Texto
de Alberto Ramos Garbiras (*)
El
comportamiento de ciertos jueces y magistrados los hace ver como adscritos a
las derechas que funcionan desde diferentes partidos políticos; es decir la
simpatía o militancia subyacente en los jueces como ciudadanos, se puede
traducir en respaldo a la ideología de esos partidos sin llegar al proselitismo
abierto, simplemente se inclinan dependiendo de los casos que tengan un
componente político. Pero con el paso de los años sobre todo en un país de
tradición bipartidista (160 años desde 1848) y de pluripartidismo binario (33
años); porque desde 1991 hay pluripartidismo en la Constitución (artículo 107),
pero el comportamiento sigue siendo bipartidista, con diferentes nombres de
fachada. Al llegar al gobierno nacional una coalición de izquierdistas y
progresistas (El Pacto Histórico), no cambió el comportamiento de la Rama
Judicial, conservatizada de suyo porque los jueces se forman para hacer
respetar lo establecido dentro del estado de derecho. ¿Y de dónde proviene ese
derecho? Aquí resulta otra reflexión que desviaría el tema central.
Se
habla desde hace años en América Latina de la politización de la justicia o de
la judicialización de la política, con diferentes usos y aplicaciones de
acuerdo a las conveniencias de quienes mueven los hilos del poder, o contrapoder.
Hoy esa práctica se denomina en muchos países Lawfare (guerra jurídica), para
combatir al adversario con el derecho y aminorarlo, obstruirlo, asfixiarlo, con
encerronas jurídicas y no dejarlo gobernar. Lo que perdieron en las urnas lo
quieren rescatar en los estrados judiciales. Pero los magistrados y jueces,
dependiendo del lugar que ocupen dentro de la Rama Judicial tienen que resolver
algunos asuntos con carácter político que no se resuelven en la Rama
Legislativa o por autoridades administrativas.
Los
delitos contra la hacienda pública (presupuestos estatales) conllevan a
sancionar o exonerar a un político corrupto y esto conlleva un cariz político.
O los magistrados de la Corte Constitucional al fallar con sentencias de
inconstitucionalidad de las leyes, declaran inexequibles o inaplicables las
normas que deben salir de la vida jurídica, entonces son calificadas de
colegisladores negativos que pareciera entran a cogobernar; o los Magistrados
del Consejo de Estado que resuelven sobre Decretos de la Rama Ejecutiva, o
sobre asuntos electorales, por inhabilidades o faltas cometidas; etc., estos
aspectos pueden verse como injerencias en la vida política. Y no todos porque
existen muchos Magistrados y jueces que son ecuánimes y equilibrados. Pero cuando
se alinean o coluden contra un gobierno que no está en el sendero del manejo
tradicional del país, que no tiene sello bipartidista y bloquean la
administración, sumado a ello el comportamiento de los órganos de control
(Procuraduría o la Contraloría), se nota o brota el uso del derecho para
obstaculizar las acciones del gobierno. Peor aun cuando la Fiscalía General de
la Nación ha sido utilizada como aparato político en varios momentos (ejemplos:
Alfonso Valdivieso, Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez, Francisco
Barbosa, y sin formación de penalistas).
La
misma Constitución, o sus reformas le dan a las Cortes Judiciales facultades
para nominar y escoger, así se politiza la justicia y de allí devienen los
intercambios de favores y los compromisos con los escogidos, pervirtiendo las
instituciones y deteriorando la Democracia. Un análisis de Roberto Córdoba
Triviño me hizo reflexionar sobre este tópico. Expuso Córdoba Triviño que,
“Otro círculo vicioso, como gol a la justicia: 1. Los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) son electos por ellos mismos, se escogen de las
listas enviadas por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura; 2.
