El
principal obstáculo para avanzar hacia una paz total (una quimera), es la
justicia ordinaria que no funcionó durante el conflicto armado con las FARC (durante
52 años, 1964/ 2016), ni después de firmada la PAZ, ni ahora. Un aparato de
justicia interferido por los estados de sitio que, con decretos extraordinarios
pretendió combatir a los actores armados de diferente naturaleza y suspendía el
derecho penal interno ordinario por largos períodos. Y no procesaron a los
actores armados porque el ejército institucional nunca los venció para
entregarlos a esa justicia, por eso JM Santos emprendió un proceso de PAZ que
dejo incompleto y el siguiente gobierno (Iván Duque) no lo implementó, sino que
lo torpedeó y lo hizo trizas.
Y se agravó con una profundización de la
politización de la justicia y esto tiene que ver con varios factores, entre
ellos la corrupción de los jueces y magistrados; la pertenencia a partidos
políticos que les han ayudado a ascender por las trampas a los concursos de
méritos y la transgresión de los parámetros de la carrera judicial; también por
la debilidad o falta de criterio de los jueces y magistrados que se dejan
deslumbrar por el poder ejecutivo dentro del presidencialismo ; el
desequilibrio de las tres ramas del poder que se perdió desde que se aprobó la
reelección presidencial, quedando los magistrados a expensas del ejecutivo por la
forma de selección, entrampados por el paso ante el Congreso y subsumidos al
mismo poder del reeleccionista que los subyugó, o del ejecutivo central que, ya
desmontada la reelección, el desequilibrio de
las ramas estaba en marcha y tiene secuelas.
La
fiscalía General de la Nación ha sido una decepción. La mayoría de los fiscales
generales se han dejado seducir por la vía política, pocos meses después de posesionados
ya albergan la idea de ser presidentes del país. En algunas ocasiones no saben
ni derecho penal, como sucedió con Alfonso Valdivieso, con Luís Camilo Osorio,
con Néstor Humberto Martínez y con Francisco Barbosa. Se dejan seducir por el
presidente que los ternó o traicionan al ternador para aspirar desde otra
orilla, tienen el mismo o similar espíritu de los vicepresidentes, la ansiedad
por el poder y la compulsión política los carcome.
Frente
a la PAZ que es la aspiración máxima de toda la sociedad y el objetivo básico
de cualquier Democracia, como se ve en el enunciado normativo- teleológico del
preámbulo. Pero algunos de ellos se han dedicado a sabotear la paz. Ya sea con
entrampamientos para crear desertores que reinicien la guerra, y otros para
trancar las propuestas de diálogos, desmovilizaciones, arreglos, treguas y la
reinserción. So pretexto de que esas iniciativas rompen el estado de derecho,
cuando desde sus mismas instalaciones algunos fiscales a cargo de casos
especiales no trabajan y otros son cómplices de delincuentes, como se observa
frecuentemente en el registro de los noticieros. Situación probada en varias
ocasiones y como principal ejemplo, el caso Mancera.
La
justicia espectáculo, la politización de la justicia, la venalidad de los
jueces, el cartel de la toga, los jueces grabados por cámaras ocultas o
smartphone desde cualquier rincón in
flagranti recibiendo dinero; los mismos extorsionados denunciando a los
jueces; o ex amantes narrando como actuaba el juez enamorado que sedujo a la
amanuense y luego fue denunciado; toda esa venalidad ha llevado al
descreimiento de los ciudadanos en la justicia, lo cual hace perder lo más
valioso que Norberto Bobbio llamó, la adhesión espontánea a las normas, o sea
el cumplimiento de los ciudadanos al estado de derecho, se pierde por el cúmulo
de noticias sobre corrupción dentro de
la justicia; o por inoperancia, quedando las personas sin aliento de denunciar
o contribuir como testigos, y en definitiva quedando a merced de NO ver la
justicia idealizada e irrealizada y así, buscan acudir también al
incumplimiento o a ejecutar la justicia privada. Arreglos de cuentas que
aumentan la violencia.
La
Justicia Especial de Paz (JEP) es precisamente una justicia de transición para
procesar a los actores armados que la justicia tradicional nunca pudo procesar,
porque no habían sido vencidos por las fuerzas armadas y porque la justicia no
operaba en zonas del conflicto por el miedo a proceder. Cuando se creó la JEP
comenzaron inmediatamente a desmontarla, y ahora tratan de descalificarla y
desprestigiarla. La misma Corte Constitucional avaló las mutilaciones, cuando
excluyó a los empresarios financiadores de su órbita. La justicia ordinaria no
funcionó durante el conflicto 1964/2016, ahora el conflicto está multiplicado
por la variedad de actores armados, y desideologizados por la continuidad de la
ilicitud en el mercado de la cocaína que alienta las micro-guerras por el
enriquecimiento ilícito.
La
gente del común y los analistas, después de 205 años con guerras civiles,
guerras locales, conflictos de variado origen, violencias desbordadas, y actividades multicrimen, se preguntan, ¿cómo lograr la paz?; ¿ por qué
se han reciclado las formas de violencia con la producción de enfrentamientos diversos
(terratenientes contra colonos, esmeralderos, narcotraficantes, minería
criminal, mafias regionales, actores políticos excluidos, etc.), y cada
solución se incumple?; por qué no sirve la aplicación de las experiencias
anteriores, con acuerdos suscritos en otros procesos de paz?, o si la relación
política y guerra es inescindible.
En
el texto de una columna anterior titulada Paz parcial o paz total, expresé que,
la PAZ es un anhelo de todos, pero en Colombia ha sido esquiva, siempre alguien
la sabotea, la incumple. Cuando se logra, reaparece otro ciclo de violencia y/o
nuevas formas de enfrentamiento. Son incontables los pactos de paz desde el
siglo XIX con: Exponsiones, amnistías, armisticios, indultos, treguas, reformas
constitucionales, desmovilizaciones, etc. Inclusive, anhelamos la PAZ desde
antes de que nuestro territorio se transformara de Virreinato a
Estado-Republicano. Por eso se realizó la guerra de independencia, para
expulsar a los españoles, lograr la libertad y tener PAZ. Y una vez expulsados
los invasores empezaron los caudillos agrarios a disputarse las partes del
territorio liberado, y los bastiones, sin grandeza, pero si con bajezas para
cada uno figurar y continuar almacenando poder que se fraccionó por figuras
como el General Santander, José Antonio Páez, Juan José Flórez, José María
Obando, José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera. Esas disputas las
llevaron hasta 1854. Los nuevos gobernantes desde 1863 reprodujeron conductas
similares.
Como
lo expresé en una columna publicada en este Diario Occidente, en el año 2014,
titulada La Paz Difusa, en Colombia, la criminalidad de los delincuentes
comunes y los delitos de los actores políticos armados se interconecta con las
conductas torcidas de la clase política clientelista/contratista, instalados en
el aparato estatal, dispersos en municipios y departamentos. Colombia necesita
la ampliación de la Democracia, reformando la justicia de verdad, y algunas
instituciones, para mejorar la salud, la educación y desarrollar derechos
sociales inestrenados, y reformar los defectos subsistentes del sistema
electoral, entre otros aspectos. Pero sin lograr la PAZ continuara defectuosa
la vida democrática, porque la violencia interna dispersa en guerras
simultáneas, mezclada con otras violencias multicrimen otras, no dejan
funcionar el derecho.
(*) Abogado con especialización en derecho constitucional de la Universidad Libre, Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana).