Hoy frente a la crisis de los partidos políticos tradicionales y la
crisis de los partidos “nuevos”, todos los surgidos después de 1991, unos
reagrupados en otras formaciones políticas, otros extinguidos y vueltos a
aparecer con diferente ropaje o personerías jurídicas, otros camuflados, o
transmutados y los demás atomizados por falta de cohesión ideológica o por
rupturas de los bloques, alianzas y polos formados, este panorama hace que la
práctica política hoy tenga más confusión para las militancias, adeptos, seguidores
, e incluso dificulte las decisiones del voto de opinión.
Las líneas ideológicas se han
disuelto, el clientelismo sigue extendido en todos los comportamientos, la
corrupción de las élites no ha disminuido porque utilizan otras formas de
exacción, la participación ciudadana y la ampliación de la Democracia sigue
estando obstaculizada entre otros aspectos por la falta de cultura política y
los defectos del sistema electoral. Lo más grave, la abstención se comporta como si nada
hubiera pasado. Entonces, sin el voto
obligatorio las cúpulas de las dirigencias partidistas se apoderan del aparato
del Estado con la proporción electoral que resulte en las urnas.
La diferencia esencial entre movimientos sociales y sectores sociales
estriba en su composición y origen. Los movimientos sociales tienen una misma
raíz, ya sea étnica, racial, religiosa, de actividades, fines económicos o
misionales,etc.(por ejemplo, los indígenas y sus ramificaciones en etnias,
resguardos; las negritudes, los viviendistas, el campesinado, las iglesias, los
ambientalistas, el movimiento estudiantil, las feministas, los LGTB,etc.). De
otra manera los sectores sociales sin consideración racial, religiosa o de
estratos sociales, se identifican por la inmediatez de lo que hacen, necesitan
y buscan ser más funcionales para trabajar, rebuscarse y sobrevivir. Se
encuentran en la economía informal o formal pero no gozan de todos los
beneficios, oportunidades y garantías. Son excluidos del gran mercado, no
pertenecen al empresariado pero tienen emprendimiento. Y hacen parte del
precariado. Estos sectores son susceptibles de ser convocados a la actividad
política puntual en lo electoral, sin desgastarse en militancias o adhesiones
personales, pero si convocados a lo programático en lo que a ellos concierne.
Son sectores como los gualeros, los taxistas, volqueteros, carretilleros, los
vendedores ambulantes, los mineros artesanales, los emboladores, las
prostitutas, etc.
Ernesto Laclau, teórico argentino
planteó que “cuando las masas populares excluidas se incorporan a la arena
política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas”. Estos sectores
sociales cada día sienten más la exclusión y la falta de garantías. Están
saliendo a protestar y a reclamar. Deben ser atendidos con políticas públicas
concretas. Entonces, sin necesidad de convertirlos en políticos activistas ni
inscribirlos en partidos o fracciones, porque no se trata de ello, hay que
atenderlos e incorporar propuestas en los programas de gobierno para atenderlos
adecuadamente. Y con la ayuda de ellos transformar el poder local.
La gente no se siente representada y por ello acude a defender los
intereses sectoriales de su entorno, trabajo y sobrevivencia. En estas
circunstancias los sectores sociales sin ser parte de los aparatos de los
partidos políticos, sin ser movimientos políticos, ni sociales (aunque sus
miembros tuvieran alguna conexión), se convierten en estas circunstancias en
actores claves para los nuevos cambios político- administrativos. Quien sepa
convocarlos para las elecciones regionales o locales puede ampliar su espectro
de acción electoral sumándolos a la alianza conformada, o coalición lograda.
