Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)
Martín Vizcarra asumió la presidencia en el año
2018 cuando fue defenestrado el presidente PPK en un juicio político exress,
siendo acusado dentro del escándalo de Odebrecht; le aplicaron también la
figura de la incapacidad moral. Su fórmula vicepresidencial había sido Martín
Vizcarra, ex Gobernador de Moquegua. La misma forma de sacarlo del poder que
ahora lo dejó por fuera del palacio presidencial. Esta salida abrupta sumió a
Perú en una crisis política, institucional, económica y jurídica. Muy preocupante
porque la pandemia hizo aflorar todas las lacras que estaban dormitando o
camufladas.
La fórmula de la incapacidad moral es una
especie de revocatoria indirecta sin participación popular porque no le
consultan al pueblo sino a sus representantes; los congresistas deciden según
lo prescrito en el artículo 113 de la Constitución y el Tribunal
Constitucional, se pronuncia sobre su procedencia. Esta forma de sacar a un
presidente del poder aparentemente es “benéfica”
porque es un control rápido para cortar el mandato de un mal gobernante; pero
se presta a manipulaciones, arreglos y desvíos, Y se convierte en una confusión
entre el proceso penal en la Fiscalía y el proceso congresional de control
político que, en la práctica viola el debido proceso. Las acusaciones en su
contra por dos contratos de obras públicas, entre el 2013 y el 2014, en
Moquegua, sobre un hospital regional y una obra de irrigación, sobre ellas aún
no ha concluido la investigación penal.
Las protestas de noviembre en Perú se pueden
explicar como la reacción inmediata por el descontento acumulado desde el año
2017 cuando todo el país se enteró que sus sucesivos presidentes desde el año
2001 estaban incursos en el escándalo de Odebrecht; luego la expulsión del
presidente Kuchinsky en marzo de 2018 que revestía aspectos de la misma trama;
ascendió su vicepresidente Martín Vizcarra y comenzó a aplacar los ánimos al
enfrentar la corrupción desbordada. Y aparentemente lo hizo bien porque se
distanció de la clase política en descomposición al punto de disolver el
Congreso en septiembre 2019, llamar a elecciones y tratar de cambiar el cuadro
político.
Vizcarra cometió un error garrafal al no
presentar listas propias o hacer alianzas en esas elecciones atípicas, se quedó
sin congresistas y en un país donde el Congreso es unicameral la situación es más
inestable al no tener bancada de partido, apoyos directos y quedar al albur de
arreglos ocasionales, máxime en Perú donde existen al menos 24 partidos
políticos: Un pluripartidismo desbordado y una falta de coherencia de los
viejos partidos. Aún los peruanos no han podido vencer el lastre del
fujimorismo y su fardo de corrupción que ha corroído a todos los estamentos de
la administración pública.
Más de
la mitad de los congresistas están siendo investigados, se reprodujeron en la
elección con cuadros políticos de los mismos jefes que dominan la escena
política, no hubo cambios sustanciales y la enfilaron contra Vizcarra el menos
corrupto de la clase política. Como lo describió la periodista Stephany Echavarría,
“Vizcarra quedó a merced de un grupo de
bancadas inexpertas, con agendas subalternas”. Pero tenía un pecadillo
ejecutado en la Gobernación de Moquegua desde el año 2014, sobredimensionaron
el supuesto delito pues aún no había sido juzgado formalmente y acudieron a
declarar la vacancia, una especie de revocatoria directa que se obtienen con la
mayoría de esa sola Cámara compresional, a través del artículo 113 numeral 2 de
la Constitución: incapacidad moral. Un injerto amorfo del parlamentarismo que
lo ha utilizado con tinte extorsivo.
Perú tiene un Congreso unicameral con 130
legisladores. Funciona este Congreso como un remedo del sistema parlamentario
europeo, en la práctica. Sobre el gabinete se aplica la moción de censura para
que los ministros dependan del control político directo que hacen los
congresistas; los presupuestos dependen del escrutinio y aprobación del
Congreso; el presidente puede disolver el Congreso y llamar a elecciones
anticipadas; el Presidente nombra una especie de primer ministro que obra como
jefe del gabinete. Estas formas obran en la práctica como injertos del
parlamentarismo dentro del presidencialismo, un híbrido.
