Texto de Alberto Ramos Garbiras. (*)
Historia del siglo XIX.
Ahora que el presidente Gustavo Petro, intenta implementar un proceso de paz total, con la ingente tarea que ello implica porque siempre la paz se ha buscado solo con actores políticos en medio de las guerras civiles o de reyertas y combates regionales, con liberales y conservadores como guerrilleros ambos, de manera saltuaria, dependiendo cual partido estaba en el poder, la otra parte era insurrecta, y los resultados han sido de paz parcial con postconflictos interrumpidos (no se pactó con bandas armadas que no estuvieran adscritas a un partido político); voy a pergeñar unas ideas y ordenar la información dispersa sobre los acuerdos y pactos de paz en el siglo XIX, a manera de relación (no de relato), para poder comparar unos y otros, durante y después de las guerras civiles, pero sobre todo para resaltar los antecedentes en las negociaciones de paz en la historia de Colombia, sus resultados, duración y efectos.
Lo primero que se observa en el listado de negociaciones del siglo XIX, es una ausencia de procesos de paz formales o establecidos con comisionados, delegados y regulación de las conversaciones. Los acuerdos de paz o del fin de la guerra, no fueron producto de procesos concebidos para arreglar, pactar o convenir; fueron producto de treguas, avenimientos, exponsiones, indultos, amnistías, armisticios, acercamientos, diálogos, para atenuar, aliviar o humanizar las batallas sangrientas, o por la terminación de las hostilidades y los enfrentamientos, que repercutieron posteriormente en reformas constitucionales como pactos implícitos o expresos, puede mirarse como lo expuso Alejandro Valencia Villa, como: Cartas de Batalla.
Inclusive uno puedo colegir que varias de esas formas de negociación se dieron en medio del fragor de los combates para encontrar un respiro a los cercos militares como las exponsiones de Pasto, Itagüí, Los Árboles, Manizales, o Chaguaní. Exponsiones como acuerdos en caliente para postergar las batallas, o tratar de variar el curso de la guerra, sometiendo el acuerdo o la aprobación a una ratificación del presidente o el alto mando miliar en la capital, y regularmente negada la ratificación; acercamientos y oferta de negociación como táctica para reabastecerse o recomponer las fuerzas insurgentes; o, los indultos ofrecidos como táctica para desvertebrar el ejército contrario, atrayendo los combatientes para que se cambiaran de alineación, o para separarlos del ejército perdonándoles la vida porque los fusilamientos en las primeras tres guerras fueron frecuentes, luego se repitieron como el paredón amenazante en la guerra de los mil días, más los destierros y las expropiaciones.
En las reformas constitucionales del siglo XIX si se observa, fueron el resultado de las guerras civiles, unas muy próximas al final de la guerra y otras con alguna distancia producto de las deliberaciones y fórmulas de arreglo para reformar el Estado, el orden territorial y las instituciones. La Guerra civil de los Supremos (1839/1842), actuaron líderes regionales santanderistas alentados e instigados por José María Obando, como si fueran “federalistas” convencidos, para desviar una investigación judicial por el asesinato de Sucre. Esta guerra produjo la reforma constitucional de 1843, dentro del mandato presidencial de Pedro Alcántara Herrán; La guerra civil de 1851, contra José Hilario López, por decidir otorgar la libertad a los esclavos , generó la reforma Constitucional de ese mismos año, puesta en práctica, formalizada e implementada en 1853; la guerra civil de 1854: Artesanos proteccionistas y militares bolivarianos-melistas contra los librecambistas, produjo la reforma constitucional de 1858 promovida por Mariano Ospina Rodríguez, dándole nacimiento al Estado-confederado (un híbrido entre centralismo y federalismo); la guerra civil por las soberanías (1859/ 1862), un enfrentamiento de burocracias locales con el nivel nacional, a partir de la declaratoria de separación del Cauca que impulsa por Decreto Tomás Cipriano de Mosquera, contra el gobierno de Ospina Rodríguez, produjo la reforma constitucional de Rionegro en 1863 y el nacimiento del estado-Federal; la guerra civil de 1885 contra Rafael Núñez y su Partido Nacional, ocasionó la reforma constitucional de 1886, con el modelo centralista y autocrático que arrumbó a Los lideres del Olimpo Radical. Y la guerra civil de los mil días (1899/ 1903), generó la reforma constitucional de 1905 y, el desdoblamiento de La Regeneración en la fórmula de consocios bajo el ropaje del Republicanismo.
