25 ene. 2010

"Prohibición y Violencia"




Alberto Ramos G.(*)

Las sociedades que prohíben tienden a “favorecer” el orden público pero afectan la salud general, porque el prohibicionismo trae más consumo en la ilegalidad. Las sociedades que aprueban el consumo (y si llegaren a la producción) resuelven el problema de la delincuencia y el problema se centraría en el tratamiento a los adictos: menos costoso que soportar la desinstitucionalización por la corrupción que conlleva el tráfico.

La realidad es irrefutable: la hoja de coca sirve para producir el alucinógeno. Enfrentar esa realidad combatiendo a los productores y a los narcotraficantes, paradójicamente los ha multiplicado porque el negocio es rentable y enriquece a los ilegales por los altos precios del gramo en el mercado mundial de consumidores y adictos. La legalización acabaría con el enriquecimiento. La persecución sin éxito notorio ha expandido en número de personas y grupos que quieren engrosar la lista de nuevos ricos saltándose los canales de movilidad social legal. La persecución sigue desangrando al país y desestabilizándolo, hasta las pirámides de captadores monetarios en el mercado extrabancario han cumplido a veces con el pago a las primeras tandas de ingenuos ahorradores pagándoles con la plata de la coca, en un gigantesco proceso de lavado de dólares convertidos en electrodomésticos, y penetrando a un sector de la clase política.

Así, Colombia se enfrenta a una política prohibicionista equivocada a nivel mundial y a un huero discurso político-criminal que desde la Convención de Viena (1988) sólo ataca los problemas secundarios del tráfico, y no la raíz del problema. Rodrigo Uprimny Yepes, en un lúcido ensayo sobre drogas y prohibicionismo, expuso que la oferta de droga psicotrópica sigue creciendo, las superficies cultivadas son mayores, los efectos perversos aumentan, las ganancias no son captadas por el Estado sino por organizaciones criminales, la prohibición sobrecarga inútilmente el aparato judicial penal, induce a los usuarios de escasos recursos a la delincuencia para proveerse de las dosis, la ley penal pierde eficacia, aparecen los comportamientos racistas y de segregación social, no hay control sobre la salud de los consumidores, y otros aspectos negativos.

“Pero los efectos perversos de la prohibición desbordan los estados nacionales y se proyectan en forma peligrosa a las relaciones internacionales, pues en años recientes a lucha contra las drogas asume formas militares e intervencionistas: los Estados Unidos, que hicieron de las drogas un asunto de seguridad nacional, se han convertido así en la policía antinarcóticos en el plano internacional, con capacidad autónoma de captura de presuntos narcotraficantes en otros países, aun sin el consentimiento del respectivo Gobierno. Además, los Estados Unidos utilizan políticamente el tema de las drogas para defender otros intereses, en particular geopolíticos, como lo demuestran las relaciones contradictorias de los Estados Unidos con el régimen del General Noriega en Panamá”, expuso Rodrigo Uprimny.

Hasta ahora todas las fórmulas de persecución han fracasado: erradicación manual, fumigación aérea, programas de sustitución, etc., mientras tanto la guerra interna ha involucrado a todos los actores armados con los cultivos ilícitos porque allí encuentran la fuente de financiación. Entonces, la reflexión que debe continuar haciéndose es: ¿cómo llegar a la legalización sin convertir al país en un Estado-paria o en un Estado-mafioso? A la par, Colombia tiene que mejorar sus condiciones de gobernabilidad, afinar los controles sociales ejerciendo la autoridad en todo el territorio, lograr el ejercicio de la soberanía en la totalidad de los municipios y luchar a fondo contra la corrupción perpetrada por los miles de funcionarios desde el aparato del Estado en las instancias burocráticas y militares.


(*) El autor es catedrático de "Ciencia Política y "Filosofía del Derecho", Universidad Libre.