Lo polémico y
proceloso será establecer los procedimientos sobre la forma de llevar a
cabo y satisfacer los derechos de las víctimas. Con lo acordado parcialmente en
la Habana estamos viendo un primer paso para tener en la cuenta a las víctimas
de cara a la reparación, para asumir “responsabilidades”, y dentro de lo
razonable de una desmovilización que se pretende, de manera subsiguiente poder
aplicar un tipo de justicia que le de claridad al proceso de paz.
No todas las víctimas
podrán reclamar directamente a los delegados de las partes en la mesa de
negociación del proceso de paz; pero los voceros e las agrupaciones de víctimas
si deberán tener unos espacios de exposición de motivos, mostrar pruebas, dar
razones y argumentos probatorios que conduzcan al diseño de los procedimientos
de indemnización y reparación. Los voceros de las víctimas aportaran los
listados con nombres, fechas, sitios de los hechos, georreferenciación
geográfica, etc., para determinar a las víctimas y su entorno.
Sería una
especulación hablar de la terminación del conflicto sin tener claridad sobre
los procedimientos para reparar a las víctimas. No se puede hablar
seriamente de la etapa de posconflicto para reconstruir la sociedad sin fijar
las bases del reconocimiento de responsabilidades de las partes combatientes, las
fórmulas de las indemnizaciones, la deliberación para el esclarecimiento de la
verdad (causas, origen, efectos…), la protección de los familiares y víctimas
supérstites, las garantías de no repetición, etc.
El tema de las
víctimas es de una dimensión incalculable, hasta dónde puede llegar? Se trata
de un reconocimiento bilateral de responsabilidad de los contendientes, dos
ejércitos, el institucional (la Fuerza Pública), y el irregular o subversivo
que por excesos han causad daño a los civiles no combatientes: Daños directos o
colaterales. El boquete que las reclamaciones y los procedimientos
indemnizatorios pueden abrir es incalculable. Pero es la única forma de fijar
responsabilidades y enfrentar la realidad por los devastadores efectos que el
conflicto interno ha dejado. Encontrar una fórmula de reparación debe ser una
tarea conjunta, ya existen fórmulas aplicables de otros procesos de paz en
diferentes países con mecanismos de conciliación. Hay que darle el rostro a las
víctimas para sortear las reclamaciones, “sanear heridas”, pedir perdón e
indemnizar, aunque la mayoría son daños irreparables. Una comisión de la
verdad es una especie de Tribunal de explicaciones, expiaciones y exculpaciones
que, allana el campo para la confección de la justicia transicional a fin de
formalizar el inicio del posconflicto. Una comisión de la verdad esclarece
causas, circunstancias identifica responsables, pero no entra en detalles de
cada caso. Ni la justicia ordinaria lo logra siempre, dependiendo delas
características de la situación criminal. De allí se desprenderá la
construcción de paz en las regiones, y sirve para afianzar el proceso de
restitución de tierras (Ley 1448 de 2011).
La voluntad mostrada
por las partes para incorporar el punto de las víctimas con un marco general le
da más cuerpo al proceso de paz de La Habana y lo hace ver más posible, a
pesar de lo espinoso y complejo por las presiones que se presentaran, ataques,
saboteos, descalificaciones y críticas burlonas. Incorporar las víctimas de un
conflicto inacabado conforma la plataforma de la justicia transicional porque
todos los afectados hasta ahora no han podido reclamar justicia debido a que la
justicia ordinaria no funciona cabalmente dentro de un conflicto interno, si
operara los guerrilleros actores de las bajas civiles estarían presos, y los
militares, violadores de los derechos humanos, también. Esta frase explica la
necesidad de una justicia especial de excepción, ya que la justicia común u
ordinaria ha sido burlada por la guerra interna o maniatado el ordenamiento
jurídico, los derechos humanos transgredidos y el Derecho internacional
Humanitario, irrespetada.
La selección de unos
casos relevantes, o una muestra significativa de casos que sirva para
profundizar, permitirá sanciones ejemplares así sean laxas (una contradicción
propia de la justicia transicional), o sanciones modélicas y para darle
presentación aceptable a esta justicia de excepción. No se puede esperar una
investigación minuciosa en una comisión de la verdad porque
no corresponde a un aparato de justicia formal con estructuras, de comportarse
así nunca terminarían o concluirían las investigaciones, y por ende no se
lograría obtener los parámetros de reparación, ni se terminaría el proceso,
ni la reconciliación, ni empezaría la etapa del posconflicto, ni se obtendría
la paz. Lo que si debe quedar expreso es la petición del perdón.
Entonces si se
observa la voluntad para continuar el proceso porque tanto la cúpula del
Gobierno como la cúpula guerrillera se exponen a reclamaciones de crímenes, que
en algunos casos no han cometido directamente porque se dieron en otros
gobiernos, desde el punto de vista Estatal; o por otros comandantes de frentes
guerrilleros, sobre los cuales algunos comandantes de hoy, individualmente
considerados, no tenían mando u orientación directa, desde el punto de vista
del grueso de la insurgencia. Pero allá en La Habana están sentados los
delegados de ambos lados. También se visualiza más la aproximación hacia la
firma de la paz porque se vincula a los representantes de las víctimas a la
mesa de negociación.
Lograr la paz
significa que funcione la justicia tradicional y se acabe la impunidad que
dentro de la guerra interna funciona en doble vía: 1) la impunidad producida
por los enfrentamientos y el fuego cruzado, porque la justicia no opera y no
alcanza a ruralizarse, los mismos investigadores no acuden al recaudo de
pruebas por miedo a una retaliación. 2) la impunidad que resulta de los delitos
no investigados y empolvados en anaqueles producto de tantos delitos comunes,
organizaciones criminales y de otras violencias, porque la justicia vive
alterada por la misma existencia de la guerra y de las violencias cruzadas que los
amenazan. Entonces, conquistar la paz es también conquistar la justicia.
Por: Alberto Ramos Garbiras
Profesor de ciencia política en la Universidad
Libre.
Imagen, tomada de redes sociales