(Columna de un colega)
Después de un tortuoso proceso plagado de errores la fiscalía general de la nación tomó la decisión de revocar la medida de aseguramiento en contra de Sigifredo López. Este caso debe hacer reflexionar al país en torno a un tema tan importante como la justicia. No abordaremos la presunción de inocencia en Colombia, por que aquí dicha presunción esta casi extinguida. Muchos en nuestra sociedad tienen como deporte el señalamiento cruel que emana de una simpleza ramplona que desconoce el derecho al buen nombre, además de ser vencido en juicio.
El caso de Sigifredo deja ver lo inmisericorde de alguna parte de la sociedad colombiana, en mi caso, me era imposible pensar que un ser humano fuera capaz de padecer un secuestro con todo lo que ello implica, con el fin de llevar a cabo un plan para secuestrar a sus propios compañeros. Este caso puso de manifiesto el grave estado de la justicia en Colombia, urge una reforma en la política de Estado en temas de justicia, no una como la presentada en la anterior legislatura que aseguraba privilegios para los legisladores y altos funcionarios del Estado actualmente investigados, además, hay que decirlo, beneficiaba a los Magistrados de las altas cortes.
Nuestra justicia necesita como primer punto, recursos. En el caso de Cali, los juzgados están desperdigados por toda la ciudad, es un verdadero viacrucis para los litigantes el desplazamiento de un juzgado a otro. Es urgente que la ciudad tenga de nuevo el Palacio de Justicia. La competencia entre las cortes puede resultar importante, pero sin lugar a dudas, nuestra justicia requiere más que el mero deslinde entre las competencias de uno y otro. Con esto, no quiero decir que la doble instancia para congresistas no sea un derecho, por el contrario, debe asegurárseles un derecho que es universal. Las condiciones de tipo logístico son vitales, la justicia es más que meras competencias entre unos y otros, las condiciones en que trabajan los operadores de la justicia en algunos casos es vergonzosa. La falta de papel, tinta y espacio, es el lugar común de algunos juzgados del país.
La fiscalía general de la nación dejó ver en este caso la problemática de la justicia en Colombia, además de la falta de recursos lo que conlleva tener pocos investigadores, se le suma la falta de preparación y actualización de los mismos, sin contar, que el sistema acusatorio llegó en paracaídas fruto de un trasplante que hasta el momento hace rechazo en el cuerpo de la nación colombiana. En Sigifredo López se encarnan todos aquellos que terminan pasando el peor momento de sus vidas por causa de las fallas estructurales de nuestro modelo de justicia, entre otras tenemos la falta de una política de Estado seria que sin lugar a dudas, tiene como botón la supresión por parte del gobierno Uribe del Ministerio de Justicia para fusionarlo con el Ministerio del Interior encargado de la política. El binomio justicia y política no resultó del todo bien. Gracias a esto, algunas víctimas pasan a la cera del frente, a victimarios. Casos como el de López parecen sacados de la picaresca de Gabo, acusado por una nariz. De fondo quedará para el debate el papel de la fiscalía ante los jueces, y desde luego, el papel de los jueces al privar de un derecho como la libertad a ciudadanos por petición de un fiscal armado de pruebas endebles. En el peor de los casos, Sigifredo puede llegar a ser responsable del secuestro de sus compañeros en algo que de paso, me sorprendería por los límites ha que puede llegar el ser humano, pero desde luego las pruebas deberán despejar la duda razonable.
El Estado colombiano hace un daño irreparable al no definir claramente su política de justicia. Existe en nuestro caso una problemática sensible que se agota simplemente con la mera sanción de la privación de la libertad como primer estadio para luego, imponerle una pena que de paso, contribuye al grave hacinamiento del sistema penitenciario del país. El código penal debería ser el último eslabón en la cadena de soluciones a explorar por una política de Estado en temas de justicia. En el caso de los jóvenes, encerrarlos por horarios no contribuye a su formación, educación y oportunidades laborales para escapar del flagelo del dinero fácil proveniente del narcotráfico. Las pandillas y las fronteras invisibles al interior de las ciudades no son ficción. Parece una de tantas películas y series de nuestro medio especializadas en las vidas de narcos, prepagos y sicarios. Estas fronteras no son fruto de la causalidad, el tejido social sumergido en el más profundo de los olvidos se deteriora con el pasar de los días, el habitar ciertas zonas hace que por arte de magia te conviertas en el feliz destinatario de medidas como el encierro para menguar el delito en las calles.
Es necesario en este orden de ideas, una política de Estado en torno al tema. La justicia es más que el mero deslinde de las competencias, va más allá de los Magistrados de altas cortes, las condiciones logísticas de los operadores de la justicia son igualmente importantes, las reformas legales son necesarias siempre y cuando, dinamicen la justicia teniendo como base el debido proceso, las pequeñas causas deben contar con operadores que se encarguen exclusivamente de las mismas en busca de descongestionar los juzgados, pero no con la tesis de la reforma pasada, que por la mañana seamos jueces y por la tarde nos convirtamos en litigantes. Urge una política seria en temas como la seguridad ciudadana, las cámaras y los cuadrantes no solucionan la grave brecha entre unos y otros, no generan empleo, educación y salud. Los ciudadanos no pueden seguir siendo catalogados como delincuentes simplemente por habitar ciertas zonas de la ciudad, la fiscalía en compañía de los jueces no pueden privar del goce de un derecho sagrado como la libertad con pruebas endebles. Los Sigifredos deben acabarse en nuestro país, la nariz no puede ser en nuestro país prueba suficiente para privarnos de la libertad.
Por: Juan Carlos Lozano Cuervo
El autor es candidato a Magíster de la Universidad del Valle, abogado investigador de la Universidad Libre y profesor auxiliar de la cátedra "Introducción al Derecho".