Por. Alberto Ramos G. (*)
Presidí La tesis de grado de los egresados Gerson Cifuentes y Héctor Fabio Velasco, de
Sobre el lugar de origen el estudio encontró en su primera fase que de 2843 casos presentados como muestra promedio, tomados de seis (6) juzgados de menores en Cali, se registró que 1959 delitos fueron cometidos o perpetrados por menores oriundos de Cali, equivale esta cifra al 71% del total, es decir, que la misma población de algunos menores residenciada en la ciudad, toma el perímetro urbano como escenario de sus actos vandálicos, esparcidos en 184 barrios donde despliegan el teatro de sus operaciones delictivas, de un total de 339 barrios normalizados que tiene la ciudad. Se determina de manera muy clara cuáles son las zonas y barrios que necesitan mayor atención, coinciden por el lugar de residencia de los menores como por el lugar del hecho, son los barrios Alfonso López, Siloé, Manuela Beltrán, Marroquín, Antonio Nariño, Mójica, El retiro, Mariano Ramos, Comuneros, Petecuy, 7 de Agosto, El Calvario, El vallado, El Vergel, Charco Azul, Decepaz, El Poblado, Los Lagos, República de Israel...; en estos barrios se requiere una mayor atención hacia la población juvenil por parte del Gobierno Municipal, y de otras entidades del Estado competentes, para atender la prevención y resocialización de los Menores
Los más de 2843 casos delictivos nos indican que si se judicializan debidamente a estos menores enviándolos a un centro correccional como el del Valle del Lili, no cabrían en las instalaciones de ése centro de rehabilitación porque solo tiene capacidad para unos 400 menores, de esta manera se quedan 2443 menores cada dos años sin tratamiento real de rehabilitación, ello explica que se deban remitir a otros lugares como Manizales y ciudades del eje cafetero, y nos evidencia uno de los factores de la reincidencia en la comisión de los delitos ejecutados por menores que no son tratados ni resocializados, y explica la alta tasa de medidas de libertad que no son las apropiadas para corregir conductas de repetición. Estas medidas llamadas sanciones, contempladas en el artículo 177 del Código de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006), resultan inocuas porque no modelan ni cambian su conducta, ni evitan la comisión de nuevas infracciones penales, tales medidas son: 1) La amonestación, 2) La imposición de reglas de conducta, 3) La prestación de servicios a la comunidad, 4) La libertad asistida, 5) La internación en medio semi – cerrado, 6) La privación de libertad en centro de atención especializado.
El proceso migratorio que ha sufrido la ciudad desde de la decana del 50, incrementó las violencias que sumadas en diferentes períodos ha dado como resultado un comportamiento delictivo de ciertos sectores poblacionales durante los lapsos de asentamiento y búsqueda identificadora con el espacio urbano. Los continuos éxodos producidos por las violencias cruzadas e imbricadas del paramilitarismo, las guerrillas, las autodefensas y los excesos de la fuerza pública, han producido en Cali el crecimiento de barrios subnormales con un poblamiento desigual y una mixtura de subculturas
Los menores comienzan a infringir las normas a los 13 años, cifra inquietante si pensamos que se trata de una temprana edad para estar abordando personas con el objeto de hacerles daño. En la medida que aumenta la edad crece el número de infractores, En los grados de escolaridad se evidencia claramente una gran deserción de los grados 9º a 11º, la gran mayoría de menores infractores llegaron a tener un grado de estudio mínimo La mayor parte de estas agresiones han sido cometidas por personas sin ningún grado de instrucción formal. En el rango referido al sexo ambos géneros delinquen, los actores masculinos denotan una alta participación, hacen mayoría los menores varones durante los años evaluados.
El estudio revela que los menores infractores utilizaron armas para ejecutar sus actos, las armas más empleadas para intimidar es el arma de fuego (revólveres, escopetas, pero también acuden a una gama de instrumentos convertidos en armas, y hasta el rasponazo a mano limpia, lo mismo que el uso de armas blancas (cuchillos, navajas, armas hechizas, en una ciudad insegura y de miedos colectivos.
Si comparamos o cruzamos los oficios de los menores con los de los padres entendemos la dimensión de la problemática que esta relacionada con los bajos ingresos, la marginalidad y en general con una grave crisis económica de los progenitores que no pueden asistir ni mantener adecuadamente a sus hijos. Es necesario comparar estas cifras con el número de hogares desmoronados, en ese contexto la situación es más delicada.
La devertebración de la familia es la causa principal, y los bajos ingresos la segunda, como lo señalaremos en el cuadro sobre ocupación de los padres. Una de las causas más importantes se debe a la imagen para el desarrollo del menor que la deben constituir el hogar como pieza fundamental de la familia, La alta tasa de hurtos realizados en los dos primeros años de la investigación (1.263 casos), ejecutados por los menores infractores judicializados, impele a tomar los correctivos para disminuir la frecuencia de este delito que afecta el patrimonio de los ciudadanos. El porte ilegal de armas es alarmante porque deja en evidencia la falta de control policivo, el tráfico ilegal de armas en la ciudad, la fabricación de armas hechizas, la astucia de los menores para conseguirlas e infringir las normas burlando a la autoridad Municipal y la familia, y sobre todo pensar que con esas armas se van a cometer homicidios, o se han cometido, o se van a realizar contra ciudadanos inermes. Es decir que la gran mayoría de menores utiliza como instrumento las armas de fuego, y en menor grado otras armas, con las cuales intimidan a las víctimas para lograr sus objetivos.
Muchos infractores cometen los delitos bajo la influencia de alucinógenos o por el beneficio conseguido en el mercado negro de los estupefacientes, estando este en el tercer lugar de los delitos cometidos.
Lo anterior nos demuestra que el tratamiento jurídico que se ha planteado la administración municipal para atenuar el resultado de delitos en la ciudad de Santiago de Cali, no ha sido efectivo, y más bien a presentado un rotundo fracaso en la puesta en marcha de políticas públicas de desarme, prevención de delitos, auto cuidado, y rehabilitación de aquellos menores que infringen.
(*) Profesor-Investigador, Universidad Santiago de Cali (USC).