Ante
la cadena de marchas y protestas durante el paro agrario en junio 2016,
promovido por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, llevado a cabo en las carreteras de 21
departamentos, con 37 puntos de obstrucción, y la participación de más de
65.000 manifestantes, apareció un calificativo a la manera de eufemismo para
referirse a los bloqueos y reprimir o dispersarlos, se llamó concentración de
personas , como si se tratara de un accidente o un caso fortuito que
obstaculiza la vía, sin reconocer que se trataba de una protesta social por
incumplimiento de pactos para la inversión agraria y mejoramiento del campo
colombiano.
Esta protesta social multiplicada en 37 zonas
del país obedece a la cohesión de la cumbre agraria porque fue un llamado o
convocatoria de una organización plural de 13 organizaciones sociales para que
salieran en diferentes puntos de Colombia. Los camioneros no hacen parte de un
movimiento social, son un sector social, los identifica solo lo relacionado con
el gremio al que pertenecen por el tipo de trabajo que realizan, pero
aprovecharon la coyuntura e ingresaron al paro en un momento oportuno para
ellos presionar. Los linderos y características entre movimientos sociales y
sectores sociales permiten generar más criterios para diferenciarlos porque no
se trata de lucha de clases sino de miembros de unos estratos que tienen
afinidades por el oficio pero que se identifican transitoriamente con los reclamos
de los movimientos sociales.
A la presión popular campesina, indígena
y afrodescendiente no puede mirársele como de inspiración guerrillera porque
las dos guerrillas fuertes están en proceso de diálogo con el Gobierno (las
Farc), o a punto de concretarlo (el ELN); esta fue una protesta donde el eco de
los diálogos si influyó porque el “arreglo” sobre lo agrario tiene incidencia
de cara al devenir diario y a lo que sucederá en el postconflicto para llegar a
una normalización de la vida rural alterada por la violencia de más de medio
siglo sin llegarse a una reforma agraria integral.
La agitación social de la
pluriculturalidad colombiana (campesinos, indígenas, afrodescendientes…) nos
muestra las convulsiones que vendrán dentro del postconflicto y que durarán el
tiempo que requiera la reconstrucción de la sociedad y el establecimiento de
los derechos sociales, culturales y económicos no practicados dentro del Estado
Social de Derecho a causa de la extensión del neoliberalismo en las prácticas
agrícolas.
No se puede uno imaginar el escenario del
postconflicto sin protestas sociales. Lo queremos imaginar sin guerra interna,
con los actores políticos armados que se desmovilicen (y el Estado controlando
o reduciendo la violencia generada por la delincuencia común), para de esta
forma ir reconstruyendo la nueva sociedad. Pero un período de postconflicto
puede durar 15 o 20 años porque será un período de transición: económico,
institucional, jurídico, político, etc. En los primeros años de la transición
las protestas sociales se mantendrán y aparecerán otras porque si se trata de
construir una nueva sociedad, estas formas de expresión son las que le quedan a
quienes no van a utilizar la violencia para hacerse sentir.
Al reducirse la violencia política armada,
quienes hagan actividad o activismo político sin violencia buscan canalizar los
reclamos no oídos ni resueltos a través de las protestas o la resistencia civil
verdadera porque toman otro camino para agitar los reclamos, los derechos de
petición, las reuniones, el diálogo para intentar la concertación, etc. La
Democracia tiene canales de reclamación, presión y control. Los partidos lo
hacen a través de la oposición en los cuerpos colegiados (el Congreso, las
Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales); los pensadores de
prestigio o figuras nacionales a través del disenso; y la población en general sin contacto con esas figuras de
representación o de renombre, después de haber agotado los trámites
administrativos de reclamación, los mecanismos de participación frustrados o
las veedurías ciudadanas desatendidas, la población lo hace a través de las
marchas callejeras, los plantones, los paros, o la resistencia civil
originaria, no impostada. Y los sindicatos por medio de las huelgas.
Al iniciarse el postconflicto, así sea por
la dejación de las armas y el cese al fuego definitivo con una sola guerrilla,
la reconstrucción social de Colombia requiere del reconocimiento a los
movimientos sociales y a la pluriculturalidad. Nadie va a agenciar las
necesidades de ellos y sus afugias, ni los partidos políticos, ni los gremios,
sólo ellos: los movimientos sociales y los sectores sociales como grupos
poblacionales que también requieren atención para avanzar en los logros de un
verdadero Estado Social de Derecho. Cada movimiento social a su vez representa
intereses específicos, inevitable será tratarlos con esas características, pero
la ventaja ahora es la existencia del
Decreto que reconoció a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para
visionar y tratar el grueso de temas a ventilarse en el desarrollo del
postconflicto.
Los contenidos de las reclamaciones de los
líderes del Paro Agrario son los mismos que se expusieron en el año 2013, y son
el complemento de lo pactado entre el Gobierno y las FARC en el primer punto de
la agenda de paz, pero con la visión de los movimientos sociales que integran
la Cumbre Agraria para esos movimientos. Alejandro Reyes Posada expone que, “Los campesinos, en cambio, no tienen un
interlocutor que pueda concertar con ellos las políticas que podrían cambiar la
situación, sencillamente porque el Gobierno, en los últimos tres años, abandonó
el propósito de preparar los instrumentos de política necesarios para hacer la
reforma rural. La Cumbre Agraria pide un ordenamiento territorial de la
propiedad que proteja el medio ambiente de la minería predatoria, asegure la
tenencia campesina, recupere la vocación de los baldíos para sus ocupantes
campesinos, cree las zonas de reserva campesina y formalice la pequeña propiedad
familiar” (Reyes, 2016).
Los movimientos sociales que componen la
cumbre de la mesa única nacional no deben ser reprimidos ni criminalizados ni
estigmatizados, sino regulados y atendidos, porque criminalizar la protesta social es arrojarlos a otras formas de
reclamación que en distintas épocas ha llevado a la reacción extrema del uso de
las armas. Sería volver a los orígenes de la violencia en varias de sus fases
desde 1946 que se desenvolvieron en períodos de represión y confrontación y
otras formas armadas hasta llegar a los actores armados de diferente
denominación. La negociación en La Habana con las FARC y la que se haga en
Ecuador con el ELN no quiere decir negociación con los movimientos sociales que
son civiles de la pluriculturalidad no armados y ligados a áreas
productivas y también víctimas de la
guerra interna prolongada.
El postconflicto requiere de la ampliación
de la Democracia para encontrar formas directas, viables, expeditas donde se
tramiten las reclamaciones y se hagan efectivas, evitando así la violencia, las
exclusiones y la burla a la justicia social. Lo que está en crisis también son
los mecanismos de participación del artículo 103 de la Constitución y las
talanqueras que creó la Ley 134 de 1994: Los movimientos sociales no creen ya
en los formulismos y la sofisticación de estos mecanismos, en un 65% inanes e
infructuosos. Además, los partidos
políticos no abogan de lleno por ellos, podrán invocar la problemática pero los
movimientos sociales no creen en los partidos políticos tradicionales ni en lo
que han aparecido como transmutación o mezcla de los tradicionales. Además la
falta de coherencia y comportamiento sin disciplina ideológica ni de bancadas
les produce escepticismo y desconfianza.
Dos
movimientos sociales con pasado y tradición en Colombia también tendrán otras
formas más rigurosas de exigir dentro del posconflicto: el movimiento
estudiantil y el movimiento ambiental. Ambos, por separado reclaman desde hace
varias décadas derechos de la carta constitucional hoy parte del estado social
de derecho. Dentro de los derechos sociales y culturales está la educación,
angostada por los precios altos de la educación elitizada y manejada por
colegios y universidades privadas sin la regulación debida. En Chille el
movimiento estudiantil reclama educación gratuita.
Y
los ambientalistas en Colombia conforman un movimiento social disperso que se
ha expresado a través de ONGs, fundaciones ambientales manipuladas, marchas, veedurías, protestas y transversalmente
desde otros movimientos y sectores que ven como la depredación de los recursos
naturales está afectando la calidad de vida por las fumigaciones, la tala de
nacionales y extranjeros, la falta de autoridad ambiental, un sistema nacional
SINA sin articulación, los vertimientos de aguas residuales incumplidos por los
mismos municipios y en la etapa final la minería criminal que está destruyendo
la faja lateral de los ríos, ecosistemas, páramos y afectando acueductos
municipales. Todo esto daña la calidad de vida en el campo y las ciudades. El
movimiento social ambiental reclama el respeto de los derechos colectivos y del
medioambiente.
Por: Alberto Ramos Garbiras|
Abogado con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Libre Seccional Cali; Magíster
en Ciencia Política Universidad Javeriana, PhD, Doctorado en Política
Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España);ha sido profesor
de las asignaturas “Ciencia Política”, “Derecho Internacional" y “Derecho Constitucional” en la Universidad Libre
Reyes
Posada Alejandro. “El paro agrario y la preparación de la paz”. Columna de
prensa publicada en El espectador, sección editorial Bogotá, junio 5 del año
2016.