de base y ante los ciudadanos no militantes. Lo mismo ocurrió en EEUU, tanto demócratas como republicanos descuidaron a inmensos sectores del electorado y el populismo de Trump captó a los desencantados, a los obreros, a la clase media que ha perdido capacidad de compra, a los nacionalistas, a los xenófobos, etc,

Uno de los factores  que han pervertido y degenerado la política es la mentira. El engaño, el ardid con el uso del lenguaje siempre se ha utilizado para inducir al otro en el error haciéndolo equivocar o quitándolo del lugar, el espacio de poder, disminuyéndolo en la competencia. La mentira como táctica para ganarle al otro o quitarle lo que tiene. Lo mismo sucede dentro de la guerra: se difunden mentiras para hacer equivocar al contrincante. Recordemos que la guerra también es una vía para hacer política.

Algunos cínicamente han dicho que la política es el arte de mentir. Con ello desconocen la ciencia política. Como la desconocen los charlatanes y repentistas que se lanzan a los cargos públicos de elección popular sin saber nada. Y otros han afirmado que la política es el teatro para el despliegue de la mentira. Otros actúan con mentiras o ardides para alcanzar lo que desean y después incumplen los pactos. Usualmente la mentira se había utilizado dentro de la política para inducir al otro, al competidor, engañarlo o para prometer algo posible de realizar, y luego no cumplir por razones ideológicas, compromisos con otros partidos o por intereses económicos.


Por: Alberto Ramos Garbiras. Politólogo de la Universidad Javeriana, profesor de derecho en la Universidad Libre

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18 ene. 2017

Formas de populismo

El populismo con diferentes formas o revestimientos y su auge se debe a los defectos de la Democracia como sistema que debe ser replanteado por la inconsistencia y disfuncionalidad de algunas instituciones democráticas; a la crisis económica de vastos sectores sociales que son instrumentalizados por los partidos políticos o los nuevos liderazgos que buscan ascenso; a la incapacidad de los partidos para gestionar las solicitudes de los ciudadanos ; y por los efectos de la globalización que ha desestabilizado las economías nacionales.

Claramente se visualiza un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Antes en América Latina donde brotó el viejo populismo desde los años 30s del siglo XX, el populismo posaba como de izquierda, aunque no fuese totalmente transformador era progresista tratando de abrir los espacios de participación a las masas populares. O eran populistas de centro izquierda, después algunos militares nacionalistas rebeldes que, invocando la ampliación de beneficios para el pueblo, buscaban disimuladamente ascender y lucrarse ellos mismos.

Hoy, el populismo de derecha como lo observamos en el Reino  Unido (con el Brexit), en EEUU (con Trump), en Francia, Austria, Holanda, están acudiendo también a llamar al pueblo para movilizarlo invocando fantasmas, alentando sustos y mintiendo: sin ninguna intención de mejorarles su posición de clase. Las mentiras digitales facilitan el surgimiento del  populismo de derecha porque los populistas de izquierda (que también lo hacen), son más moderados. Si el primigenio populismo  burdo buscaba con promesas atraer electorado, el populismo de derecha y el neopopulismo buscan atraerlo con propósitos torvos y al mismo tiempo buscan espantar el electorado del adversario electoral y absorber el electorado restante.

Todas las formas de populismo acuden al pueblo con diferente discurso para "redimirlo", resolver sus carencias y "transformar" la sociedad. Lógico porque necesitan los votos para ganar y luego ejecutar parcialmente lo que prometen. Todas las formas de populismo se aprovechan de la ignorancia, las necesidades y la falta de claridad  de los electores, por eso son presa fácil del discurso populista. Utilizan a sectores desinformados para reconducirlos. Y a los más iletrados los radicalizan (los populistas derechistas), con un discurso racista, xenófobo, religioso, patriotero, nacionalista, etc. que altera el respeto de los derechos humanos. Todos los ingredientes son utilizados por el discurso populista para insuflar los ánimos.

El creciente desempleo, la robotización de la economía, las formas de pago a destajo, la desbordada corrupción que no deja margen para la inversión social, y la agudización de la pobreza por factores de mayor acumulación capitalista, son detonantes que facilitan el impulso del neopopulismo .

No todo populismo es rechazable y malo. Hay formas de populismo necesario, moderado y conveniente. Por ejemplo, el populismo constitucional que puede consistir en ofrecer lo no cumplido y contemplado en la Constitución  y las leyes  que, ni los gobiernos desarrollan, ni los jueces ordenan en sentencias. O sea, están esos logros dentro del ordenamiento jurídico pero no se ejecutan los beneficios sociales contenidos en las normas.

O el  populismo de izquierda, dentro del socialismo, con promesas racionales y cumplibles, como lo hicieron en Brasil Lulla Da Silva y Dilma Russeauff, beneficiando a más de 40 millones de personas. Otra cosa son los factores de corrupción que puedan afectar y tocar al gobernante que se deja penetrar por los sobornadores, o infiltrar por los grupos de presión, las castas dominantes que les colocan artilugios para encontrar la caída, y las acciones de los desestabilizadores de otros partidos que conspiran.

Por: Alberto Ramos Garbiras |  Politólogo de la Universidad Javeriana. Profesor de derecho Internacional en la universidad Libre.

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15 dic. 2016

Fast track como derecho de excepción

Este procedimiento legislativo del fast track (F.T), produce una especie de derecho de excepción como el de los estados de excepción porque se autoriza para expedirlo solo por un tiempo determinado, es transitorio su uso para acelerar unas leyes que en otras circunstancias demorarían mucho tiempo, y no da espera por la inminencia de hechos que pueden perturbar lo planeado o pactado. Pero tiene más duración o aplicación que la vigencia de los estados de excepción, la vigencia de las normas F.T se extienden hasta cuando se produzca una revocatoria por otra norma que expida el Congreso,  con el trámite normal.

No es un procedimiento autoritario o dictatorial, se hace dentro del mismo estado de derecho y se produce con los mecanismos  del Estado Constitucional. Precisamente para evitar el agrandamiento del poder presidencial se limita, en este caso a 6 meses y se otorga coetáneamente a dos de las ramas del poder público, al ejecutivo y a la rama legislativa, que deben obrar en sincronización, no para cohonestar sino para avanzar ante la urgencia de lo que se ha planeado: el Presidente con decretos y el legislativo con leyes y reformas mesuradas a la Constitución. Se enfocan estas normas de implementación en el logro de la PAZ, para que no vaya a fracasar. Pero no desmonta, no desconoce el estado de derecho y menos la Constitución. El  F.T es un mecanismo de delegación de facultades al Presidente en parte, y el Congreso conserva la facultad de legislar, pero lo hace de manera abreviada, con un trámite de excepción.

