Las libertades
democráticas se encuentran en el ejercicio de casi todos los derechos humanos.
No es solo la libertad personal (no estar preso ni secuestrado), las otras
libertades van ligadas a la autonomía personal, pero dependiendo del tipo de
democracia se ejercen con más amplitud que en otras donde los recortes de las
libertades se dan por razones de orden público o por restricciones para
sobreproteger la propiedad privada. La democracia burguesa es un oxímoron, una
contradicción como diría Anthony Domenech, porque las leyes benefician a los
que más tienen y golpean a los asalariados o desclasados. Las democracias
burguesas se afinan en las dictaduras civiles, donde las leyes y decretos
retuercen los derechos sociales o los angostan.
Encaja esta Renta Básica con el espíritu del
artículo 13 de la Constitución. Los incisos segundo y tercero de esta norma,
como derecho humano (la igualdad ante la ley) dice, “El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor
de grupos discriminados o marginados. El estado protegerá especialmente a
aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (…)”.
El trabajo sirve para
apuntalar la “LIBERTAD”, así sea una libertad limitada, porque da autonomía,
seguridad y garantiza la subsistencia, así sea un trabajo asalariado. Sin
trabajo se inicia el camino a la servidumbre, a la degradación y se puede
llegar a la abyección. Hay trabajos rutinarios, monótonos, no edificantes, pero
permiten el sustento. Y para ello existe la capacitación que imprime movilidad
o ascenso. En Colombia la Constitución ordena que el Estado intervenga y
planifique la economía para lograr el pleno empleo (artículo 334). Una sociedad
que no ofrece ni garantiza el trabajo reduce a la población desempleada al
rebusque o a la delincuencia, a la búsqueda de actividades ilícitas, de rentas
criminales, al abrir ese camino se dispara la descomposición.
Todas las personas deberíamos tener la existencia material garantizada si
realmente queremos ser libres para no depender del todo de otro. Y para ello,
la Renta Básica es una medida de política económica viable
que, disminuiría la pobreza extrema, y “garantizaría” la subsistencia. Para que
la renta básica cumpla su objetivo, también tiene que ser manejable, para
garantizar así la existencia material de todas las personas con índices de
pobreza. Lo que pasa es que mientras
muchas de las medidas económicas que tenemos hoy son altamente regresivas, la Renta
Básica es significativamente
progresiva. Llevan muchos años apretándose el cinturón los de abajo, y con una
renta básica se conseguiría algo de justicia social.
El estallido social no fue animado
entre marzo y abril de 2021 por ninguna mente maquiavélica o por adversarios
perversos del gobierno, fue el cúmulo de todas las inequidades ,al menos de los
últimos 18 años (por no decir 30 años), fue producto del neoliberalismo
practicado por todos esos gobiernos que dejaron desbocar las ganancias de los
empresarios privados y desregularon las intervenciones estatales, generando
este empobrecimiento descarrilado y dejando sin efectividad los derechos
sociales consagrados en la Constitución de 1991. La Renta Básica trata de un
simple reparto de la riqueza más equitativo, mediante el cual se reduciría la
desigualdad social que se está volviendo cada vez más alarmante.
En Colombia funciona el Estado Social de Derecho o solo es
apariencia constitucional. A este interrogante surgen muchas respuestas las
cuales depende del punto vista que se tenga y la posición social en donde se
encuentre quien haga el análisis. Observándolo bien, los derechos que están
consagrados en la constitución nacional como sociales, culturales y económicos,
no se cumplen a cabalidad. Todo esto demuestra que no hay estado social de
derecho ya que para serlo tendríamos que garantizar que todo aquello que está
plasmado en carta magna se cumpliera en su inmensa mayoría, o al menos en un
80% lo cual en Colombia es el opuesto se aplica en el 20% y por ende la
desprotección que sufre la mayoría de la población colombiana.
El estado social de derecho que tenemos no es
que el queremos o el que está plasmado en la Constitución por ende la lucha
debe continuar por garantizar los derechos básicos, buscar una verdadera
justicia social y no la injusticia social que existe hoy por hoy en Colombia en
donde el concepto del estado social solo se quedó en el papel. Solo lo jueces
han tratado desde las altas cortes de hacer justicia social, con sentencias de
reconocimiento, pero este es un trabajo dispendioso que no logra cubrir todas
las aspiraciones. El estado social de derecho tiene tres fuentes nutrientes,
además de las sentencias, las políticas públicas administrativas de los
gobiernos, más las leyes que se expidan reconociendo mínimos vitales. El
trabajo está por desarrollarse dentro del postconflicto. Y este postconflicto
fue interrumpido por la falta de implementación y por las trizas que los adversarios
de la paz confeccionaron con obstáculos y degradaciones.
