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17 mar 2024

Colombia ante los compromisos adquiridos en la COP-15 de cara a la COP-16

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

Desde la COP 15, cumbre sobre la biodiversidad, realizada en Montreal-Canadá al final del año 2022 donde se establecieron 23 metas a cumplir hasta el año 2030, muy pocas expertos y ambientalistas se han dado a la tarea de desglosar esas 23 metas y sus compromisos de cara a la COP 16 que se realizará en Colombia, país que reemplazó a Turquía, siendo Cali la ciudad sede. Y sobre todo a evaluar en el caso nuestro, el Valle del Cauca, cuales metas son encajables y deben estar en marcha para hacer la valoración respectiva, proporcional al tiempo trascurrido, y cuales deben entrar a los Planes Municipales de Desarrollo, empezando el año 2024 y a los PAC o Planes de Acción Cuatrienal de las Corporaciones Autónomas que empiezan período de cuatro años, porque cuando terminen en el año 2027 solo restaran dos años largos para cumplir la totalidad de los aspectos fijados en estos convenios o tratados de carácter internacional.

Entre las metas aprobadas en la COP-15 podemos mencionar las siguientes. Enfrentar la pérdida de biodiversidad, restablecer o recuperar los ecosistemas y amparar los derechos de los Pueblos Nativos; evitar al máximo la pérdida de la naturaleza, proteger el 30% del planeta y el 30% de los ecosistemas degradados, este es el famoso 30 por 30 para el 2030. Tiene la COP-15 4 objetivos globales, 1). frenar la liquidación que los mismos humanos hacen de las especies en riesgo de extinción, por ejemplo, las abejas afectadas por plaguicidas,2). Utilizar la diversidad biológica de manera sostenible y valorar bioéticamente la naturaleza,3). compartir de manera justa los recursos genéticos, y 4). los países del Norte global facilitaran los medios adecuados para la implementación; ejecutar acciones de justicia climática facilitando que los flujos financieros internacionales procedentes de los países desarrollados vayan hacia los países en desarrollo.

Si vamos a hablar de biodiversidad primero que todo debemos definirla y luego, para determinar qué tenemos, o conservamos, hay que conocer los factores de pérdida, las causas que originan la disminución de la biodiversidad, los correctivos que se aplican y lo que se ha dejado de hacer. La biodiversidad es la que nos provee de recursos para el aprovisionamiento. Como se ha afirmado, en un ecosistema cada especie cumple un papel importante para su conservación, algunas trabajan en la dispersión de semillas, otros en la polinización y otros en la descomposición. El concepto de biodiversidad fue creado en 1985, resultado del Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson, lo propuso, un entomólogo de la Universidad de Harvard. La biodiversidad comprende a todos los organismos vivos de la naturaleza entre animales, plantas y microorganismos. El diccionario de la RAE es muy concreto: Biodiversidad es la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente.

 El Instituto de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, hizo una investigación sobre la legislación colombiana referente a la biodiversidad, se publicó por LEGIS en 1999, con la compilación de María del Pilar Pardo, encontrando 99 decretos y algunas leyes en esta materia, pero la dispersión de las mismas las invisibiliza y las torna inaplicables por la anomia de autoridades y población, la falta de destreza de los operadores jurídicos y el incumplimiento normativo generalizado. En ese libro titulado “Biodiversidad, análisis normativo y de competencias para Colombia”, se dijo que, la biodiversidad es el fundamento de nuestra vida cotidiana y esencial para el desarrollo de un país como Colombia, pues la supervivencia del ser humano y de otras especies depende de ella. Colombia tiene una extensión continental de 114.174.800 millones de hectáreas que representan aproximadamente el 0.7% de la superficie continental global, y en donde se encuentran el 10% de la biodiversidad mundial. Esto convierte a nuestro país en megadiverso.

 En México la Comisión Nacional para el conocimiento adoptó esta definición: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida, incluye a los ecosistemas de los cuales forman parte las especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. La Ley 165 de 1994 que incorporó el Convenio sobre diversidad biológica firmado en Río de Janeiro en 1992, expresa que se entiende con este concepto,la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

La biodiversidad es importante porque constituye el sostén de una gran variedad de servicios ambientales de los cuales han dependido las sociedades humanas; por ejemplo, proporciona bienes para las necesidades fundamentales: alimentación, tejidos, medicinas, alojamiento y combustible. Cuando se pierde algún elemento de la biodiversidad los ecosistemas pierden capacidad de recuperación y los servicios que prestan se ven amenazados. Los entornos o medios acuáticos más homogéneos y menos variados suelen ser más susceptibles a las presiones externas repentinas, como las enfermedades y las condiciones climáticas externas”. (Andrade, 2011).

Dentro del número 137 de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, publicada en octubre del año 2011, en un ensayo sobre el conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas, el investigador Gonzalo Andrade, hizo una relación de las causas que afectan la biodiversidad, disminuyéndola o destruyéndola. Sobre esta relación he tratado de ajustarla y ampliarla, por observación e informaciones variadas.

