Constituyente o Referendo.

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*).

Una Constituyente es indudablemente el procedimiento más importante para reformar el Estado, de fondo. Permite cambiar las instituciones obsoletas, disfuncionales o anacrónicas que, con el paso de los años, por ejemplo, en nuestro caso después de 1991, más de 32 años han servido para decantar qué sirve y qué es inoperante, o, por el contrario, si sufrió una contrarreforma fue deformada la institución y debe someterse a nueva ingeniería constitucional. La transición permite esas apreciaciones. Prefiero un referendo de iniciativa del presidente invitando a votar por unos 6 temas centrales. Los refrendos con más de 15 preguntas son un fracaso. Así ocurrió en el año 2003, los electores ante más de 19 preguntas se enredaron en las urnas y no alcanzaron a digerir toda la temática, y si fuesen capaz de hacerlo, se demoran para contestar entorpeciendo por ende el flujo de ciudadanos que puedan pasar por las mesas de votación. El Referendo de origen presidencial es una reforma constitucional en caliente, ese mismo día en las urnas después del conteo de votos y de haberse comprobado el porcentaje de asistentes que marcaron los tarjetones, queda reformada la Constitución en los aspectos sometidos a votación.

 Considero que la coyuntura o el momento político en este primer trimestre del año 2024 no es el más apropiado para una Asamblea Constituyente porque se puede volver un bumerang y tornarse adverso ya que necesita pasar por el Congreso ante las dos cámaras, luego el control constitucional, después buscar en las urnas esas mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Ley, para que lleguen acercándose a los 14 millones y medio de votantes. Y posteriormente elegir la Asamblea de Constituyente. Son votaciones que las derechas agitarán reviviendo los clanes políticos para preservar los beneficios económicos que ven amenazados. Se moverían como lo han hecho oponiéndose a las reformas sociales, concretamente en el caso de la salud ya vimos la modalidad para truncar.

Jorge Enrique Almario, abogado constitucionalista vallecaucano, me comentó que, una constituyente hoy es la puerta que están esperando las derechas y la ultraderecha para consolidar el modelo neoliberal y articularlo con la corriente globalista que quiere acabar con las últimas funciones sociales que le quedan al Estado para cerrar el ciclo de privatizaciones. La constituyente del 91 fue posible porque por primera vez todas las fuerzas políticas y sociales firmaron un pacto para tener una Constitución incluyente. Todas las anteriores fueron redactadas y aprobadas por las fuerzas que aplastaron a sus oponentes. Hoy no existe ese acuerdo. Lo que significa que la derecha aprovechará para acabar con los restos del estado social de derecho y hacer una Constitución a su medida, como ocurrió en Chile donde la constituyente la ganó al final por los errores, el Pinochetismo. Sería premiar a la oposición que se encuentra sin propuestas, para enarbolar una Constitución sin Gustavo Petro y contra Petro o lo que es lo mismo; sin trabas sociales porque para ellos las reformas son trabas a sus propósitos. El país está polarizado y el progresismo aún cuenta con el apoyo del 35% que eligió al presidente Petro, pero eso no es suficiente para imponer condiciones en una Constituyente. Creo que hay que seguir gobernando apoyado en los instrumentos e instituciones sociales de nuestra Constitución de las cuales surgió el actual Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la ruta y dejar de intentar dar saltos al vacío.

Aprovecharían la oportunidad las derechas, si al coaligarse para sacar un amplio número de Constituyentes, logran la mayoría para reversar lo poco que la jurisprudencia ha logrado en estos 32 años de materialización respecto a los derechos sociales y como se vivió durante los casi dos años de Pandemia (2020 y 2021), donde la salud no funcionó y otros derechos sociales estaban obturados. Se palpó la crisis del neoliberalismo y la urgencia por buscar otro sistema económico que cubra las necesidades de la población. Si en la Constituyente no se logra una cifra suficiente de seguidores del progresismo, llegarían los adversarios a taponar lo que se ha alcanzado. De entrar en el camino de una Constituyente todo el pugilato será electoral, de sumatoria de partidos y fracciones; la medición del pasado octubre de 2023 para renovar alcaldías y gobernaciones (y cuerpos colegiados regionales), demostró que cualquier divisionismo del Pacto Histórico (sin ser un partido formado ni cohesionado todavía), es aprovechado por la coalición de las derechas y los centristas dubitativos.

Las reformas constitucionales del siglo XIX permitían un cambio y transformación del Estado, pero fueron producto cada una de las 8 guerras civiles, donde los vencedores colocaban las condiciones sobre el partido político vencido, porque todas ellas fueron guerras civiles entre los miembros del bipartidismo decimonónico(aunque cada una tenía factores diferentes ,por temas como: la religión, el orden territorial el proteccionismo o librecambismo, la reforma agraria, etc.); o sea fueron cartas de batalla para cobrar el triunfo o hacer las transacciones. Hoy, aunque tenemos la situación de guerra con el ELN que sale y entra del proceso de paz, de otro lado, las disidencias de las FARC y los demás actores descompuestos generan infraguerras, y las bandas criminales no se ha podido con ellas encausar un proceso por los intereses de esos grupos con las rentas criminales. Entonces, no hay un contendor único con quien pactar para hacer la reforma. Y Las derechas no son contendores armados sino contendores que portan intereses económicos y bloquean todo lo que les afecte logrado en otros gobiernos. Están armados de ardides retóricos para trancar las reformas.

Son los partidos políticos y las fracciones que no están en guerra los que obstaculizan las reformas sociales porque son los intereses empresariales de gremios los que se coaligan con jefes de los partidos políticos, para preservar los negocios. El Gobierno mientras encuentra unas nuevas mayorías y enfrenta el bloqueo congresional de los partidos afectados por las expresiones del cambio social, y mientras concibe y realiza un mecanismo de participación que reforme la Constitución, puede avanzar con cambios y ajustes a través de Decretos reglamentarios, e invocando el cumplimiento de la jurisprudencia de las altas cortes sobre los derechos sociales.

Esa Ley estatutaria 134 de 1994, contiene los procedimientos para acudir y dinamizar la Constituyente o el referendo en su modalidad de presidencial (no el otro Referendo activado por la población), por eso creo más viable un Referendo presidencial de solo 6 o de 9 preguntas que produciría la reforma constitucional el mismo día de la votación. La citada Ley en su artículo 33 dice respecto al Referendo Constitucional: “A iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral”.

Se observa que son dos referendos los que pueden reformar la Constitución, uno citado por el presidente de la República y el otro convocado por los ciudadanos en un número no menor al 5% del CENSO ELECTORAL, o sea unas 2.000.000 de firmas (allí está lo más engorroso). El trámite si es parecido a la formación de la Constituyente porque requiere la mayoría en ambas cámaras para construir la ley de convocatoria; y requiere también el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes con un porcentaje parecido del censo electoral. Pero no requiere de una Asamblea especializada o sea La CONSTITUYENTE que, usualmente sesiona al menos 5 meses para llegar a producir la reforma. El otro albur que debe sortearse es la crónica abstención, la gente no sale a votar quedándose la incógnita de por quien habrían votado Si el pugilato electoral en las dos cámaras se logra y en las urnas también, todo termina el mismo día de la votación.

Referendo por iniciativa del presidente.

El Referendo de iniciativa presidencial (artículo 33 de la Ley 134 de 1994), se diferencia del plebiscito en algo sustancial, el plebiscito no reforma la Constitución, solo aprueba una decisión de interés nacional, es una forma de consulta para que el pueblo apoye algo trascendental porque el presidente quiere no equivocarse y tener el respaldo nacional. El plebiscito puede ser vinculante o solo consultivo. El Referendo de iniciativa del presidente si reforma la Constitución y no solo en un aspecto, pueden ser varios, pero nunca toda la Constitución por el tipo de votación con aprobación que deben dar los electores sobre cada tema.

Una Asamblea Constituyente puede abrir a debate todos los temas y puede ocurrir que unas mayorías adversas al cambio logren reformar instituciones que si operan produciendo de esta manera una contrarreforma constitucional que desmonte lo que está bien.

