Pedro Castillo, vivió un doble Golpe de Estado el mismo día, 7 de diciembre / 2022, el autogolpe que él protagonizó, con error de cálculo y muy seguramente manipulado por asesores fujimoristas (dentro de la coalición), más el golpe parlamentario de congresistas dado por la derecha y negociantes de baja laya, para expulsarlo del poder ante una tercera vacancia que estaba planeada para ése día, pero que de pronto no iban a lograr porque las dos anteriores y recientes les habían fallado al no lograr la votación suficiente. El autogolpe fue precipitado para evitar la votación que podría ser adversa, y el golpe del Congreso defenestrándolo lo hicieron aprovechando la salida osada de Castillo y se olvidaron de someterlo a votación con la formalidad del procedimiento, violaron así el debido proceso que muy seguramente la CIDH revisara dentro de la demanda que curse ante la Corte Interamericana. Al parecer, según conjeturas, las fuerzas Armadas (el Comando Conjunto), habían decidido apoyar el golpe parlamentario porque el ministro de Defensa Emilio Bobbio, junto al presidente Pedro Castillo, le habían pedido la renuncia al comandante general del ejército.
El presidente electo en julio del año 2021, Pedro Castillo, con un estrecho margen de 44.000 votos sobre su contrincante Keiko Fujimori, declinó desde el principio ejecutar con seguridad y firmeza el programa de gobierno expuesto en la campaña política; ante la falta de parlamentarios que le dieran mayoría en la Cámara única, comenzó a ceder espacios y a dejarse atemorizar en diferentes situaciones. Comenzó a coquetear para lograr gobernabilidad, prueba de ello son los sucesivos cambios en el gabinete, y se puede recordar fácilmente con la falta de respaldo a los ataques que sufrió Héctor Béjar Rivera, ministro de Relaciones Exteriores, vituperado por su vieja militancia en el partido Comunista y por su pertenencia al ELN, guerrilla de la cual fue miembro principal, no duró más de mes y medio en el gabinete, figura que le habría podido orientar muchos pasos en los cuales flaqueó. Comenzaron muy temprano las fisuras internas del partido “Perú Libre”, por disputas burocráticas. Otro error fue no impulsar desde un principio las reformas prometidas en el programa de gobierno del partido Perú Libre, las reformas a la salud, la educación y la reforma agraria, de esta manera comenzó a ser cuestionado por los mismos electores. De igual forma la promesa de campaña para promover una reforma constitucional a través de una Constituyente, no la animó por tratar de aplacar críticas y contemporizar con los adversarios de la derecha.
Desde su triunfo en julio del año 2021 empezaron las presiones y ataques contra el mandatario de Cajamarca, le aplicaron un racismo máximo por su fisonomía indígena, sus ancestros campesinos, hubo clasismo y racismo contra un profesor rural pobre, y lo trataron con aporofobia (desprecio al pobre). Todos estos factores se agregaron a la debilidad del partido que lo llevó al triunfo, “Perú Libre” un partido relativamente joven, escindido el año 2013 de un movimiento regional, fundado por Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín, una formación izquierdista pero no anclada en la izquierda tradicional, y con trazos de ejecutorias conservadoras y señalamientos de corrupción contra su fundador. Este partido si tuvo cercanía con otras izquierdas como el Partido Pueblo Unido, el Movimiento Perú para Todos y el Partido Socialista, e ingresó al Foro de Sau Paulo. Pero no logró escaños parlamentarios en las elecciones del año 2020.
El golpe de Estado que el Congreso configuró, lo podemos mirar dentro de la lista del modelo golpista ejecutado durante lo que va corrido en el siglo XXI en América Latina, con el despojo de la presidencia en Honduras a Zelaya (2009), a Fernando Lugo, en Paraguay (20212), a Dilma Rousseff, en Brasil ( 2016), a Evo Morales en Bolivia (2019); a Jean Bertrand Aristide en Haití (2004) en un raro Blitz con un comando élite militar estadounidense que lo secuestró y lo sacó del país. Y los intentos de golpes de estado atípicos en los EEUU y en Brasil, con asaltos al Congreso. Es una forma de acción de las derechas para recuperar el poder perdido en la elección anterior, o de mantenerse a la brava en el poder ejecutivo, con artimañas jurídicas en alianza con civiles afines a la ultraderecha o militares que apuntalen el poder civil. Aquí en Perú ya lo habían hecho con P.P. Kuchisnsky (2018) y con Martín Vizcarra (2020): La Señora Dina Boluarte, la sedujeron con el argumento de sostenerla y la realinearon para sacarla de la órbita de la izquierda, sujetándola a la derecha y al sector empresarial en complicidad con el fujimorismo. O sea, con quienes habían perdido la elección del año 2021.