En un texto de la página Web Uniderecho, se
exponía que, la pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia
decreciente desde el 2010: pasó de 30,4% al inicio de la década a 17,8% en
2016. Esto significa que
el país pasó de tener 13´719.000 de personas en condición de pobreza
multidimensional. De ellos 4.000.000 de pobres absolutos cayeron en la
indigencia, con menos de $130.000 de ingresos mensuales. La pobreza
multidimensional se observa no solo por los ingresos monetarios sino también
por la falta de atención en salud, educación; las condiciones de la niñez y
juventud, trabajo y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones
de vivienda etc., derechos sociales que no se cumplen, en sus mínimos vitales.
Los otros 9. 700.000 personas estaban en el umbral de la pobreza que según el
DANE no reciben más de $ 300.000 mensuales.
En la página Web del periódico La República (www.larepublica.co),
se destacó el 30 de abril de 2021, que, “ya ha pasado más de un año desde el
inicio de la pandemia del covid-19 y, tal como lo pronosticaban los expertos,
las afectaciones sociales y económicas que trajo el virus hicieron que Colombia
retrocediera casi una década en la lucha contra la pobreza. Según cifras del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el año pasado 42,5%
de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, hubo un aumento de
6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019 (35,7%). En total son más de
21 millones de personas las que subsisten con menos de $331.688 mensuales, un
monto que, según el DANE, es la línea de pobreza en Colombia”.
La distribución del
ingreso y la pobreza pesa mucho la distribución de los activos de los hogares y
el nivel educativo, así como la naturaleza de los sectores a los cuales están
vinculados. Colombia sigue afectada por una mala distribución de la tierra, un
bajo desarrollo industrial y un distorsionado sector de servicios. Esta
estructura productiva nos impide desarrollarnos plenamente y abatir la pobreza.
Mauricio Cabrera,
citando un estudio del Global Wealth Report, publicado por el Credit
Suisse, Banco Suizo, relaciona a sus lectores cómo todos lo índices muestran
que la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial aumentó
sustancialmente en el año 2020. La versión 2021del reporte se concentra en los
efectos del Covid-19 sobre la riqueza mundial y su distribución. Un primer
hallazgo inesperado es que, a pesar de la crisis económica generada por la
pandemia, la riqueza mundial no se redujo, por el contrario, se incrementó en
7.4%. Más extraño aún, los países más afectados por el Covid-19 fueron los que
registraron las mayores ganancias en riqueza. (Cabrera,2021)
En una entrevista
realizada por Laure Vega de la Revista Catarsi, al economista español Daniel
Raventós, profesor de la Facultad de Economía y Empresa
de la Universidad de Barcelona, y republicada por
la Revista SP, expuso este pionero del tema en Cataluña que, “Republicanamente las grandes fortunas son
incompatibles con la democracia. Por democracia siempre se entendió hasta hace
relativamente pocos años el gobierno de los pobres libres, que es la definición
que se le otorgó hace 2.400 años. Nosotros ahora lo diríamos de otra manera,
diríamos que la democracia es el gobierno de toda la población
independientemente de sus fortunas, pero es que las fortunas no pueden existir
porque precisamente atentan contra esta libertad. Eso lo han dicho incluso
gente no republicana. El premio Nobel de economía (el nombre popular del premio
que otorga el banco de Suecia, que no es Nobel, pero así se dice) Joseph
Stiglitz, economista moderado -de izquierdas, pero moderado- lo dice
claramente. Las grandes fortunas son un atentado contra la democracia y, en
consecuencia, un atentado contra la libertad”. (Raventós,2021)
Bibliografía.
Cabrera Mauricio. “Crece, crece la
desigualdad”. Columna publicada
en el periódico El País, de Cali, julio 27 del año 2021.
Raventós Daniel. “La renta
básica permitiría ganar una base social que es imprescindible…”. Entrevista
republicada por la Revista catalana SP, www.sinpermiso.info, mayo 7 del año
2021.
(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional y derecho constitucional, en la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali (USC). Profesor de la cátedra: derechos humanos.