Organizaron a horcajadas una mayoría de
investigados y perturbados por las políticas de Vizcarra que, quería corregir
el rumbo del país. Ya lo había intentado hace dos meses y no les funcionó. Lo
que hicieron fue hacer explotar la olla donde la cocción no aguantó más y la
gente rechazó la impostura de Manuel Merino que con su presidencia efímera y espuria
hizo reventar la caldera social. Manuel Merino no era el personaje competente
para encarar la crisis. Solo permaneció 5 días en el cargo; es un hombre gris,
mediocre, sin formación académica, obtuvo solo 5.000 en la última elección a
Congreso y viene haciendo presencia desde el
año 2002 sin aportes en leyes significativas. Manuel Merino, un
dirigente de Tumbes que pertenece a un partido de centro-derecha (Acción
Popular). Merino en esta última etapa ha venido agenciando los intereses del
sector privado que manejan las inversiones en las universidades. Precisamente
el presidente Vizcarra había presentado una reforma educativa para mejorar la
calidad de la educación superior que está en gran proporción en manos de “directivos académicos”, con aspiraciones
comerciales: La mercantilización de la educación. Ellos hicieron parte del
lobby para lograr la expulsión de Martín Vizcarra. El Sr Merino armó
rápidamente un gabinete nombrando como Primer Ministro a Antero Flores-Araoz,
de poca reputación, racista y negacionista de los derechos de las minorías,
esto generó inmensas reacciones. Merino ante la oleada de protestas tuvo que
renunciar, parte de la misma clase política que lo entronizó le aconsejó que
renunciara para calmar los ánimos. Escogieron a Francisco Sagasti, un ingeniero
industrial de buen nombre, vinculado a la academia y con una hoja de vida
pulcra. Volvieron las expectativas favorables.
No era
conveniente ni oportuna esa declaratoria de vacancia contra Vizcarra por la
situación actual, el problema sanitario creado por la pandemia del Covid-19 y
el frenazo económico del país. El período de Vizcarra era el de PPK y estaba
por cumplirse en abril 2021. Los hechos delictivos que le imputaron no estaba
cumplida la investigación. Ese estallido social reventó ante la acumulación de
eventos desagradables que venían dándose: Los escándalos sobre Fujimori
revividos por la conducta desviada de su hija Keiko, con una bancada de
congresistas de conducta aviesa ; las investigaciones judiciales contra los
expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPk Kuchisnsky, y las dudas
sobre la conducta de Alan García ante el suicidio. Todo se acumuló para desatar
la ira popular.
En Congreso está desprestigiado y los partidos
políticos, también. La gente se mostró indignada contra la clase política,
gritaban la expresión “ni Vizcarra ni
Merino”. Perú tiene una constelación de partidos políticos con un
pluripartidismo inestable, sin liderazgos sobresalientes, en medio de una
corrupción galopante, en connivencia con el sector privado. Como lo expuso un
analista: “Los financistas de la política
peruana trabajan para dinamitar el estado de derecho, para que no se inmiscuyan
ni afecten sus negocios”. Así, poco a poco, hicieron colapsar el derecho y
la política. Los populismos de derecha y de izquierda ya se ensayaron,
despertaron fervor y triunfos, y al final, produjeron desconcierto y desanimo.
Se
fraguó una especie de golpe de Estado atípico por la vía del Congreso, que como
ha ocurrido el diferentes ocasiones (Honduras,
Paraguay, Brasil, Bolivia), acuden a cancamusas
y ardides o artilugios constitucionales para sacar al presidente del
poder y, entre una coalición de congresistas de diferentes partidos políticos
que no pudieron ganar la elección presidencial buscan obtener la presidencia y
el manejo de todo el aparato del Estado por la vía de una juicio simulado,
orquestado por un sector que busca conquistar el manejo del presupuesto
estatal.
Ni
Curzio Malaparte quien categorizó las clases de golpe de Estado, intuyó ni
incluyó el que le hicieron a Evo Morales (Bolivia), A Mel Zelaya (Honduras), a
Fernando Lugo (Paraguay), a Dilma Rouseauf (Brasil), a Pedro Pablo Kuchimsky (PPK)
y a Martín Vizcarra (Perú). Peor aún, está en marcha un golpe de Estado más
torticero, el que intenta Donald Trump, quien sin posesionarse el nuevo
presidente electo, Joe Biden, busca no dejarlo posesionar intentando seis fases de obstrucción. 1) Las demandas
electorales ante las autoridades federales, 2) El bloqueo con de las
certificaciones que expide la autoridad federal electoral , 3) Las legislaturas
federales ante la indefinición, convertidas en colegio electoral regional, 4)
Buscar que el congreso defina o dirima el paralelismo de colegios electorales,
tratando de cuadrar la mayoría republicana, 6) Entrabar la situación, al
esperar que la Corte Superna de Justicia
resuelva todo el galimatías generado, habiendo cuadrado la mayoría de
magistrados previamente.
(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad
Javeriana); PhD en Derecho Público con énfasis en Política Latinoamericana,
Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras:
derechos humanos y derecho internacional, en la Universidad Libre.
