El territorio colombiano es rico en aguas y
biodiversidad; está atravesado por tres cordilleras, y en sus 32 departamentos,
unos costeros en dos mares por la división de un istmo, otros colindantes con
Ecuador, Brasil y Venezuela, y otros del interior, se encuentran algunos mal
conformados y delimitados porque las bioregiones y ecosistemas se cortan por
límites territoriales departamentales que dejan expósitos a ecosistemas
compartidos ante la no vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs)
que, pelotean o rebotan las responsabilidades al Departamento vecino, y no
acuden para actuar conjuntamente porque tampoco conforman el Sistema Nacional
Ambienta (SINA) para resolver.
Para solo citar dos casos recordemos la alta
contaminación del rio La Vieja y su no solución por el peloteo de
responsabilidades entre las Corporaciones Autónomas del Valle, Risaralda y el
Quindío. El otro caso es la grave alteración del territorio en las microcuencas
de los ríos Palo y Desbaratado (estos están en la jurisdicción de la CAR caucana, la CRC), ante
la tala intensiva producida por cultivos ilícitos no impedidos, y por la
minería ilegal en sitios circunvecinos, generando empalizadas y sedimentos al
rio Cauca que han dificultado la potabilización y el tratamiento de agua para
Cali.
El fenómeno del niño un cambio climático
extremo producido por el calentamiento del mar pacífico, entre Panamá y Perú,
debido entre otros factores a los vientos alisios, y en el contexto del
calentamiento global por el efecto invernadero ante el entrampamiento de los
gases en la biósfera, gases provenientes de los combustibles fósiles (petróleo,
carbón y gas), más los florurocarbonados y otros; se caracteriza este fenómeno
por los efectos crueles contra la geografía de un país: bajas lluvias, sequía,
erosión, calor intenso, sed colectiva, amenaza a la salubridad por vectores que
se expanden, fragilidad frente a la seguridad alimentaria, e incendios
frecuentes: un cuadro cuasi apocalíptico.
En julio 2014, a nivel nacional 20 de los 32
departamentos de Colombia entraron en alerta roja por los incendios rurales.
Una racha de incendios por la elevación de la temperatura, el intenso calor,
resequedad de los pastos y la vegetación. Incendios presentados entre las otras
razones, por el descuido con la manipulación de elementos inflamables, y lo
peor, aprovechamiento de inescrupulosos que con el fin de invadir para
asentarse o asentar a otros como “promotores de viviendas”, queman un área y se
expanden las llamas. Hasta tres incendios en un solo día producto de promotores
ilegales que ven los cerros de Cali como negocio para impulsar invasiones.
Durante lo corrido del año 2014 se registraron en Cali 378 incendios para un
daño de 70 hectáreas; en el mes de julio se produjeron en Cali 195 quemas, incendios que
enfrentó el Cuerpo de Bomberos. Sin contar las quemas “controladas” de caña de
azúcar practicadas por pirómanos autorizados por el Ministerio del Medio
Ambiente que, también calientan los entornos habitados.
En La Guajira mueren miles de reses y los niños
buscan agua como topos, labor que le corresponde al Estado; en la costa
aumentan los incendios forestales, en el Valle y otros departamentos, todo se
vuelve un asunto bomberil; mueren reses incontroladamente en los mismos
potreros que se abrieron desertizando inmensas aéreas que eran bosque
protectores, ante la tala no controlada por las Corporaciones Autónomas
Regionales (CARs); la seguridad alimentaria queda en alto riesgo. En el
Casanare todo Colombia vio el cuadro dantesco con la muerte de chigüiros y
reses por el agotamiento de las aguas que hacen las petroleras con el método
del fracking y por la devastación en el páramos del Cocuy; en el Valle del
Cauca pasados 13 años de la advertencia la CVC no recuperó los humedales, ni la
faja lateral de los ríos, ni ordenaron con planes de manejo las cuencas
hidrográficas. Había que detener la pérdida de la biodiversidad en el Valle del
Cauca, particularmente en su zona plana, teniendo como eje articulador al río
Cauca, recuperar la dinámica hidrológica
de sus madres viejas y humedales, construyendo un entramado verde y azul que
permita crear una continuidad territorial los cuales serán obligatorios,
Obligación de la Corporación CVC, en cumplimiento del mandato constitucional
(C.P. Art 58) el cual establece que la propiedad es una función social que
implica obligaciones y como tal, le es inherente una función
ecológica.
Enfrentar el cambio climático por el
calentamiento global exige medidas constantes, aplicación de políticas públicas
desde la cúpula de cada gobierno y concurrencia de acciones(impedir la tala de
bosques naturales, incrementar la arborización urbana, conservar los páramos,
no dejar avanzar la minería ilegal, recuperar los humedales, buscar energías
alternativas no contaminantes, disminuir la carbonización del aire, ampliar la
movilidad urbana con transporte masivo,…); concurrencia de todas las
autoridades ambientales para hacer más efectivas las soluciones; hacer SINA
como se instruyó desde Río de Janeiro en 1992, además, cumplir con el otro gran
sistema nacional: el de riesgos que establece la Ley 1523 del año 2012. Y
realizar una planeación sobre el territorio concatenando los diferentes planes
de desarrollo con sus componentes ambientales. Esto evita la Improvidencia y la
improvisación. Hace a los funcionarios de Planeación de todos los entes
territoriales, más responsables.
El derecho ambiental interno o derecho
ambiental colombiano deviene del derecho ambiental internacional, a través de
las cumbres mundiales organizadas por la ONU desde 1972 hasta el año 2014
(Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo, Kyoto, Montreal, Poznan, Copenhague,
Bali, Río más 20, Cancún y otras); los pactos y declaraciones se convirtieron
en tratados internacionales como fuente del derecho, y estos se convirtieron en
leyes(y estas dan paso a decretos y resoluciones), fuente del derecho interno.
Las leyes ambientales son para cumplir los tratados internacionales y para
hacer respetar la naturaleza. Las autoridades ambientales no las hacen cumplir,
La Procuraduría y las personerías municipales no vigilan, gran parte de los
ciudadanos no tienen conducta bioética. Entonces todo se desploma y altera. Ese
es el caso con la tala de seis millones
de hectáreas de bosques destruidas en los últimos 20 años, un promedio
310.400 hectáreas al año, solo en los últimos tres años ha bajado a 295.000
hectáreas al año; el 40% de la selva del Chocó ya fue deforestada; de esta
manera en nada contribuimos a sostener los sumideros de carbono; y lo que está
ocurriendo con la minería ilegal es aterrador. Más la corrupción y la rapiña protagonizada en el interior de
las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs).
Desde el Ministerio del Medio Ambiente se
debe poner orden en las Corporaciones Autónomas Regionales, por ejemplo, no
enviar delegados complacientes o intonsos a los consejos directivos, actuar de
la mano con el delegado presidencial en cada Corporación, hacer bloque
gubernamental con el Gobernador de cada Departamento o su delegado a fin de
evitar que los intereses económicos de empresarios con monocultivos o enclaves
económicos en el Departamento respectivo, no estanquen o frenen la política
ambiental nacional. Y lo más importante, avanzar hacia la especialización en
temas sobre el calentamiento global, porque en las CARs las cúpulas directivas,
no estudian, no se actualizan y no conocen los lineamientos e instrucciones del
panel de cambio climático de la ONU, impartidas por científicos que trabajan en
el contexto de la Convención Marco creado desde 1994 que, terminaran sus
aportes de esta gran fase, en el año 2015. Si respetaran esos lineamientos
Colombia estaría preparada para los fenómenos de la niña o del niño, en los
cambios extremos. A finales del 2010 medio país se inundó por la “Niña” y el
Presidente Santos lo recibieron para el primer gobierno las inundaciones, se
indignó cuando entendió la responsabilidad que le cabía a las CARs; pero y ante
el verano intenso del 2014 con el niño
ad portas, la sequía y los incendios desbordarán a las autoridades ambientales,
y varios desastre lo recibirán para su segundo gobierno, teniendo la raíz del
problema una explicación, la Improvidencia de las CARs.
Por: Alberto Ramos Garbiras
Ex Procurador Ambiental del Valle
Profesor de derecho ambiental, Universidad Libre