En el Perú los partidos políticos se han convertido en un negocio y varios de ellos están entroncados con las mafias. Además, la presión de los medios de comunicación adscritos al establecimiento, y las derechas, se comportan con complicidad alrededor del grupo empresarial El Comercio, como si fueran un partido político; más los contratistas que presionan y sobornan, conforman otra especie de partido político; sin descartar a la rama judicial que funciona a veces favoreciendo los Lawfare que fabrican los adversarios, los jueces torticeros, también operan a veces como un partido político. Pedro Castillo fue atenazado por todos estos factores de corrupción, más su incapacidad, inexperiencia, ingenuidad, y desconocimiento, del Estado facilitaron que lo enredaran y le imputaran la comisión de delitos que aún están por esclarecerse, para saber la verdad, si tuvo autoría directa o participación, o si gente cercana incurrió en esas conductas punibles.
El estallido social peruano desatado desde la semana siguiente a la defenestración del presidente es un fenómeno que debe leerse sin reduccionismo, no se trata de que lo reinstalen en el poder y todo cesaría. Ya ni siquiera esa es ahora una petición básica. Las comunidades indígenas reclaman por la disolución del Congreso, nuevas elecciones y una reforma Constitucio0nal de fondo, con proceso Constituyente. Y adelantan un proceso de protestas de tipo destituyente, la renuncia de Dina Boluarte y la reestructuración del aparato del Estado. Al ver desalojado del poder al presidente popular la interpretación del sentir popular fue de asalto o robo del poder al pueblo, sin considerar los errores de Castillo. Lo sintieron como la usurpación del poder, las derechas lo retomaron y consiguieron sin ganar la elección, entonces, los pueblos indígenas tuvieron claro que ninguna de las partes que integran el Congreso, los representan, ni siquiera el partido que postuló a Pedro Castillo.
Concretamente, al fin estalló la reclamación siempre negada, que los reconozcan como pueblos nacionales arrinconados desde la Conquista (1526/1542), la Colonia (1542/1822) y lo que va de períodos Republicanos (1823/2023). Perú tiene 55 comunidades indígenas y 48 lenguas, las mayoritarias despendidas de los Incas, son los Aymara y los quechuas. Esas 55 etnias han sido dominadas, controladas y sojuzgadas por los criollos y mestizos desde Lima, y a las regiones se les ha hegemonizado de varias formas, comenzando por el idioma, el mismo castellano. Entre esas comunidades indígenas están los Achuar, los Amahuaca, los Arabela, Awajun, Bora, Cauqui, Camicuru, Eseja, Harakbut, Iñapari, Iquitu, Isconahua, Kandozi, Kukama, Madua, Matses, Nanti, Ocaina, Omagua, Resígaro, Secoya, entre otros. La educación y enseñanza nunca ha tenido cobertura sobre todo el territorio nacional para extender el idioma y complementar las lenguas nativas y raizales; estas lenguas son miradas con desdén, o sea, no se les ha incluido e incorporado con todos los derechos. No se ha redactado en ninguna de las constituciones a las etnias en un Estado plurinacional como se hizo en Bolivia (2008) y en Ecuador (2010). Y como se está impulsando en Chile de la era Boric, con la reforma constitucional que se cayó en el referéndum. Las únicas etnias en Perú que tienen identidad propia son dos amazónicas: Los Ashaniskan (esparcidos en los departamentos de Junín, Cusco, Huánuco, Pasco, Ayacucho y Ucayali), y los Aguarunas. De esa forma no han gozado las comunidades indígenas del Perú plenamente de los derechos sociales, y les han vulnerado los derechos humanos. Despectivamente los hijos de mezcla entre dos etnias son llamados Cholos, pero también tiene la connotación dada a un indígena cruzado con un mestizo, blanqueado y urbanizado. A Pedro Castillo le dicen Cholo, para desclasificarlo como mestizo. Y otros presidentes indígenas, no se han creído de ninguna de esas etnias, sino cruzados y limpiada la sangre, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
El estallido social peruano lleva un poco más de dos meses convulsos, donde han brotado todas las carencias sociales y los defectos de un Democracia colapsada. El Centralismo en el Perú es uno de los factores que agrava la crisis, o mejor que no ha dejado encontrar una solución en las últimas décadas a las inequidades regionales y las exclusiones crónicas. La pobreza de varios departamentos, la no inversión de los recursos que se les extrae, y el desdén por esas zonas los hunde en el atraso. El Centralismo lo absorbe todo. Perú necesita de un modelo territorial federalista. La forma federal permitiría una autonomía económica a las regiones y una participación política directa para tomar decisiones. Este estallido social es una rebelión desde el Sur, la parte más olvidada del Perú. Los indígenas critican el Centralismo y sienten que su presidente Cholo (cruzado de sangres étnicas), campesino y pobre por el que votaron, fue degradado, acorralado y engañado; aunque reestablecerlo en la silla presidencial no sea ya la consigna principal. Las matanzas en El Puno y Juliaca, para no mencionar otras zonas, evidencian que las víctimas no eran terrucos (terroristas), sino manifestantes inconformes.