El fast Track o vía legislativa abreviada (para leyes y reforma constitucional sobre lo acordado), no se diseña y autoriza para burlar al Congreso ni mucho menos la Constitución, ni es de uso rutinario, al contrario, es una excepción, es temporal, por esta razón lo decidido implementa o introduce normas al ordenamiento jurídico, como derecho de excepción en su formación, pero van a regir hasta que sean modificadas, esa es la diferencia. Solo opera sobre los contenidos de los acuerdos pactados dentro del proceso de Paz, no sobre cualquier tema nacional o reforma caprichosa. En un primer momento se necesita para: Tramitar la ley de amnistía, la ley que crea la búsqueda de desaparecidos, el Acto Legislativo para la creación del partido político de las Farc, la incorporación de los temas de derecho internacional humanitario del Acuerdo de Paz a la Constitución y la creación de la Justicia Especial de Paz (JEP).

Se buscó el procedimiento del fast track para poder allanar el camino hacia el postconflicto, la reconciliación y la normalización del país. Sin fast track la discusión y trámite de las leyes implicaría o significaría otro proceso de paz adicional o complementario porque los congresistas por la vía ordinaria o slow track pueden actuar discutiendo cada punto, y pueden introducir modificaciones a lo acordado entre los combatientes(pero los congresistas no fueron combatientes durante la guerra, la negociación se hace solo entre delegados de los guerreros); entonces dentro del trámite abreviado del fast track se puede aprobar o improbar en bloque lo sometido a discusión, pero no modificar aspectos de lo ya discutido durante los cuatro años del proceso de paz y lo renegociado o revisado después de realizado el plebiscito.

No se desconoce al Congreso, simplemente si un Gobierno tiene legitimidad y una bancada mayoritaria lo acompaña, se compaginan la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa para avanzar en la incorporación de lo acordado al estado de derecho. Si hay controversias y argumentos sobre lo discutido, no se trata de facilitar los pupitrazos, lo aprobado en cada debate es como ir gradualmente refrendando otra vez (una forma de refrendación progresiva complementaria); pero de negarse un tema sometido al fast track, no se aprueba y tendría que buscarse una renegociación de lo pactado entre los combatientes que conformaron la mesa de diálogos del proceso de paz.

El Fast Track como derecho de excepción contenido en el Acto Legislativo 01 de julio 2016 , está enraizado y emparentado con el derecho de excepción disperso en la historia constitucional colombiana producido en momentos críticos ya sea bajo la forma del estado de sitio  desde 1821 cuando se redactó dentro de la Constitución de Cúcuta, y permaneció en todas las constituciones hasta 1991; ya sea con todos los estados de excepción con diferente denominación( estado de guerra exterior, conmoción interior, emergencia económica, social o ecológica); ya sea con las normas de pacifismo jurídico para resolver otras desmovilizaciones con actores armados en otros 9 procesos de paz a través de treguas,amnistías,arsmisticios,indultos,perdón presidencial,etc. Inclusive existe una modalidad de fast track en el artículo 163 de la Constitución: el Presidente puede solicitar trámite de urgencia ara cualquier proyecto de Ley. Esta manifestación puede repetirse en las etapas constitucionales del  proyecto. Y las comisiones del Congreso pueden deliberar conjuntamente con la de otra cámara para darle primer debate.

Colombia ante la disfuncionalidad del derecho no ha podido marchar con el derecho común en todas las épocas. Siempre ha habido una forma de derecho de excepción tratando de apuntalar el estado de derecho. El mismo Derecho Internacional Humanitario (DIH) artículo 214 numeral 2 de la Constitución, es una forma que reviste el derecho de excepción porque se aplica por una deriva del derecho internacional en los conflictos internos para los escenarios de la guerra donde no opera el derecho de los derechos humanos, y dejará de funcionar cuando se logre la Paz; la Ley de Justicia y paz(Ley 975 del 2005) en los Gobiernos de Uribe Vélez, fue una especie de justicia transicional, incluso deformada su aplicación porque no se trataba de delincuentes políticos.

El derecho de excepción altera el derecho común del estado de derecho porque suspende las normas que le sean contrarias, pero de manera recurrente se ha utilizado en Colombia porque el derecho ordinario, común o tradicional nunca ha sido estable y eficaz para contener las variadas formas de guerra y actores armados que han surgido alterando el orden público  en casi toda la existencia de vida republicana.

En los Estados Unidos se usó una vez en 1934 en el área de comercio exterior con la expedición de  la “Reciprocal trade agreements Act”, con énfasis a la reducción de tarifas; y con asiduidad solo desde 1974 con la Trade Act de ése para año para la transacción de barreras arancelarias. Se discutió bajo la Presidencia de Nixon y se usó por primera vez en la presidencia de Garald Ford.  Es decir, en EEUU el F.T apareció en materia de comercio internacional para dar rapidez al  perfeccionamiento de los tratados comerciales y avances en política exterior comercial, estando el Presidente en capacidad de firmar los tratados pero sujeto a la aprobación del Congreso para su implementación; así ha sido durante las presidencias de Carter(la Ronda Tokio que inició una reforma del sistema comercial mundial) ;Reagan(Acuerdo de Libre Comercio con Canadá),Bush padre( Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1992 con México), Clinton(La Ronda Uruguay completada bajo el primer mandato de Bill Clinton en 1993, facilitó la Organización Mundial de Comercio OMC);  pasando por la más practicada concesión de poderes en la “Omnibus Trade and competitiveness Act”, de 1988.

En México se utiliza el F.T en diferentes tópicos ha sucedido,  para la restructuración del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido hegemónico que fue; hasta para la gran reforma energética, la expropiación petrolera, que hubo; la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en el año 2013, entregada dentro del Paquete Económico para 2014, y que debía incluirse en la Ley de Ingresos de la Federación y otros aspectos.

El Fast track también se parece a las facultades pro-tempore que contempla la Constitución. A manera de ejemplo, dentro de las funciones de las Asambleas Departamentales, la Constitución Nacional  en el artículo 300 numeral 9, autoriza a los Gobernadores de los departamentos, entre otros aspectos, ejercer pro tempore, precisas funciones de las que corresponde a la Asamblea Departamental. Tiene un doble significado:1) son facultades entregadas por un tiempo determinado,2) la Asamblea se desprende, entrega y deposita al gobernante las funciones en un área solo y exclusivamente para completar la labor administrativa. Como se entrega una función por ello las Asambleas podrán modificar en cualquier tiempo y por iniciativa propia las decisiones tomadas por los gobernadores, Esas facultades pro tempore son una delegación para mejorar la organización administrativa. Y la Asamblea conserva la titularidad de la competencia. Respecto al fast track el Congreso como Constituyente derivado expidió el acto legislativo, faculta al presidente para expedir decretos extraordinarios pro tempore, por 6 meses, y el Congreso sigue legislando pero por vía rápida, 6 meses también.

De otro lado, la justicia transicional es también un derecho de excepción porque solo operará por un tiempo, ya que no se pudo resolver la violencia subversiva con la justicia ordinaria porque fue inaplicada, por ello tampoco  la transacción con el actor armado puede terminar con ésa justicia ordinaria ineficaz, no se le puede imponer unas penas de una justicia que no los venció(solo 3.200 guerrilleros fueron encarcelados y la mitad de ellos procesados, y  otros con expedientes abiertos, nunca fueron capturados) Colombia sólo tiene 136 cárceles.