A manera de introito podemos citar los actos de piedad y el acuerdo humanitario de Santa Ana que realizó Simón Bolívar con Pablo Morillo en 1820.Como lo expuse en el libro “Bolívar el constitucionalista”, el 26 de noviembre de ese año, el presidente Bolívar firmó un segundo pacto para regular el tratamiento a los civiles, el entierro de los muertos, la protección de la población, la extinción de la pena de muerte, el canje de prisioneros, fijar procedimientos humanitarios. Bolívar escribió el texto del tratado comprendido por 14 artículos y un párrafo a manera de proemio donde hace referencia al horror de la guerra de exterminio. El tratado se refiere también a que la guerra debe hacerse como la hacen los pueblos civilizados; hace hincapié en el respeto de los prisioneros de guerra; homologa el carácter de prisionero de guerra incluso a aquellos tomados en asaltos o en el abordaje marino; trata del respeto a los heridos en combate y de la factible restitución a sus ejércitos cuando se restableciere; se refiere de igual forma al canje, proporcional a los grados militares que ostentaren; incluye como prisioneros de guerra a los guías civiles de los ejércitos; fija la conmutación de la pena capital a los desertores; contiene también el traslado presupuestal de los costos por atención a los prisioneros y el nombramiento de comisarios para inspeccionar sobre su salud; el respeto a la vida de los civiles en los pueblos ocupados que deberán gozar de libertad y seguridad; impide la profanación de cadáveres y describe la obligación de los honores sepulcrales e inclusive la incineración o cremación sino hubiese tiempo para tales honores y contiene penas de infracción para los violadores del tratado. El documento suscrito por Simón Bolívar, Pablo Morillo, Ramón Correa, Juan Rodríguez Toro, Francisco González de Linares, Antonio José de Sucre, Pedro Briceño Méndez y José Gabriel Pérez, es un antecedente indiscutible del Derecho Humanitario como lo conocemos hoy. (Ramos, 2019)
Sobre la guerra civil de los conventos desdoblada en guerra civil de los supremos (1839-1842), Tomás Cipriano de Mosquera, comandante de las fuerzas del sur no dudó en apelar al paredón para diezmar las revueltas en las zonas de borde con Ecuador (dentro de un gobierno civil presidido por José Ignacio de Márquez. Esta guerra encadenada con la anterior, la alentó José María Obando, para evitar el juicio, o politizarlo, la investigación sobre la muerte del Mariscal Sucre, disimulándolo con el discurso federalista, insuflado a los Supremos. Se registraron muchos fusilamientos en Bogotá, Medellín, Palmira, Cartago, Hatoviejo, Popayán. El separatismo casi despedaza a la naciente República con los intentos de secesión cantonales y provinciales (Estados de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Cartagena, Mompox…); hubo una especie de guerra racial, llamada guerra de los colores.
