El artículo 323 de la Constitución es a la
vez una especie de contrapeso para evitar un exceso de otro poder, y se puede
ver como una especie atípica de segunda
instancia: son dos poderes constituidos (Procuraduría y Presidencia, cabeza de
la rama ejecutiva), correlacionándose en una decisión trascendental para
determinar la situación de otro poder
constituido (El Alcalde mayor). Ese artículo 323 al ser una clase de sanción o
aval a la decisión del órgano de control, conlleva un control constitucional
sobre la Procuraduría que al ser un órgano supragubernamental pero estatal podría enmarcarse o caer en la
infalibilidad, y con esas ínfulas y esa creencia de no estar vigilado, respaldado
y aupado por los inmensos poderes, puede desembocar en actos de
desinstitucionalización.
Ahora, si el Presidente tiene esa
facultad es conveniente aplicarla
contextualizándola con los hechos y acciones coetáneas, es decir lo que está
ocurriendo. El presidente de la República también es un operador jurídico, y al
entrar a hacer uso de la facultad otorgada por el artículo 323 de la
Constitución, puede aplicar el método de interpretación conocido como
consecuencialismo, valorando las
consecuencias que se desprenden de la medida para poder ponderar lo que va a
ocurrir.
El choque de criterios jurídicos entre la
Fiscalía y la Procuraduría puede favorecer a Gustavo Petro, como se abrió una
investigación por la extralimitación de funciones, esto faculta a la Fiscalía para dictar una suspensión de la
medida de destitución mientras se resuelve esta investigación.
Por: Alberto Ramos Garbiras. Magister ciencia
política, universidad Javeriana; Profesor de ciencia política, Universidad
Libre.