 Como conciliar la paz y la justicia, o lograr la primera declinando lo estricto de la segunda si no se sancionaran todos los delitos. La paz es un bien colectivo para poder gozar del derecho a la vida y los otros derechos humanos. Sin la paz no funciona el derecho, por ende tampoco la justicia. Entonces, en medio de un  proceso de paz si se percibe que este va a prosperar, la justicia puede declinarse y flexibilizarse para abrirle camino a la paz. La justicia postconflicto es distinta a la justicia de la cotidianidad, la común, la rutinaria o tradicional del estado de derecho. La justicia para el postconflicto se fabrica de acuerdo a las negociaciones con el adversario para que entregue las armas y se someta.

El fast track tiene el mismo sentido y utilidad de todo el derecho de excepción aplicado antes en Colombia, con la relevancia que ahora se creó explícitamente en una coyuntura de fin del conflicto o guerra interna para poder implementar lo acordado dentro del proceso de paz y para abrir el camino hacia la justicia transicional, es un anticipo de esta para que pueda iniciarse rápido su construcción, la Justicia Especial de Paz (JEP).Es la antesala a la justicia transicional, sin la cual no podrá arrancar el Posconflcito porque no habría justicia qué aplicar ya que, la justicia ordinaria o tradicional no funcionó para someter a los actores armados políticos, ni ha funcionado para vencer a los otros grupos armados: paramilitares, Bacrim, mafias del narcotráfico, microtráfico, otras mafias comerciales, delincuencia organizada, mineros ilegales, los corruptos anclados dentro del Estado y la delincuencia común dispersa.

La responsabilidad  de la Corte Constitucional por el momento que vive Colombia es histórica porque son los guardianes de la Constitución (artículo 4), entonces deben comprender que sin la PAZ no funciona el Estado ni la democracia. Como lo expresé en un análisis anterior, la Corte Constitucional no puede exigir una refrendación popular para aprobar la paz porque la Paz es contramayoritaria o sea no se puede someter a elecciones por ser un bien común y un derecho fundamental. La Paz debe lograrla un Presidente de la República y no sortearla en eventos electorales. El Presidente no necesitaba la primera refrendación. Y en la segunda tenía la potestad de escoger el procedimiento. Con la refrendación en el Congreso se activó el fast track porque la Sentencia de la Corte de julio 2016 que hizo el Control al fast-track, dice que para poder usar el contenido de esas facultades se necesitaba otra refrendación. Por eso razón se acudió a otra forma de refrendación pero a través del constituyente secundario. El Congreso con sus dos cámaras por su calidad de Constituyente Secundario delegado por el pueblo, donde se conjuga la voluntad general de la Nación según la teoría constitucional.

Muchos no han entendido aún que cumplida la refrendación dentro del Congreso, quedaron activadas esas facultades extraordinarias porque la misma sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo de julio 7 de 2016 contempla que de perder el SI se requeriría otra refrendación al Nuevo Acuerdo, para utilizar las facultades del fast track. La Corte Constitucional si desconoce al Congreso como depositario de la soberanía popular exigiendo otra refrendación podría producir un choque institucional de inmensa repercusión y alteraría a la Nación que ha venido expresándose a favor de la Paz.


Por: Alberto Ramos Garbiras:
 Abogado con especialización en Derecho Constitucional de  la Universidad Libre Seccional Cali; Magíster en Ciencia Política Universidad Javeriana, PhD, Doctorado en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid, Uned- España; profesor de derecho internacional en la Universidad Libre y derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali, USC.

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4 dic. 2016

Refrendación en el Congreso

Desde  el 14 de octubre afirmé la viabilidad de refrendar el Nuevo Acuerdo de Paz a través del Congreso. Como lo expliqué en tres columnas, el Presidente con la refrendación en el Congreso buscó al otro gran depositario de la Soberanía popular para sellar la paz, para que por encima de tecnicismos, mezquindades y entrabamientos, en aras de evitar que volvamos a la guerra interna y se incendie la república, cumplir con otra refrendación. La PAZ  es necesaria para garantizar la vida, es el fundamento del derecho y la justicia, y sin ella la soberanía para lograr el orden público es un mero enunciado dejando al gobernante sin poder cumplir con el orden y la convivencia. La PAZ  por ser un derecho fundamental y un propósito teleológico de la Constitución según el preámbulo, el artículo 1(la prevalencia del interés general) y el artículo 2(mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia); entonces no puede ser expuesta a campañas y discusiones, por fuera de las que pactaron las partes que han soportado los enfrentamientos de la guerra. Y por ser el Presidente el depositario de la soberanía (artículo 3, Constitución), por eso después del Acuerdo definitivo firmado en el Teatro Colón, hizo radicar la solicitud de nueva refrendación.

El artículo 3 de la Constitución colombiana se refiere exclusivamente a la Soberanía Popular, expresa. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Este artículo 3 hace parte de los principios fundamentales, y los principios son fuente del derecho. Además impregnan toda la Constitución en materia de interpretación. Los principios tienen la virtud de dar unidad vital a las disposiciones legales, puesto que sin dichos principios estaríamos frente a un conjunto inorgánico de preceptos, así lo explica el tratadista Gaspar Caballero Sierra. Y como lo ha expuesto el profesor Hernán Valencia Restrepo, las tres funciones propias de los principios son: la creativa, interpretativa e integrativa. Los principios constitucionales se diferencian de las otras normas por su valor finalístico y se refieren a valores constitutivos, no son valores secundarios. (1)
El depositario de la Soberanía popular es el Presidente de la República, no el dueño de ella; por eso acudió al Congreso, también depositario de la Soberanía, con esa ampliación, allí está no solo la legalidad sino también la legitimidad. Se puede entender según el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, siendo un principio fundamental, que son también depositarios de la soberanía popular los concejales de todo el país, los diputados, los alcaldes y los gobernadores. Podría esperarse que estas corporaciones (Concejos y Asambleas Departamentales), lo sigan haciendo gradualmente para un mayor piso de legalidad y que la Federación de alcaldes, y la de gobernadores, se pronuncien más explícitamente.

El artículo 133 de la Constitución se refiere al carácter de los congresistas, “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la Ley”. Este artículo remozó el viejo artículo 105 de la Constitución de 1886, ya no se habla de los miembros de una y otra cámara sino a todos los representantes de cuerpos colegiados, reforzando el concepto de soberanía popular.

Cuando el pueblo no está reunido o no se le alcanza a reunir para otras elecciones de refrendación por lo engorroso del trámite en la Ley estatutaria; ya los elegidos desde su posesión son los portadores de la voluntad popular, porque los abstencionistas en esas elecciones tampoco concurrieron, ni concurrirán hasta que la cultura política en nuestro país no cambie o evolucione, o cuando se establezca el voto obligatorio.

El ex Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa expuso en uno de sus libros que, “ el mandato resultante del principio de la soberanía nacional es pues un mandato representativo, lo cual implica que una vez conferido no puede revocarse, contrariamente a la concepción del mandato en derecho privado, en la cual el mandato es imperativo, esto es que en caso de ser desatendida la instrucción del mandante, puede ser revocad(…), por muy vigorosos que sean los factores, tanto externos como internos, que tiendan a comprometer el concepto de soberanía estatal , esta sigue siendo atributo propio, insustituible y consubstancial del Estado”. (2)

La Constitución no dice expresamente que el Congreso tiene como facultad nominada la refrendación de la Paz. Pero tampoco dice que no la tenga. Por interpretación normativa con tres métodos aplicables: el sistemático, histórico y teleológico, el Congreso lo puede y debe hacer, máxime en una situación riesgosa de que la Paz firmada se resquebraje o desmorone por acudir a retruécanos jurídicos o por interpretar al revés, cuando ya la arremetida violenta empezó contra líderes de movimientos sociales.

La Soberanía depositada en el Presidente se mide por el resultado de la última elección, en junio del año 2014 con 7.816.986 millones de votos ganados en la segunda vuelta electoral con una ventaja de 900.986 votos, y el acompañamiento de grupos y  fuerzas políticas que no votaron por él en la primera vuelta, ganada por Oscar Iván Zuluaga. En la segunda vuelta el triunfo de Juan Manuel Santos en las urnas se explicó por el llamado que hizo para  lograr  la Paz, proceso que inició abiertamente en octubre del año 2012, entonces fue un mandato dado por el pueblo para conseguir la paz.

 Un Presidente no necesita estar demostrando las mayorías que obtuvo, con otra elección adicional. Es un desgaste innecesario y un despliegue logístico costoso para la hacienda pública. Además el Congreso de la república actual obtuvo 14. 310.317 millones de votos. Allí está la soberanía delegada que actúa conjuntamente para refrendar la Paz que no debe exponerse al juego electoral porque es una obligación, un imperativo logarla para que funcione la Democracia. Además en el Congreso están representados todos los partidos políticos que existen en la proporción a los votos que tienen: es entonces, en gran parte un  pacto nacional de Facto. Y las marchas de la sociedad civil después del 2 de octubre que salieron a reclamar el AcuerdoYa, hicieron una especie de refrendación en las calles y plazas.

 El Presidente de la República innecesariamente prometió una refrendación y la cumplió a través de un plebiscito. Pero no prometió un segundo plebiscito. La sentencia de la Corte Constitucional se tomó en serio el procedimiento de refrendación innecesaria (cuando debió haber advertido sobre su inaplicación e improcedencia), y burdamente ató los resultados a otra refrendación, pero no expresó tajantemente que fuera otro plebiscito (no podía hacerlo expresamente porque es una potestad presidencial, artículo 77 de la Ley 134 de 1994), pero dejó abierta la ventana de otra refrendación, y esta puede revestir la forma del constituyente secundario, el Congreso, como depositario de la Soberanía, donde confluye la voluntad popular. Con esta forma de refrendación ni se sustituye la Constitución, ni se desconoce al pueblo (porque el Congreso lo representa), y no se configuró el delito de prevaricato por acción, tres sandeces que dijeron algunos congresistas.

El plebiscito que no se necesitaba terminó con un resultado adverso, el NO manipulado y reconocido por el mismo coordinador de la campaña al narrar las distorsiones y embustes; el plebiscito desnudó no sólo al Centro Democrático.  Todos quedaron al desnudo, los líderes de las fuerzas de la Unidad Nacional, los partidos, los subsistemas como la iglesia; y en medio del trámite dejó al descubierto las reverencias al presidencialismo y las falencias de las tres Ramas del Poder Público porque, se equivocaron al tramitar el plebiscito sus cabezas visibles: el Presidente que lo convocó, el Congreso que lo reguló con la Ley 1806 y la Corte Constitucional haciendo el control, cuando era inexequible. La rama legislativa y la judicial se equivocaron por la obsecuencia que imprime el presidencialismo como sistema político que en muchas circunstancias subyuga y vuelve obsecuentes a los operadores jurídicos. El resultado: se alteró el orden constitucional.

Ahora, con la refrendación adelantada ante el Congreso los días 29 y 30 de noviembre, fue la hora y la oportunidad para la reivindicación de la rama legislativa que pudo demostrar un debate con altura, que si tiene legitimidad para hacerlo y que tiene varios pensadores con fondo teórico. Podría ocurrir algo parecido con la Corte Constitucional que se diezmó por el escándalo de Pretel y Rojas, dos magistrados incursos en corrupción como lo resaltó el ex magistrado Nilson Pinilla. Podría ser también ésta la hora de su reivindicación porque la Corte Constitucional ha caído en los últimos 6 años en la burocratización, en la parsimonia y falta de oportunidad para resolver, dando bandazos con sus criterios. Tiene ahora la oportunidad para recuperar su imagen y majestad perdidas; podría sentenciar con equidad (aplicando la integración normativa en la interpretación),  sobre una de las demandas contra el plebiscito que, le dé oxígeno al Gobierno para activar las facultades del fast track.

 Dejó un mal sabor la ponencia de la Magistrada María Victoria Calle, de ser cierto el boletín filtrado a los medios el martes 28 de noviembre, ponencia  anunciada un día antes de iniciarse la refrendación ante el Congreso, porque tenía un sabor admonitorio y disuasivo, incluso sirvió para atemorizar a varios congresistas como se desprendió de sus discursos. La Corte Constitucional no puede exigir una refrendación popular para aprobar la paz porque la Paz es contramayoritaria o sea no se puede someter a elecciones por ser un bien común y un derecho fundamental. La Paz debe lograrla un Presidente de la República y no sortearla en eventos electorales. Además,  que para poder usar el contenido de esas facultades del fast track, la magistrada  Calle se excedió, de legislador complementario (papel que la Corte Constitucional ha asumido en estos 25 años), para pasar a coadministradora de la Rama Ejecutiva. El Presidente no necesitaba la primera refrendación. Y en la segunda tiene la potestad de escoger el procedimiento.

Con la refrendación en el Congreso se activa el fast track porque la Sentencia de la Corte de julio 2016 que hizo el Control al acuerdo especial (depositado en Berna)y al mismo fast-track, dice que para poder usar el contenido de esas facultades se necesita otra refrendación. Por eso razón se acudió ahora a otra forma de refrendación pero a través del constituyente secundario. El Congreso con sus dos cámaras por su calidad de Constituyente Secundario delegado por el pueblo, donde se conjuga la voluntad general de la Nación según la teoría constitucional.

Muchos no han entendido aún que cumplida una forma de refrendación, en este caso, dentro del Congreso, quedan activadas esas facultades extraordinarias porque la misma sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo de julio 7 de 2016 contempla que de perder el SI se requeriría otra refrendación al Nuevo Acuerdo, para utilizar las facultades del fast track.

Como le describí en un artículo anterior titulado “La implementación de la Paz: Fast trak o Slow track”, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), dice de la palabra refrendar, en tres acepciones aplicables:1) corroborar algo afirmándolo; 2) volver a ejecutar o repetir la acción que se había hecho; 3) autorizar un documento por medio de la firma de persona hábil para ello. Y de eso se trata. En ninguna parte de la Constitución y de la Ley estatutaria se dice que la refrendación solo se hace a través de un mecanismo de participación. La Constitución en el artículo 103 tiene el voto como el primer mecanismo de participación. Y puede ser el voto de los delegados del pueblo (el Congreso) quien refrende lo firmado por el Presidente y la contraparte, las FARC, y al ser ese cuerpo colegiado quien expidió el Acto Legislativo, allí mismo se activará  lo que fue condicionado a la refrendación, en este caso el nuevo acuerdo.

