Autor Alberto Ramos Garbiras (*)
El asalto y toma del Palacio de Justicia de Colombia, en noviembre de 1985, fue un acto de terrorismo nacional, de tipo selectivo. El M-19, guerrilla de origen urbano también actuó en la orbita rural. Una guerrilla que no era de estirpe terrorista pero realizó eventualmente actos de esa clase como la toma de la Embajada Dominicana. Pretendían juzgar al Presidente de la República, Belisario Betancourt, por los incumplimientos pactados en una tregua del año anterior. Decidieron cambiar el lugar de la toma, primero planearon sería en el Congreso, para hacer ir al Presidente a” rendir cuentas “y negociar la liberación de los rehenes: tampoco iban directamente a inmolarse.
Los guerrilleros del comando asaltante, según concluyó la Comisión de la Verdad en diciembre 2009, estaban alentados y financiados por la mafia del narcotráfico antioqueño que se benefició con la quema de los expedientes sobre la extradición. El acto se califica de terrorismo nacional porque no tuvo injerencia ni cooperación de un grupo terrorista internacional, ni se hizo en territorio de otro Estado, pero si tuvo ribetes y repercusión noticiosa internacional. Y fue un acto selectivo porque escogieron a una Rama del Poder Público estatal, el sector más alto de la Rama Judicial, las cortes o tribunales de mayor jerarquía. Se equivocaron de objetivo respecto al constreñimiento para negociar, pues la otra Rama del poder, la Rama Ejecutiva permaneció impertérrita ante las súplicas del Doctor Reyes Echandía, prefirió el Presidente suspender el ejercicio del poder, cedió las decisiones y la autoridad a la acción de la Fuerza Pública, que realizó la contratoma violando el derecho de gentes, atacando desproporcionadamente, con tanques y armamento pesado hasta incendiar la edificación donde fueron cremados los más eximios juristas de la República, mientras la Ministra de Comunicaciones ordenaba transmitir un partido de fútbol.
La toma violenta de las Altas Cortes, en el Palacio de Justicia, le puso fin prácticamente al Gobierno de Belisario Betancourt, rematado con la tragedia por la avalancha de lodo que desapareció a Armero (Tolima). Un Gobierno que se había iniciado el 7 de agosto de 1982, y aún tenía 9 meses de mandato pendiente. El impacto fue de tal magnitud que se erosionó su credibilidad y legitimidad. También se erosionó para siempre la imagen del grupo guerrillero M-19, y por supuesto, la imagen de la Fuerza pública colombiana por la desproporción en el uso de las armas durante la contratoma, por el desaparecimiento de rehenes, la mayoría inocentes visitantes y empleados públicos que fueron ejecutados extrajudicialmente. Quedan pendientes los juzgamientos de figuras institucionales, que por acción y omisión, unos y otros, participaron en crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.
(*) Profesor –Investigador Universidad Santiago de Cali (USC.
