La violencia urbana
no se acabara porque la paz no se firma con organizaciones criminales con las
cuales no se puede interlocutar. Por esa razón, ni con los paramilitares, las
Bacrim, las mafias y otros actores armados desideologizados han sido llamados a
este proceso de paz, ni podrá hacerse.
De esta manera la etapa
del postconflicto no será idílica ni calmada. En las grandes ciudades seguirá
aplicándose la Ley de seguridad ciudadana que, además es insuficiente. El caos
extendido que impide la convivencia ciudadana no disminuirá porque la
guerrilla de las FARC no lo produce, está guerrilla afecta sectores rurales y a
cientos de poblados pequeños. La violencia urbana tiene que ver con la
delincuencia común dispersa, múltiples pandillas, bandas, de delincuentes
comunes atomizados, vendettas entre minicarteles, hurtos famélicos y de
rebusque, y esto seguirá a causa de la prohibición de la producción de cocaína.
Hay que trabajar por
el postconflicto pero no ilusionarse con él. Solo habrá paz total cuando se
logre el estado del bienestar o al menos el reconocimiento de los derechos
sociales, culturales y económicos; cuando funcionen bien los derechos humanos y
sean respetados y cuando no se vulneren los derechos colectivos. Es decir
cuando opere la carta de derechos que está establecida en la Constitución.
Hasta ahora el Estado social de derecho ha sido un enunciado constitucional,
pero el cumplimiento recortado, por las políticas públicas de los gobierno
neoliberales.
Los cincuenta años de
duración de la guerra interna con las FARC están marcados por múltiples violencias
dentro de la sociedad que no tienen que ver con la violencia política, pero que
su solución, si encarnaría una decisión política o voluntad política que no han
expresado los presidentes sucesivos porque no han hecho reformas de fondo para
disminuir al menos las inequidades sociales. Paralelamente Colombia ha vivido
varias infraguerras dentro de la guerra: la guerra de los esmeralderos, la de
los marimberos, la de los mafiosos de la coca, la guerra paramilitar insuflada
por los terratenientes y los dueños de enclaves económicos, la disputa por la
minería del oro, etc. Y en las ciudades múltiples formas de violencia desatadas
por los que no tienen como sobrevivir con dignidad o por los que teniendo como
hacerlo, deciden acumular más y seguir adelante con las ilicitudes. Esto
aumenta el cuadro del orden y la violencia del que hablaba Daniel Pecaut, sin
que aún se tomen decisiones de raíz como debatir con seriedad la legalización
de las hierbas que matan, no por su naturaleza biológica sino por su prohibición
que les daña la calidad y acelera la búsqueda del enriquecimiento.
Por: Alberto Ramos
Garbiras
Profesor de ciencia política, Universidad
Libre.