La acepción más clara sobre la palabra refrendar que tiene el diccionario RAE es, “corroborar algo afirmándolo”; y sobre la palabra refrendo dice el mismo diccionario, “Testimonio que acredita haber sido refrendada una cosa”. Siendo el Congreso de elección popular y depositario delegado de la soberanía popular, y el voto un mecanismo de participación, la votación que resulte en ejercicio de la cláusula general de competencia del Congreso (artículo 114 de la Constitución, ejercer el control político sobre el Gobierno, a una política pública, la Paz), al examinar el Acuerdo Definitivo de Paz, este es un refrendo testimonial sobre lo decidido por el Presidente, otro depositario de la soberanía popular. Esa votación es una corroboración o afirmación. ¿Si al Congreso le corresponde implementar los acuerdos para introducirlos al ordenamiento jurídico, cómo no va a poder refrendarlos?

Entonces para qué tramitar una Ley que lo contemple buscando la validación, si el ordenamiento jurídico está lleno de leyes fútiles. Si precisamente gran parte del ordenamiento jurídico  o estado de derecho no funciona por la ausencia de la PAZ. Lograda esta se alcanzarán también dos supremos intereses: La justicia y el bien común. La paz es el eje axiomático de toda la Constitución. Pero lo más importante, el artículo 2 de la Constitución, otro principio fundamental, dice a su tenor literal, “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Con la refrendación eso buscaron el Presidente y el Congreso en aras de la colaboración armónica de las ramas del poder público (artículo 113 de la Constitución).

La Constitución vigente, con la determinación de valores superiores, llegó a una renovación del orden jurídico en general, al establecer contenidos axiológicos de naturaleza jurídica a los cuales debe estar sujeta toda actuación administrativa, legislativa o judicial. Sergio Iván Estrada, citando a Pío Cabanillas, nos expone que, “el artículo 2 prescribe que los principios fundamentales deben ser entendidos como normas directivas o principios guía que indican las orientaciones ético políticas en las que se inspira un determinado sistema y que sirven para caracterizarlo desde el punto de vista ideológico” (3). El derecho no se agota con un cúmulo de leyes y normas inferiores, se rige y tiene coherencia por los principios que  orientan y guían las instituciones, esos son los principios con los cuales el estado de derecho adquiere sentido. El estudio y alcance de los principios del derecho tiene una disciplina: la monoárquica.

Por: Alberto Ramos Garbiras
Abogado con especialización en Derecho Constitucional de  la Universidad Libre Seccional Cali; Magíster en Ciencia Política Universidad Javeriana, PhD, Doctorado en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre y derecho constitucional en la Universidad Santiago de Cali (USC) .

Bibliografía.
(1) Valencia Restrepo Hernán. “Derecho internacional Público”. Libro publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana y la biblioteca jurídica DIKE, páginas 325 y 326,  Medellín año 2003.
(2)    Naranjo Mesa Vladimiro. “Teoría Constitucional e Instituciones políticas”. Editorial Temis, páginas 221 y 225, Bogotá, 1995.
(3)  Estrada Vélez Sergio Iván. “Nueva interpretación constitucional”. Ensayo titulado, “Hacia un nuevo concepto de seguridad jurídica a la luz de los valores consagrados por la Constitución nacional de 1991”, dentro del  libro publicado por la Universidad de Antioquia y la biblioteca jurídica DIKE, capítulo VI páginas 217,  Medellín 1997.


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19 nov. 2016

La implementación de la PAZ: Fast-Track o Slow-Track.

Las iniciales reflexiones sobre este dilema surgieron de una larga conversación de 2 horas que sostuve con Henry Acosta Patiño, el hombre clave del proceso de Paz, en Cali el 21 de octubre, después de afirmar él con vehemencia que una vez realizada la revisión de los 6 acuerdos con las propuestas de los sectores del NO nacería un Nuevo Acuerdo; que tendría vida propia; consideramos que era innecesario someterlo a refrendación por la potestad del Presidente de firmarlo en virtud a la legitimidad que obtuvo en la segunda vuelta: el mandato por la PAZ. Y por otras consideraciones que ya he expuesto en tres artículos.

 Precisamente parte de nuestro diálogo giró sobre mi primer artículo titulado “El Pos plebiscito” publicado el 14 de octubre en el semanario virtual Caja de Herramientas, y evaluamos el escenario 8 del artículo sobre como destrabar la PAZ. Pensamos, lo que debería sopesarse era la forma de la implementación que también al ser un nuevo acuerdo habilita las facultades del acto legislativo 01 de julio 2016 ya que no se han suspendido por una nueva decisión en las urnas, además porque la refrendación puede realizarse ante el Congreso en pleno citado a sesiones extraordinarias (artículo 138, inciso 3 de la Constitución), activando de ipso facto el fast-track.

Entonces nos surgió la reflexión de que si la Corte Constitucional expresó que de darse la refrendación, o sea que prosperara el plebiscito, ello no significaba la incorporación de ningún texto al ordenamiento jurídico porque el plebiscito era un acto meramente político. De allí que nos asaltó la pregunta si ese acto equivocado, de buena fé y voluntario del Presidente Santos (Henry Acosta tres veces le transmitió el mensaje de la inconveniencia), podría ser  amarrado a la no implementación si ese plebiscito no pasaba? Pero dejó la Corte una ventana abierta al expresar  que, la falta de votos suficientes sería la imposibilidad jurídica para el Presidente  de adelantar la implementación de esos acuerdos en específico, puesto que, fue una decisión de política pública la que se sometió a la refrendación popular. Por eso la consecuencia es que el Nuevo Acuerdo como Acuerdo Final, distinto al negado en las urnas, puede implementarse con el fast-track (vía rápida) porque es otro Acuerdo que no ha sido sometido a refrendación plebiscitaria porque no se necesita como lo expliqué en el artículo titulado “Estulticias que afectan la Paz”, publicado en ése mismo semanario Caja de Herramientas el día 4 de noviembre. Pero si, buscar otra forma de refrendación.

El atolladero para la implementación del Nuevo Acuerdo está en la forma extraña o anómala como la Corte Constitucional ligó o condicionó la vigencia del Acto Legislativo No 01 de julio 7 del año 2016 que aprobó el método del Fast-Track a la aprobación en las urnas del plebiscito, y lo hizo posteriormente en agosto con una Sentencia C-379 /2016 que, realizaba control de constitucionalidad a la Ley 1806 de 2016 , Ley estatutaria que modificó el umbral del plebiscito y lo adecuó como apto para preguntarle a los colombianos si querían la paz a través de esos 6 acuerdos. De forma extraña, porque no se percataron que el plebiscito era improcedente debiendo declarar la inexequibilidad, dejaron avanzar el error del Presidente y el  error del Congreso de someter la Paz a un manoseo electoral, siendo la Paz un derecho contramayoritario.

