En estas
circunstancias un cese al fuego bilateral es
la única forma creíble de preacuerdo y muestra de voluntad indeclinable,
y manera de blindarse ante suspicacias y saboteadores. La fuerza pública
seguiría actuando contra todos los grupos armados por fuera de los procesos de
paz, insurgentes o no insurgentes. Seguir conversando en medio del fuego
cruzado es una necedad que facilita el saboteo del proceso y la profundización
del conflicto interno. Hay que aprovechar las ventajas: conversar en el
exterior, no haber despejado un territorio, tener todavía una opinión
expectante, etc. Pero la falta de discreción en las declaraciones de las
partes, y la falta de un más mesurado comportamiento de los medios de
comunicación para evitar el alarmismo, están ayudando a enrarecer el proceso.
Las
conversaciones en La Habana se han convertido en un forcejeo temático para imponer las concepciones ideológicas y lograr los
propósitos sobre los puntos discutidos. Hasta en los diálogos interpersonales
se dan estas pretensiones, de lado y lado; pero desfasarce del tiempo útil, ese
es el error. La táctica de dilatar la negociación no le sirve en esta ocasión a las FARC porque el
margen de maniobra que le queda al Presidente Santos es estrecho. Está
torpedeado por otro Santos y por los enemigos de la paz. Burlarse de J.M.
Santos es perjudicarse ellos mismos que, serán compelidos a continuar en la
guerra interna, abriéndole la posibilidad de triunfo lectoral a un candidato adverso a la paz política o
negociada.
La realidad
política y jurídica obra hoy, dentro de esta coyuntura en una triple vía.
Primero, el Gobierno nacional está apurado para obtener un resultado so pena de
ver galopar a los contrincantes despedazando el proceso de paz, ante la
inminencia del calendario electoral. Segundo, no se puede prescindir de algún
tipo de justicia, ni salirse de las mínimas obligaciones internacionales. La
táctica de las FARC al pretender en retrospectiva un juicio de
responsabilidades por las causas del conflicto colombiano llevaría un tiempo
que sobrepasa la realidad de esta coyuntura, se surtiría en muchos meses,
cuando ya el proceso lograrían
enterrarlo otros. Tercero, El Gobierno de Santos, no solo ha buscado la
paz en escala para los colombianos. Ha
tratado de logar la recomposición de las relaciones con los países vecinos
porque la guerrilla sigue siendo un factor perturbador en la vida fronteriza, y no deja de tener
afinidad ideológica con Venezuela y Ecuador dentro del proyecto Bolivariano.
Entonces, no lograr un acuerdo de paz es retroceder en materia de política
exterior al año 2002.
Lo que el
gobierno del Presidente Santos no ha querido es dejar desbordar los temas de la
agenda para que lleguen a un escenario como el de la Constituyente, donde otros
partícipes promoverían contrarreformas, desbaratarían y sabotearían lo pactado.
Tanto la Constituyente como el Referendo, dos mecanismos de reforma
constitucional permitirían incluir lo acordado en La Habana, como mecanismo de
refrendación. Pero la vía de una Asamblea Constituyente, por las exigencias para su conformación,
facilitaría que los elegidos cambien lo pactado y aquí se iniciaría otro
proceso que podría alterar o desplomar lo acordado.
Una propuesta
audaz para resolver el tema de la
participación política de cara a las elecciones del año 2014, que además,
contribuya a la declaratoria del cese bilateral del fuego, sería incluir dentro
del referendo constitucional, el mismo día de las elecciones para Presidente de
la República en mayo 2014, la pregunta reformatoria sobre el cupo de senadores
para las FARC, cupo de circunscripción especial antes de que se conviertan en
partido político y puedan participar en las elecciones posteriores. Así
continuarían los diálogos y acelerarían la agenda temática para que en mayo
pueda realizarse el referendo constitucional por la paz como acuerdo final para la terminación
del conflicto que, reafirme lo aprobado por los delegados de ambas partes.
Por: Alberto Ramos Garbiras
Profesor de ciencia política y derecho internacional,
Universidad Libre; Magister en ciencia política, universidad Javeriana.