26 mar. 2020

Revueltas sociales y renta básica


 Por: Alberto Ramos Garbiras (*)
El coronavirus ha destapado todas las falencias del Estado y de la sociedad. En Colombia la incapacidad administrativa, la falta de políticas públicas de bienestar  social, la corrupción que desvío los recursos con los cuales habría podido desde hace décadas hacer se justicia social, la mezquindad de los gremios económicos, el neoliberalismo desbordado, la ausencia de planeación administrativa de los recursos, la no realización constitucional del Estado Social de Derecho, etc.; todo se represó y ante esta calamidad por el contagio de un virus galopante, el coronavirus, todo está aflorando para mostrar esa falencias.

Las revueltas sociales que hemos observado esta semana en ciudades como Pereira, Soacha, Bogotá, Cali, Medellín, Riohacha (…) son una reacción y un producto inmediato por la desesperación de la gente ante la cuarentena decretada y la nula posibilidad de  hacerla porque no tienen provisiones. La primera y segunda acepción de la palabra revuelta en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), dicen: alboroto, alteración, sedición, riña, pendencia, disensión.

La prensa escrita narró lo sucedido con expresiones como estas: “tenemos hambre, tenemos hambre", corearon decenas de trabajadores informales que se concentraron en la Plaza de Bolívar para reclamar al gobierno medidas de fondo que les permitan cumplir el periodo de confinamiento. En Soacha un grupo de jóvenes se aglomeró a las afueras de un establecimiento de Ara, aunque después de varios minutos entraron a saquear el establecimiento. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hizo presencia en la parte céntrica de la capital, especialmente en la Plaza de Bolívar. La gente perdió el control y empezó a exigir de forma agresiva la comida que supuestamente les iban a entregar,  la Fuerza Pública respondió con gases lacrimógenos para controlar a los exaltados.

Estas revueltas o brotes de explosión social produjeron disturbios y llegaran a actos de violencia sino se atiende a la población necesitada. Reclamación social con actores no ideologizados, movidos por la desesperación, la necesidad y el hambre. Sectores informales y semiformales respecto al trabajo y la libertad de oficios; miembros de la tercerización económica, desempleados, integrantes del precariado; personas que no tienen ahorros, empleo ni ingresos; o desempeñan oficios sin estabilidad que ante las restricciones no los pueden ejercer al no salir a la calle por la cuarentena. Estas revueltas son diferentes a las protestas sociales antes de aparecer el coronavirus. Esas protestas sociales motivadas por otras inequidades, el paquetazo de la reforma tributaria, el pretendido desmonte de Colpensiones, la justicia sin eficacia, han sido promovidas por sindicatos, movimientos sociales, líderes académicos, y surgidas desde la base popular.

No son revueltas de inspiración ideológica o movidos por “agitadores especializados”, o grupos políticos que quieran desestabilizar al gobierno nacional ni a los gobiernos locales; no se trata de vándalos prepago, ni enemigos agazapados de los gobiernos en cada ciudad, o terroristas camuflados. Son personas del ámbito de la economía terciaria, miembros del precariado, excluidos, marginados, sin techo, desempleados, que llegaron a la situación límite: el encierro sin comida, ni ingresos. No teniendo nada han tenido antes la posibilidad de salir a la calle para ejercer el rebusque diario. Ahora, con la cuarentena no podrán ofrecer sus oficios, sus mercancías, y otros productos.

Son víctimas como todos lo somos de una pandemia transportadora de un virus como enemigo invisible, raudo y letal. Y la cuarentena es una medida sanitaria necesaria. Pero ellos no tienen reservas, ni un plan B. A los revoltosos sociales no se les puede endilgar delitos por el hecho de reclamar (distinto a quienes sean individualizados por hechos concretos); el tratamiento no puede ser criminalizarlos, hay que resolver de inmediato el tema de la alimentación, no con discursos ni oriflamas: con abastecimiento.

Las revueltas sociales seguirán porque no hubo previsión para subsidiar a esta población en épocas de “normalidad”, y menos previsión para atender una pandemia inesperada e inédita con amenazas a la salubridad nacional. Pueden surgir disturbios, reyertas, resquebrajamiento del tejido social. La entrega de mercados y ayudas, sin censos, sin logística adecuada, solo con la base de datos del SISBEN, puede salírsele de las manos a muchos municipios, reapareciendo los disturbios, revueltas y reclamos airados.

 Pero si hubiese existido un desarrollo legislativo para hacer realidad es Estado Social de Derecho, es decir hacer efectivos los derechos sociales, culturales y económicos de la población (artículos 42 hasta el 77 de la Constitución), con auténticas políticas de bienestar y prosperidad social en estos 28 años de vigencia de la Constitución de 1991, no estaría pasando esta emergencia que puede ser más caótica. Las políticas de bienestar de estos seis gobiernos neoliberales no han sido integrales ni sistemáticas, sino saltuarias y a medio camino. Y los programas de bienestar hasta ahora adelantados se han ejecutados torticeramente para instrumentalizar a los marginados, políticamente. Con censos y asistencialismo miserabilista para volverlos sujetos políticos de campañas electorales, atraídos con auxilios diseminados para captar sectores sociales y volverlos adherentes de una forma de gobierno que no los reivindica socialmente.

Dentro del libro “Movimientos sociales y Protestas”, que escribí con Juan Carlos Lozano Cuervo, expuse que, el precariado es una amalgama gigante de personas proveniente de diferentes sectores poblacionales, de la clase media, de los estratos bajos, con un común denominador: han perdido la estabilidad y viven con dificultades, en situación precaria, ya nada está garantizado. Perdieron el empleo o les cambiaron las condiciones de estabilidad y seguridad social, los pagos disminuyeron o son exiguos: viven de la informalidad comercial.

