13 abr. 2015

Amnistía General Indiscriminada

El agrietamiento de las relaciones entre el Procurador Ordoñez y el Presidente Santos tiene entre otros ribetes una profunda diferencia en la visión de lo que debe ser la justicia transicional para concluir el proceso de paz, lo mismo sucede entre otros funcionarios y en el seno de la sociedad colombiana. Buscar la transición hacia una sociedad equitativa, justa y convivible no significa llenar meros formalismos dentro de un proceso de paz para lograr la desmovilización de tropas insurgentes y anunciarle al mundo que la guerra con un grupo armado ha terminado.

Lograr la transición a otro tipo de sociedad implica brindar las condiciones para que esa sociedad del postconflicto se de sin la repetición de vicios y lacras que llevarían al rearme o reaparición de actores transformados porque no encontraron las condiciones de habitabilidad ni entornos saludables. Y al brote de nuevos inconformes o indignados.

La justicia transicional no puede ser tan laxa y dúctil que llegue a cobijar a todos. Esto desperfilaria el carácter político de la negociación y le restaría status a los insurrectos que hubieran podido convertirse en beligerantes. No alcanzaron ese rango  porque incumplieron el DIH, pero siguieron siendo rebeldes y por ende actores políticos. Pretender firmar un acuerdo de paz y acoplarse a una justicia transicional, esa es la meta. Pero esta aún sin diseñarse y el expresidente Gaviria la está ofreciendo a todos los actores mezclados en la guerra. De esta forma se diluiría a los actores políticos en el conjunto de los actores comunes y organizaciones criminales, aumentando la confusión para quienes aún no conciben la conexidad  de delitos comunes con el delito político, y volviendo más complejo el proceso normativo de la justicia transicional.

Una propuesta de punto final con amnistía general indiscriminada como la de César Gaviria, pude atraer a todos para firmar acuerdos apresurados de cara al fin de la guerra, pero desnaturaliza  la negociación política e imposibilita la no repetición, no contribuye ni siquiera a la verdad convencional. Seguramente una vez logradas las penas bajas o la eximición de castigos, y declarada la paz, se reacomodaran para cometer otros ilícitos y mutar a otras actividades con mascarones de proa. Entonces la negociación debe ser con actores políticos. Los demás actores comunes pero también violentos ameritan otro tipo de transacción judicial siempre y cuando desmantelen y denuncien a sus convivialistas.

La Democracia colombiana por eso es imperfecta e inconclusa. Los sucesivos conflictos armados no la han dejado consolidarse. Unos porque exigen un derecho más justo la atacan y otros porque delinquen desde adentro aprovechando los espacios de poder que han logrado.

Por| Alberto Ramos Garbiras.
Profesor de derecho internacional, universidad Libre.
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