Un texto de Alberto Ramos Garbiras
El derecho internacional no opera y allí está
la clave del problema, no hay justicia internacional, las arbitrariedades
quedan sin castigo. No existe un Tribunal Internacional Ambiental, los
desastres que ocasionan daños a los ríos, mares y al espacio aéreo saturado de
combustibles fósiles, quedan impunes.
La Asamblea General de la ONU debería ser el
verdadero parlamento de la humanidad para protegernos. Una pandemia como la del
Covid-19 en el fondo tiene que ver con varias transgresiones a normas
sanitarias y con ensayos torvos para lograr la supremacía, creando una
catástrofe de dimensiones inconmensurables. Y si no fue un virus inoculado,
entonces que la multilateralidad confluida en la ONU haga cumplir los ODS,
Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque los daños a los recursos naturales
tienen relación directa con el calentamiento global.
Los Derechos Humanos tienen un sistema
internacional bajo la sombrilla de la ONU, pero no es eficaz su protección
porque la Corte Penal Internacional actúa tarde y tiene limitaciones para
reemplazar la justicia penal de los países donde ocurren estas aberraciones. El
Covid-19 puede acabar de debilitar a la Unión Europea y hará replantear esos
mecanismos paneuropeos con fronteras supuestamente integradas pero que no
funciona la eurozona para el despliegue de la solidaridad.
Ningún país individualmente puede resolver
todos los problemas; esta tarea le toca a la sociedad planetaria, la ONU, y la
coadyuvancia de otras organizaciones multilaterales (la UE, el G-20, los países
del Bric, la OEA, Unasur, etc.); pero la gobernanza planetaria no está operando
sincronizadamente, no hay correlación de esfuerzos.