Los sectores sociales son múltiples y aparecen con la dinámica de las
actividades y trabajos que la gente realiza, se reagrupan e identifican por el
oficio, los propósitos comunes, las iniciativas de emprendimiento artesanal ,
comercial o empresarial; por el común denominador frente a la producción
agrícola; o en las ciudades por las formas de supervivencia y hasta en su
relación con el uso del suelo urbano; pero no están politizados ni tienen
ideología cohesionada, la única forma de nuclearse es por el trabajo y
objetivos que tienen. En cambio los movimientos sociales si tienen una afinidad
ideológica, o racial, o étnica, o religiosa o política, etc; y organizan una
fuerza social para hacer respetar sus derechos horizontales, Y actúan con
organizaciones política que obtienen personería jurídica, o p como aliados
coyunturales o de ocasión con los partidos, pero no se dejan subsumir y
absorber por los partidos políticos; porque no creen en ellos y para poder
lograr el trámite de sus aspiraciones y necesidades. Ambos son sujetos
políticos, los sectores sociales y los movimientos sociales porque hacen parte
de la Nación,
se pronuncian en su oportunidad, presionan y reclaman y tramitan asunto que
tocan con diversas políticas públicas: ambos son agentes sociales. Ambos
resultan en diferentes circunstancias insertos a actividades que tienen que ver
con la transformación social del país.
Los movimientos sociales y los sectores sociales también sin
proponérselo, ni estar de acuerdo coinciden en sus reclamos y protestas porque
buscan que desde el Estado se les reconozca derechos sociales, culturales y
económicos no reconocidos y facilitados en leyes, decretos o normas menores,
pero la raíz del derecho es constitucional. Lo mismo que protestan por la
violación de algunos derechos humanos y el no cumplimiento de los derechos colectivos
y del medio ambiente, es decir la carta de derechos que apunta a la
construcción del estado social de derecho. En la práctica, presionan por la
ampliación de la democracia.
La protesta de los habitantes del Chocó se produjo por desatención en
varios aspectos que atañen a la seguridad, la salud, la educación, los daños de
la minería, etc.; Una protesta como la del Chocó es una expresión regional de
la inconformidad a ella confluyen sectores sociales y movimientos sociales en
apoyo de las reclamaciones, convergen en la reclamación, pero las causas y la
autoría de la movilización es plural.
Durante el año 2015 fueron 283 protestas sociales de diferente índoles,
protagonizadas por diversos sectores y
coadyuvados por movimientos sociales: universitarios, indígenas, viviendistas,
ambientalistas… provocando obstrucción de las vías y motivado formas de
concertación para solucionar los problemas.
Las protestas sociales se están presentando con mayor notoriedad ante la
falta de solución efectiva a los sectores sociales y a los movimientos
sociales. Las personas para hacerse sentir se agrupan. En solitario nadie
obtiene eco ni resultados. Se agrupan quienes tienen un reclamo similar, una
desatención local o nacional. Cuando han esperado demasiado y agotado los
reclamos individuales, o cuando se siente que la política pública sobre ése
tópico requerido no existe, no la van a implementar. La protesta social es la
última forma civil de presión para reclamar la acción estatal y buscar la solución.
Las personas hacen parte de la nación y son el componente humano del
Estado. Pero la maraña de instituciones, más los intereses de las élites
política y las castas económicas, se apoderan del aparato del Estado hasta
deshumanizar la administración y desatender a las personas desconectadas de la
burocracia estatal o de las cúpulas partidistas.
Así las movilizaciones populares y sociales se producen saltuariamente y
en diferentes sitios de la geografía nacional en la misma medida que las
personas, los ciudadanos y sobre todo los sectores sociales afectados, son
desatendidos o burlados. Acuden a la protesta social que puede llevar a la
desobediencia civil y a la resistencia civil hasta que se solucione el problema
y se corrija el abuso del derecho. En los Estados donde no se corrige a tiempo
y la protesta crece, o se reprime abiertamente sin dialogo y corrección se
llega a la guerra civil o a la revolución.
Los gobiernos conservadores, autoritarios y represores, ven la protesta
social como subversiva desde que brota. No reconocen que la protesta es
sinónimo de inconformidad, insatisfacción y falta de ejecución administrativa.
La protesta social es un reclamo colectivo que requiere atención y corrección,
no represión desde que aparece.