Como lo expuso Rodrigo Uprimny, “… si las sentencias de los jueces constitucionales tienen un impacto jurídico y político considerables, es muy importante que sus decisiones no dependan de su puro capricho, sino que puedan ser fundamentadas y controladas racional y normativamente”. Y agrega Uprimny que, por ser el órgano de cierre del ordenamiento jurídico, sus eventuales errores o abusos carecen entonces de posibilidades de rectificación. “Los jueces constitucionales parecen entonces representar un poder cuyas decisiones suelen estar desprovistas de controles, con lo cual devienen, en cierta medida, un órgano jurídicamente infalible” (Uprimny, 2001). **

 En un análisis anterior expresé, “… al incluir modificaciones nace un Nuevo Acuerdo que, si podría implementarse porque no ha sido sometido a refrendación innecesaria pues la legitimidad y el mandato para lograr la Paz la tiene el Presidente. También de forma intonsa dice la Sentencia C-379 del año 2016 que, “se ponga a consideración del pueblo una nueva decisión con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del Acuerdo anterior o  la suscripción de uno nuevo…”. Ese poner  a consideración del pueblo el Nuevo Acuerdo es potestativo del Presidente y no de la Corte Constitucional porque esta se extralimitó al indicar refrendación de algo que no exige la constitución, y sobre una reforma a la ley estatutaria que erróneamente lo adecuó y reguló. Se extralimitó porque la alta Corte tiene facultad, “solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización” (artículo 241 citado), y no para ordenar realizarlo“. El artículo 77 de la Ley 134 de 1994 deja esa potestad de convocar un plebiscito sólo al Presidente con la firma de todos los ministros. Y la PAZ es contramayoritaria por ser un derecho fundamental y un propósito teleológico de la Constitución según el preámbulo, el artículo 1(la prevalencia del interés general) y el artículo 2(mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia); entonces no puede ser expuesta a campañas y discusiones, por fuera de las que pactaron las partes que han soportado los enfrentamientos de la guerra. Y por ser el Presidente el depositario de la soberanía (artículo 3, Constitución).

La pregunta que surge para los constitucionalistas es esta: ¿ Un acto legislativo como forma de reforma a la Constitución(artículo 374), tiene vida propia al expedirlo el Congreso, o puede quedar condicionada su existencia por una Sentencia de la Corte constitucional que no detectó la inexequibilidad(inaplicación) por ser un derecho fundamental sometido a las urnas. El Congreso se equivocó también al cambiar la vigencia de la promulgación del Acto Legislativo del séptimo debate, que era inmediata a la expedición, trasladándola a la fecha de la refrendación. Ambas ramas del poder público se obnubilaron al avanzar sobre un mecanismo de participación improcedente para llevarlo a la decisión electoral.

 Pero como ahora con el nuevo acuerdo no se va a refrendar (sería doble error, por ser inconstitucional), y es otro Acuerdo, no negado, entonces las facultades del Fast-Track son aplicables y no las del Slow-Track( vía lenta o común en los trámites del Congreso). Aplicable porque el artículo 5 del Acto Legislativo contempla que rige a partir de la refrendación y en este caso la refrendación se hará ante el Congreso en pleno por su calidad de Constituyente secundario delegado por el pueblo, donde se conjuga la voluntad general de la Nación según la teoría constitucional.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice de la palabra refrendar, en tres acepciones aplicables:1) corroborar algo afirmándolo; 2) volver a ejecutar o repetir la acción que se había hecho; 3) autorizar un documento por medio de la firma de persona hábil para ello. Y de eso se trata. En ninguna parte de la Constitución y de la Ley estatutaria se dice que la refrendación solo se hace a través de un mecanismo de participación. La Constitución en el artículo 103 tiene el voto como el primer mecanismo de participación. Y puede ser el voto de los delegados del pueblo (el Congreso) quien refrende lo firmado por el Presidente y la contraparte, las FARC, y al ser ese cuerpo colegiado quien expidió el Acto Legislativo, allí mismo se activará  lo que fue condicionado a la refrendación, en este caso el nuevo acuerdo. Refrendación que para revestirla de mayor legitimidad podría hacerse ante delegados de la sociedad civil que se han mostrado activos después del 2 de octubre con la consigna de Acuerdo Ya, así se consolida el pacto nacional popular, y delegados de los organismos multilaterales a los que pertenece Colombia (ONU. OEA, UNASUR, NOAL, Pacto Andino, Alianza del Pacífico y otros), más los Presidentes invitados de países amigos. Si algunos consejos torvos tratan de inducir hacia la implementación común, lenta u ordinaria del Congreso (Slow-Track), corremos el riesgo inminente de que se reinicie la guerra interna.

Por| Alberto Ramos Garbiras.Abogado con especialización en Derecho Constitucional de  la Universidad Libre Seccional Cali; Magíster en Ciencia Política Universidad Javeriana, PhD, Doctorado en Política Latinoamericana, Universidad Nacional UNED de Madrid, España ; profesor de derecho internacional en la Universidad Libre; autor del libro “Derechos humanos y Democracia”.


(**) Uprimny Rodrigo. Ensayo “Dilema de la interpretación constitucional”, texto publicado dentro de la compilación, “Jurisdicción constitucional de Colombia “. La Corte Constitucional 1992-2000. Realidades y perspectivas. Páginas 455 y 460. Libro publicado por la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Konrad Adenauer.  Imprenta nacional de Colombia. Bogotá, febrero del año 2001.

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6 nov. 2016

Estulticias que afectan la Paz

Se han barajado varias fórmulas jurídicas para resolver este impasse nacional y lograr destrabar el proceso de paz, la mayor expectativa está en la actuación de la Corte Constitucional, que ha trabajado en los últimos 7 años de manera tarda, parsimoniosa y en muchas ocasiones maneja unos términos por fuera del reglamento so pretexto del cúmulo de trabajo, sin ser oportuna. 

Colombia entera necesita en estos momentos que la Corte Constitucional decida una de esas demandas que trataron de tumbar el plebiscito y , al menos rescate con una nueva Sentencia las facultades de implementación del Presidente que, torpemente ataron al resultado de una votación plebiscitaria que no se necesitaba ni requería, porque la PAZ es contramayoritaria, no se concibe que la PAZ un deber ineludible e imperativo del Estado de conseguirla, y un derecho de todos los ciudadanos a disfrutarla para poder vivir normalmente, única forma de garantizar la seguridad y la convivencia, para que funcione la Democracia, haya sido expuesta a una votación de supuesta legitimación, como si el Presidente no hubiese sido elegido en su reelección precisamente para eso, para logarla: esa era la legitimidad, como le expliqué en noviembre del año 2015 en una conferencia antecediendo al Doctor Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional quien coincidió conmigo, dije: El Gobierno fue reelegido en el año 2014 para que lograra la Paz, ello demostró la votación necesaria y le otorgó el mando sobre la Fuerza Pública, la representación de las relaciones internacionales y depositó la soberanía en el mandatario nacional para ejercer la soberanía interior y la exterior con la representación ante los otros estados y los organismos multilaterales. Además la soberanía interior implica que debe lograr los propósitos y fines del preámbulo de la Constitución, entre ellos la convivencia y la paz. Sobra la refrendación. Un plebiscito así como constancia es innecesario e inútil, un ejercicio riesgoso porque abre las compuertas para que los guerreristas ataquen, vituperen y acaben con el  proceso de  paz. (2)