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, son elegidos por la
Corte Suprema de Justicia; 3. Los Magistrados de la Corte Constitucional, son
elegidos por ternas hechas por la Corte Suprema de Justicia; 4. La Corte
Suprema de Justicia, nombra a los Magistrados de la CSJ y Magistrados de los
Tribunales Superiores en provisionalidad; 5. Los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, eligen magistrados de los tribunales superiores de
Distrito Judicial; 6. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen
fiscal general de la Nación; 7. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
seleccionan candidato de la terna a procurador y a contralor general. Como se
puede ver, son súper poderes que giran en torno a ellos mismos, y 50 millones
de colombianos, estamos gobernados por la voluntad de 23 Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, por los cuales no votamos. Esta es la razón que
explica: Colombia requiere una reforma estructural del Estado y eso, solo se
lograría con el ejercicio del poder Constituyente a través de una Asamblea
Nacional Constituyente o de un Referendo constituyente: el pueblo votando y
reformando en el acto electoral”.
Esta
es la forma de ver claramente cómo se conforma un partido político judicial, se
cooperan y cooptan con los poderes establecidos de gobiernos anteriores y son
reacios a los cambios. No se entiende que, el autor (hermano del ex presidente
de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño), este afirmando que deberían
ser elegidos los magistrados en elecciones populares, la alusión es que no
tienen ese respaldo popular comprobable, pero 23 personas togadas dentro de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), de reciente desprestigio por los miembros
Cartel de la Toga, sigan ejerciendo un inmenso poder desde la rama judicial que
repercute en la rama ejecutiva .Si comparamos el caso español , donde el Consejo
General del Poder Superior Judicial (CGPJ) que, fue creado para garantizar la
independencia de la justicia, no ha sido renovado hace al menos 10 años ,y las
mayorías de los magistrados apoyan de manera sibilina al Partido Popular (PP), partido
de derecha de origen franquista, hoy refundido con el partido de ultraderecha
VOX, han venido obstaculizando al Partido Socialista (PSOE) y a la coalición
del Gobierno de Pedro Sánchez, ese CGPJ politizó la justicia, recientemente se
escucharon audios del Juez Aguirre quien ha perseguido a los independentistas
catalanes y se ha opuesto a la amnistía, donde expresa cómo se ha impedido las
soluciones que buscan la concordia entre los partidos, y ha interferido los
fallos. Y esto ha trastornado y enredado al actual gobierno español.
“Hasta
el pasado 23 de abril, el actual gobierno español de coalición progresista
surgido de las elecciones del 23 de julio de 2023 solo dependía de la
aprobación de los presupuestos de 2025 a finales de este mes de diciembre y
contaba, en principio, con los votos necesarios: los mismos de la moción de
confianza que sustentó al segundo gobierno de Pedro Sánchez. Ni los resultados
de las elecciones autonómicas gallegas, ni las muy diferentes por su contexto
político de Euskadi o Cataluña -con buenos resultados para el PSE y, según las
encuestas, mejores para el PSC-, podían cambiar una correlación de fuerzas
legislativa que solo depende que los diferentes partidos que votaron a Sánchez
sigan creyendo que es un mal menor imprescindible para frenar el mal mayor de
un gobierno PP presidido por Feijóo, con apoyo o participación de Vox, UPN y
Coalición Canaria. Poco más que un mal menor, pero un abismo entre lo que hay y
lo que podría haber. Por una parte, la experiencia de los gobiernos autonómicos
PP-Vox con ataques a la lengua catalana-valenciana-balear, a los derechos
conquistados por las mujeres, la reivindicación tácita del franquismo. Por otra
pero íntimamente de la mano, la campaña de bloqueo legislativo y
extraparlamentaria de la acción de gobierno progresista, el rechazo de la
amnistía y su control anti-constitucional del Poder Judicial no deja mucho
lugar a la imaginación de lo que haría un gobierno reaccionario con el magro
pero mantenido freno al neoliberalismo más descarnado, la recuperación lenta y
para nosotros insuficiente de derechos laborales y otros derechos sociales, así
como la memoria democrática o las políticas de igualdad de los últimos seis
años”. (Buster, Raventós y Salas, 2024)
Estas
situaciones me hicieron recordar una columna escrita en esta misma revista
digital, la titulé: Obstáculo judicial para las reformas del cambio social (www.sur.org,co), publicada el 6 de marzo del
año 2023. En Colombia no es que los Magistrados tengan un partido político,
pero se comportan como un partido político, aunque sus preferencias sean varios
partidos, de la derecha o el centro político ambiguo: Parecen un partido
político judicial. Otros factores son
los que están generando la necesidad de una reforma constitucional por la vía
donde se exprese el poder constituyente sin talanqueras. Como lo plantea la
teoría pura del Abate Emmanuel Sieyés, en el libro “El tercer Estado”.
