Texto de Alberto Ramos Garbiras
Abuso policial, exceso del uso de la fuerza
pública, la muerte del ingeniero-abogado Javier Ordoñez, se parece a la muerte
de George Floyd en los EEUU, extralimitación de la fuerza para reducir o
doblegar una persona que cometió una infracción, ni siquiera un delito;
grabación en video, circulación en redes sociales, indignación popular,
protestas, manifestaciones, reclamos y en medio de todo aparece el vandalismo.
Un remolino sangriento hemos visto en los medios de comunicación en los días
siguientes a la muerte por electrocución y golpes a un padre de familia. Podría
pensarse que los poderes ejercidos por la policía para el control sanitario de
la pandemia concentrados en las calles, durante las cuarentenas escalonadas
desde marzo, los hizo empoderar y se desfasaron o se confunden de Estado, creen
que se diluyó la Democracia o en verdad
se está disolviendo camino al autoritarismo.
Otra mirada es esta: las manifestaciones
exaltadas de la población porque ven el caso de Javier Ordoñez como el espejo
de lo que a cualquiera le puede ocurrir en un evento callejero, o sea el
peligro extendido. Pero la crudeza del asunto lleva a pensar que el cúmulo de carencias
evidenciadas dentro del término de la pandemia, la no llegada del aporte
solidario a los que ni figuran en el SISBEN, los obstáculos para obtener la
Renta Básica, la recesión generalizada, el manejo equivocado de los bancos que
asfixian a la población, el destino de los dineros para la recuperación de Avianca y no de los
microempresarios, el desempleo galopante, las masacres de jóvenes sin
esclarecer, la paz obstruida, etc., hacen que la gente reaccione y ante un
florero de Llorente como esta ejecución pública, los ánimos de caldean y se presenta el estallido social.
En tres artículos de prensa publicados entre
abril y mayo de este año, parcialmente aquí, en el Diario Occidente y en las
revistas virtuales Caja de Herramientas y la Revista Sur, preví ese estallido
social, ante las protestas que se venían dando por física hambre y ante el
desespero por el encierro, expresando que: El coronavirus ha destapado todas
las falencias del Estado y de la sociedad. En Colombia la incapacidad
administrativa, la falta de políticas públicas de bienestar social, la corrupción que desvió los recursos
con los cuales habría podido desde hace décadas hacerse justicia social, la
mezquindad de los gremios económicos, el neoliberalismo desbordado, la ausencia
de planeación administrativa de los recursos, la no realización constitucional
del Estado Social de Derecho, etc., todo se expresó y ante esta calamidad por
el contagio de un virus galopante, el coronavirus, todo está aflorando para
mostrar esa falencias.
Estas revueltas o brotes de explosión social
produjeron disturbios y llegarán a actos de violencia sino se atiende a la
población necesitada. Reclamación social con actores no ideologizados, movidos
por la desesperación, la necesidad y el hambre. Sectores informales y
semiformales respecto al trabajo y la libertad de oficios; miembros de la
tercerización económica, desempleados, integrantes del precariado; personas que
no tienen ahorros, empleo ni ingresos; o desempeñan oficios sin estabilidad que
ante las restricciones no los pueden ejercer durante el tiempo de la
cuarentena. Estas revueltas son diferentes a las protestas sociales antes de
aparecer el coronavirus. Esas protestas sociales motivadas por otras
inequidades, el paquetazo de la reforma tributaria, el pretendido desmonte de COLPENSIONES,
la justicia sin eficacia, surgidas desde la base popular.
Dije que no eran revueltas de inspiración
ideológica o movidos por “agitadores
especializados”, o grupos políticos que quieran desestabilizar al gobierno
nacional ni a los gobiernos locales; no se trata de vándalos prepago, ni
enemigos agazapados de los gobiernos en cada ciudad, o terroristas camuflados.
Son personas del ámbito de la economía terciaria, miembros del precariado,
excluidos, marginados, sin techo, desempleados, que llegaron a la situación
límite: el encierro sin comida, ni ingresos.
Son víctimas como todos lo somos de una pandemia
transportadora de un virus como enemigo invisible, raudo y letal. Y la
cuarentena fue una medida sanitaria necesaria. Pero ellos no tenían reservas,
ni un plan B. A los revoltosos sociales no se les puede endilgar delitos por el
hecho de reclamar (distinto a quienes sean individualizados por hechos
concretos); el tratamiento no puede ser criminalizarlos, hay que resolver de
inmediato el tema de la alimentación, no con discursos ni oriflamas: con
abastecimiento: la Renta Básica se hace
más necesaria.
Las revueltas sociales seguirán porque no hubo
previsión para subsidiar a esta población en épocas de “normalidad”, y menos previsión para atender una pandemia inesperada
e inédita con amenazas a la salubridad nacional. Pueden surgir disturbios,
reyertas, resquebrajamiento del tejido social. La entrega de mercados y ayudas,
sin censos, sin logística adecuada, sólo con la base de datos del SISBEN, se salió de las manos a muchos municipios,
reapareciendo los disturbios, revueltas y reclamos airados. El problema para los
protestantes y para las autoridades que controlan el orden público es el de
la filtración de vándalos en las
protestas que, no tienen conciencia del daño que hacen a los ciudadanos airados
por la situación de orden público y la crisis económica.
Pero si hubiese existido un desarrollo
legislativo para hacer realidad es Estado Social de Derecho, es decir hacer
efectivos los derechos sociales, culturales y económicos de la población
(artículos 42 hasta el 77 de la Constitución), con auténticas políticas de
bienestar y prosperidad social en estos 28 años de vigencia de la Constitución
de 1991, no estaría pasando esta emergencia que puede ser más caótica. Las
políticas de bienestar de estos seis gobiernos neoliberales no han sido
integrales ni sistemáticas, sino saltuarias y a medio camino. Y los programas
de bienestar hasta ahora adelantados se han ejecutados torticeramente para
instrumentalizar a los marginados, políticamente. Con censos y asistencialismo
miserabilista para volverlos sujetos políticos de campañas electorales,
atraídos con auxilios diseminados para captar sectores sociales y volverlos
adherentes de una forma de gobierno que no los reivindica socialmente.