Durante esta guerra civil se registraron las exponsiones de Pasto, Itagüí, Los Árboles, Túquerres y Sitio Nuevo. En la de Pasto, las autoridades locales para frenar el enfrentamiento sangriento firmaron un documento donde se expresaba que buscaban el aplazamiento de la ley para no iniciar la supresión de los conventos y esperar la próxima legislatura. Esto sujeto a la ratificación del gobierno nacional. El avenimiento fue negado porque implicaba derrota y declinación de la Ley. Sobre la exponsión de Itagüí, este fue un pacto de cesación de enfrentamientos entre Salvador Córdoba, J.M Vesga, con Eusebio Borrero, dándole espera a una Convención para resolver los diferendos. Se trató de un mutuo acuerdo humanitario. Tampoco fue ratificado por el gobierno nacional. Otra exponsión fue la del sitio de Los Árboles, después del levantamiento armado de Timbío. Se firmó entre Pedro Alcántara Herrán y José María Obando, quien de manera burda y sin un plan serio estaba reclutando afrodescendientes ofreciéndoles la libertad para armarlos contra el gobierno. De otro lado, la jefatura militar del gobierno ofrecía la amnistía si entregaban las armas en 24 horas, si restituían los bienes de los particulares, y si entregaban la vanguardia de Gaitán (un líder insurrecto que había llegado desde el Socorro/Santander). El efecto de esta guerra civil fue la reforma constitucional de 1843.
Acerca de la Guerra Civil de 1851, que tuvo un carácter bipartidista, clasista y religioso, varios sacerdotes participaron de manera frontal y se creían cruzados: se unieron terratenientes, conservadores y el clero para impedir la liberación de los esclavos. Los conservadores organizaron y pagaron cuadrillas de hombres armados (una especie de paramilitarismo temprano). El gobierno de José Hilario López, tuvo que trasladar sacerdotes para otros pueblos, desde el año anterior había expulsado a los jesuitas del país. El gobierno central había ordenado la supresión de los derechos de estola (todo lo que cobraban los curas por impartir los sacramentos). Se llegó agitar la discusión sobre la necesidad de juzgar a los obispos por Tribunales Civiles y no por Tribunales eclesiásticos, o sea quitarles el fuero. Además, que los curas párrocos fueran nombrados por los cabildos.
Al final de la guerra se ofrecieron los indultos. El indulto general fue concedido el 2 de octubre de 1852; se exceptuaba a militares de alto rango, a funcionarios públicos de notorias posiciones del orden civil, y a clérigos que hubieran predicado abiertamente la rebelión, o los que se conocía habían enviado ayudas de subvención a los facciosos. El indulto se utilizó como un mecanismo de disuasión, apaciguamiento, táctica de desarme y negociación. El presidente y el Congreso autorizaron a gobernantes provinciales y regionales para ofrecer indultos, fijando plazos perentorios para la entrega de armas. Después el vicepresidente Obaldía publicó un indulto de cobertura nacional. El debate fue si el indulto era humillante o soberbio, o si esos indultos eran excesivos porque los alzados en armas causaron mucho daño. Y se dio el debate sobre la diferencia entre delitos políticos y delitos comunes. El efecto fue la reforma constitucional de ese mismo año, 1851, sancionada y aplicada con ulterioridad, dentro del gobierno siguiente.
