No puede abrirse la puerta a una
Constituyente en este momento porque el
proceso de paz no ha terminado, y con el se está discutiendo una reforma
vital a cinco aspectos centrales que envuelven más de treinta aspectos de la vida nacional. Así, una Constituyente
sería alterar todo lo discutido en casi tres años desde La Habana, para empezar
de cero otra vez, porque una reforma a través de Asamblea Constituyente,
permite todos los cambios, otra vez. Aunque se diga que sería con carácter limitado,
el fundamento del poder originario que tiene permite cambios sin límites.
Colombia está viviendo cuatro reformas a la vez, la del proceso de paz, la
reforma al equilibrio de poderes (judicial y electoral), la de la Salud, y la
de la educación en tramojo. Sin contar otras reformas ventiladas en el
Congreso.
Como diría Alfonso Palacio Rudas, fue una
hábil cancamusa para frenar la reforma a la justicia en marcha. Todo parece
insuflado desde el Consejo superior de la Judicatura, condenado a desaparecer
por haberse convertido en una rémora. Muy valiente el Vicepresidente de la
Corte Suprema de Justicia. Fernando Giraldo Gutiérrez, que salió a contradecir
el montaje de la propuesta.
La iniciativa legislativa en Colombia es
amplia, no por ello se puede permitir atarzanar al Congreso que tiene la
facultad natural de adelantar el trámite, pero sin tanto consejero, asesor ad
honorem y propuestas a tutiplén para llenar de arandelas una reforma que no se
ha podido lograr por los mismos vicios e intenciones que se descubrieron en
junio 2012, a
fin de atornillarse los que tienen privilegios.
Además, esta justicia colombiana no ha
funcionado porque la guerra interna y las violencias urbanas impiden que se
ejerza a cabalidad, les da temor hasta practicar cierto tipo de pruebas , en lo
rural peor, los campesinos quedan indefensos, los jueces no aparecen; porque
las reglas institucionales la entraban; por la corrupción de jueces y
amanences, por el cartel de las sentencias(la venalidad se impone en muchos
casos); por la politización de varios magistrados que también montaron sus
negocios con la selección de tutelas; y ahora enredan a la nación con
propuestas inoportunas.
Indudablemente, después de leer todos los
elementos que rodean el caso Pretel que afectó la imagen de la Corte
Constitucional, más las reacciones de los otros magistrados cuestionados, la
opinión de los abogados litigantes, los comentarios de los columnistas en la
prensa de amplia circulación, etc., queda la sensación, casi la certeza, de que
el ariete por donde penetró la corrupción a ese Tribunal fue por la tutela
contra sentencias que atañen a personas jurídicas.
Paradójicamente, la tutela, esa acción
constitucional maravillosa para proteger los derechos humanos, se comenzó a
abusar de ella al conceder las tutelas que invocan el debido proceso,
supuestamente violado a empresas, grupos económicos, sociedades, fiduciarias, etc.,
es decir a personas jurídicas,
ocultándose detrás de ello los intereses de grandes empresas que tienen la
capacidad de comprar conciencias y convertir en escribanos o plumíferos a los
magistrados, como ocurrió en varios casos que están por salir a la luz pública
por el ventilador prendido.
En esta reforma a la justicia u otra reforma
posterior, o en el reglamento interno de la Corte Constitucional que se dará a conocer el 30 de abril, se
tendrá que abordar este tema de cómo las personas jurídicas, so pretexto del
debido proceso, se han ido colando para desplazar la primacía de los derechos humanos en la
sala de selección para la posterior revisión.
Ya a la altura del sexto debate la reforma a
la justicia debe terminar y no archivarse como lo piden. Si se cometió un error
desde el comienzo, ese fue la mezcla. Porque no es una reforma a la justicia
con dedicación exclusiva, es una mezcla con la reforma político-electoral que,
confundió a muchos, inclusive a varios congresistas, e impidió el énfasis y
profundidad que necesitaba.
Después del lobby graneado que hicieron a la
altura del tercer y cuarto debate del trámite dentro del acto legislativo,
podría decirse que esta propuesta de una Constituyente limitada, fue el último
intento de frenar la reforma a la justicia que le desmantelará privilegios a
los magistrados de las Altas Cortes (como la puerta giratoria que les ha
permitido pasar a otro alto tribunal…) y exigirá más requisitos para llegar ala
magistratura. Así, quedó en claro por qué no se ha podido hacer en los últimos
23 años una reforma a la justicia que sirva: por la intimidación y el temor
mutuo, de dos ramos la judicial y el legislativo que, se” juzgan” mutuamente en
la letra constitucional, pero no se juzgan en la práctica: un empate
pernicioso. Muchos parlamentarios temen que las investigaciones contra ellos
los perjudique, prefieren ablandarse p ara ser absueltos. Esto se llama
judicialización de la política, facilitada por la corrupción desde lo público:
allanaron el camino al chantaje.
Ahora bien, la reforma no necesita decir que
se hace para el postconflicto, porque se necesitan instituciones judiciales que
funcionen desde ya y para cualquier época. Al postconflcito se va a llegar por
la vía de la justicia transicional, esta dejará en vilo a la justicia ordinaria
o tradicional porque no sirvió para desactivar la guerra. Pero luego de pactada
la paz, si se logra, vendrá el momento propicio para hacer los reajustes a la
justicia ordinaria.
Por| Alberto Ramos Garbiras.
Abogado especializado en derecho constitucional de la Universidad Libre;
Magister en ciencia política de la Universidad Javeriana.