El paro camionero por ejemplo, este debe ser analizado con la óptica de
hasta dónde puede llegar un sector social. Los camioneros no pertenecen a un
movimiento social, tampoco lo hacen a nombre de un partido político. Tampoco lo
hicieron porque sean comunistas, socialistas
o populistas. Ni porque una guerrilla los hubiere animando u obligado.
Este sector social (aquí hay una diferencia con movimiento social), los
camioneros no está exento de divisiones como en todos los colectivos, y de
corrupción de algunos dirigentes, como en todas las actividades y agrupaciones
de profesionales o de oficios; este sector social logró tener casi paralizada
la economía del país.
Los camioneros reclaman todo lo relacionado con el área de trabajo donde
se mueven (fletes, gravámenes, peajes, menos impuestos, forma de chatarrización
de los vehículos, reposición de los vehículos, etc., ); entonces con la óptica
tradicional de la lucha de clases NO se puede analizar o mirar este problema.
Estamos presenciando en Colombia una
transformación de la lucha de clases. Para la solución de los problemas se está reclamando por sectores. No
es el enfrentamiento del proletariado contra la burguesía. Ni es una lucha o
puja entre estratos sociales. Se está dando es la presión de sectores sociales
y de otro lado, de movimientos sociales que reclaman lo que les corresponde
para poder desenvolverse. Por ejemplo los taxistas Vs los de Uber, el sector
judicial presionando al alto Gobierno centrado en el Ministerio de Justicia;
los paperos reclamando al Ministerio de Agricultura, los cafeteros por otro
lado,los vendedores ambulantes con manifestaciones ante las alcaldías
municipales; hasta los prisioneros(reclaman el no hacinamiento en las cárceles
y mejores condiciones sanitarias); los indigentes sin bienestar social
ubicándose en lugares publicos a falta de albergues; y así podríamos enumerar
varios sectores sociales.
Esta
nueva forma de lucha de clases es complementaria a los reclamos de los movimientos
sociales (indígenas, campesinos, afrodescendientes, el movimiento estudiantil,
el movimiento sindical, el movimiento ambientalista...). Dentro del
postconflicto tendrá que resolverse la condición económica de cada sector. Por
ahora el Gobierno sin terminar la guerra con otros actores colectivos no ha
podido resolver esta multiplicidad de asuntos.
La fuerza pública tiene entre sus objetivos hacer valer el Estado de
Derecho, pero un derecho injusto no puede mantenerse sin corregirse porque las
normas hacen parte del Estado Social de Derecho que implica unos
reconocimientos mínimos para cohabitar en sociedad. El derecho debe ser válido,
vigente y eficaz, si es equitativo. Un derecho injusto, desequilibrado y
desconocedor de la carta de derechos conlleva a la concentración de privilegios
que las mayorías rechazan.
Cada que se niegan los derechos sociales las movilizaciones crecen y se
encuentran sin respuestas efectivas para aplacarlas y volver a la normalidad
pública. O se les incumple después de firmar los compromisos, aumentando la
incredulidad. El descontento de los inconformes crece y la represión se afina
con cuerpos especializados de la fuerza pública. El ESMAD es un ejemplo de
ellos: los Robocop criollos. En toda sociedad hay que conservar y lograr el
orden público porque la validez y vigencia de las normas no es suficiente, hay
que lograr su eficacia y cumplimiento; pero no se trata de armar cuerpos
especializados solamente, como los Swat norteamericanos, los miembros del GEOF
en Argentina, el GOPE en Chile, la
FIP en Guatemala…; se trata de reforzar la seguridad, pero lo
importante es que los gobiernos alcancen un Estado con justicia social, rentas
equitativas, evitar el desempleo, las exclusiones y brindar oportunidades.
Por Alberto Ramos Garbiras:
Abogado con especialización en Derecho
Constitucional de la Universidad Libre
Seccional Cali; Magíster en Ciencia Política Universidad Javeriana, PhD,
Doctorado en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED-
España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre.