9 jun. 2014

El Voto obligatorio

El potencial electoral está en 32.975.000 ciudadanos y solo votaron 13.200.000 en la primera vuelta electoral del 2014, o sea un 60% de abstención. Esta cifra mueve a la reflexión inmediata, preocupa, inquieta y deja ver muchas imperfecciones subsistentes en  la democracia colombiana. La abstención durante décadas no ha disminuido fluctuando entre un 48% y un 54% entre los años 1990-2010, pero esta subida del 6% más debe ser objeto de evaluación porque si no hay atracción para votar pese a los incentivos actuales del certificado electoral, ello significa: A) se necesita otra reforma de los partidos políticos, B) más reformas al sistema electoral, C) aumentó el cansancio con la clase política y se requiere un relevo, D) no hay propuestas para políticas públicas atractivas… pero todo ello se ha intentado en los últimos 23 años.

La educación cívica y la instrucción escolar sobre el funcionamiento de las instituciones que conforman el Estado hay que implementarla gradualmente desde la etapa escolar, fortalecerla en bachillerato y continuarla con la cátedra de la Constitución que está prevista en el artículo 41 para la enseñanza universitaria. El ciudadano se hace a los 18 años, es decir se forma durante el paso de la primaria y la secundaria. Y existe el vacío de la enseñanza cívico institucional. Uno observa como en el primer año de los estudios de la carrera del derecho los alumnos llegan con lagunas temáticas inmensas. Entonces, no estamos formando a los ciudadanos.

El voto obligatorio suena a drasticidad y castigo, pero en la práctica no es obligatorio porque el ciudadano deba concurrir a la urna pero no está obligado a votar por alguien, puede votar en blanco. Lo importancia de la concurrencia a los puestos electorales es darle más legitimidad a la escogencia porque tendrán una relación directa con el tarjetón y pueden ver las opciones que se presentan con candidatos de diferentes partidos y movimientos políticos. Con los abstencionistas no se sabe siquiera si estaban informados, si obtuvieron información sobre los  programas de gobierno, o la buscaron; si leyeron sobre la jornada electoral o no hubo suficiente difusión; si son analfabetas y no existen canales de proselitismo para ellos. En cambio con los votantes en blanco (los blanquistas), al menos se deduce que estaban informados y llegaron a rechazar a todos los candidatos.

El voto obligatorio desbordaría el manejo que hacen las cúpulas de los partidos políticos y acabaría de ipso facto con la mayoría de las maniobras clientelistas. Con el voto obligatorio aprobado el número de votantes que llegaría a las urnas acabaría con los cálculos de los jefes de los partidos políticos y con sus feudos o parcelas electorales que ya no serían suficientes para salir elegidos porque dentro de las otras opciones, los votantes no amarrados ni comprados escogerían más libremente y se oxigenaría la democracia, surgirían nuevos liderazgos y podría haber más pluripartidismo.

Con la aprobación del voto obligatorio podría ocurrir que se configurara de verdad en Colombia el Estado-Pluricultural porque los movimientos indígenas, de afrodescendientes, el campesinado, los movimientos sociales coaligados, con candidatos capacitados y opcionados tendrían la oportunidad de ser competitivos sin invertir millonarios capitales en logística electoral, por ende elegidos, y podrían gobernar o cogobernar en municipios y departamentos, como ocurrió de manera excepcional con Floro Tunubalá en el Cauca. O hacia la  presidencia como ocurrió con Evo Morales en Bolivia, y en Perú con Ollanta Humala y Alejandro Toledo, otra cosa es que no hayan sido consecuentes con su clase social. El voto obligatorio destronaría al monoculturalismo atávico, donde los presidentes son blancos o criollos de las castas oligárquicas o profesionales de la clase media, cooptados por empresarios y burgueses.

Es un drama para la democracia colombiana ver cómo de las elecciones cada cuatro años se reafirma la clase dirigente, o salen otros liderazgos hereditarios, las mismas familias enmarañadas en el clientelismo; salen de esas elecciones los mandatarios y los legisladores, sin que participe toda la ciudadanía que es parte esencial de la nación porque funda y refunda el Estado y sus entes territoriales cambiando a los gobiernos con solo la mitad de los votantes, un 85% de ellos amarrados por los partidos tradicionales y las formaciones de armadura, es decir los militantes de base y los favorecidos del clientelismo. Al no concurrir la totalidad de los votantes, así, la otra mitad no decide ni participa. De otro lado, los votantes de opinión, libres de esas ataduras por su situación económica al ejercer profesiones o el comercio con denuedo, deliberan pero no logran cambiar el statu quo que mantienen los partidos tradicionales transmutados con clientelas recicladas y nuevas promesas populistas de derecha.

Por: Alberto Ramos Garbiras.
Profesor de ciencia política, Universidad Libre.