El potencial electoral está en 32.975.000
ciudadanos y solo votaron 13.200.000 en la primera vuelta electoral del 2014, o
sea un 60% de abstención. Esta cifra mueve a la reflexión inmediata, preocupa,
inquieta y deja ver muchas imperfecciones subsistentes en la democracia colombiana. La abstención
durante décadas no ha disminuido fluctuando entre un 48% y un 54% entre los
años 1990-2010, pero esta subida del 6% más debe ser objeto de evaluación
porque si no hay atracción para votar pese a los incentivos actuales del
certificado electoral, ello significa: A) se necesita otra reforma de los
partidos políticos, B) más reformas al sistema electoral, C) aumentó el
cansancio con la clase política y se requiere un relevo, D) no hay propuestas
para políticas públicas atractivas… pero todo ello se ha intentado en los
últimos 23 años.
La educación cívica y la instrucción escolar
sobre el funcionamiento de las instituciones que conforman el Estado hay que
implementarla gradualmente desde la etapa escolar, fortalecerla en bachillerato
y continuarla con la cátedra de la Constitución que está prevista en el
artículo 41 para la enseñanza universitaria. El ciudadano se hace a los 18
años, es decir se forma durante el paso de la primaria y la secundaria. Y
existe el vacío de la enseñanza cívico institucional. Uno observa como en el
primer año de los estudios de la carrera del derecho los alumnos llegan con
lagunas temáticas inmensas. Entonces, no estamos formando a los ciudadanos.
El voto obligatorio suena a drasticidad y castigo,
pero en la práctica no es obligatorio porque el ciudadano deba concurrir a la
urna pero no está obligado a votar por alguien, puede votar en blanco. Lo
importancia de la concurrencia a los puestos electorales es darle más
legitimidad a la escogencia porque tendrán una relación directa con el tarjetón
y pueden ver las opciones que se presentan con candidatos de diferentes
partidos y movimientos políticos. Con los abstencionistas no se sabe siquiera
si estaban informados, si obtuvieron información sobre los programas de gobierno, o la buscaron; si
leyeron sobre la jornada electoral o no hubo suficiente difusión; si son
analfabetas y no existen canales de proselitismo para ellos. En cambio con los
votantes en blanco (los blanquistas), al menos se deduce que estaban informados
y llegaron a rechazar a todos los candidatos.
El voto obligatorio desbordaría el manejo que
hacen las cúpulas de los partidos políticos y acabaría de ipso facto con la
mayoría de las maniobras clientelistas. Con el voto obligatorio aprobado el
número de votantes que llegaría a las urnas acabaría con los cálculos de los
jefes de los partidos políticos y con sus feudos o parcelas electorales que ya
no serían suficientes para salir elegidos porque dentro de las otras opciones,
los votantes no amarrados ni comprados escogerían más libremente y se
oxigenaría la democracia, surgirían nuevos liderazgos y podría haber más
pluripartidismo.
Con la aprobación del voto obligatorio podría
ocurrir que se configurara de verdad en Colombia el Estado-Pluricultural porque
los movimientos indígenas, de afrodescendientes, el campesinado, los
movimientos sociales coaligados, con candidatos capacitados y opcionados
tendrían la oportunidad de ser competitivos sin invertir millonarios capitales
en logística electoral, por ende elegidos, y podrían gobernar o cogobernar en
municipios y departamentos, como ocurrió de manera excepcional con Floro
Tunubalá en el Cauca. O hacia la
presidencia como ocurrió con Evo Morales en Bolivia, y en Perú con
Ollanta Humala y Alejandro Toledo, otra cosa es que no hayan sido consecuentes
con su clase social. El voto obligatorio destronaría al monoculturalismo
atávico, donde los presidentes son blancos o criollos de las castas
oligárquicas o profesionales de la clase media, cooptados por empresarios y
burgueses.
Es un drama para la democracia colombiana ver
cómo de las elecciones cada cuatro años se reafirma la clase dirigente, o salen
otros liderazgos hereditarios, las mismas familias enmarañadas en el
clientelismo; salen de esas elecciones los mandatarios y los legisladores, sin
que participe toda la ciudadanía que es parte esencial de la nación porque
funda y refunda el Estado y sus entes territoriales cambiando a los gobiernos
con solo la mitad de los votantes, un 85% de ellos amarrados por los partidos
tradicionales y las formaciones de armadura, es decir los militantes de base y
los favorecidos del clientelismo. Al no concurrir la totalidad de los votantes,
así, la otra mitad no decide ni participa. De otro lado, los votantes de
opinión, libres de esas ataduras por su situación económica al ejercer
profesiones o el comercio con denuedo, deliberan pero no logran cambiar el
statu quo que mantienen los partidos tradicionales transmutados con clientelas
recicladas y nuevas promesas populistas de derecha.
Por: Alberto Ramos Garbiras.
Profesor de ciencia política, Universidad Libre.