El
nuevo anuncio de desescalamiento del conflicto colombiano, oficialmente
comunicado por el Presidente Santos el domingo 12 de julio 2015, tiene otras
características al anuncio de noviembre 2014 que se inició en diciembre de ese
año. Ahora las FARC expresan que será por un mes y dependiendo de los ataques
de la fuerza pública, así podrán ir prolongándolo; el Gobierno le coloca un
plazo a la terminación de las negociaciones, cuatro meses, para agilizar la
agenda en la Habana. Y anuncia que tomará medidas de desescalamiento pero que
no dejará de ejercer la fuerza del Estado. La lectura inmediata que produce
este cruce de expresiones es: Las dos partes quedaron chasqueadas con los
ataques desde abril, el escalamiento, las hostilidades, los bombardeos, el terrorismo
ambiental, el sabotaje, la afectación a la
población civil, etc. Las dos partes
se convencieron que no deberían seguir infringiéndose golpes, que si
bien es cierto tenían capacidad de ataque, también había respuesta, y que el
proceso de paz se iba a desbaratar irremediablemente.
Pero
también se deduce que ambas partes quieren seguir intentando la continuidad de
las conversaciones para redondear la agenda y llegar a unos acuerdos. Santos ya
cambió la cúpula militar y al Ministro de Defensa que, era díscolo. La derecha
colombiana seguirá insistiendo en boicotear el proceso, por esa razón ambas
partes de la mesa tendrán que ser más cautos hasta en las declaraciones que
proporcionen a los medios. También quedó claro que Gobierno y Guerrilla
entraran en una etapa que con actos de desescalamiento en la práctica se inicia
un cese bilateral del fuego. Ninguno va a tolerar en demasía ataques
desproporcionados.
El
25 de noviembre del 2014 dentro de una conferencia que dicté en la Cumbre por
la Paz de la Universidad Libre, expuse sobre esta temática que, se necesitaba
confeccionar una tabla de elementos constitutivos del desescalamiento, entre
ellos, los ceses unilaterales, el mismo cese bilateral, el desminado, la no
conscripción de menores, la disminución del lenguaje agresivo de funcionarios
de resonancia, de los mismos organismos de control, lenguaje agresivo que mueve
los ánimos en contrario y cambia la tesitura de los que están en la mesa de
conversaciones, porque los alteran con ataques personales y descalificaciones,
y entre otros aspectos el comportamiento de los mismos medios de comunicación
con enfoques errados o volviendo un espectáculo lo que está sucediendo.
Y
la forma de asegurarse el funcionamiento de 4 meses acercándose más en la mesa
y otros escenarios hasta el 20 de noviembre, es con la intervención
internacional de la ONU y de UNASUR. Los dos organismos internacionales
enviaran delegados a la subcomisión que opera como parte de la mesa de
negociación. Un delegado del Secretario General de la ONU y un delegado de la
presidencia de UNASUR, el uruguayo, José Bayardi. La Unión Europea (UE) después
del viaje del residente Santos en junio 2015, también aprobó la presencia de un
enviado especial; EEUU tiene al Sr Aronson y Alemania a Tom Koenigs. Podría
hablarse de otra vuelta de tuerca a la internacionalización del conflicto
colombiano o de la atención que los
organismos multlaterales le prestan a esta negociación en la fase final
irreversible, para evitar la fase agónica en la que había caído por el
recrudecimiento de las confrontaciones.
En
todo caso vamos a observar una etapa novedosa dentro del conflicto nacional con
veeduría internacional, monitoreos y comprobaciones; sin estar normadas en el
derecho internacional las formas de desescalamiento, ni siendo obligatorio.
Todo se hará de manera consensuada para ganar confianza y volver a reanudar los
puntos de los acuerdos. Una forma práctica es poner a funcionar las reglas del
derecho de gentes y del derecho de guerra, ambos constituyen el DIH, pues cumplirlo
les facilitaría el menú del desescalamiento y humanizaría la confrontación
porque ni la regla más elemental la cumple: los enfrenamientos deben ser solo
entre combatientes. Están afectando a la población civil: con los bombardeos
estatales, de un lado; y con el terrorismo indiscriminado y ecológico, del otro
lado.
La
nueva etapa de desescalamiento a iniciarse el 20 de julio puede verse como la
última oportunidad para revivir el proceso de paz. Y ante la férrea posición
del Gobierno nacional de no pactar un cese bilateral, durante casi tres años,
determinó programar acciones de disminución en la confrontación sin abandonar
el Presidente el papel de Jefe de las Fuerzas Armadas y responsable del orden
público pero desgradualizando lo ataques, para bajarle intensidad a la guerra.
En la práctica es un cese bilateral del fuego el que se va a iniciar, sin
reconocerlo expresamente.
Será
un cese bilateral atípico porque no lo admitirá expresamente el Gobierno, pero
lo practicará. Y será un cese al fuego disuasivo porque ambas partes en la mesa
de negociación están crispados, y en el campo de batalla, alertas. La prueba de
que el cese al fuego sirvió fueron los casi 5 meses iniciales del año 2015,
disminuyeron los ataques y los daños en un 85%, y la ciudadanía había vuelto a
creer. Al romperse el desescalamiento por los hechos sangrientos de Buenos
Aires (Cauca), y la respuesta con bombardeos aplicados a un campamento en
Guapí, más otros bombardeos, con la consiguiente racha de ataques a punta de
terrorismo indiscriminado, sabotajes y terrorismo ecológico, se alteró la
confianza nacional.
Ahora
veremos otra vez la disminución de operaciones en los cuatro meses siguientes,
hasta el 20 de noviembre 2015, disminución de ataques y hostilidades
programadas y consensuadas gradualmente, serán la recta final para la
consecución de la paz con una guerrilla, o el fracaso definitivo del proceso de
paz, y la reanudación de la guerra.
Por| Alberto Ramos Garbiras.
Abogado titulado, profesor de ciencia
política y derecho internacional en la Universidad Libre; especialización en
derecho Constitucional, Universidad Libre; magister en ciencia política de la
Universidad Javeriana, P.h.D, en política latinoamericana de la Universidad
Nacional (UNED) de Madrid-España. Miembro del Colectivo de Paz y Posconflicto
de la Universidad Libre, Cali.
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