Fue una estulticia haber sometido ingenuamente la PAZ a una pregunta que manejaron los enemigos, adversarios y envenenadores, con la reducción de los seis acuerdos a frases engañosas y torticeras, con cálculos electorales, sin pedagogía suficiente sin que la inmensa masa que asistió a votar pudiese leer el contenido de los 6 acuerdos; todo se hizo con sentido partidista, porque ambos y el espectro de los partidos a los que pertenecen, los del SI y los del NO, pensaron en los réditos electorales para el 2018 , restándole protagonismo a los movimientos sociales, a las víctimas y a la pluriculturalidad colombiana: se adueñaron de la corta y mal manejada campaña, donde la capacitación, la pedagogía por la PAZ y el contenido de los acuerdos no se desenvolvió. Llevaron a las urnas a unos electores no ilustrados sujetos a la manipulación política, sin que el Consejo Nacional Electoral se pronunciara adecuadamente, ni siquiera ante el delito confeso por el coordinador de la campaña del NO.

Desde las tres ramas del poder público se equivocaron al tramitar el plebiscito las cabezas visibles: el Presidente que lo convocó, el Congreso que lo reguló con la Ley 1806 y la Corte Constitucional haciendo el control. En 25 años corridos desde la expedición la Constitución ningún Presidente había citado para plebiscito alguno como si no hubiese habido temas que lo ameritaran, políticas del Ejecutivo que no requirieran aprobación del Congreso, o nada  de interés general se hubiese presentado. Y lo utilizaron cuando no era procedente. Las otras dos ramas del poder se equivocaron por la obsecuencia que imprime el presidencialismo como sistema que en muchas circunstancias subyuga y vuelve obsecuentes a los operadores jurídicos. O sea, se alteró el orden constitucional. Estos tres errores de las tres ramas del poder público han confundido a los habitantes de la República.  Después del otorgamiento del premio Nobel, al menos, hay que restablecer ese orden constitucional.

 Este espectáculo que Colombia protagoniza ante el planeta tierra con su sistema multilateral de organismos internacionales raya en lo absurdo y ridículo: La población del NO con más de 6 millones ganó por una pequeña minoría en ventaja, sobre otros seis millones del Sí, rechazaron la PAZ, se abstuvo el 63% del potencial electoral(esa es la verdadera mayoría), unos 20 millones de ciudadanos que no se sabe que quieren ni que piensan (pero necesitan la Paz, también la necesitan los otros 10 millones de colombianos que no figuran en el censo electoral). Y vimos a una Corte Constitucional cuyo función principal es mantener la supremacía de la Constitución, proferir la Sentencia C-379 de julio 18 año 2016, haciendo precisiones jurisprudenciales también innecesarias, con estulticias y retruécanos jurídicos, al hacerle control de constitucionalidad a un mecanismo de participación que no aplicaba porque la Paz no debe someterse a disputas electorales sino desde la rama ejecutiva logarla , alcanzarla, para evitar la desinstitucionalización del Estado que en 52 años no ha podido ejercer la soberanía territorial.

 También fue un despropósito del Congreso reformar la Ley estatutaria 134 de 1994 para adecuar el plebiscito como apto para refrendar la Paz, creando la Ley 1806 del 2016. La Corte Constitucional facultada por el artículo 241 numeral 3 de la Constitución abordó la revisión del trámite plebiscitario, y en vez de pronunciarse rechazando un mecanismo improcedente, lo avaló. La Corte debió declarar inexequible esa reforma a la Ley estatutaria.  Aquí está el quid del asunto. Además expresó la Corte de manera intonsa que “…no puede el Presidente implementar ése Acuerdo en específico, si ganaba el NO “. Siendo consecuentes con esa estulticia, al incluir modificaciones nace un Nuevo Acuerdo que, si podría implementarse porque no ha sido sometido a refrendación innecesaria pues la legitimidad y el mandato para lograr la Paz la tiene el Presidente. También de forma intonsa dice la Sentencia C-379 del año 2016 que, “se ponga a consideración del pueblo una nueva decisión con unas condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del Acuerdo anterior o  la suscripción de uno nuevo…”. Ese poner  a consideración del pueblo el Nuevo Acuerdo es potestativo del Presidente y no de la Corte Constitucional porque esta se extralimitó al indicar refrendación de algo que no exige la constitución, y sobre una reforma a la ley estatutaria que erróneamente lo adecuó y reguló. Se extralimitó porque la alta Corte tiene facultad, “solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización” (artículo 241 citado), y no para ordenar realizarlo.

Como lo expone el profesor español Rafael de Asís Roig, “En Kelsen, la garantía de la Constitución efectuada por un tribunal constitucional debe limitarse a aspectos formales y, en lo que se refiere a cuestiones materiales, solo en aquello que directamente se deduzca del texto de la norma constitucional”. Un Estado como el colombiano donde el derecho tampoco ha podido funcionar plenamente porque la guerra lo ha alterado, acudiendo saltuariamente los diferentes gobiernos al derecho de excepción con los estados de sitio , después a la conmoción interior, al DIH que es de excepción mientras se resuelve  la guerra. Y ahora ante este atolladero real, al borde de la reiniciación de la guerra interna, exhibiendo un premio Nobel que internamente maniatan para que no perfeccione la PAZ, la Corte nos debe explicar cómo se interpreta, respeta y practica la PAZ a la luz del preámbulo, de los principios fundamentales y como se incorpora el bloque de constitucionalidad con los compromisos en tratados y obligaciones vigentes del derecho internacional humanitario y del derecho internacional público, resolviendo una de las demandas contra el plebiscito, donde podrían enmendar la plana.

La PAZ no debe refrendarse, es el bien supremo de auténtico interés general, es un derecho síntesis, allí se conjugan todos los derechos humanos, sin la Paz no se pueden gozar plenamente. Es necesaria para garantizar la vida, es el fundamento del derecho y la justicia, y sin ella la soberanía es un mero enunciado dejando al gobernante sin poder cumplir con el orden y la convivencia. Entonces hay que proceder de inmediato después de la revisión y modificación de los aspectos razonables en los textos de La Habana, firmar el Nuevo Acuerdo de paz, y proceder a la implementación autorizada por el Congreso porque se trata de otro Acuerdo definitivo, al que no se debe someter a votaciones que contrarían el espíritu contra mayoritario de la Paz.

Luigi Ferrajoli, jurista italiano de alta respetabilidad en el mundo académico expuso recientemente en una entrevista concedida a Mauricio Martínez que,” La paz es un principio contramayoritario. Por esto, como lo he sostenido tantas veces, el Acuerdo para lograr la paz no tenía por qué ser sometido a un referéndum popular. El referéndum no era y no es necesario para legitimar la paz, y mucho menos era y es suficiente para deslegitimarla (…) ahí se fundamenta el carácter absoluto e incondicionado de tal derecho, así como la inderogabilidad de la obligación, a cargo del Estado, de garantizarlo aun contra la voluntad de cualquier mayoría. Por esto la impertinencia de la consulta popular sobre la paz. En efecto, sobre la paz –en ninguno de sus ámbitos- no se vota ni se decide por mayorías, ni sobre la dignidad o la igualdad de las personas o sobre otros valores supremos como el derecho a la vida y a las libertades fundamentales. En resumen, el resultado del plebiscito no reduce la obligación constitucional del Estado de garantizar la paz”. (3)

Como lo expuse en mi escrito anterior publicado en este Semanario (4), si ninguna de las alternativas que enumeré, procediera para destrabar la paz, la última opción que se vislumbra en este escenario de crisis y frente al empantanamiento real a que estamos sometidos, es esta: Que el Presidente de la República y Nobel de la Paz, una vez él y sus delegados en la mesa de La Habana hayan examinado con los delegados de las FARC las propuestas de modificaciones a los acuerdos redactadas por los voceros del NO, hecha la evaluación y discutidas las pretensiones de modificación, incorporando lo razonable y viable; proceda el Presidente de la República, con un Nuevo Acuerdo a disposición, y en ejercicio de todas las facultades constitucionales, amparado en la legitimidad de su segunda elección presidencial respaldada por las mayoría para lograr la PAZ, acuda ante la plenaria del Congreso, con la presencia de la ONU y demás organismos internacionales a los cuales Colombia pertenece (OEA , UNASUR, Alianza del Pacífico, CAN, NOAL, e invitados internacionales),invocando el bien supremo y general de la PAZ, sin la cual no funciona la Democracia, para proceder a  la  nueva firma con las FARC  de otro Acuerdo Definitivo, para que el Congreso depositario de la votación de todos los colombianos en la última elección del año 2014,  le reitere las facultades del marco jurídico del acto  legislativo para que selle la paz y comience a implementar el nuevo acuerdo. Por encima de estulticias, sandeces, tecnicismos, mezquindades y entrabamientos, en aras de evitar que volvamos a la guerra interna y se incendie la república. Esta es la fórmula para salir de la Patria Boba al revés, versión siglo XXI.

Dos artículos de la Constitución Nacional de la parte orgánica referente a las funciones del Congreso son aplicables para esta alternativa de destrabamiento, citando por el Presidente a una reunión extraordinaria  a fin de ratificar en votación plenaria las facultades dadas al Presidente por la vía fast-track, los Decretos extraordinarios y la vía abreviada de los actos legislativos, una vez firmado el Nuevo Acuerdo de paz como Acuerdo Definitivo, con la inclusión de las modificaciones y sugerencias razonables de los agentes del NO. Del artículo 138 de la Constitución se desprende la viabilidad de la sesión extraordinaria del Congreso   y el artículo 141 contempla la sesión conjunta del Congreso para recibir a jefes de Estado o de Gobierno de otros países.

Entre 1810 y 1815 la patria boba se dio así: los patriotas criollos se dividieron entre independentistas, autonomistas y realistas. Unos querían la ruptura total con el Reino de España para fundar un Estado grancolombiano, otros solo pedían autonomía y participación en la administración virreinal y los otros eran defensores a ultranza del Rey Fernando VII y abominaban a Napoleón que brindó la oportunidad de reaccionar contra los borbónes por la invasión que hizo desde 1808; los tres sectores se trenzaron en polémicas de carácter territorial, de juntas patrióticas, con gritos y actas de independencia, por expedir constituciones provinciales exultantes y luchas regionales. No se preocuparon por fortalecer un ejército para la guerra de independencia, mientras tanto los monárquicos se recuperaron, enviaron a Pablo Morillo y fusilaron a los más ilustres intelectuales, sabios y dirigentes de la época.

 Hoy caemos en la patria boba al revés. Tenemos un acuerdo de Paz firmado después de 4 años de deliberaciones, existe el apoyo la comunidad internacional, primera vez que la ONU lo hace empleándose a fondo con una Resolución del Consejo de Seguridad; ya está el grueso de la tropa guerrillera desmovilizada de sus sitios tradicionales de operación, con ayudas financieras externas anunciadas, con el cumplimiento de reglas del derecho internacional para lograr un acuerdo especial; pero convocaron a un plebiscito innecesario para someter la Paz al juego electoral, ganaron traposamente los dirigentes visibles del No y ahora se trenzan en discusiones de remodelación a los acuerdos que dilatan la consolidación de la Paz, con una Corte Constitucional sin resolver ninguna de las demandas que atacaban ese plebiscito, pudiendo corregir la estulticia de haber hecho control constitucional a un mecanismo de participación que no era aplicable ni procedente, así, estamos corriendo el riesgo de precipitarnos otra vez a la guerra con la guerrilla más vieja de América Latina. De allí la urgencia de restablecer el orden constitucional enmendando los tres errores de las tres ramas del poder público. Además, tenemos pendiente otra guerra por resolver con el ELN. Y unas infraguerras con los paramilitares supérstites, con la Bacrim transmutadas de ellos, con las mafias ligadas a la coca y la extracción del oro y sin lograr el orden público por la violencia urbana no controlada ni judicializada en estos 25 años post Constitución del año 91 porque la justicia penal ordinaria no ha operado y ahora quieren desfigurar a la justicia transicional con injertos de esa justicia inane.

Por: Alberto Ramos Garbiras. Abogado titulado, especializado en derecho constitucional de la Universidad Libre; Magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; PhD en política latinoamericana de la Universidad Nacional UNED de Madrid (España); autor del libro “Derechos Humanos y Democracia”, profesor de derecho internacional, Universidad Libre.

Webgrafía
(2) Conferencia que dicté el 12 de  noviembre 2015 en el marco de la cuarta cumbre nacional por la paz realizada por la Universidad libre, seccional Cali. Ver artículo titulado “La refrendación  de los acuerdos de paz sobra. El plebiscito un empantanamiento “. Publicado en la revista cuadernos de paz número 5, de la Universidad libre, seccional Cali, edición de marzo 2016. Parte del texto fue publicado en el Blog www.elciudadanoenlared.com el 15 de noviembre del 2015 con el título: “La refrendación un empantanamiento”. Y  fragmentariamente fue publicado en tres columnas del Diario Occidente de Cali, con los títulos “Refrendación o empantanamiento” (noviembre 9 del año 2015); “El Plebiscito como constancia” (noviembre 17 del año 2015); “Implementar y refrendar” (noviembre 23 del año 2015), columnas ubicables en www.diariooccidente.com.co

 (3) Ferrajoli Luigi, entrevista concedida a Mauricio Martínez y publicada en la revista Semana el 25 de octubre del año 2016. www.semana.com

(4) El Post plebiscito. Artículo publicado en la edición número 516  del semanario Caja de Herramientas, semana del 14 al 20 de octubre del año 2016: www.viva.org.co

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