El mismo Ministerio de Energía y Minas del Perú, explica en su página Web que, “El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la presencia de empresas líderes a nivel internacional. Contamos con un enorme potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, constituye nuestra principal fuente de recursos minerales.
A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros), lo cual es reflejo no sólo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de las políticas económicas en nuestro país. Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes”.
La mayoría de la explotación minera se presenta en Los Andes. Paradójicamente los habitantes en cercanía a las explotaciones mineras no reciben ningún beneficio, siendo que el crecimiento económico del país encuentra en esta actividad unos réditos enormes, además estos habitantes se ven perjudicados por el inadecuado uso de las aguas y el abuso con sus tierras. Las multinacionales y los intereses abscónditos de la clase política en las concesiones que se han otorgado, con negociaciones secretas, hacen que cualquier reforma a sus beneficios sea objeto de reacciones traducidas en desestabilización contra el reformador.
Pedro Castillo mostró carácter para reformar la situación de la minería e hizo objeciones a la explotación del litio. Desde el año 2017, la compañía minera Macusani Yellowcake, encontró en el Departamento de El Puno un yacimiento de litio con 25 millones de toneladas, y de contera, para mayores expectativas de los ambiciosos, se encontró en la misma zona, uranio, 124 millones de libras, aproximadamente. El litio está adherido a las rocas. Este mineral es conocido como el “oro blanco”, cada tonelada está calculada en el mercado en 12.500 dólares. Con el litio se fabrican, baterías para computadores portátiles, teléfonos celulares, cámaras digitales, vehículos eléctricos, marcapasos, relojes, pilas…Desde enero del año 2022 Pedro Castillo, anunció que reformaría el contrato con la empresa canadiense “American Lithium Corp”, para lograr mayores beneficios a los ingresos del creando plantas de procesamiento para agregar valor a las exportaciones, y no solo dejar exportar la materia prima. Una de las causas para sacarlo del poder puede encontrarse en los intereses de los negociantes y lobbystas, para mantener los pactos logrados en las concesiones mineras.
Se pude decir que Pedro Castillo fue degradado poco a poco a través de la táctica llamada Lawfare, lo llevaron con denuncias, quejas y rumores, lo acusaron de varios delitos, le abrieron investigaciones y lo desprestigiaron para hacerle perder la imagen y bases de apoyo. Utilizaron la justicia como arma política para combatirlo y socavarle el poder. Una campaña negra de carácter jurídico. Afirma la investigadora argentina, Silvina Romano, de la Universidad de Buenos Aires, sobre el Lawfare, que se utiliza como, “ Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico (…) Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos (…)Esta guerra opera «desde arriba», por medio de un aparato judicial que se «eleva» por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes, habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos”. (Romano, 2022)
(*) Especialización en derecho constitucional, Universidad Libre (Cali); Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras: derechos humanos y derecho internacional, en la Universidad Libre.
Cita:
Romano Silvina. “El Lawfare en América Latina: Guerra contra la política”. Columna publicada en la página Web www.nodal.am // diciembre 6 del año 2022.