Sobre la guerra civil de 1854 que duró 8 meses se unieron todos los expresidentes y 14 generales contra José María Melo, un militar progresista formado en Europa en la corriente del socialismo utópico. Muchos artesanos se alistaron e ingresaron al cuerpo militar para defender sus intereses, la consigna fue: “Viva el ejército y los artesanos, abajo los monopolistas”. Hubo dos gobiernos paralelos, los llamados legitimistas se trasladaron a Ibagué y expresaron que no reconocían al gobierno golpista porque el vicepresidente Obaldía que había sido amprado en la embajada de EEUU se autoproclamó como presidente. Bogotá, entre el 3 y el 4 de diciembre se convirtió en un teatro de guerra, 9.000 hombres contra Melo y sus tropas (solo 4.000). Al final de la guerra 400 artesanos fueron arrestados, otros 300 fueron desterrados a Panamá y sometidos a trabajos forzados, se ordenaron más destierros a líderes de la guerra civil; se ordenó la pena de muerte contra muchos; se abrieron procesos civiles y militares y se acumularon al final en un solo expedientes, Obando fue juzgado por no detener la guerra. Según el investigador Carlos Mario Manrique, por falta de logística y otros factores, los llamados que realizaron los revolucionarios melistas a los sectores campesinos e indígenas no repercutieron en su movilización inmediata. Ni la revolución del medio siglo había transformado el régimen agrario, ni la servidumbre; seguían escépticos a todo, y atados a las lealtades hacendatarias. (Manrique, 2018)
Respecto a la guerra civil de 1859/ 62, o guerra por las soberanías, el gobernante retador Tomás Cipriano de Mosquera, practicó varias formas de regulación de la guerra: armisticios, pactos, exponsiones, e intercambio de prisioneros. Al final la forma de arreglo o imposición definitiva fue la expedición de la Constitución de 1863 que introdujo el Federalismo, en esa Constitución por primera vez se introdujo el derecho de gentes, artículo 91. Al iniciarse la guerra que T. C. de Mosquera, ofreció una amnistía a todos los combatientes del gobierno de la Unión, también a los de los gobiernos confederados como táctica para desvertebrar el ejército institucional nacional. Ya avanzadas las confrontaciones Mosquera se estacionó con sus tropas en Cartago, y el gobierno de las Unión las acantonó en Salamina; Mosquera propuso una exponsión para evitar esa batalla, les ofreció otra amnistía , les garantizó la seguridad a todas las tropas del gobierno y solicitó la entrega de armas. En Bogotá no le creyeron y rechazaron la exponsión o acuerdo en caliente. Desde Ambalema, después de dominar la cuenca del río Cauca, y camino hacia la cordillera oriental, propuso un avenimiento. Ya cerca a Bogotá y antes de la batalla de Usaquén, Mosquera propuso otra exponsión denominada de Chaguaní, con armisticio, autorizando un arreglo diplomático entre los gobernadores de Cundinamarca y el del Cauca, autorizando a los secretarios de gobierno para firmarlo, los señores Andrés Cerón y Carlos Holguín, incluía el acuerdo una suspensión de hostilidades por 6 días, como base preliminar para la paz; expresaba también que podían convenir una elección del Designado para asumir la presidencia ante la inminente derrota que sufriría Ospina Rodríguez, y que se prepararan las elecciones del Congreso. No le aceptaron la exponsión y se produjo la batalla final de Usaquén con un enfrentamiento previo en el rio arzobispo, siendo derrotado el gobierno nacional.
Sobrevino 13 años después la guerra civil por las escuelas (1876/ 1877), una guerra religiosa y bipartidista. En su desarrollo se aplicó la suspensión de hostilidades, fórmulas de avenimiento para el intercambio de prisioneros, protección de equipos sanitarios y médicos, atención de heridos y enfermos. El trato entre combatientes fue de beligerantes en aplicación de una norma constitucional que establecía los 9 estados federales de los Estados Unidos de Colombia, como se llamo el país por la Constitución de 1863, igual se establecieron las indemnizaciones interestatales, pago por daños en ocasión de la guerra. Se hicieron acuerdos y treguas para la evacuación de la población civil y la instalación de hospitales de sangre.
Ocho años después se registro la guerra civil de 1885, contra Rafael Núñez y su proyecto Regeneracionista con partido nuevo, el Partido Nacional integrado por liberales y conservadores disidentes. Núñez como lo explica Víctor Guerrero Apráez, realizó una migración ideológica, llevó a cabo la absolutización de la guerra, la desconstitucionalización del país, y adopto la guerra como régimen de gubernamentalidad para el proyecto de refundación estatal. (Guerrero Apráez, 2016). Rafael Núñez, negó la exponsión de La Colorada, desconociendo los antecedentes del derecho de gentes. Hizo declarar piratas para degradarlos, a los líderes vencidos, Gaitán Obeso (envenenado en prisión), Zenón Figueredo y Pedro Prestán (fue ahorcado). Terminada la guerra civil se implementó la represión permanente, se practico el exilio, las expropiaciones de bienes de los alzados en armas, y se expidió la ley de los caballos o mordaza a la prensa. Esta guerra civil produjo la expedición de la Constitución de 1886. El liberalismo fue prácticamente borrado de su representación parlamentaria.
