El acompañamiento de los países amigos, y
sobre todo el de la ONU o el de la OEA, deberían ser efectivos, visibles y
ajustados a los métodos de solución pacífica de los conflictos(buenos oficios y
mediación, investigación, conciliación, comisión de encuesta, negociación
diplomática, arbitraje),mecanismos establecidos en estas organizaciones
internacionales, porque tanto los procedimientos de desescalamiento o de
treguas bilaterales exigen mucha veeduría con capacidad de advertir, monitorear
y frenar los despropósitos de los saboteadores.
El cese al fuego unilateral que se inició el
sábado 20 de noviembre es una muestra de voluntad para desescalar la guerra
interna. Las acciones de desescalamiento que las partes pacten, disminuirían
las muertes violentas, humanizarían el conflicto interno, crearían un clima de
“confianza” moderada, modularían los enfrentamientos encarrilándolos en las
reglas de la guerra que contempla el Derecho Internacional Humanitario (DIH),
permitiría terminar los puntos de la
agenda produciéndose menos daño bilateral, y calmarían un poco a la opinión
pública, ya exacerbada por las noticias de la guerra descarriada.
El ELN
de entrar al proceso de paz de manera formal llegaría en un momento avanzado
del diálogo con las FARC que, condujo inevitablemente a una etapa de
desescalamiento, so pena de desbarajustarse, y llegarían al final de esas
conversaciones. Les tocaría “empezar al revés”, es decir, entrar en una etapa
de desescalamiento implica adoptar la misma postura sin haber firmado ningún
tipo de acuerdos, y acoplarse a lo que la Nación está sintiendo; ello también
movería al Gobierno a replantear el criterio de dialogar bajo el fuego y
moverse hacia la tregua bilateral.
La eventual llegada del ELN exigiría también
una agenda similar en aspectos temáticos que podría evacuarse más rápido si se
acogen a lo pactado por extensión con las FARC, pudiéndose tratar los temas
nuevos o diferentes con mayor dedicación y tiempos precisos de discusión.
La celeridad para terminar el proceso con las
FARC todos la deseamos. Pero los ciclos de conversaciones se han dilatado.
Vamos en el ciclo 32 y no se ha concluido lo atinente a la reparación de las
víctimas y los aspectos que contendrá el fin del conflicto. Los subtemas de
cada uno de ellos saltan o brotan a veces sin que nadie lo haya calculado o
previsto, por la complejidad de esos temas.
Los cálculos del Ministerio de Defensa sobre
bajas en combate, en los dos últimos años (8.350 guerrilleros abatidos), como
ejercicio de muertología, alientan a la derecha guerrerista y desalientan a los
que pueden ver en ello una treta para exhibir efectividad para disminuir a la contraparte y falta de
voluntad para ceder en los cambios que requiere la construcción de una nueva
sociedad que alcance el postconflicto
para comenzar las reformas de inclusión social.
Las dos partes (Gobierno y Guerrilla), a la
altura del año 2015, no necesitan más demostraciones de fuerza y poderío para
ablandar una parte a la otra, ambos saben que tienen capacidad de ataque y
destrucción.
Dentro de la temporalidad del cese bilateral
del fuego no dejan ni entregan las armas ninguna de las partes hace dejación de
las armas, solo se abstienen de combatir, para concluir los diálogos y firmar la
paz. Mientras tanto el Gobierno a través de la Fuerza pública, las sigue usando
contra todo tipo de delincuencia no política que, subvierta el orden, y contra
quienes no están dentro del dialogo del proceso de paz. La diferencia es que
con el cese definitivo del fuego se concluyen los acuerdos del proceso de paz,
la guerrilla entrega las armas y el Gobierno después si las sigue usando en
ejercicio del monopolio de la fuerza contra quienes estén por fuera de la
normalidad alcanzada, contra otros actores armados y los delincuentes comunes.
El Presidente es el Jefe de las fuerzas
armadas, desde la norma suprema constitucional; dirige las operaciones de
guerra, planea con los mandos militares superiores, intensifica o combina
formas de ataque a través del Ministerio de Defensa, etc. Se entiende que
prioriza y calcula la conveniencia u oportunidad de esos ataques desde lo
estratégico; lo mismo sucede en la lucha contra la criminalidad común.
Entonces, si el objetivo es lograr la paz como fin supremo, así sea imperfecta,
y lo expresa el preámbulo de la Constitución, si llegado el momento es oportuno
y necesario cesar el fuego contra un actor armado para avanzar hacia la firma
de la paz, ello no es inconstitucional porque el ejercicio de la fuerza pública
sigue desplegándose contra los demás actores, políticos y comunes que, se
mueven en el territorio nacional.
Por: Alberto Ramos Garbiras.
Profesor de derecho internacional
Universidad Libre.