1 mar. 2012

Terror estatal y desapariciones

Miremos un caso ya lejano donde si se registró un comportamiento terrorista. La toma violenta de las Altas Cortes, en el Palacio de Justicia que le puso fin prácticamente al Gobierno de Belisario Betancourt, rematado con la tragedia por la avalancha de lodo que desapareció a la ciudad de Armero (Tolima). Un Gobierno que se había iniciado el 7 de agosto de 1982, y aún tenía 9 meses de mandato pendiente. El impacto fue de tal magnitud que se erosionó su credibilidad y legitimidad. También se erosionó  la imagen del grupo guerrillero M-19, y por supuesto, la imagen de la Fuerza Pública colombiana por la desproporción en el uso de las armas durante la contra toma, por el incendio del palacio, la violación del derecho de gentes, y el desaparecimiento de rehenes, la mayoría inocentes visitantes y empleados públicos que fueron ejecutados extrajudicialmente.
El M-19 actuó empleando el terrorismo y la fuerza pública desbordada actuó empleando el terror estatal: de esa combinación se produjo el holocausto. La mezcla terrorismo guerrillero y la financiación de la mafia produjo en este caso un híbrido malsano por el encargo que de deduce tenía la guerrilla para destruir los expedientes sobre la extradición, situación que venía tratándose de impedir con las amenazas al ponente Patiño Rosseli. Al iniciarse la toma del Palacio de Justicia se produjo un vacio de poder porque el Presidente dejó de ejercer la comandancia de la Fuerzas Militares dejando a los altos militares llegar al extremo producir el incendio del edificio con los rehenes adentro. No fue un golpe de estado transitorio, él lo admitió, porque creyó que la desproporcionada pretensión del M-19 de juzgarlo por incumplimientos del proceso de paz se pasaba de la raya. Aquí  las fuerzas oscuras o lo enemigos ocultos insuflaron  el ánimo de los militares para terminar de un tajo con los guerrilleros y con el proceso de paz a costa de la inmolación de civiles, inocentes y de los magistrados.

Por eso 26 años después las responsabilidades individuales continuaban en los despachos judiciales. Un proceso donde hubo múltiples investigadores y nula eficacia, desde el Tribunal Especial de Instrucción creado inicialmente, pasando por los despachos de la justicia penal militar, el juzgado 30 de Bogotá, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la Fiscalía, la Comisión de la verdad y los jueces sin rostro. Quedan pendientes los juzgamientos de figuras institucionales, que por acción y omisión, unos y  otros, participaron en crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.

El exceso en el uso de la fuerza estatal sobrepasando los límites de la reacción a un ataque, dentro o fuera del escenario de la fragancia, produce una conducta enmarcable en el terror estatal. La contratoma del palacio de Justicia, en noviembre del año 1985 fue una reacción necesaria por parte de la Fuerza Pública, pero el uso de tanques y morteros fue un exceso que llevó al incendio. Los sobrevivientes fueron sacados a la Casa del Florero, su atención era indispensable, pero la sospecha sobre la identidad y origen de algunos llevó a las doce desapariciones (creyeron que eran guerrilleros camuflados de civiles) y los eliminaron. Irma Franco y “el negro” si eran guerrilleros, los otros diez, no.

El caso de magistrado Auxiliar Carlos H. Urán fue espantoso, salió vivo, lo asesinaron, lo cremaron y luego lo introdujeron otra vez para simular muerte en el sitio. El Dr. Reyes Echandía murió por un proyectil de nueve milímetros blindado, en ésa época, de uso casi privativo de la Policía, según hipótesis de su hijo Yesid. El Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, sobreviviente del holocausto, fue llevado herido a un centro hospitalario de la Caja Nacional y de allí pretendieron sacarlo por la sospecha de ser guerrillero, los militares no conocían a los magistrados, por lo tanto todo tiznado y desarrapado que saliera en medio de la ofuscación era sospechoso. Estos son actos de terror estatal: el mismo Estado viola derechos humanos, elimina sin fórmula de juicio.

La condena  a 30 años del general Plazas Vega impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, le imposición para que el ejército pida perdón en público, la mención sobre crímenes de guerra cometidos por las tropas en la retoma, que se investigue a los ex ministros del Gobierno en ése momento, a miembros dela Policía y del DAS que hayan participado, y la invocación de intervención a la Corte Penal Internacional(CPI) para investigar al Ex Presidente Belisario Betancur, ha desatado la ira de ciertos sectores, la impavidez de parte de la población civil y los debates en las facultades de derecho. El argumento del Tribunal, además de la supuesta falta de acción de la Comisión de Acusación, es que el delito de desaparición forzada es permanente: esto es, que aunque empezó en 1985, aún hoy sigue perpetrándose porque las víctimas no aparecen. Pretender investigar a Betancur por parte de la CPI si es un desacierto porque según el Estatuto de Roma no procede por extemporáneo.

Ante esta descripción jurídica, el encartamiento jurídico de Plazas Vega lo deja en una sin salida, el comandó la operaciones de retoma y no ha podido probar la división del trabajo militar desde la salida de los sobrevivientes-rehenes-víctimas y sospechosos (tenían en ese momento cuatro calidades) que fueron llevados luego a guarniciones militares y a la Escuela de caballería. La desaparición forzada es un crimen complejo, mucho más en las condiciones de esta investigación con pruebas audiovisuales tomadas por noticieros de televisión. El tribunal Superior esgrimió la teoría de la responsabilidad mediata para poder enlazar a Plazas Vega dentro de la cadena de órdenes que llevaron a la desaparición. Es decir se produjo el resultado porque dentro del aparato institucional (Ejército) se actúo de consuno y en cadena para desaparecer y tapar el crimen. Entonces los miembros de la cadena se involucran.

El M-19 perpetró un acto de terrorismo al irrumpir violentamente en el Palacio de Justicia aquel 6 de noviembre. Amenazaron con volar el Edificio y pretendían juzgar al Presidente de la República. Los militares llegaron con una decisión parecida. Retomar el palacio con helicópteros y tanques cascabel. El derecho de gentes fue violado por ambas partes. La barbarie en los ataques ha prolongado estas investigaciones que ahora pasan a la Corte Suprema de Justicia.

Por: Alberto Ramos Garbiras.
 Profesor de Ciencia Política, Universidad Libre.
 Politólogo de la Universidad Javeriana.