Y se registraron luego las dos últimas guerras civiles del siglo XIX, ambas contra la vigencia de la Constitución de 1886; la de 1895 fue una guerra también contra La Regeneración y contra Miguel Antonio Caro, sucesor de Núñez quien falleció en 1894. La guerra de 1895 se pensó no se configuraría porque se fraguó como golpe de mano, querían secuestrar a Caro con algunos ministros y atacar cuarteles al mismo tiempo para desestabilizar al gobierno. El triunfo de esta guerra conllevó a la concentración del poder de M.A Caro y su ejercicio autoritario, se presentaron los fraudes electorales y los fraudes contractuales. Las penas del código penal no fueron disuasivas. El ejército liberal fue vencido en la batalla de La Tribuna (Facatativá), produciéndose la firma del Convenio de Beltrán, entre Rafael Reyes y el general Sarmiento. Sucedáneamente se registro la batalla de Enciso (en Santander), que condujo a la capitulación de Capitanejo. Beltrán y Capitanejo, dos convenios de paz al final de la guerra, con entrega de armas, expedición de salvoconductos, con la condición de que los vencidos reconocieran la legitimidad del gobierno de M.A Caro, y de no volver a tomar las armas contra el gobierno.
El 17 de octubre de 1899 empezó la guerra civil de los 1000 días. Entre ambas partes se enfrentaron más de 100.000 hombres en más de 210 combates. Solo dos batallas clásicas entre ejércitos que se emplazaron y retaron, las batallas de Peralonso y la de Palonegro. Las otras peleas se produjeron a la manera de guerra de guerrillas. Hasta se practicó la acción de los macheteros, destacándose Avelino Rosas, a la manera de los macheteros de Antonio Maceo, en Cuba. La guerra a muerte se decretó en octubre del año 1.900. El gobierno autorizó ascensos militares según el número de muertos que demostraran (mal ejemplo que se repitió en el año 2005. El presidente Marroquín ordenó consejos verbales de guerra, sin recurso alguno y con pena de muerte. En virtud a la guerra de los mil días, Colombia perdió a Panamá, territorio de fue defendido por Benjamín Herrera quien había ganado las batallas del istmo, pero le arrojaron a militares norteamericanos para neutralizarlo, quienes estaban interesados en la construcción del canal interoceánico y en alentar la separación. Los pactos para ponerle fin a la guerra fueron los de Chinácota, Wisconsin y Neerlandia, con amnistía. El mismo Gobierno que ganó la guerra hábilmente se benefició, pues había practicado la guerra a muerte en todo el territorio nacional, con los fusilamientos de la dirigencia liberal, quedando exentos de penas los violadores del derecho de gentes.
(*) Abogado de la Universidad Santiago de Cali (USC); especialización en derecho constitucional de la Universidad Libre; Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras: derecho internacional, derechos humanos y derecho ambiental en la Universidad Libre.
Citas:
Guerrero Apráez Víctor. “Guerras civiles colombianas. Negociación, regulación y memoria”. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Primera edición, marzo del año 2016.
Manrique Carlos Mario y otro. “La influencia de las ideas socialistas en la revolución del medio siglo en Colombia (1849/ 1854)”. Editorial Uniagustiniana. Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A:S. Bogotá, año 2018.
Ramos Garbiras Alberto. “Bolívar, el constitucionalista”. Colaboración en la primera edición de Héctor Alonso Moreno. Editorial ITA, y el Centro de Pensamiento Estratégico Democracia y Posconflicto CPE. Décima primera edición, Pevyservic, logística, año 2019.