25 ene. 2010

"Inseguridad y Violencia en Cali"

Alberto Ramos Garbiras (*)

En abril de 2009,otra vez Cali pasó a ser la segunda ciudad más violenta de Colombia y ante la ola de violencia desatada en Cali, el Ministro de Defensa anunció el aumento del pie de fuerza; el Gobernador del Valle, de manera desfasada invocó los cascos azules y acciones conjuntas entre ejército y policía; el Presidente del Concejo Municipal, Milton Castrillón, propuso la creación de campamentos militares en los barrios más violentos; la Alcaldía de Cali anunció cambios en la hora zanahoria, disminuyendo una hora el tiempo de rumba, incremento de las recompensas por entrega de armas, grupos especiales de patrullaje, limitaciones en la expedición de salvoconductos, y reforma al Código del Menor, trámite dispendioso que corresponde al Congreso de la República; un editorial del diario “El País” reclamó la creación de un Consejo de Seguridad permanente con capacidad de reacción; y casi todas las personas consultadas por los medios de comunicación pedían la disminución del horario en las ventas de licor.

Ninguna de estas medidas de choque, y sólo reactivas, durarán, ni acabaran con la problemática que agobia a la ciudad. Mientras no se disminuya la pobreza, el desempleo y la exclusión social que, son en primera línea los tres factores detonantes de la violencia urbana. En una segunda línea de acciones para prevenir la violencia, se encuentra la falta de escolaridad y la desatención a los menores de edad infractores de las normas vigentes. Una tercera línea de medidas tiene que ver con el narcotráfico que activa los ajustes de cuentas, los enfrentamientos entre bandas organizadas, el sicariato y el jibarismo. El narcotráfico alienta varias formas de violencia urbana, no solo es el soporte económico de la guerra interna, financiando a paramilitares y guerrilleros, sino también a la microcadena de actores violentos sueltos y de minicarteles que se reproducen por la ilegalidad impuesta a los cultivos y al procesamiento de la coca. Una cuarta línea de trabajo debe centrarse en los procesos de resocialización y reincorporación de los desmovilizados provenientes del paramilitarismo y las guerrillas, porque después de convencidos y reinsertados son arrojados a la desatención o al olvido, volviendo al uso de las armas, pero esta vez en bandas de delincuentes comunes dentro de las ciudades, reproduciendo la violencia con otras formas. Y una quinta línea de acción debe versar sobre la atención real a los desplazados, víctimas de la guerra interna que, una vez en las ciudades entran en el sector terciario de la subsistencia y si fracasan, empiezan el rebusque a la brava.

El aumento del pie de fuerza sirve para ejercer más control citadino, pero estas medidas siempre se toman coyunturalmente en momentos sangrientos, y no son perdurables. Como los mismos comandantes de la policía y sus subalternos de alto rango, los retiran y suplen frecuentemente. Además, no se trata de ser solo reactivos, la fuerza pública debería actuar, con énfasis, de manera preventiva y proactiva en todo momento para evitar los actos de violencia. Entonces, no se trata de llenar la ciudad con patrullajes a pie, en moto o a caballo(ya que el despliegue aéreo desde helicópteros es mínimo), no, se trata de confeccionar una verdadera política publica de seguridad para ser proactivos y preventivos, previendo la comisión de tantos delitos y protegiendo eficazmente los derechos humanos de los ciudadanos; de no ser así, el principio constitucional de la diversidad cultural queda en ascuas, sin plataforma de protección, porque, ¿cómo se puede coexistir en una gran ciudad sin protección estatal y sin seguridad?. El aumento de la fuerza pública, sin política de seguridad establecida, solo sirve para acciones reactivas, neutralizando a los delincuentes sorprendidos en flagrancia, inmovilizándolos, y eso, si la patrulla policial coincidencialmente pasa cerca al lugar de los hechos.

Dentro de la política pública de seguridad que se diseñe debe actuar la inteligencia policial para desmantelar las bandas organizadas, mucho más peligrosas que la delincuencia común dispersa. Este es el núcleo del problema. Las bandas organizadas tienen en jaque a la ciudad, la población está indefensa ante la acción depredadora de los fleteros, sicarios, asaltantes de residencias, joyerías, bancos, establecimientos comerciales, de los jaladores de carros, deshuesadores, mafiosos, expendedores de drogas y falsificadores, entre otros grupos delincuenciales. Los últimos comandantes de la policía en Cali han sido solo reactivos a medias y se han dedicado a pontificar sobre la colaboración ciudadana invocando delaciones, testigos, alarmas comunitarias, señalamiento de sospechosos, etc., descargando el asunto de la seguridad en la comunidad, en un tono a veces acusatorio. Este tópico, producto de la incapacidad para responder por sus funciones y derivado del achicamiento del Estado en materia de seguridad por la reducción de los presupuestos que siempre le solicitan a la Alcaldía, como si no tuvieran su propio presupuesto nacional, ha confundido a los gobernantes no despabilados. Constitucionalmente el tema de la seguridad en las ciudades le corresponde a la Alcaldía y la policía, no a la ciudadanía, que puede ser cooperante, pero no el responsable de que la seguridad funcione.

Además de lo expuesto, la clave de la parsimonia e ineficacia en la acción policial tiene tres facetas.1) La policía no existe de noche, el 80% el servicio se acaba a las 7 de la noche, el grueso de los contingentes de la policía, a esa hora, entregan las armas y se marcan a sus casas, se convierten en civiles hasta la mañana del día siguiente. Mientras tanto, otros sectores de la delincuencia si trabajan de noche y no hay quien los controle.2) La corrupción dentro de la policía, ya a menor escala, se mantienen, los procesos de depuración tienen que proseguir.3) para combatir la delincuencia hay primero que combatir la abulia policial, la pereza, la pigricia: la desidia. Un grueso número de las tropas pertenecen a la montonera, no actúan, no se arriesgan, disimulan, son especialistas en reaccionar y llegar tarde al sitio de los hechos, para poder devengar con comodidad los sueldos.

(*) Ex-Personero de Derechos Humanos en Cali, Profesor de Ciencia Política, Universidad Libre.