10 dic. 2019

Vándalos de ocasión, en Cali


Por: Alberto Ramos Garbiras (*)
El martes 3 de diciembre se reunieron en Cali al menos 40 consejeros territoriales de PAZ, del Valle y del Cauca, para aportar desde estos dos Departamentos, ideas en la construcción de una política nacional de convivencia, reconciliación y no estigmatización. Y para afinar los mecanismos de trabajo ante los retos venideros que, tienen estos Consejos locales de PAZ. Entre los propósitos que tienen en mente esta la política criminal que se aplicará en estos territorios, cómo construir una red de alcaldes para la PAZ (teniendo en la cuenta que en enero se posesionan los nuevos mandatarios y no se conocen sus inclinaciones), cómo insuflar el ánimo dialogante con el presidente de la República, y cómo superar las guerras saltuarias y la actual dispersión de actores armados no políticos. La preocupación de las autoridades en Cali es mayúscula pues los indicadores registrados en el paro del 21 de noviembre dejan varias lecturas. Precisamente el mismo día, 3 de diciembre, el Comité Nacional del Paro y el Gobierno Nacional, no se pusieron de acuerdo sobre la no presencia del ESMAD para las marchas del 4 de diciembre, y sobre el uso del derecho de réplica para hacer conocer el pliego de peticiones, entonces se pararon de la mesa.

El pasado 21 de noviembre las marchas resultaron pacíficas y llenas de colorido con proclamas contra el paquetazo tributario. Pero al final de la tarde aparecieron los llamados vándalos que enturbiaron la jornada, pero nada tenían que ver con los convocantes ni con los marchantes. Aparecieron de forma abrupta y comenzaron una jornada que inquietó a toda la ciudad y levantaron sospechas sobre su accionar por la flagrancia como actuaron y el despliegue múltiple/coetáneo en varios sitios de la ciudad, parecían fletados y animados por agentes oscuros. Fueron atacados 19 buses del MIO (transporte público similar al Transmilenio), más 5 estaciones del MIO, la fachada de Unicentro, 35 vehículos particulares, el almacén Herpo, supermercados y otros locales. La gente se quejó porque en un comienzo no aparecía la policía, solo el helicóptero rondaba los barrios, con un carácter disuasivo.

El Alcalde Maurice Armitage, ante los primeros aparecimientos de ataques a locales había decretado el toque de queda y en la práctica la ley seca, todos teníamos que encerrarnos desde las 7 pm, como si estuviéramos en Estado de Sitio. La mayoría de la población ejerció la protesta pacífica en la noche con un ecoico cacerolazo contra el gobierno nacional y un toque de disgusto con el gobierno municipal porque afloró la evidencia de la ausencia de un pie de fuerza pública suficiente para controlar la situación, inclusive el comandante de la policía Hugo Casas había renunciado hacía pocos días.

Andrés Arango Velasco, colaborador del Blog www.elpacifista.com, expresó, “La ciudad colapsó y las alarmas estallaban a gritos, los disparos nos dejaban sin habla, vándalos atentaban contra la integridad física, emocional y material de los ciudadanos; Cali empezaba a abrir sus fauces, a devorarnos lentamente para que conociéramos el vértigo y nos diéramos cuenta de que aquello que pensábamos invisible, en realidad no lo es, y su fuerza es descomunal (…) Surgió de nosotros la necesidad implacable de entrar en el juego de la intimidación y salimos de nuestras casas armados con palos, escobas y traperos; varillas, piedras y cuchillos que parecían machetes para defender nuestras cosas, nuestro territorio, del monstruo que nos acechaba”.

Hubo pánico en toda la noche del 21 -N y se extendió el miedo al 22 de noviembre, los negocios al día siguiente comenzaron a ser cerrados a las 11 y 10 de la mañana y creció la fragilidad ciudadana, quedando aquel viernes al final de la tarde como si fuera un domingo, con poco tráfico. Según datos oficiales, al menos 300 vándalos se esparcieron en algunos barrios. Los barrios afectados fueron en el oriente, el Manuela Beltrán y el Ulpiano Lloreda, donde saquearon panaderías y prenderías. Hubo perturbaciones a la propiedad y dispersión de vándalos en los barrios Valle del Lilí, La Hacienda, Primero de Mayo, Cañaverales, Vegas-Comfandi, El Caney, Meléndez, Santa Helena, Chiminangos, Ciudad 2000, en el centro de Cali y el Bulevar del Río. Se registraron saqueos a 56 establecimientos comerciales, almacenes de ropa, y fachadas de las sedes bancarias del Centro, para un total de 22 policías heridos. Hicieron saqueos, se entraron a las unidades residenciales, se enfrentaron a los residentes que con palos y armas los repelieron.

Pero el miedo no dejó dormir a gran parte de la ciudadanía por que las alertas esparcidas por las redes sociales con videos inquietantes comentaban que estaban los asaltantes regados por toda la ciudad. Los residentes se agruparon en bloque de defensa; exhibieron armas que los vecinos no sospechaban poseían: pistolas, escopetas, rifles. Y otros con palos, a la manera de la guardia indígena. Este evento de zozobra demostró sin proponérselo nadie que, Cali es una ciudad pistolizada.

