Autor Alberto Ramos Garbiras
Faltando pocas horas para terminar su segundo Gobierno el Presidente Uribe firmó el decreto nombrando un Gobernador para el Valle ante el vacío creado por la destitución de Juan Carlos Abadía, podía hacerlo si lo hubiera encargado de manera transitoria para citar a elecciones, pero dejó socarronamente la ambigüedad en el texto del decreto para que se instalara hasta el fin del mandato del gobernador defenestrado. Esta arbitrariedad originó todos los reclamos y críticas que conllevaron al Gobierno Santos a ubicar la situación dentro de la legalidad: citando a elecciones, como lo contempla el artículo 303 de la constitución.
Sacarle el cuerpo al cumplimiento de las normas para obtener provecho es un camino para llegar a la ilegalidad, interpretar a medias o acomodaticiamente es otra forma de ilegalidad. La ilegalidad siempre se desploma. La participación indebida en política para favorecer a un candidato le hizo perder el poder al Gobernador elegido; la posesión con pretensión de quedarse sin haber sido elegido, le hace perder el poder al Sr. Lourido, porque la citación a elecciones es decirle, en otras palabras que no se puede quedar.
La no convocatoria de elecciones en el Departamento del Valle sería mucho más costosa por los daños que ocasionaría a las instituciones no cumplir con la normatividad y las leyes vigentes. Para la permanencia de alguien sin haber sido elegido y en contravía del artículo 303 de la constitución, lo único que puede recomponer el escenario departamental frente a esta desinstitucionalización vivida desde abril 2010, son unas elecciones transparentes y por eso lo que debe hacerse es una veeduría total sobre esta justa electoral.
El mes de enero 2011 es un mes lejano para preparar las elecciones y hacer una campaña frente a la brevedad que queda del periodo. Esa fecha debería haber sido a finales de noviembre 2010, dos meses para preparar las elecciones son suficientes porque, primero, enero desgana a algunos aspirantes, segundo, la conexión con una elección inmediata para octubre del 2011,ya que empieza la campaña en febrero para octubre, tercero posibilidad de excusas de naturaleza presupuestal o logísticas para no hacerlas en enero y cancelarlas. Las elecciones son necesarias porque constituyen un ejercicio válido para otorgar un verdadero mandato, es el único escenario de la democracia donde pueden concursar o concurrir los que tienen aspiraciones, para hacer alianzas y coaliciones a fin de definir un gobernante de origen popular, siempre cuando no aparezca el fraude, que es lo único que mancilla este ejercicio de participación popular.
Las elecciones son necesarias porque ante las disputas entre grupos, gremios, partidos y fracciones políticas por el poder departamental donde se estaban saltando normas legales. La citación a elecciones para el 23 de enero de 2011 tiene angustiados a muchos, se quejan de los costos, de la brevedad del período, de los obstáculos para gobernar por la Ley de garantías que ya frenó parte de la avidez de los contratistas; de otro lado se anunció la instauración de dos demandas de Acción Popular para evitar la realización de los comicios, demandas que considero no prosperaran porque no se viola ningún derecho colectivo de los catorce nominados en la Ley 472 de 1998.
Un país que respete la cultura política y sus instituciones puede funcionar sin sobresaltos perjudiciales. Una Democracia funciona si la Constitución es respetada, sus componentes, reglas del juego, supremacía normativa; no se puede desconocer por partes las normas que se han ido conformando para sostener la Democracia y las variables del sistema electoral. El respeto debe provenir de las mismas autoridades y de los ciudadanos, así se desprende del artículo 95 de la misma Carta Política.
En se amplió la desinstitucionalización porque debió citarse a elecciones desde la fecha en que quedó en firme la decisión judicial que negó la tutela al Gobernador elegido, en ese momento también se reafirmó la sanción disciplinaria. Toda la puja entre grupos disputándose el aparato de Estado departamental, a la manera de botín, postergó la citación a elecciones, dilación que lograron retorciéndole el cuello a la norma constitucional que es clarísima en el artículo 303. Ha sido todo un sainete que irrespeta al Valle del Cauca, los mismos actores institucionales transgreden las reglas, corren las decisiones, dan bandazos, y sumergieron al Valle en las dificultades administrativas que tiene: los mismos Alcaldes ya no saben que va a pasar con todos los convenios en marcha, las políticas públicas y los planes de desarrollo quedaron obstaculizados y el Departamento perdió categoría frente a otras regiones que teníamos como pares.
Otro ejemplo claro de desinstitucionalización fueron los procedimientos para la reelección y su efecto: la yidispolítica. Sin respetar las reglas democráticas todo conllevó a las consecuencias funestas durante el segundo mandato presidencial. Ahora el impulso de la reelección de alcaldes para beneficiar a los que están en ejercicio puede traer también consecuencias negativas con los manejos de los presupuestos municipales buscando apoyos para quedarse, cada uno, dispondría de ventajas para competir, ofrecer y pactar para continuar, en detrimento de los que aspiran a ser elegidos sin contar con la nómina oficial y la disponibilidad del presupuesto oficial. Si se llega a la reelección de Alcaldes, debería ser para los períodos posteriores no incluir a los que están despachando.
(*) Magíster en ciencia política, egresado de la Universidad Javeriana.