Para comprender lo que puede suceder en el
escenario político de un país, ante una medida judicial tomada sobre la
conducta de cualquier mandatario conocido a nivel nacional, e influyente en un
país por su trayectoria, recorrido o ejecutorias, haya sido o fuere presidente,
o primer ministro, se puede abordar el análisis desde la ciencia política
utilizando uno o varios métodos de investigación. En este caso ante la decisión
de la Corte Suprema de Justicia que profirió una medida cautelar de detención
domiciliaria en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, voy a basarme en
el método comparativo tomando varios casos ocurridos en Colombia.
Miraremos repercusiones políticas frente a una
medida judicial o una decisión tomada dentro de un juicio político o impeachment,
por la diferencia del procedimiento de investigación (dentro de la Rama
Judicial o en el cuerpo legislativo-Congreso); de todas maneras se traduce en
una defenestración, terminación del mandato o modificación del gobierno, si
está en ejercicio del poder; o en efectos en el campo de lo político si se
trata de un exjefe de Estado con enorme influencia dentro de la sociedad que
pueda repercutir en la reconfiguración de las fuerzas políticas, por los
efectos que tiene frente a la sociedad, los partidos políticos y las fuerzas
sociales.
El estudio de los fenómenos de la vida
política, inclusive, desde antes de aparecer la ciencia política a finales del
siglo XIX, ya la doctrina política miraba y se apoyaba en los trabajos de
Aristóteles en su obra La Política, que contiene análisis comparativos de
diferentes constituciones y regímenes políticos de su época. Aproximaciones
comparativas se encuentran también en las obras de los principales antecesores
y precursores de las ciencias sociales como Maquiavelo, Tocqueville y Karl
Marx. Y los politólogos modernos no han abandonado este método comparativo.
En
Colombia varios presidentes han sido enjuiciados. Los casos más conocidos
fueron los de Antonio Nariño, Presidente de Cundinamarca en 1811 (hoy Colombia)
y vicepresidente de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá),
el expresidente José María Obando (dos veces procesado), Tomás Cipriano de
Mosquera (presidente 4 veces), el expresidente José María Melo, y los
expresidentes Rojas Pinilla y Ernesto Samper. Las acusaciones contra
Antonio Nariño son las más inicuas e
injustas de la historia colombiana : Por traducir los Derechos del Hombre y el
ciudadano, la primera vez, y, por malversación de la tesorería de diezmos,
por traidor a la Patria, sin haberla
traicionado y sin haber nacido la patria, dizque por haberse entregado
voluntariamente en Pasto al enemigo, cuando era General en Jefe la Expedición
del Sur el año de 1814; y por no tener el tiempo suficiente de residencia en
Colombia para ejercer un cargo, y había estado ausente por fuerza mayor, la
segunda vez.
José María Obando, fue procesado la primera vez
en 1839 al ser imputado como autor intelectual del asesinato del héroe Antonio
José de Sucre, sindicado por José Erazo, quien hospedó a Sucre la noche antes
de morir. Obando dijo se presentaría al juzgado, pero decidió convocar a la
guerra contra el Presidente Ignacio De Márquez, desarrollándose la guerra civil
de los Supremos entre finales de 1839 y 1841 que había empezado como guerra de
los conventos, fue vencido y huyó hacia el Perú. La repercusión política de
esta guerra prolongada para evitar un proceso judicial fue la consolidación de
los líderes bolivarianos que sucedieron a Márquez en el poder (Alcántara1841/1845y
Mosquera 1845/1849), y la extinción política de los santanderistas.
