La Ecocatástrofe que puede anegar a Cali por los dos costados, oeste y oriente, se produciría por el deslave de una parte de los cerros, como ocurrió en Semana Santa, con el desbordamiento de los ríos Meléndez, Lilí y Cañaveralejo; y por el otro lado el rompimiento del jarillón, entrándose el río Cauca a Cali hasta la base aérea. Señalar las causas del desastre aludiendo a las empalizadas y a los sedimentos como si fueran fenómenos abstractos, es un eufemismo, para no decir: tala no controlada y barro producido por el aflojamiento de los suelos que, con la lluvia se convierte en lodos.
La tala de los bosques, la tugurización de los cerros y la minería incontrolada, son los factores del desastre en las laderas del oeste depredado. Desde el año 2003 advertí sobre el daño en la zona de amortiguamiento de los farallones y la parte intermedia donde la CVC no ejerce la autoridad por abulia y venalidad de los funcionarios. Esta entidad tampoco ordena las cuencas hidrográficas con los PONCH como lo preceptúa el decreto número 1792 del año 2002. Y el Ministerio del Medio Ambiente, no ha sido capaz en la parte alta del parque natural los Farallones, de frenar el descuaje de los bosques, parapetados en el argumento de la inseguridad debido a la presencia de actores armados. Cuando operó el batallón de Alta Montaña, tampoco lo hicieron.
Del otro lado, el oriente, las obras que le hacen falta al jarillón no se han adelantado en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010,ni en lo que va corrido del 2011, por la rebatiña de los recursos de la sobretasa ambiental que le hace la CVC al DAGMA, y la bobería plagada de estulticias de la Alcaldía de Cali al firmar Convenios Administrativos forzosos para girar los recursos financieros que le pertenecen y después rogar que se los devuelvan: el 50% de esa sobretasa ambiental.
Desde diciembre 2010 entregué a la Alcaldía copia del auto interlocutorio número 1081, proferido por el Juez primero administrativo de Cali, que adoptó medidas preventivas ejecutar obras sobre el jarillón. No hicieron nada. Dejaron pasar el trimestre semiseco, ese veranillo de comienzos del 2011, y no realizaron las obras ni siquiera por una orden judicial, medida que logré contra la tozudez de un Juez intonso: aunque tiene tonsura, no de cura, sino de incultura. Se limitaron a visitar la zona en riesgo, contar casas de invasión, advertir a la gente y dizque a buscar los recursos en la CVC.El 21 de abril “El País” reproducía una declaración del Municipio sobre la firma del Convenio por $7.000 para empezar, el domingo 24 anunciaba lo mismo, es decir perdieron 4 meses desde que entregué la decisión judicial.
El DAGMA debía hacer en este veranillo perdido: Ordenar la inmediata cesación de las actividades que origina el daño sobre el dique protector de Cali; empezar a relocalizar las invasiones o asentamientos ilegales del sector comprendido entre la urbanización DESEPAZ y la vuelta de las córdoba; la remoción de porquerizas, caballerizas, avícolas, carboneras, además de los pozos sépticos, talleres, bodegas que están generando contaminación y deforestación debilitando la estructura del jarillón y afectando la potabilización del agua en la planta de Puerto Mallarino; restituir el cauce del canal de alivio paralelo al jarillón y el canal secundario, a la altura dela vuelta de las córdoba. La Alcaldía de Candelaria y la CVC tenían otra tarea, tampoco actuaron. Los funcionarios responsables de las tres entidades incurrieron en el delito de prevaricato por omisión.
A Cali le falta agua potable para hacer viable la ciudad, y le sobra agua contaminada: la que discurre por el rio Cauca, y la que baja de las laderas cuando llueve, destruidos los canales de escorrentía de los suelos por la despradización, tala intensiva e invasiones imparables. Las empalizadas de ambos lados, oeste y oriente, tienen la misma causa: falta de autoridad, vigilancia y cumplimiento de las normas ambientales.
Después de la inundación el jueves santo de 20 barrios en el sur de Cali, las acciones administrativas que se debían hacer periódicamente se anuncian ahora para disimular las omisiones: impedir la sedimentación, dragar los ríos, impedir la tala de los bosques, no permitir las invasiones cíclicas, recuperar la faja o ronda protectora de los ríos, frenar la explotación minera suburbana, limpiar los sumideros y canales, expandir la educación ambiental en los barrios para impedir el arrojamiento de basura a los canales y al alcantarillado.
El DAGMA sufre una especie de desinstitucionalización que no se ha podido corregir: no tiene planta de personal, los recursos son entregados a cuentagotas, en varios períodos lo han saqueado, los alcaldes nombran funcionarios que no conocen del tema, la CVC viola la autonomía de la autoridad urbana, no existe planeación conjunta, el SIGAM lo desconocen. Hasta que no se corrijan estos defectos continuara el deterioro ambiental de Cali.
(*) Ex Procurador Ambiental del Valle