La sequía que azotó el Departamento de
Casanare (Colombia) es una muestra catastrófica de la imprevisión, la desidia y
la corrupción. CORPORINOQUIA pareciera que fuera insuficiente para atender a
los entes territoriales que le corresponden (Arauca, Casanare y Vichada); pero
es la falta de planeación sobre el territorio y la ausencia de planeación para
proteger los ecosistemas. En el municipio de Paz de Ariporo el desorden
ambiental se entronizó; dejaron potrerizar inmensas hectáreas dándole prelación
a la ganadería extensiva (que desertiza) en detrimento de los bosques
naturales; descuidaron las cuencas hidrográficas; dejaron privatizar sin
monitorear las aguas subterráneas con jagüeyes; aumentaron los cultivos de
arroz y abusaron del agua en el riego de ese monocultivo; desviaron el río
Ariporo para extraer material de arrastre deformando su morfología; los
incendios forestales en solo cuatro meses con casi 600 episodios afectaron
20.000 hectáreas; desecaron los humedales y privilegiaron la explotación del
petróleo desestabilizando los caudales y las reservas de agua. Es decir,
primero los planes de los extractores del subsuelo y luego los planes de la
región, golpeando la seguridad alimentaria.
Si bien es cierto que el cambio climático
afecta en toda la zona, no es la excusa contundente para eximir las tareas de
adaptación que deben realizar las autoridades ambientales para evitar
situaciones extremas. En el Casanare están los campos de explotación de Cusiana
y Cupiagua; existen 12 empresas petroleras en actividades paralelas, y solo en
el año 2012, cuatro licencias de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales), fueron expedidas para explotar proyectos petroleros en Paz de
Ariporo, las licencias las firmó Luz Helena Sarmiento, Directora de la ANLA,
hoy Ministra del Medo Ambiente: sacaron mucho petróleo, pero succionaron todo
el agua. Y vimos las imágenes apocalípticas. Solo ganaron los chulos o
gallinazos que se dieron un banquete masivo con chigüiros y reses.
Desde las oficinas de Gestión de Riesgos de
las Gobernaciones se atienden las emergencias y deben ajustar la política
pública de riesgos a nivel departamental; entonces para impulsar los procesos
que permitan la terminación de los Planes de Ordenamiento de las cuencas
hidrográficas (POMCH), tarea que las Corporaciones ha demorado 10 años, sin
concluir los planes sobre las cuencas ,
se pueden orientar las acciones preventivas y acciones correctivas se pueden
evitar los derrumbes, los deslaves o desbarrancamientos, esta es la principal medida para garantizar la
adaptación al cambio climático: Concluyendo los planes de ordenamiento.
El artículo 31 de la Ley 1523 del año 2012
contempla en cuatro parágrafos cuales son las funciones, el papel y las
obligaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales(CAR) respecto a la
política pública de gestión del riesgo y prevención de desastres, porque las
CARs hacen parte del sistema nacional de gestión del riesgo, y tienen
obligaciones, entre otras: el apoyo que deben brindar para la sostenibilidad
ambiental del territorio, la articulación de las acciones para avanzar en la
adaptación al cambio climático, tareas de gestión para evitar desastres en el
territorio; son corresponsables en la implementación de procesos de gestión del
riesgo, entre otros. Allí se ve que Corporinoquia se durmió. Entonces el
problema se explica por el clientelismo que anida en las Corporaciones
Autónomas y el parasitismo burocrático, no resuelven los problemas ambientales
de cada Departamento. Las inversiones no se ven en ese sentido.
Por: Alberto Ramos Garbiras.
Profesor de derecho ambiental, Universidad Libre.