El Congreso durante el trámite de proyecto de Ley que convoque al Referendo no puede cambiar las preguntas ni incluir otras (esto es potestativo del presidente), el Congreso solo actúa sobre las formalidades del trámite para formar la Ley, o sea, actúa para solemnizar y evacuar la Ley, es un acto de control político. La razón o explicación puede ser esta: Si el Congreso es el Constituyente secundario porque reforma la Constitución por medio del Acto Legislativo, actuando conforme al reglamento (Ley 5 de 1992), entonces, ya dentro del referendo de iniciativa del Presidente, la iniciativa para proponer los temas de reforma es solo del titular de la Rama Ejecutiva como depositario de la voluntad popular que, impulsa ese mecanismo de reforma constitucional para que el pueblo vote qué acepta o qué rechaza, controlando el mismo pueblo cualquier exceso reformatorio y refrendando la iniciativa : el pueblo refrenda de esta manera la iniciativa del Presidente o negándola. Se expresa el pueblo en el fondo sobre lo que urge o se necesita.

 La Democracia directa encarnada, no delegada. En otras palabras, si el andamiaje institucional no funciona para tomar una decisión trascendental por contradicciones, oposición mal llevada, o intereses arraigados en varios bandos, se acude a la Democracia directa y pura. El pueblo ese día actúa como Constituyente primario y “reemplaza” transitoriamente al legislador que por dubitaciones o contradicciones no creó la norma necesaria. El pueblo ese día de la votación permite producir los cambios que no se veían o estaban taponados, con la voluntad popular depositada, este mecanismo encarna el verdadero poder de crear o constituir (cambiar la Constitución).

Entonces se trata de una elección refrendataria de participación ampliada sin costos adicionales, el mismo día, para que la ciudadanía reforme la Constitución de manera directa, gradual y expedita; claro, siempre y cuando sea necesario, pero sin el pesaroso trámite del acto legislativo o por medio de una solemne Constituyente. La Asamblea Constituyente seguirá siendo el escenario más importante pero utilizable cuando las reformas sean profundas o totales, no para reformas parciales.

El referendo por iniciativa del presidente es potestativo del jefe del Estado, del Gobierno y la administración, no necesita reunir firmas como en el caso del referendo de origen popular, el presidente puede someter ante la votación popular unos temas que, una vez obtenida la mayoría, se convierten en reforma constitucional, de esta forma consulta al pueblo y obtienen legitimidad sus decisiones. Pero con el referendo presidencial puede reformar la Constitución. Un presidente conectado con el pueblo tiene aquí con el referendo presidencial el mecanismo de participación que convalida sus actuaciones y coloca al pueblo como verdadero constituyente primario, a decidir los cambios institucionales sin la mediación de sus delegados (los congresistas) que a veces de manera torticera desvían la voluntad popular, la entraban, la obstaculizan para obtener beneficios con las castas, gremios, o empresarios que los financian.

Un riesgo o peligro para el presidente puede ocurrir durante el trámite de formación de la Ley que convoque el referendo, el Congreso no lo aprueba y lo archiva. Allí se estanca el proceso. Otro riesgo, que se abra el debate para agregar preguntas propuestas por congresistas adversos al Gobierno con el pretexto del principio constitucional de la formación de las leyes (artículos 154 y 160 de la Constitución), o el principio de iniciativa legislativa, como podría entenderse leyendo el artículo 2 de la ley 134 del 1994; así lo expone el ex Magistrado Jaime Araújo Rentería, en su libro “El referendo en Colombia”. El error de 1991 fue colocar al Congreso a convertir en Ley la convocatoria de la Constituyente y del Referendo, porque el Congreso es constituyente secundario y el pueblo es el constituyente primario; luego no debe supeditarse al pueblo a que sus delegados conviertan en votaciones y forcejeos de coyuntura con intereses cerrados para que le autorice expresarse en las urnas porque politizan la intención de las reformas a fondo. Es decir, permite ese requisito bloquear la prístina voluntad popular.

Solo dos referendos reforman la Constitución, el de origen popular y el de iniciativa del presidente. Pero hay otras tres formas de referendo (municipal, departamental y nacional), que aquí no interesan. Son en realidad 5 clases de Referendo los que tiene Colombia. Estos otros tres, el municipal, el departamental y el nacional, solo aprueban o desaprueban, Acuerdos de los Concejos Municipales, ordenanzas de las Asambleas Depárteteles, o las leyes.

 La Ley 134 de 1994 concibió que cualquier mecanismo de participación, de los establecidos en el artículo 103 no se pudieran realizar un día de elecciones normales, es decir no podrían coincidir con ninguna otra jornada electoral. Esto truncó la participación ciudadana por los costos de logística y porque la apatía y la falta de promoción de los partidos políticos no dejaron levantar el ánimo de los ciudadanos no partidistas, sobre los abstencionistas, todos sabemos que la incógnita sobre esa conducta sigue propiciando columnas de prensa, malestares y deja atónitos a los ciudadanos consientes que no comprenden como los abstencionistas resultan beneficiando a los que no quieren los cambios sociales.

(*) Especialización en derecho constitucional, Universidad Libre; magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; Ph.D en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España. Ha sido profesor de las asignaturas: derecho internacional, ciencia política, derecho constitucional y derechos humanos, Facultad de Derecho, Universidad Libre (Seccional Cali).

 

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Relación entre tierras y guerras

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

Con una revisión retrospectiva de lo que es hoy Colombia, puedo decir que nos interrumpieron todo. Nos interrumpieron la etapa precolombina, a las comunidades indígenas abruptamente con la llegada de los españoles les impusieron el régimen feudal, y no había terminado su implantación, cuando comenzaron a implantar un modo de producción esclavista superpuesto o injertado a la fuerza con la traída de africanos capturados brutalmente. Nos dominaron trescientos diez años y cuando logramos  la guerra de independencia, apenas avanzábamos en medio de la construcción del Estado-Nación, la economía colonial seguía operando en la vida cotidiana, con sus lastres hasta mil ochocientos cincuenta y cuatro, más o menos, de ello trató de desprenderse  José María Melo, combatido por todos los que se desembozaron con intereses sobre la concentración de la tierra y el mantenimiento de privilegios, prohijando el retroceso hacia las prácticas de la economía colonial.

La implantación del esclavismo durante toda la dominación colonial fue un retroceso, un anacronismo, al traer a los africanos a la fuerza y revivir lo que se había superado en Europa con la caída del Imperio Romano. Podemos ver que hoy siguen las prácticas del feudalismo; digamos, superpuesto al desarrollo capitalista, y rasgos del esclavismo continúan, no ya con la forma de dominación romana, ni con la forma brutal de dominación española, aquí abusiva hasta mil ochocientos cincuenta y uno, sino manteniendo a las personas en estado de postración; a los peones, a las empleadas del servicio, a todos los campesinos , hasta la trata de mujeres dentro de la prostitución, un esclavismo de la criminalidad neoliberal y desechando a la población de indigentes fruto del desempleo y del desplazamiento acumulado  en tantos períodos de guerras o violencias imbricadas.  Entonces, un país que tiene todos esos lastres y esas pegas de modos de producción superados en otras partes, por fuera de todas esas aberraciones: amarran la tierra, nunca hicieron la reforma agraria en serio, pues es un país que no tiene como despegar si no se hacen reformas estructurales.

El Estado republicano surgido de la guerra de independencia, dirigido desde el siglo XIX por los criollos descendientes de españoles, caudillos agrarios, terratenientes y mestizos blanqueados, convertidos en élites de los partidos políticos y encostrados en ellos, sostuvieron las relaciones de poder afianzados en terratenientes, grandes comerciantes, exportadores y el sector bancario. Excepto los primeros gobiernos liberales del Olimpo Radical 1863- 1878 (antes de la ruptura con Rafael Núñez (1878/1885), porque fueron  desde Tomás Cipriano De Mosquera, Murillo Toro, Santiago Pérez, Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar, Aquileo Parra, transformadores y alimentados por el socialismo utópico europeo, y luego, en medio de la conservatización de algunos liberales radicales, solo las posiciones progresistas de Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera; los demás gobiernos se conservatizaron o fundieron en las alianzas de La Regeneración  desde 1886 y más adelante del Republicanismo (1905/1930), como bipartidismo en el poder, o sea se desideologizaron los dos partidos políticos, tempranamente.