El proceso migratorio que ha sufrido Cali desde de la década de los años 50s, incrementó las violencias que sumadas en diferentes periodos ha dado como resultado un comportamiento delictivo de ciertos sectores poblacionales durante los lapsos de asentamiento y búsqueda identificadora con el espacio urbano. Los continuos éxodos producidos por las violencias cruzadas e imbricadas del paramilitarismo, las guerrillas, las autodefensas y los excesos de la fuerza pública han producido en Cali el crecimiento de barrios con asentamientos incompletos, y una mixtura de subculturas, los hacinamientos y los espacios reducidos en las viviendas no invitan a la convivencia. Ese tipo de vivienda incrementa la irascibilidad, la depresión, se dan los malos términos, el deterioro del lenguaje y la pérdida de respeto.

Esta situación se vierte hacia la calle. La violencia callejera, pública y común de actores individuales, independientes, famélicos o avezados al delito como método de subsistencia adoptan una conducta para resolver los conflictos interpersonales por la vía privada, eludiendo a los juzgados e instancias judiciales legalmente instituidas: la imposición de la juridicidad agenciada por las autoridades choca con la anomia social que porta la masa poblacional flotante.

Las muertes sistemáticas en Cali, sin contar los millares de lesionados en atracos, riñas, hurtos y demás violaciones a los derechos humanos, significan un fracaso palmario y público a la política de seguridad. La trasgresión masiva de los derechos humanos en Cali deja en vilo el funcionamiento del ente territorial municipal, como parte del Estado. La falta de seguridad impide la paz y no brinda tranquilidad: la paz como derecho síntesis  almacena todos los derechos. La violencia en Cali es protagonizada en un 80% por la delincuencia común que opera independientemente a cualquier dirección o liderazgo porque los actores individuales, portadores de conductas desviadas no tienen proyecto de vida, son excluidos del sistema y la sociedad; no poseen escolaridad y menos movilidad social que les permita ascender, son desatendidos y marginales, o se lanzan a la comisión de  delitos y son mano de obra sicarial instrumentalizada para llenar las apetencias de terceros.

 La administración municipal no se puede engolosinar restando muertos de un mes o con respecto a otro año para pretender afirmar que la situación ha mejorado. La convivencia se logra cuando el respecto se extiende entre todos los pobladores y cuando sus necesidades básicas están resueltas. Una ciudad llena de desempleados, desplazados y excluidos debe centrar su labor en atender a la población desamparada, en coordinación con el gobierno central, antes de cualquier otra inversión. Desde 1990 cada año se registran un promedio de 1600 muertos en las calles (no muertes naturales). Cali ha figurado en los últimos 6 años entre las 10 ciudades más violentas del mundo.

Pero lo que sucedió el 21 de noviembre es muy extraño, porque  los actores violentos siembre actúan con cautela en estos 29 años, para no ser sorprendidos ni capturados en el acto. El 21 de noviembre aparecieron en grupos como si se hubiesen puesto de acuerdo, o estuvieran dirigidos por un grupo superior. Por eso comenzó a circular desde el 23 de noviembre un video y unos textos que reseñaban la teoría del pánico que agencia el mismo Estado para asustar a la población y luego aparecer como salvador de la situación, recibiendo los agradecimientos de la comunidad, diluyendo así los objetivos de la protesta.

Entonces se están barajando dos hipótesis para explicar la irrupción de estos vándalos de ocasión actuando coetáneamente en muchos barrios de la ciudad. 1) .Los delincuentes fueron fletados, estimulados  y alentados para que actuaran con franquicia, sabiendo que no los irían a reprimir, ni capturar.  2). Los delincuentes llegaron a envalentonarse aprovechando el día de las marchas desde distintos sitios de la ciudad, se agruparon y actuaron por cuenta propia.

 Lisandro Duque Naranjo en su columna de El espectador, titulada La Cacerola, expreso, “En la puerta de mi edificio, muchachos, muchachas, señoras y hasta las mascotas, que sacaron sus cacerolas al aire libre, recibieron una bomba aturdidora y gases lacrimógenos que pusieron a toser y a llorar a todos los residentes. La cosa iba en serio. A la misma hora comenzaron los rumores de que en Cali estaban asaltando casas y que los dueños de estas se defendían con armas largas, bates y hasta espadas samuráis. Anticipos de la famosa ley que promueve el texano Cristian Garcés, del CD, para que los civiles porten armas. Sospechosos todos esos sincronismos de vándalos fantasmagóricos. Clara López cuenta por WhatsAap que por su barrio, en Bogotá, los “encapuchados” eran habitantes de calle drogados. En Cali fue igual, aunque en este mundo tan fotografiado es muy extraño que no quede una sola foto como evidencia. Y si la hubiera, demostraría que fue un plan orquestado con el lumpen para que aprovechara el anticlímax para sus tropelías, sirviendo de pretexto para exaltar a los “héroes” como garantes de la defensa ciudadana. Es una alianza clásica esa. Además, el Gobierno no iba a quedarse empezado después de los preparativos de guerra que hizo contra la marcha. Ya metido en gastos..."

(*)  Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Derecho Público con énfasis en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre.