El agrietamiento de las relaciones entre el
Procurador Ordoñez y el Presidente Santos tiene entre otros ribetes una
profunda diferencia en la visión de lo que debe ser la justicia transicional
para concluir el proceso de paz, lo mismo sucede entre otros funcionarios y en
el seno de la sociedad colombiana. Buscar la transición hacia una sociedad
equitativa, justa y convivible no significa llenar meros formalismos dentro de
un proceso de paz para lograr la desmovilización de tropas insurgentes y
anunciarle al mundo que la guerra con un grupo armado ha terminado.
Lograr la transición a otro tipo de sociedad
implica brindar las condiciones para que esa sociedad del postconflicto se de
sin la repetición de vicios y lacras que llevarían al rearme o reaparición de
actores transformados porque no encontraron las condiciones de habitabilidad ni
entornos saludables. Y al brote de nuevos inconformes o indignados.
La justicia transicional no puede ser tan
laxa y dúctil que llegue a cobijar a todos. Esto desperfilaria el carácter
político de la negociación y le restaría status a los insurrectos que hubieran
podido convertirse en beligerantes. No alcanzaron ese rango porque incumplieron el DIH, pero siguieron siendo
rebeldes y por ende actores políticos. Pretender firmar un acuerdo de paz y
acoplarse a una justicia transicional, esa es la meta. Pero esta aún sin
diseñarse y el expresidente Gaviria la está ofreciendo a todos los actores
mezclados en la guerra. De esta forma se diluiría a los actores políticos en el
conjunto de los actores comunes y organizaciones criminales, aumentando la
confusión para quienes aún no conciben la conexidad de delitos comunes con el delito político, y
volviendo más complejo el proceso normativo de la justicia transicional.
Una propuesta de punto final con amnistía
general indiscriminada como la de César Gaviria, pude atraer a todos para
firmar acuerdos apresurados de cara al fin de la guerra, pero
desnaturaliza la negociación política e imposibilita
la no repetición, no contribuye ni siquiera a la verdad convencional.
Seguramente una vez logradas las penas bajas o la eximición de castigos, y
declarada la paz, se reacomodaran para cometer otros ilícitos y mutar a otras
actividades con mascarones de proa. Entonces la negociación debe ser con
actores políticos. Los demás actores comunes pero también violentos ameritan
otro tipo de transacción judicial siempre y cuando desmantelen y denuncien a
sus convivialistas.
La Democracia colombiana por eso es
imperfecta e inconclusa. Los sucesivos conflictos armados no la han dejado
consolidarse. Unos porque exigen un derecho más justo la atacan y otros porque
delinquen desde adentro aprovechando los espacios de poder que han logrado.
Por| Alberto
Ramos Garbiras.
Profesor de
derecho internacional, universidad Libre.
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