Podría resumirse en siete puntos el problema de la concentración de la tierra. Más un colofón.1). La tierra quitada a los indígenas por conquistadores y encomenderos luego fue acaparada por los criollos después de la guerra de independencia. 2) Ya establecidos los gobiernos republicanos desde 1821 no se ha dado una reforma agraria que flexibilice la tenencia de las tierras. 3). En todos los conflictos del siglo XIX, en el siglo XX y lo que va del XXI, el despojo ha sido la constante y el robo de los baldíos. 4). Los campesinos siempre son instrumentalizados llevándolos de diferentes maneras a reclutarlos, conscribirlos o utilizarlos en la lucha armada por todos los actores armados: ejército nacional (fuerzas armadas), guerrillas, autodefensas, paramilitares, etc. 5). El clasismo y el racismo contra los cuatro sectores aherrojados y victimas de las violencias y guerras (indígenas, negros, campesinos y pobres irredentos), en todos los sectores existen pobres o son pobres que viven de la subsistencia en el campo y las ciudades. 7). Las élites gubernamentales y los partidos políticos, nutridos por gente de la clase media y miembros de la clase alta que usan a los advenedizos de las clases medias, conforman élites aferradas al Estado construyendo un Estado de Derecho que se torna inmodificable para los que pretenden hacer los cambios sociales, en las localidades o desde el Estado central. Ese Estado de Derecho tejido para la dominación se vuelve una barrera indesmontable, confusa y llena de ardides jurídicos para no ser reformado.

 Reproducir las guerras o prolongar los conflictos le sirve a la clase dirigente para mantenerse en el poder y continuar la disminución de los de abajo arrastrándolos a las batallas o variadas formas violentas de confrontación, estiran las guerras para ofrecer seguridad, o sea hacen política ofreciendo que van a terminar la guerra. Colofón. La guerra/invasión en Ucrania y la guerra/invasión en Gaza, en medio de la   indefinición, nadie atina a decir cuando terminaran, porque parecen guerras de nunca acabar, esto aumenta el peligro de desorden mundial porque toda en Europa, los organismos internacionales y las potencias están en un tira y afloje que puede llevar al desencadenamiento de la conflagración mundial.

Llegando a lo macro, a lo general. La tierra bajo linderos geográficos de un País, da la nacionalidad, y despierta el patriotismo y con pulsiones y pasiones desemboca en el nacionalismo y en el populismo de derecha. Las guerras entre países se presentan por variadas causas, la más frecuente, por anexiones de territorios con intereses geopolíticos. Balzac escribió: donde hay tierras hay guerras. Las luchas agrarias se dan por reclamaciones de tierras. Durante estos 222 años de vida republicana las reyertas y guerras civiles del siglo XIX con diferentes causas, el componente constante era la tierra (los otros factores eran religiosos, partidistas, económicos o buscando un nuevo modelo de administración, federal o centralista). Las reformas agrarias a medias o mezquinas no han cedido con holgura la tierra concentrada por terratenientes. Los baldíos, tierras de la Nación o de todos, fueron mal repartidos o se los robaron con fraudes y siguen haciéndolo. Lo mismo sucedió con un cúmulo de fraudes e imposturas con los ejidos municipales. Muchos piensan que no tener una propiedad hace sentir miserable al ciudadano.

La reforma agraria del Acuerdo logrado en La Habana lo truncó el gobierno de Iván Duque, impidiendo la implementación, y se desataron otras violencias. Los judíos sionistas (no todos) no dejan prosperar el arreglo con la aplicación de los dos Estados, solo quieren el Estado judío y limpiar los terrenos masacrando para impulsar el éxodo total. Desde 1948 los Colonos han despojado de tierras a los palestinos de Cisjordania. Y a los de Gaza desde el 2007 los redujeron a una prisión a cielo abierto. Ahora les demolieron a bombazos las viviendas. Allí está el apego, por la identidad que genera el nacimiento y crecimiento en ese territorio. Esto explica el nacionalismo y la violencia para defender la tierra de origen, llevando a la Xenofobia. Desde 1948 las variadas violencias imbricadas en Colombia se han desenvuelto quitándole tierras a los indefensos. Podría concretarse la reflexión por la inescindible relación: tierra y vivienda.

 Y para los especuladores por el comercio de finca raíz, y otros usando la política y el poder local, con el volteo de tierras (volviendo tierras rurales en áreas de perímetro urbano con los acuerdos municipales, POTs) para nuevas parcelaciones, etc. Un interrogante sobre el apego a la tierra que, puede tener varias respuestas, temo quedarme corto. La tierra para todos significa lo más anhelado. El mismo Estado sin territorio no es Estado (eso le sucede a los Palestinos y a los Kurdos, para citar 2 casos).

 El Acuerdo de La Habana está pendiente, aunque fuese en el punto número uno, sobre la reforma agraria, sobre el reparto de tierras, ni siquiera quitándosela a los terratenientes, sino producto de la expropiación al narcotráfico y de entrega de tierras sin utilidad que ha habido. Ni siquiera esto lo han dejado hacer sin aspavientos y las pocas tierras que le quedan al Estado, que son los baldíos, también se apropiaron de ellas en la alta llanura, como lo explicó el senador Wilson Arias en su libro Cómo re roban la tierra en Colombia, las agroempresas captando baldíos que son vendidos a menos precio en notarías por el despojo de campesinos que han sufrido las violencias.

Colombia está en un déficit institucional enorme y la ampliación de la democracia es necesaria con una Asamblea Constituyente (artículo 376) o mejor con un referéndum presidencial (artículo 378), porque la Democracia imperfecta que tenemos, o la que nos queda, está siendo golpeada por el manejo corporativo de las instituciones cooptadas en los últimos 20 años y la captación de las instituciones en un solo partido político, o una coalición de partidos de la derecha.

El análisis del novelista Fernando Cruz Kronfly, titulado “Reflexiones sobre la violencia y la guerra en la especie primate humana”, me condujo a elaborar unas reflexiones sobre la guerra que incluí en una columna sobre el genocidio en Gaza; posteriormente elaboré la columna sobre los Paralelismos entre Colombia e Israel en 75 años de violencias y realizamos un cruce de mensajes sobre el apego de la gente y los pueblos por la tierra, y su relación con las guerras. De esta manera presento ante los lectores estas opiniones condensando algunos mensajes del analista y catedrático Cruz Kronfly, a quien considero, de altísima formación académica.

“Estoy de acuerdo, la herida común es la tierra perdida. Siempre me he preguntado una cosa que no tengo clara: ¿Qué tiene la tierra? Recuerdo un capítulo en un libro de Heidegger que así se llama: la tierra. El punto es que, a modo de ejemplo, el pueblo judío peregrinó en busca de la tierra que Dios les prometió. Y me pregunto: por qué razón un pueblo partió por el desierto en busca de esa tierra prometida. ¿Qué tiene la tierra de poderoso? Me pregunto. No sé si he logrado transmitir la profundidad antropológica de esta inquietud. Apreciado Alberto, pienso que esto de la tierra para los seres humanos es, en principio, por donde lo estas planteando. Y no tengo mucho que agregar. Solo lo siguiente, muy breve.1. Los seres humanos heredamos de la territorialidad animal mucho más de lo que imaginamos. Se trata de algo muy arcaico, que en el mundo humano se traduce de un modo que oculta y enmascara ese origen animal.2. Este enmascaramiento se expresa, entre otras cosas, como apego a la tierra del nacimiento”.

 “Pero también como un componente de la identidad psíquica, pues el origen de lugar de nacimiento se vuelve identidad Pienso que el enigma del origen es tema de la mitología de todos los pueblos. Los mitos son relatos del origen y orden del mundo. Y los pueblos no son nada y no saben bien identitariamente quienes son, si tienen en discusión su origen terrenal. Son hipótesis nada más. Y es por el tema de la identidad psíquica terrenal colectiva que los pueblos se hacen matar. Y surgen las naciones que necesitan tierra, y origen. Esto se puede trasladar al regionalismo, nacionalismo, en fin.  Tiene que ser un asunto psíquico muy profundo lo que hace que un pueblo se haga matar. Claro, es patriotismo, que a mi modo de ver es la oscuridad del mito del origen. No por nada los pueblos ancestrales identifican la tierra con la madre. El origen absoluto de los seres humanos. Pienso mucho en todo esto con lo de Ucrania y Gaza. Mis abuelos maternos, que eran sirios, murieron casi de tristeza por el éxodo que les tocó vivir. Y se aferraron a su lengua árabe y a la culinaria árabe, y entrar a esas casas eran como entrar a una tierra perdida”. (Cruz Kronfly, 2024).

(*) Especialización en derecho constitucional, Universidad Libre; magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España. Ha sido profesor de las asignaturas: derecho internacional, ciencia política y derechos humanos, Facultad de Derecho, Universidad Libre (Seccional Cali).

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Colombia ante los compromisos adquiridos en la COP-15 de cara a la COP-16

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

Desde la COP 15, cumbre sobre la biodiversidad, realizada en Montreal-Canadá al final del año 2022 donde se establecieron 23 metas a cumplir hasta el año 2030, muy pocas expertos y ambientalistas se han dado a la tarea de desglosar esas 23 metas y sus compromisos de cara a la COP 16 que se realizará en Colombia, país que reemplazó a Turquía, siendo Cali la ciudad sede. Y sobre todo a evaluar en el caso nuestro, el Valle del Cauca, cuales metas son encajables y deben estar en marcha para hacer la valoración respectiva, proporcional al tiempo trascurrido, y cuales deben entrar a los Planes Municipales de Desarrollo, empezando el año 2024 y a los PAC o Planes de Acción Cuatrienal de las Corporaciones Autónomas que empiezan período de cuatro años, porque cuando terminen en el año 2027 solo restaran dos años largos para cumplir la totalidad de los aspectos fijados en estos convenios o tratados de carácter internacional.

Entre las metas aprobadas en la COP-15 podemos mencionar las siguientes. Enfrentar la pérdida de biodiversidad, restablecer o recuperar los ecosistemas y amparar los derechos de los Pueblos Nativos; evitar al máximo la pérdida de la naturaleza, proteger el 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados, este es el famoso 30 por 30 para el 2030. Tiene la COP-15 4 objetivos globales, 1). frenar la liquidación que los mismos humanos hacen de las especies en riesgo de extinción, por ejemplo, las abejas afectadas por plaguicidas,2). Utilizar la diversidad biológica de manera sostenible y valorar bioéticamente la naturaleza,3). compartir de manera justa los recursos genéticos, y 4). los países del Norte global facilitaran los medios adecuados para la implementación; ejecutar acciones de justicia climática facilitando que los flujos financieros internacionales procedentes de los países desarrollados vayan hacia los países en desarrollo.

Si vamos a hablar de biodiversidad primero que todo debemos definirla y luego, para determinar qué tenemos, o conservamos, hay que conocer los factores de pérdida, las causas que originan la disminución de la biodiversidad, los correctivos que se aplican y lo que se ha dejado de hacer. La biodiversidad es la que nos provee de recursos para el aprovisionamiento. Como se ha afirmado, en un ecosistema cada especie cumple un papel importante para su conservación, algunas trabajan en la dispersión de semillas, otros en la polinización y otros en la descomposición. El concepto de biodiversidad fue creado en 1985, resultado del Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson, lo propuso, un entomólogo de la Universidad de Harvard. La biodiversidad comprende a todos los organismos vivos de la naturaleza entre animales, plantas y microorganismos. El diccionario de la RAE es muy concreto: Biodiversidad es la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente.

 El Instituto de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, hizo una investigación sobre la legislación colombiana referente a la biodiversidad, se publicó por LEGIS en 1999, con la compilación de María del Pilar Pardo, encontrando 99 decretos y algunas leyes en esta materia, pero la dispersión de las mismas las invisibiliza y las torna inaplicables por la anomia de autoridades y población, la falta de destreza de los operadores jurídicos y el incumplimiento normativo generalizado. En ese libro titulado “Biodiversidad, análisis normativo y de competencias para Colombia”, se dijo que, la biodiversidad es el fundamento de nuestra vida cotidiana y esencial para el desarrollo de un país como Colombia, pues la supervivencia del ser humano y de otras especies depende de ella. Colombia tiene una extensión continental de 114.174.800 millones de hectáreas que representan aproximadamente el 0.7% de la superficie continental global, y en donde se encuentran el 10% de la biodiversidad mundial. Esto convierte a nuestro país en megadiverso.

 En México la Comisión Nacional para el conocimiento adoptó esta definición: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida, incluye a los ecosistemas de los cuales forman parte las especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. La Ley 165 de 1994 que incorporó el Convenio sobre diversidad biológica firmado en Río de Janeiro en 1992, expresa que se entiende con este concepto, “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

“La biodiversidad es importante porque constituye el sostén de una gran variedad de servicios ambientales de los cuales han dependido las sociedades humanas; por ejemplo, proporciona bienes para las necesidades fundamentales: alimentación, tejidos, medicinas, alojamiento y combustible. Cuando se pierde algún elemento de la biodiversidad los ecosistemas pierden capacidad de recuperación y los servicios que prestan se ven amenazados. Los entornos o medios acuáticos más homogéneos y menos variados suelen ser más susceptibles a las presiones externas repentinas, como las enfermedades y las condiciones climáticas externas”. (Andrade, 2011).

Dentro del número 137 de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, publicada en octubre del año 2011, en un ensayo sobre el conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas, el investigador Gonzalo Andrade, hizo una relación de las causas que afectan la biodiversidad, disminuyéndola o destruyéndola. Sobre esta relación he tratado de ajustarla y ampliarla, por observación e informaciones variadas.

En Colombia, hay diferentes causas directas e indirectas que influyen en la pérdida de biodiversidad y en algunos casos hacen que esta pérdida sea irreversible. Entre las causas directas, tenemos: 1). políticas de estímulo a la ocupación y uso del territorio, 2). la transformación de hábitats y ecosistemas naturales, sin regulación ni control, 3).la sobreexplotación, 4). la fragmentación de las poblaciones, 5). la deforestación, 6). el consumo de leña, 7). los incendios, 8).la actividad agrícola intensa y sin orientación de las UMATAS, 9). el cambio climático, 10). la contaminación, 11). la introducción de especies, 12). la pesca comercial sin control, 13). la urbanización, 14) las parcelaciones descontroladas en zonas suburbanas y rurales, 15). la minería, 16). la destrucción de humedales, 17). La alteración de las zonas de páramo, 18). la erosión, 19). los desastres naturales, 20). las cosechas indiscriminadas, 21) el sobre uso de los suelos dentro del monocultivo. Y como causas indirectas: 22). el desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad, 23). la débil capacidad institucional (falta de gobernanza ambiental), para reducir el impacto de las actividades que generan pérdida de biodiversidad; descoordinación de Ministerios e Institutos afines y disfuncionalidad del SINA 24). la expansión de la frontera agropecuaria, 25). la baja presencia del Estado en las zonas de alta biodiversidad, 26). el surgimiento y consolidación de los cultivos ilícitos,27). los problemas del orden público, 28). conflictos armados, 29). comercio internacional de pieles, 30). la colonización, 31). el desarrollo de proyectos de infraestructura irrespetando ecosistemas y comunidades. 32). Ganadería extensiva, pastoreo y tala para ampliar pastizales. 33). Falta de acciones para proteger a las especies amenazadas y referenciadas por las mismas autoridades municipales. 34). Falta de creación, definición y delimitación de áreas protegidas dentro del ente territorial que comprenda esa zona y hacer respetar las áreas protegidas constituidas.

De estas 34 causas determinadas que ocasionan pérdida de la biodiversidad, 16 de ellas ,más de la mitad se registran en el Valle del Cauca, se pueden señalar los numerales 2, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 y 34. De estas 16 causas, las más preocupantes y que llevan años sin poderse ejercer autoridad ambiental para evitar su continuidad son, la deforestación, los incendios, el cambio climático, la urbanización, las parcelaciones descontroladas en zonas suburbanas y rurales, la minería, la destrucción de humedales, la erosión, los desastres naturales, el sobre uso de los suelos dentro del monocultivo, el desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad, la expansión de la frontera agropecuaria, el surgimiento y consolidación de los cultivos ilícitos, los problemas del orden público, la falta de creación, definición y delimitación de áreas protegidas dentro del ente territorial que comprenda esa zona y hacer respetar las áreas protegidas constituidas. Pero del total de las 16 podemos inferir y comprender que la pérdida de biodiversidad ha sido muy significativa.

Los incendios ocasionados a veces por falta de políticas de previsión y reducción colocan en riesgo a cientos de especies de animales y plantas, y a las comunidades que viven en estos ecosistemas. La biodiversidad de los suelos en términos de microorganismos, de invertebrados, hongos y demás se ve afectada por los incendios. Es el suelo, con sus organismos, quienes hacen posible la vida. Queda en peligro la biodiversidad y provoca la pérdida de miles de hectáreas de bosques, que acaban calcinadas. Los incendios también aumentan los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y, de rebote, agravando los efectos del cambio climático.

La minería ilegal en Colombia una grave amenaza para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad que se pierde, la alta deforestación y la salud de los colombianos. Origina la degradación del territorio y la contaminación por mercurio es letal para la salud porque el destilamiento llega a los acueductos, en sus plantas de tratamiento no alcanzan a depurar lo impactado. Se crea un dilema entre líderes municipales porque ellos trabajan para ordenar el territorio, pero desde altas oficinas en Bogotá y en las CAR no se da la articulación entre la planeación del suelo de los municipios contra la planeación del subsuelo desde las esferas bogotanas con la consecuente entrega de títulos mineros y de licencias ambientales que impactan y destruyen ecosistemas y biodiversidad. Los ecosistemas quedan en un estado de transformación tan grave que difícilmente pueden recuperar la estructura y funciones ecosistémicas que estos territorios tenían.

En el Valle del Cauca las zonas alteradas por la minería ilegal se encuentran en: La cuenca del río Pance (el Otoño), en la Leonera y Pichende; en cerca de 96.000 hectáreas, de las 894.298 que conforman el territorio del Valle, han existido títulos que autorizaron la explotación minera. Lo afirmó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAG, mediante estudios realizados hace pocos años sobre el uso del suelo colombiano. Esos títulos fueron en su momento otorgados por INGEOMINAS. Otros municipios del Valle donde surgieron minas ilegales fueron, Ginebra, Guacarí y Buenaventura, la extracción es de oro, recordemos la destrucción del Zaragoza. En otros, carbón, como Cali, Jamundí y Yumbo. Las minas de El Socorro en Los Farallones durante 12 años se registró una minería intensiva que las alcaldías no pudieron erradicar. Era necesario contrarrestar la contaminación con mercurio en los cinco ríos de Cali que allí discurren. Las zonas más impactadas eran San Pablo y La Candelaria (Farallones); hasta que el Ministerio del Medio ambiente con la dirección de la Ministra Susana Mohamad logró un operativo eficaz.

La extensión de cultivos ilícitos en el campo colombiano genera migración de la fauna y flora de los bosques, pérdida de suelos y aumento de la erosión. La cocaína produce vertimientos derivados de residuos, sustancias químicas que afectan los suelos y el agua. El daño gravísimo a los Parques Nacionales Naturales, 17 de las 59 áreas del sistema de parques nacionales, es impactado por la deforestación que incide en el cambio climático, al convertirse en fuente de gases efecto invernadero del país. Se asegura que en el año 2017 se emitieron 141 millones de toneladas de Gases Efecto Invernadero por esta deforestación. La cocaína genera vertimientos derivados de residuos, sustancias químicas que afectan los suelos y el agua.

Afortunadamente el Valle del Cauca tiene un número significativo de áreas protegidas, 40 áreas protegidas públicas; 189 reservas naturales de la sociedad civil; 9 áreas de conservación indígena; 3 reservas naturales especiales de comunidades negras y el 51% de los páramos están protegidos, pero falta completar la tarea. Son prácticamente 642.591 hectáreas protegidas en el Valle del Cauca, uno de los Departamento con mayores zonas protegidas. En los últimos 23 años han acrecido las áreas protegidas, así lo hemos visto con la conservación de los páramos de Las Domínguez y Pan de Azúcar; con el área protegida regional en la Reserva municipal de Rio Bravo; la restauración y educación en el Distrito Regional de Manejo Integrado RUT; el Sistema Municipal de Áreas Protegidas del municipio de Toro;​ área protegida en el embalse de Guacas. Municipio de Bolívar; el enclave subxerofítico de Dagua como área de manejo especial. Algunos obstáculos se presentan para formalizar un área protegida, por ejemplo, lo registrado en la cuenca media del río Calima, un área h considerada importantes por su gran biodiversidad, pero tiene enormes amenazas por la minería, la manipulación de hidrocarburos, los cultivos ilícitos y las prácticas inapropiadas del uso del suelo.

Si no se ponen en marcha políticas administrativas encaminadas a la adecuación del cambio climático, la biodiversidad seguirá sufriendo enormes impactos. Si el calentamiento llega a 2 grados, significaría que los hábitats de las especies podrían verse gravemente disminuidos y, por ende, todos los ecosistemas y la vida en ellos. Ya estamos sintiendo el calentamiento global desde el año 2023 con más notoriedad. De sobrepasar los dos grados como se advirtió en la COP de París 2015, entonces, el 47% de las especies de insectos, el 26% de los vertebrados y el 16% de las plantas podrían perder al menos la mitad de sus áreas geográficas. Llegaríamos a tener menos polinizadores, lo que significa una marca negativa en la producción de alimentos. Todo esto afecta al bienestar humano y a un medioambiente sano.

En el seno del Consejo Directivo de la CVC he propuesto con énfasis, entre otros temas, proteger los suelos y recuperar las fajas laterales de los ríos, defender a las abejas y contribuir en serio con la gestión del riesgo. Los tres asuntos encajan en el Plan nacional de Desarrollo y en las metas de la COP-15, de cara a la COP-16 acendrar las intervenciones. Lo afirme en otro escrito, si el suelo es un ecosistema nacional gobernado por los entes territoriales en su jurisdicción, y las CARs tienen a cargo los suelos como recurso natural renovable, cómo no sincronizan lo más importante. La población crece y por ende la alimentación. Conservar los suelos es lo prioritario para sostener el ritmo de la producción de alimentos. Para recuperar los suelos del Valle primero que lo terratenientes y la agroindustria devuelvan las fajas laterales de los ríos invadidas por la caña. Como se sabe por toda la información difundida sobre las abejas, la polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de frutas. El intercambio de polen entre las flores tiene el objetivo de la reproducción, es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Y si los incendios y los desastres acaban los suelos y toda la biodiversidad que contienen, que la CAR se integre al sistema nación del riesgo, donde pertenece por ley.

(*) El autor de esta columna es miembro del Consejo Directivo de la CVC en representación del presidente de la República, desde octubre del año 2023. Fue Procurador Ambiental del Valle; fue jefe departamental de la Gestión del Riesgo en el Valle, como miembro del Gabinete Departamental en el año 2015. Y autor del libro “Aguas y derechos”.

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Paralelismos entre Israel y Colombia: Guerras y violencia (1948 / 2024).

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

In memoriam de José Alberto Tejada, quien habría aceptado este análisis.

Tanto Colombia como Israel llevan los mismos años desde 1948, en una espiral de violencia sin parar, 75 años, solo con interregnos breves de reposo, pero recrudece en cada uno de ellos la violencia entre el Estado y los actores armados, afectando la convivencia nacional, la vida laboral, la producción, la economía, e irrespetándose todos los derechos humanos que, precisamente fueron ampliados y declarados universalmente por la ONU en diciembre de 1948, para ampliar los derechos declarados desde la Revolución Francesa en 1789. Otra paradoja, en 1948 se formó la OEA, dentro de una reunión americana realizada en Bogotá, el mismo mes del crimen de Jorge Eliécer Gaitán, quien no había sido invitado de manera mezquina por el gobierno que él criticaba ante la violencia desatada contra sus seguidores. Un organismo multilateral continental como la OEA creado como un símil de la ONU de carácter mundial que había nacido en 1945 para redefinir el orden internacional quebrado por la segunda gran guerra 1939/ 1945.

En 1948 se produce la primera guerra entre Judíos y palestinos para declararse Israel Estado único desconociendo la decisión de la ONU de noviembre 1947cuando la Asamblea General de ese organismo expidió la Resolución 181 autorizando el traslado a Palestina de los judíos esparcidos y desperdigados en Europa como víctimas de varias persecuciones y sus antepasado lo sufrieron en los progromos, y en esa coyuntura de postguerra, ante el holocausto ejecutado por el nazismo alemán que exterminó a casi 6.000.000 de ellos y aplicó la solución final en los campos de concentración. En 1948 asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal de tendencia socialista que había perdido la presidencia en 1946 por la división del pardito político al que regresó después de tener su propio movimiento político, UNIR. Desde 1947 había arreciado la violencia conservadora de estirpe fascista, alentada por Laureano Gómez, contra el gaitanismo eliminando a sus seguidores en los campos de Colombia.

En el siglo XX después de 1930 se registra en Colombia la llamada República Liberal( 1930/1945),con la oposición conservadora buscando regresar al poder, entonces alentaron el fascismo criollo(1946 / 1948) durante el gobierno de Ospina Pérez, que desembocó en la violencia bipartidista desde 1948 hasta 1958, a la postre fue un desbordamiento de la violencia no solo con V mayúscula, como se decía, sino una guerra civil instrumentalizada por las élites de los dos partidos políticos , siendo las principales víctimas los campesinos animados por las ideas partidistas de los rojos y azules, e instados a pelear en ambas corrientes. Fueron 10 años donde ingentes grupos del campesinado se eliminaron mutuamente por sentimientos banderizos. Luego de firmado el pacto del Frente Nacional para repartirse el poder el bipartidismo, por alternación obligatoria y compartirlo entre 1958/ 1974; el bandolerismo no dio lugar a un posconflicto en la sociedad colombiana; desde 1964 después de los bombardeos a Marquetalia, Villarica, El Pato, Guayabero y Riochiquito, se encadena otra violencia, la guerrillera insurreccional con el nacimiento de las FARC (1964) y siguió hasta el 2016. También aparecieron en los años 60s las formaciones políticas alternativas disgustadas con ese pacto de convivencia entre liberales y conservadores (La ANAPO, el MRL y el Frente Unido), e irrumpió una oposición extraparlamentaria armada, la guerrilla de las FARC y luego el ELN, ambas en 1964. Surgen dentro de la teoría castrista cubana y las influencias china o la soviética, como revoluciones sociales.

“Se ha debatido mucho acerca de cuán violenta es la trayectoria colombiana y sobre cuándo comenzó nuestro conflicto armado. Cada estudioso tiene seguramente su propia periodización predilecta. Pero aquello sobre lo que hay pocas dudas razonables es que los colombianos nos hemos estado matando por motivos relacionados con la política al menos desde finales de la década de 1940”. (Gutiérrez Sanín, 2020).

Con los años se desconfiguran las guerrillas por muchos factores, hasta el punto de que el proceso de Paz Santista concluido en el año 2016 permitió ver que el enfrentamiento del Estado y las FARC, de 53 años, dejó de ser una guerra revolucionaria o insurreccional, y se convirtió en una larga guerra civil, con la carne de cañón de campesinos como soldados y campesinos como guerrilleros. Período plagado de despojos de tierras y congelamiento de la reforma agraria porque las reformas de las leyes 135 de 1961 y la Ley 160 de 1994, no dieron frutos para la flexibilización de la tenencia de tierras.

75 años que revisados históricamente podemos hacer unas comparaciones o paralelismos y encontraremos 7 guerras en Israel, dos intifadas, dos fases brutales y una lucha recurrente con enfrentamientos violentos por la tierra. Y en Colombia dentro de este mismo período encontramos esas dos guerras civiles mencionadas. Más la etapa denominada bandolerismo (los guerrilleros liberales se enfrentaron con el ejército institucional del bipartidismo entre 1958 y 1964); luego varias guerras regionales, interciclos violentos, una serie de violencias como infraguerras sectoriales auspiciadas por las mafias de la marihuana, el conflicto con los esmeralderos, la guerra contra las mafias y el narcotráfico; las autodefensas promovidas por enclaves económicos, luego el  paramilitarismo y su variables; las disidencias de las desmovilizadas FARC, más la guerrilla supérstite del ELN y las bandas multicrimen, etc. El 80% de estos enfrentamientos violentos y despojos también tienen que ver con la tierra quitada, despojada y robada.

Desde 1982 las violencias en Colombia han mutado más y, no se ha podido lograr la Paz verdadera y estable por las actividades de enriquecimiento ilícito que propicia el narcotráfico. Colombia en el siglo XX podría decirse, con margen de error que tuvo 6 períodos de guerras visibles con posconflictos interrumpidos, y son diferenciables claramente con su correspondiente conflicto interno, y por los pactos que marcan el límite o el mojón de separación con otro período; pactos con tregua, amnistías, armisticios, reformas constitucionales y reformas estatales. La Paz del Frente Nacional que debió durar 16 años no se logró sino para los convivialistas. En medio de esos últimos años postfrentenacional aparecieron otras guerrillas y se imbricaron varias formas de violencia. Y Otros tres micro períodos de conflicto interno entrelazados, pero diferenciables, se quedan también sin etapa de posconflictos: A). los pactos de Belisario Betancourt con las FARC que dieron origen a un partido político, la Unión patriótica (UP) en 1986, B). luego de los acuerdos de La Uribe (Meta), el bombardeo a Casa Verde, y el movimiento por la constituyente (1990), y la desmovilización del M-19, el PRT, el EPL y el Quintin Lame, se suponía que la expedición de la Constitución de 1991 conllevaba a una etapa de transición institucional con posconflicto, el pacto contractual fue la expedición de la constitución que derogó la de 1886, pero la NO desmovilización del ELN y de las FARC interrumpieron esta etapa, hasta hoy. C). Ya en el siglo XXI el proceso de dialogo desde Ralito (año 2005) fue llevado a cabo por el gobierno de Uribe Vélez con los paramilitares que posaban de autodefensas y pretendieron convertirse en actores políticos; se hizo bajo una especie de parafernalia con el marco jurídico de la llamada Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del año 2005,donde algunos mafiosos se disfrazaron de paramilitares para evitar la extradición, pero este proceso no tuvo posconflicto real pues la sociedad colombiana seguía envuelta en otras violencias, nunca se desmovilizaron todos y hubo desmovilizaciones teatrales. D). Los arreglos o transacciones con los grupos armados han sido interrumpidos por otras violencias de actores armados o la reproducción y copamiento de espacios territoriales de los actores transformados, con otros nombres y razones, entonces la obtención de una paz imperfecta o parcial, en uno u otro momento, no ha permitido la paz total en Colombia. Y los postconflictos han sido interrumpidos. (Ramos Garbiras , 2014).

La diferencia que salta a la vista es esta. Las guerras en Israel se dan básicamente entre dos grupos étnicos: judíos contra Palestinos, inmiscuyéndose los países vecinos que han apoyado a los palestinos, entre ellos: Líbano, Siria, Egipto, Jordania e Irak. Desde un comienzo (1948) casi todos los observadores internacionales han expuesto que la solución está en el reconocimiento de los 2 Estados.  En Colombia ha sido más compleja la situación. Las guerras del siglo XX y XXI en Colombia se han dado afectando a cuatro sectores sociales: Los campesinos, los pobres, los indígenas y los negros (sectores vapuleados y ninguneados por el clasismo y el racismo combinados). Las repercusiones con los países fronterizos se han dado con Venezuela, Ecuador y Panamá, por la alteración de las fronteras, el paso de tropas y el tráfico de estupefacientes.

Las siete guerras de Israel y los palestinos son: 1). 1948 /1949, primera guerra árabe-israelí. 2). 1956, la guerra por el Canal de Suez. 3). 1967, la guerra de los 6 días. 4).1973, la guerra del Yom Kipur. 5). 1982/ 1983, la guerra del Líbano. 6). Año 2006, la segunda guerra del Líbano. 7). octubre 7 del año 2023, ataque terrorista a los Kibutz (granjas agrícolas) por ocupaciones abusivas de Israel, y la respuesta con terrorismo de Estado de Israel como venganza insaciable. Las dos intifadas o rebeliones de la población civil palestina en los años (1987 hasta 1993), y la otra Intifada entre los años 2000 hasta el 2005. Más los otros 3 conflictos dramáticos también en Gaza, uno en el año 2008/ 2009, la operación Pilar Defensivo (2012) y el conflicto de la flotilla de Gaza, año 2019.

 “Israel, una sociedad occidentalizada y muy tecnificada que vive en una región revolucionaria y explosiva, no puede soportar para siempre un estado de guerra perpetua. Para marcar el rumbo de una política generosa respecto a Palestina, habría que superar la tendencia de los israelíes a minimizar las fricciones internas mediante un consenso hueco y autodestructivo (…) Es necesario recuperar la profunda división de los años de Rabin, Camp David y Annapolis para que Israel sea capaz de enfrentarse a las complicadas decisiones de sus dilemas existenciales. Esto requiere enfrentarse de lleno a la visión hobbesiana del problema palestino de la que hace gala la derecha anexionista, que lo considera una cuestión de poder despiadado”. (Shlomo Ben Ami, 2023)

 Tanto en Israel como en Colombia, varios países de la comunidad internacional han intervenido como mediadores, buenos componedores para que se logre la Paz. En Israel han acudido a las propuestas de Paz, Noruega, EE. UU, Egipto, Islandia, Marruecos, Macedonia, Barein, Emiratos Árabes, Jordania y España, entre otros. En Colombia durante estos 75 años han concurrido para ayudar a buscar la paz: Noruega, Venezuela, Cuba, Reino Unido, Bélgica, Suecia, China, EEUU, y Suiza, entre otros.

En Colombia algunos de estos períodos se han empleado fórmulas de justicia transicional sin que hubiere habido transición y por ende posconflicto. O, si se presentó transición, esta fue a otra forma de violencia, más cruel o sofisticada: o con otros actores transformados. La justicia transicional cuando ni siquiera se llamaba así (se llamó amnistía o el armisticio, o treguas regladas, etc.) ha obrado con una carga de normas jurídicas vertidas al derecho de excepción como los estados de sitio, sin transición y sin posconflicto, gran parte de los fracasos se explican así: El problema fundamental, la tenencia de la tierra, no ha sido resuelto. Y ese derecho de excepción obró a la vez como justicia transicional solo para beneficiar a los victimarios con el fin de que dejaran las armas, para atraerlos, convencerlos e incorporarlos. No se incorporaron las víctimas para ser reparadas.

(*) Especialización en derecho constitucional, Universidad Libre; magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; Ph.D en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España. Ha sido profesor de las asignaturas: derecho internacional, ciencia política y derechos humanos, Facultad de Derecho, Universidad Libre (Seccional Cali).

Bibliografía.

Ben Ami Shlomo. “Profetas sin honor. La lucha por la paz en Palestina y el fin de la solución de dos Estados”. Libro publicado por la editorial RBA libros y publicaciones SLU. Impreso en Barcelona- España, traducción de Ana Isabel Sánchez. Primera edición, abril de 2023.

Gutiérrez Sanín Francisco. “Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?”. Libro publicado por la editorial Debate. Penguin Randon house Grupo Editorial S.A.S. Primera edición, noviembre del año 2020.

Ramos Garbiras Alberto. “¿Que es la justicia transicional?”. Ensayo publicado en la Revista Cuadernos de Paz, bajo la dirección de Luís Alfonso Mena. Edición de la Universidad Libre. Impresión Artes Gráficas del Valle S.A.S. Cali, julio del año 2014.

 

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Las Corporaciones Autónomas Regionales y la gestión del riesgo

 Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

La ley 1523 del año 2012 adoptó la política nacional de gestión del riesgo para el conocimiento y la reducción de los riesgos y para el manejo de desastres, a fin de prevenir, atender, y evitar daños mayores en las comunidades y en los bienes públicos. Se diseñó como un sistema porque hacen parte del todas las autoridades (todos los Alcaldes, Gobernadores, Ministerios y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los Institutos nacionales, entre otros); y la población también tiene que colaborar desde las asociaciones comunitarias y formas de agrupamiento para que, “los habitantes del territorio nacional, sean corresponsables de la gestión del riesgo, actúen con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acaten lo dispuesto por las autoridades”.

El artículo 31 de la Ley 1523 ordena que las CAR apoyen a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. La entidades territoriales o municipios son parte del Departamento, pero a su vez conforman la Corporación Autónoma (artículo 23 y 25 de la Ley 99 de 1993), Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica (art 23). La Asamblea Corporativa, es el principal órgano de dirección de la Corporación y estará integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción (art 25). Y en los Consejos Territoriales del sistema nacional de Gestión del Riesgo, su funcionamiento se deposita en un coordinador designado por el gobernador o por el alcalde, dependiendo del caso, para vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo. Es decir, son los mismos entes que conforman el Departamento los que conforman la CAR. Por lo tanto, es clarísimo las obligaciones de estas, y es inexcusable la baja actuación aleatoria o de escaso perfil para cooperar en la atención, reducción de desastres y que las inversiones no tengan contundencia para resolver los daños a los recursos naturales.

Si bien es cierto que las CAR tienen un rol complementario y subsidiario (respecto a los alcaldes y gobernadores que tienen el rol principal), las CAR deben estar enfocadas al apoyo de labores de la gestión del riesgo que correspondan a la sostenibilidad ambiental del territorio. Bajo una interpretación literal y sistemática le corresponde a las CAR incluir un previsible presupuesto para recuperar el territorio afectado por los desastres, con énfasis por incendios y remociones en masa, desastres recurrentes que dañan los suelos recurso natural de la gobernanza principal de las CAR. “Sostenibilidad ambiental del territorio, engloba todos los recursos naturales y se relaciona con la preservación de los mismos. El apoyo a las labores de la gestión del riesgo, según el parágrafo 1, de esta Ley se hace con disponibilidad presupuestal que no se ve. ¨Por ejemplo a los Bomberos del Valle, para 4 años (2020/2023), la CVC les asignó menos de 600 millones y son 42 cuerpos de Bomberos, que no se compadece con las afugias y eventos que deben enfrentar. Ya solicité en el último Consejo Directivo realizado el 29 de enero del año 2024 que se incluya este eje temático dentro del PAC en construcción para los años 2024/ 2027, frente a la oleada de incendios que ha vivido la República de Colombia, dentro de la temporada seca, baja en precipitaciones, dentro del fenómeno del niño en marcha y el acendramiento del calentamiento global por el incumplimiento de las metas en todos los países que desacatan las instrucciones de la ONU.

El Parágrafo 2 de la Ley 1523, expresa: “Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible”. Aquí hay relación inescindible porque se trata de que en el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) de la CAR deben estar incorporadas las acciones para la adaptación al cambio climática, prescritas en la Ley 2169 del año 2021, y explicadas por la ONU, contenidas en la agenda de las ODS de París 2015, protección de ecosistemas terrestres y marinos, ciudades resilientes, protección de las cuencas hidrográficas, fortalecimiento de los suelos, etc. Y en el Plan de Gestión el riesgo del Departamento y en os planes municipales de Gestión del Riesgo, aparecen las zonas y áreas de vulnerabilidad de cada municipio, estos componentes los debe considerar el PAC y dentro del eje de eventuales riesgos y desastres, reservar la partida necesaria por si llegaren a ocurrir. De no ser así se hará la posterior reversión o reintegro de ese rubro para ajustarlo a una vigencia anual posterior. El artículo 2, parágrafo 1 de la Ley 2169, expresa: “Las entidades territoriales y los organismos y entidades del orden nacional, deberán implementar las acciones necesarias para lograr estas metas en el marco de las competencias que les han sido asignadas por la Constitución y la ley, así como trabajar juntamente con el sector privado, crear los instrumentos necesarios y promover la implementación de acciones que aporten a las metas nacionales”. Si se revisan las cifras de incendios y deslaves de años anteriores se verá que siempre ocurren desastres de esta clase. Los Bomberos que se exponen, colocan su pecho, cuerpo y vida no pueden estar al garete de la caridad municipal que tampoco los incorpora en sus nóminas.

