6 may. 2014

Casanare: Sequía, imprevisión y corrupción

Mil ochocientos (1.800) habitantes en Yopal, Departamento de Casanare, Colombia, han permanecido tres años  sin agua, distribuida domiciliariamente en carrotanques, porque el acueducto se dañó en el invierno del año 2011. Y la alcaldesa de la época, Fernanda Salcedo, n pudo colocar en marcha la solución inicial con aguas subterráneas, ni su sucesor Wilman Celemín, actuó bien para planificar la solución de reparación, fracasando en la construcción de una planta modular de tratamiento de aguas, porque subcontrataron una empresa que plagió los diseños de los tanques e floculación, decantación y filtración del agua, con deficiencias en el proceso de construcción. La mala calidad del agua hizo que la población presentara quejas por enfermedades diarreicas agudas. Las prueba físico-químicas evidenciaron presencia de virus entéricos y e trihalometanos. Ante la inconformidad general, el ministro de vivienda presentó  ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra el Alcalde, por los indicios de corrupción en la contratación de la obra.

La sequía que azotó el Departamento de Casanare (Colombia) es una muestra catastrófica de la imprevisión, la desidia y la corrupción. CORPORINOQUIA pareciera que fuera insuficiente para atender a los entes territoriales que le corresponden (Arauca, Casanare y Vichada); pero es la falta de planeación sobre el territorio y la ausencia de planeación para proteger los ecosistemas. En el municipio de Paz de Ariporo el desorden ambiental se entronizó; dejaron potrerizar inmensas hectáreas dándole prelación a la ganadería extensiva (que desertiza) en detrimento de los bosques naturales; descuidaron las cuencas hidrográficas; dejaron privatizar sin monitorear las aguas subterráneas con jagüeyes; aumentaron los cultivos de arroz y abusaron del agua en el riego de ese monocultivo; desviaron el río Ariporo para extraer material de arrastre deformando su morfología; los incendios forestales en solo cuatro meses con casi 600 episodios afectaron 20.000 hectáreas; desecaron los humedales y privilegiaron la explotación del petróleo desestabilizando los caudales y las reservas de agua. Es decir, primero los planes de los extractores del subsuelo y luego los planes de la región, golpeando la seguridad alimentaria.

Si bien es cierto que el cambio climático afecta en toda la zona, no es la excusa contundente para eximir las tareas de adaptación que deben realizar las autoridades ambientales para evitar situaciones extremas. En el Casanare están los campos de explotación de Cusiana y Cupiagua; existen 12 empresas petroleras en actividades paralelas, y solo en el año 2012, cuatro licencias de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), fueron expedidas para explotar proyectos petroleros en Paz de Ariporo, las licencias las firmó Luz Helena Sarmiento, Directora de la ANLA, hoy Ministra del Medo Ambiente: sacaron mucho petróleo, pero succionaron todo el agua. Y vimos las imágenes apocalípticas. Solo ganaron los chulos o gallinazos que se dieron un banquete masivo con chigüiros y reses.

Desde las oficinas de Gestión de Riesgos de las Gobernaciones se atienden las emergencias y deben ajustar la política pública de riesgos a nivel departamental; entonces para impulsar los procesos que permitan la terminación de los Planes de Ordenamiento de las cuencas hidrográficas (POMCH), tarea que las Corporaciones ha demorado 10 años, sin concluir los planes  sobre las cuencas , se pueden orientar las acciones preventivas y acciones correctivas se pueden evitar los derrumbes, los deslaves o desbarrancamientos, esta es la  principal medida para garantizar la adaptación al cambio climático: Concluyendo los planes de ordenamiento.

El artículo 31 de la Ley 1523 del año 2012 contempla en cuatro parágrafos cuales son las funciones, el papel y las obligaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales(CAR) respecto a la política pública de gestión del riesgo y prevención de desastres, porque las CARs hacen parte del sistema nacional de gestión del riesgo, y tienen obligaciones, entre otras: el apoyo que deben brindar para la sostenibilidad ambiental del territorio, la articulación de las acciones para avanzar en la adaptación al cambio climático, tareas de gestión para evitar desastres en el territorio; son corresponsables en la implementación de procesos de gestión del riesgo, entre otros. Allí se ve que Corporinoquia se durmió. Entonces el problema se explica por el clientelismo que anida en las Corporaciones Autónomas y el parasitismo burocrático, no resuelven los problemas ambientales de cada Departamento. Las inversiones no se ven en ese sentido.

Por: Alberto Ramos Garbiras.
Profesor de derecho ambiental, Universidad Libre.