La confrontación Gobierno vs. Guerrilla llegó a un grado de imputaciones mutuas. La doble ilegitimidad del Gobierno por la reelección lograda con el cohecho en el trámite de la reforma constitucional, y los apoyos con jefes paramilitares en las urnas, con más de 70 parlamentarios afectos al uribismo vinculados a investigaciones judiciales; quedando la autoridad presidencial en vilo, rayándose el teflón de Uribe; y del otro lado una guerrilla vinculada a los narcóticos, expuestos a la extradición (a la manera de “Sonia” y “Simón Trinidad”), ligados al secuestro, dos puntos deteriorantes para enarbolar
Las FARC no negociaron la paz con Andrés Pastrana sino que se burlaron de él hasta la saciedad, habrían podido pactar una desmovilización y reinserción total con ese gobierno para controlar el territorio del Cagúan administrándolo como políticos reinsertados en un Distrito Especial de Paz, previa una reforma constitucional que creara esta figura y jurisdicción en el orden territorial institucional. Algo similar ocurrió en un Estado centroamericano El Salvador, y si cumplieron.
Con los gobiernos de Uribe Vélez la guerrilla ha tenido que huir y correr sus bases a zonas más marginales y a los bordes fronterizos, dentro de un proceso de escalamiento de la guerra donde han perdido capacidad de mando sobre los frentes y se han feudalizado aún más como aparatos dispersos de guerra sin coordinación, expuestos a los equívocos y a las traiciones.
ALBERTO RAMOS