Tomas
Cipriano de Mosquera, militar caucano fue imputado ante el senado en 1867
durante su cuarta presidencia para frenarle la reforma agraria que adelantaba;
el cuartelazo y el juicio se originaron para continuar con la titulación de
baldíos a los criollos y terratenientes, igual que para reversar las
expropiaciones de los bienes de manos muertas, quitados a la iglesia. A José
María Melo, presidente en 1854, le hicieron un juicio y lo desterraron del país
por sublevación al protagonizar un golpe de estado animado popularmente por los
artesanos que pedía proteccionismo a sus productos, Melo no pretendía la
presidencia, los artesanos de la ofrecieron a Obando para que diera un
autogolpe y ese enfrentara a los librecambistas (burguesía comercial en
desarrollo), no aceptó entonces Melo los protegió. La repercusión política fue
la coalición de expresidentes contra él organizando un ejército (Alcántara
Herrán, José Hilario López y Mosquera), se sumaron además, caudillos agrarios
regionales contra Melo. La repercusión fue: El ciclo de presidentes liberales
reformistas se interrumpió lo cual aprovechó el partido conservador que retornó
al poder con: Manuel María Mallarino y luego, Mariano Ospina Rodríguez, después
del breve interregno de José de Obaldía. A Obando, ya como expresidente en 1855
se le vuelve a juzgar, pero políticamente por no haber frenado el golpe de
Estado que dio Melo, y se le sanciona.
Al general Gustavo Rojas Pinilla (presidente
1953 a 1957), el Congreso lo declaró indigno por abuso de autoridad y concusión
en 1959. Se le hizo un juicio por abuso de poder, por haber ordenado a través
de la aduana la importación, sin aranceles, de 180 reses, ganado que debía
pagar su ingreso o gravamen, las reses fueron decomisadas y puestas en remate.
Después fue exculpado. La repercusión política fue el crecimiento de la imagen
de Rojas Pinilla que le permitió fundar un movimiento político la ANAPO en los
años 60s, lo cual le permitió ganar las elecciones en abril de 1970, resultado
que fue trucado en la Registraduría en un fraude no comprobado, que además
originó la reacción de seguidores de izquierda dentro de la ANAPO, fundando el
M-19.
Otro caso de juzgamiento fue el de Ernesto
Samper (1994/1998), por la financiación ilegal de su campaña con dineros del
narcotráfico ante la laxitud del candidato con la conducta de gerente Fernando
Botero y del tesorero, Santiago Medina. La imputación se hizo ante la Comisión
de Acusaciones de la Cámara, pasó a plenaria de la Cámara, pero no hubo juicio
ante e el Senado, y por ende no pasó a la Corte Suprema de Justicia.
Repercusión: El desprestigio de Samper fue de grandes proporciones y ocasionó
el desplome del partido Liberal. Este partido llevaba cuatro periodos casi
sucesivos en el poder (excepto el interregno del gobierno de Belisario
Betancourt), con: López Michelsen, Turbay Ayala, Virgilio Barco y César
Gaviria. No supieron hacer gobiernos de partido teniendo la posibilidad,
compartieron el poder con el conservatismo y se desideologizaron.
Ante la situación que afronta el Senador Uribe
Vélez, una repercusión política es la mayor polarización del país entre
defensores y detractores porque se trata de una figura que lleva casi 20 años
influyendo en la política colombiana como presidente dos veces, como
expresidente, como jefe de un partido, como senador y gobernador en la década
de los años 90s. Hoy con la polémica desatada por la medida de la CSJ se
afectaría más la paz por la tensión entre los tipos de justicia que hay en Colombia
(la ordinaria y la de especial JEP); ninguna opera cabalmente, ni las
anteriores como la de excepción, la de los estados de excepción durante el
siglo XX, ni el Derecho Internacional Humanitario DIH. En Colombia, además por
la sumatoria de cuestionamientos a los gobiernos desde 1970, con más énfasis,
hay una erosión de las tres ramas del poder público, una deslegitimación
crónica conformándose un descrédito del Congreso, de la Justicia y de la
Presidencia.
NOTA. Este artículo entregado al BLOG elciudadanoenlared.com.co
no se reproduce totalmente por razones de espacio, hace parte de un trabajo más
largo titulado, “Decisiones judiciales y repercusiones políticas”.
(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad
Javeriana); PhD en Derecho Público con énfasis en Política Latinoamericana,
Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras:
derechos humanos y derecho internacional, en la Universidad Libre.