A manera de coletilla agregaría , para apoyar
las frases de Roberto Córdoba Triviño, que, la Democracia imperfecta en Colombia
, pese a los intentos de modernizarla con varias reformas constitucionales como
lo expliqué en la columna titulada Asambleas Constituyentes en la historia de
Colombia (www.sur.org.co), sobre historia
de las fementidas asambleas
constituyentes, solo 2 tienen esa connotación las de 1821 y 1991, la Democracia
con el estado liberal de derecho, hoy constitucionalizado por los controles de
la Corte Constitucional, pero las deformaciones de las leyes ya se habían dado
en muchas legislaturas de consocios (liberales y conservadores), fusionados por
la contratación y desideologizados desde La Regeneración Nuñista con la égida
de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro (1886/1905); por El Republicanismo desde
los presidentes Rafael Reyes hasta Abadía Méndez (1905 hasta 1930) y el por
Frente Nacional bipartidista otra vez (1958/1974), más el Postfrente nacional
sin gobiernos de partido, sino compartidos (1974 /1991) que, deformaron la
Democracia al producir con sus bancadas mayoritarias desde el Congreso, leyes
que alteraron la voluntad popular, con igualdad, equilibrio y justicia social;
se desviaron hacia leyes sesgadas en benéficos para grupos, élites, castas y
gremios, porque las leyes deben ser elaboradas y publicadas con sentido general,
abstracto e impersonal, para todas las
personas, no para asuntos particulares .
Ese cúmulo de leyes malformadas son un muro
que impiden Gobernar para transformar, o sea impiden avanzar en sentido
contrario a los intereses afincados; todo se agravó con el neoliberalismo
galopante desde 1991 hasta hoy (desde el Gobierno de Cesar Gaviria hasta Iván
Duque) donde los derechos sociales de la excelente Constitución de 1991 fueron
convertidos en negocios y mercancías (solo cito 2, la educación y la salud) en
manos de empresarios.
Este
tema de la justicia politizada como brazo político de las derechas ancladas, en
varios países, y las desviaciones hacia Lawfare para desestabilizar, vale la
pena seguir explorando las raíces y su comportamiento multiforme desde las
Cortes Judiciales para sostener el viejo derecho o inmovilizar la evolución del
derecho , con actitudes que fingen de “ecuánimes” para sostener ellos
mismos los privilegios dentro de la carrera judicial que iniciaron en gobiernos
del establecimiento bipartidista.
Son
tres factores visibles los que ralentizan la justicia en un país sin cultura
política y de atraso democrático. Por un lado, cuando asciende al poder un
partido o una formación políticos nueva, no bipartidista, comienza a funcionar
cierta parte de la justicia al servicio de grupos de presión y ponen en marcha
el Lawfare, o sea la justicia como un brazo de partidos políticos o coalición
de partidos moviéndole la tesitura a los jueces. 2). Sin descontar la
corrupción interna individual de jueces venales, esto desvía y pervierte las
decisiones judiciales afectando la Democracia, y 3). El miedo que inmoviliza o
congela las sentencias judiciales por las amenazas que reciben los jueces, por
advertencias letales de la criminalidad común, de las mafias y de los actores
armados.
Citas:
Buster Gustavo, Raventós Daniel y Salas
Miguel. “Reino de España: la estrategia de la reacción no debe pasar”. Columna
publicada en la Revista catalana, Sin Permiso SP. www.sinpermiso.info/abril 28
del año 2024.
(*)
Abogado de la Universidad Santiago de Cali (USC); especialización en
derecho constitucional de la Universidad Libre; Magíster en Ciencia Política
(Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional
de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho
internacional, ciencia política, derechos humanos y derecho ambiental, en la
Universidad Libre, Cali.