Hoy por la crisis económica, el recorte de los subsidios, la austeridad de las empresas, el despido masivo de personas, la mecanización, la informalidad de trabajos a destajo, por horas o con propinas, la competencia desleal, etc., se viene afectando a muchas personas sacadas del sector productivo y lanzados al desempleo y a la tercerización para la búsqueda de la subsistencia. Este panorama es muy distinto inclusive al de los desplazados y los indigentes, en condición más lamentable. Dos enormes sectores excluidos y desatendidos, con carencias totales. En cambio el precariado está disperso en todos los estratos, se vuelve una carga familiar para los que aún trabajan o están pensionados, sosteniendo la economía familiar; son víctimas de los recortes estatales y de la ausencia de políticas públicas de bienestar social; no pueden ejercer las profesiones u oficios. Según el DANE la informalidad laboral urbana es del 62%, y en el campo del 84%, o sea 14 millones de personas, van a sufrir más en la cuarentena y no tienen como abastecerse. Colombia, como otros países de América Latina, tiene ciudades llenas de pobreza. Invasiones, miseria suburbana y periférica, con hacinamientos degradantes.

Ante esta coyuntura crítica, el presidente Iván Duque y el Departamento Administrativo de Protección Social han comunicado a la opinión pública que beneficiaran a los trabajadores informales con la entrega de $160.00 a cada uno como un ingreso solidario, repitiendo la entrega si se prolonga la cuarentena. El presidente creó un programa de televisión con el lema “Contagiémonos de solidaridad”. Y dijo que continúan los giros a las Familias en Acción, a los Jóvenes en Acción y a los Adulos Mayores, haciéndoles además un giro adicional. Y que harán la devolución del IVA a familias vulnerables. Es decir, están tratando de aplicar todo el asistencialismo posible (pero de urgencia), y no lo habían hecho de manera programada, por eso el Estado Social de Derecho no ha operado debidamente. Ninguno de los gobiernos ha concebido una verdadera Renta Básica. Los auxilios y subsidios anunciados de afán buscan evitar el estallido social, claro está. Deben lograr el redireccionamiento de los subsidios dispersos y no esenciales para otorgar una renta básica a las familias carentes de ingreso fijo.

Como lo expone el investigador del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, Alberto Tena, en la página web www.ieccs.es, “aparece la política económica pensada en clave de emergencia y excepcionalidad. Las propuestas de diferentes rentas de cuarentena están apareciendo por todo el mundo como medidas dirigidas a sostener los ingresos de las personas durante este período inusual”.

 Con el Ex Gobernador Ubeimar Delgado, los filósofos Juan Carlos Lozano y Harold Ortiz Calero, el analista Alejandro López Lasso, más un equipo de académicos y expertos en finanzas como Juan Manuel Obregón, trabajamos el tema de la Renta Básica bajo la forma de Ingreso Básico Familiar, en el año 2017 y lo dejamos estampado en documentos. Ante esta pandemia vemos hoy a presidentes como Emmanuel Macron de Francia, propuso el no pago del agua, la luz y el gas, durante este encierro por el coronavirus, y crear un fondo de solidaridad para pagar a los desempleados una mesada; Alberto Fernández de Argentina, ofreció 150 dólares a quienes perdieron el ingreso callejero; en España el gobierno de Pedro Sánchez, trata de poner en marcha un ingreso mínimo vital, han perdido mucho tiempo porque allá varios catalanes de la revista SP, entre ellos Daniel Raventós han impulsado desde hace muchos años la renta Básica (Basic Income); el Presidente Nayib Bukele de El Salvador, autorizó la suspensión del pago de los servicios públicos, suspensión de alquieres y congeló el cobro de los créditos personales; otros presidentes están proponiendo fórmulas de renta básica, que ya han difundido las redes sociales en los últimos 10 días.

La Renta Básica o el ingreso Básico familiar, operaría como un aporte a miembros de las familias de los estratos 1 y 2 que no tienen empleo, ni salario mínimo. También puede aplicarse a las madres cabeza de hogar que aunque teniendo un salario mínimo no puedan solventar los gastos de esa familia vulnerable. A los discapacitados o se aplicaría a la atención de los niños en extrema pobreza.

 Una renta básica condicional se trata de una renta destinada a garantizar unos mínimos para el derecho a la existencia, una medida que despierta asombro por ser rupturista y ambiciosa, pero que es totalmente razonable porque va ligada al principio de la dignidad humana, ayudando a garantizar la existencia material de gran parte de la ciudadanía. La Renta Básica es un ingreso ciudadano que permite cubrir parte de las necesidades básicas o primarias de la población. Se trata de una discusión que pone en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía, del respeto a las personas; pero también deja ver la necesidad de un sistema impositivo progresivo, y frenar la corrupción como base para el buen funcionamiento del ingreso dirigido a los que nada reciben.
 La renta Básica condicional (RBC) o el ingreso básico familiar, se refiere a un arreglo institucional cuyo objetivo es garantizar cierta forma de ingreso condicional a las personas que no tienen empleo ni salario mínimo. Esto es, un ingreso para cuyo acceso se requiere no trabajar en un empleo mercantil (como es el caso del salario), no tener pensión, pero se debe demostrar que se está desocupado y encontrarse en un nivel de pobreza.

(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Derecho Público con énfasis en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre.