Por: Alberto Ramos G. (*)
La mayor característica de un régimen democrático es la división del poder público en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial para lograr el equilibrio de los poderes. Los Estados modernos surgidos de la descomposición de las monarquías medievales establecieron repúblicas democráticas que golpearon la concentración absoluta del poder que tenían los Reyes de la edad media alta. Todas las constituciones independentistas del siglo XIX establecieron las ramas tripartitas, luego con el desarrollo de las Repúblicas se crearon los organismos de control, continuando la conservación del estado de derecho con la supremacía constitucional y el control constitucional en manos de las cortes constitucionales.
En Colombia, durante largos años, antes y después del Frente Nacional, la rama judicial se desprestigió porque cayó en manos de la clase política la posibilidad de recomendar y promover jueces y magistrados, esta situación soporífera y de un letargo cómplice llevó a la impunidad gran parte de los casos judiciales. Con la expedición de la Constitución de 1991 apareció el Consejo Superior de la Judicatura, estableciéndose una verdadera carrera judicial; La corte Constitucional comenzó a controlar todo el Estado de Derecho y hacer eficaz el estado social de derecho con las sentencias; se creó la Fiscalía General de la Nación, todo ese tejido institucional permitió la recuperación de la Rama Judicial, de su autonomía.
La parapolítica es una realidad probada judicialmente, se conformó como un fenómeno de apoyo electoral de grupos paramilitares a cierta clase política en las regiones que llegó a los escaños del Congreso con los votos reclutados por las armas; del clientelismo se pasó a la intimidación armada. La Corte Suprema de Justicia ha venido procesando a los beneficiados y financiadores de esta forma de corrupción electoral y de descomposición de la Democracia. Como contraataque los políticos encartados judicialmente comenzaron a conspirar contra la Corte, se valieron de las fallas y el caos organizacional del DAS y buscando elementos de desprestigio se inició el espionaje, las chuzadas o interceptaciones para conocer debilidades, complicidades, la vida privada de los magistrados o elementos que sirvieran para la extorsión y el ablandamiento. Así mismo con la oposición y los periodistas que alentaron los debates de la Parapolítica. La perpetuación en el poder, los períodos largos llevan a estas perversiones muchas veces impulsadas por las cohortes de beneficiados que también desean continuar durante 12 años en el poder, utilizando métodos torticeros.
El enfrentamiento entre la Rama ejecutiva del poder público y la rama judicial ha llegado al extremo de las denuncias abiertas o a través de áulicos, La oficina de la ONU en Colombia sobre derechos humanos ya está tramitando las quejas de la Corte por la violación a la intimidad. Paradójicamente los investigadores ahora son cuestionados sin haber cometido delitos, pero las dudas desprestigian las dos ramas ante la opinión pública intonsa o desinformada. El próximo round encontrará tinglado en la selección del Fiscal General, la Corte tiene la facultad de escoger y no deseará que sea un funcionario sin equidad.
(*) Magíster en Ciencia Política, Universidad Javeriana.