 El Parágrafo 3 de la Ley 1523 del año 2012, contiene el siguiente literal: “Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación”. De este literal se desprende y comprende que la CAR en Colombia y la CVC, en lo particular (Valle del Cauca), deben apoyar a los municipios (además integran la CAR), para implementar los procesos de gestión del riesgo y serán corresponsables. La implementación no es solo orientar o solicitar incluir en el POT o en plan de desarrollo Municipal, y otros instrumentos de planeación, la implementación es poner en marcha, hacer funcionar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice de la palabra implementación: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. La CVC no actúa eficientemente ni en la prevención y reducción del riesgo, menos en la implementación de los procesos, según lo expone el comandante de Bomberos que obra como delegado departamental, Rafael Arango, quien agrega, “La C.VC, su operación como autoridad ambiental está limitada por el orden público por lo que no ejerce a cabalidad como autoridad ambiental al no ingresar a territorios que consideran de inseguridad. El recurso de la C.V.C para prevenir y reducir el riesgo no contempla a los Bomberos del Valle del Cauca. En la elaboración de planes de acción no se nos incluye, ni nos tienen en cuenta para exponer las necesidades operativas. No hay una política pública en materia de prevención mitigación. La presencia institucional en el terreno y trabajo de campo es cuestionable aun en los casos post incendio. Los bomberos del Valle no solo enfrentamos los incendios estructurales en los cascos urbanos, también los rurales y forestales, siendo los bomberos también actores en la época invernal”.

Colombia se demoró muchas décadas para entender que su derecho interno o Estado de derecho debía contener normas para atender los desastres de manera preventiva. 16 décadas desde 1821, 164 años hasta que llegó el desastre de Armero donde como lo expresé en una columna a dos manos con el economista Ernesto Pino, “En otros países desde antes de 1985 ya funcionaba la relación desastres y derecho. En Colombia después del desastre de Armero (1985), solo 3 años después se expide la Ley 46 de 1988 para atender eventos similares, nacieron los CLOPAD y se aumentó el socorrismo , fortaleciéndose la Defensa Civil, La Cruz Roja, los bomberos, los Boy Scouts; pero resultó ser una legislación asistencialista y samaritana con ausencia de cientificidad para el conocimiento del riesgo; la reducción y la previsión quedó anclada en la atención de los desastres, hasta que en el año 2012, luego del desastre diluvial del fenómeno climatológico “la niña” del 2010/ 2011 que inundó la mitad del país se expidió la Ley 1523 que creó el sistema nacional de gestión del riesgo y se fundó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD, con una capacidad económica para actuar inmediatamente y con la estructuración de una planta de expertos y científicos que  han atendido eficientemente desastres como el de Salgar y el de Mocoa,  han previsto y evitado otros desastres por deterioros que se han controlado y reducido, pero nos falta mucho” . (Ramos y Pino, 2015).

Cuando se habla de desastres la mayoría de las personas exclama, “era inevitable”, “la naturaleza se enfureció”, “son fuerzas sobrenaturales”, etc. Pero si se evalúa bajo la lupa de las ciencias naturales, y del derecho ambiental vigente, muchos desastres si son previsibles, reducibles, mitigables, y producidos por factores antrópicos, es decir por las mismas personas que alteraron o violentaron los ecosistemas. Muy pocos desastres son incontenibles como los terremotos, los cuales son resistibles si las construcciones se han hecho con procedimientos e infraestructuras de sismoresistencia.

 La bioética debe difundirse como parte de la educación ambiental, difundir en la población las buenas prácticas o conductas de respeto a los recursos naturales renovables y la biodiversidad. Por ejemplo, la extracción del material de arrastre de los ríos en exceso (sacando arena y piedras sin límite), llega a socavar el Talweg del lecho y destruyendo las orillas, conllevará en la destrucción del acorazamiento del rio volviéndolo turbulento y acelerando la velocidad del cauce.

La extracción minera de oro, metales, calizas, coltán, litio, petróleo, carbón, de cualquier mineral debe acoplarse a las reglas del derecho minero y bajo los principios ambientales, etc. Allí está la relación entre el derecho objetivo, escrito y los recursos no renovables. El derecho ambiental cubre todos los ámbitos. Pero si el derecho no se hace cumplir por laxitud o corrupción, esta conducta abre un ariete hacia los desastres. La vigilancia, la exigencia de los requisitos y hacer valer las restricciones para no ocupar los sitios de vulnerabilidad, son medidas preventivas, hacer lo contrario, facilita la ocurrencia de los desastres. Es obvio que, si se dejan avanzar las viviendas sobre la faja lateral de los ríos, vendrá la avalancha que arrastre las casas; lo mismo ocurre con las construcciones en las laderas, sitios de vulnerabilidad por la falta de alcantarillados que empozarán las aguas y producirá la remoción en masa o deslizamiento. Todo desastre que no se prevenga, mitigue, o reduzca y que estando al alcance de las autoridades hacerlo, pero por omisión y falta de inversión no se haga, resulta más costoso y viola los derechos humanos de las personas protegidas.

 El Estado es el único dotado de todas las formas de prevenir para advertir a la población. Ninguna persona o grupo de voluntariado tiene la capacidad de hacerlo a nivel nacional. El Estado y sus entes territoriales están articulados por la administración o Gobierno nacional, del cuatrienio determinado, pero el Estado como organización política de la sociedad es uno solo; otra cosa son los entes territoriales como parte del Estado local o municipal y los departamentos como orientadores de los municipios en su jurisdicción, y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como sumatoria de las alcaldías en cada Departamento. Para ello existen los sistemas nacionales creados en dos leyes, el SINA (Ley 99 de 1993) y la Gestión del Riesgo (Ley 1523 del año 2012). Si las autoridades que integran estos dos sistemas no se comportan bajo los principios que los rigen, no funcionan esos dos sistemas nacionales.  Y eso es lo que pasa en Colombia.

Los principios generales son fuente del derecho, la principalistica los estudia y valora. Los principios se encuentran en la Constitución y estos irradian toda la fuerza interpretativa para comprender las normas rectoras de la Nación; los principios se encuentran también en las Leyes y los Decretos, encabezando las normas de esos cuerpos jurídicos; permiten la comprensión de las normas y coadyuvan la interpretación con cualquiera de los métodos que se utilicen. Miremos solo 6 de los principios generales del artículo 3 que presiden la Ley 1523 del año 2012. El principio participativo, numeral 5, es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales. Principio de interés público o social, numeral 7, En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Principio de precaución, numeral 8, cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. Principio de sostenibilidad ambiental, numeral 9, el riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. Principio de coordinación, numeral 12, la coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Principio de concurrencia, numeral 13, La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas.

No he mencionado los principios de subsidiaridad, oportuna información, gradualidad, diversidad cultural, autoconservación y el de la igualdad. De este grupo de principios generales se desprende que sin el conjunto de las autoridades Estatales es difícil prevenir y resolver la atención de los desastres. Y el sistema de Gestión del Riesgo debe ir a la par o enlazarse con el Sistema Nacional del medio ambiente SINA, donde también las autoridades se deslizan o escurren para no concurrir e invertir.

“Los estándares jurídicos internacionales en materia de desastres han relacionado la prevención con los siguientes factores: la reducción de exposición a desastres, la disminución de vulnerabilidad de las personas y la mejora en la preparación para eventos adversos (Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastre, 2009). Es necesario que la reducción de riesgos por desastres sea pensada en clave de derechos humanos, con el fin de que los marcos jurídicos y las políticas públicas desplegadas no se restrinjan a la protección de infraestructura, sino que contemplen la reducción de vulnerabilidad de las personas mayormente expuestas al riesgo, teniendo como pilar la protección de la vida”. (biblioteca UNAM, 2017)

CITAS:

Biblioteca de la UNAM. DERECHOS HUMANOS Y DESASTRES. OBLIGACIONES DE ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES. Capitulo octavo. Libro sobre desastres y marcos jurídicos aplicables. www.archivos.juridicas.unam.mx / México, año 2017.

Ramos Garbiras Alberto y Pino Ernesto. “Armero sin gestión del riesgo”. Comentario de cine publicado en las revistas digitales Caja de Herramientas, y elciudadanoenlared.Blogspot.com edición de abril, año 2018.

(*) El autor de esta columna es miembro del Consejo Directivo de la CVC en representación del presidente de la República, desde octubre del año 2023. Fue Procurador Ambiental del Valle; jefe departamental de la Gestión del Riesgo en el Valle, como miembro del Gabinete Departamental en el año 2015. Y autor del libro “Aguas y derechos”.

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