En Colombia, hay diferentes causas directas e indirectas que influyen en la pérdida de biodiversidad y en algunos casos hacen que esta pérdida sea irreversible. Entre las causas directas, tenemos: 1). políticas de estímulo a la ocupación y uso del territorio, 2). la transformación de hábitats y ecosistemas naturales, sin regulación ni control, 3).la sobreexplotación, 4). la fragmentación de las poblaciones, 5). la deforestación, 6). el consumo de leña, 7). los incendios, 8).la actividad agrícola intensa y sin orientación de las UMATAS, 9). el cambio climático, 10). la contaminación, 11). la introducción de especies, 12). la pesca comercial sin control, 13). la urbanización, 14) las parcelaciones descontroladas en zonas suburbanas y rurales, 15). la minería, 16). la destrucción de humedales, 17). La alteración de las zonas de páramo, 18). la erosión, 19). los desastres naturales, 20). las cosechas indiscriminadas, 21) el sobre uso de los suelos dentro del monocultivo. Y como causas indirectas: 22). el desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad, 23). la débil capacidad institucional (falta de gobernanza ambiental), para reducir el impacto de las actividades que generan pérdida de biodiversidad; descoordinación de Ministerios e Institutos afines y disfuncionalidad del SINA 24). la expansión de la frontera agropecuaria, 25). la baja presencia del Estado en las zonas de alta biodiversidad, 26). el surgimiento y consolidación de los cultivos ilícitos,27). los problemas del orden público, 28). conflictos armados, 29). comercio internacional de pieles, 30). la colonización, 31). el desarrollo de proyectos de infraestructura irrespetando ecosistemas y comunidades. 32). Ganadería extensiva, pastoreo y tala para ampliar pastizales. 33). Falta de acciones para proteger a las especies amenazadas y referenciadas por las mismas autoridades municipales. 34). Falta de creación, definición y delimitación de áreas protegidas dentro del ente territorial que comprenda esa zona y hacer respetar las áreas protegidas constituidas.

De estas 34 causas determinadas que ocasionan pérdida de la biodiversidad, 16 de ellas ,más de la mitad se registran en el Valle del Cauca, se pueden señalar los numerales 2, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 y 34. De estas 16 causas, las más preocupantes y que llevan años sin poderse ejercer autoridad ambiental para evitar su continuidad son, la deforestación, los incendios, el cambio climático, la urbanización, las parcelaciones descontroladas en zonas suburbanas y rurales, la minería, la destrucción de humedales, la erosión, los desastres naturales, el sobre uso de los suelos dentro del monocultivo, el desconocimiento del potencial estratégico de la biodiversidad, la expansión de la frontera agropecuaria, el surgimiento y consolidación de los cultivos ilícitos, los problemas del orden público, la falta de creación, definición y delimitación de áreas protegidas dentro del ente territorial que comprenda esa zona y hacer respetar las áreas protegidas constituidas. Pero del total de las 16 podemos inferir y comprender que la pérdida de biodiversidad ha sido muy significativa.

Los incendios ocasionados a veces por falta de políticas de previsión y reducción colocan en riesgo a cientos de especies de animales y plantas, y a las comunidades que viven en estos ecosistemas. La biodiversidad de los suelos en términos de microorganismos, de invertebrados, hongos y demás se ve afectada por los incendios. Es el suelo, con sus organismos, quienes hacen posible la vida. Queda en peligro la biodiversidad y provoca la pérdida de miles de hectáreas de bosques, que acaban calcinadas. Los incendios también aumentan los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y, de rebote, agravando los efectos del cambio climático.

La minería ilegal en Colombia una grave amenaza para los ecosistemas, el agua, la biodiversidad que se pierde, la alta deforestación y la salud de los colombianos. Origina la degradación del territorio y la contaminación por mercurio es letal para la salud porque el destilamiento llega a los acueductos, en sus plantas de tratamiento no alcanzan a depurar lo impactado. Se crea un dilema entre líderes municipales porque ellos trabajan para ordenar el territorio, pero desde altas oficinas en Bogotá y en las CAR no se da la articulación entre la planeación del suelo de los municipios contra la planeación del subsuelo desde las esferas bogotanas con la consecuente entrega de títulos mineros y de licencias ambientales que impactan y destruyen ecosistemas y biodiversidad. Los ecosistemas quedan en un estado de transformación tan grave que difícilmente pueden recuperar la estructura y funciones ecosistémicas que estos territorios tenían.

En el Valle del Cauca las zonas alteradas por la minería ilegal se encuentran en: La cuenca del río Pance (el Otoño), en la Leonera y Pichende; en cerca de 96.000 hectáreas, de las 894.298 que conforman el territorio del Valle, han existido títulos que autorizaron la explotación minera. Lo afirmó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAG, mediante estudios realizados hace pocos años sobre el uso del suelo colombiano. Esos títulos fueron en su momento otorgados por INGEOMINAS. Otros municipios del Valle donde surgieron minas ilegales fueron, Ginebra, Guacarí y Buenaventura, la extracción es de oro, recordemos la destrucción del Zaragoza. En otros, carbón, como Cali, Jamundí y Yumbo. Las minas de El Socorro en Los Farallones durante 12 años se registró una minería intensiva que las alcaldías no pudieron erradicar. Era necesario contrarrestar la contaminación con mercurio en los cinco ríos de Cali que allí discurren. Las zonas más impactadas eran San Pablo y La Candelaria (Farallones); hasta que el Ministerio del Medio ambiente con la dirección de la Ministra Susana Mohamad logró un operativo eficaz.

La extensión de cultivos ilícitos en el campo colombiano genera migración de la fauna y flora de los bosques, pérdida de suelos y aumento de la erosión. La cocaína produce vertimientos derivados de residuos, sustancias químicas que afectan los suelos y el agua. El daño gravísimo a los Parques Nacionales Naturales, 17 de las 59 áreas del sistema de parques nacionales, es impactado por la deforestación que incide en el cambio climático, al convertirse en fuente de gases efecto invernadero del país. Se asegura que en el año 2017 se emitieron 141 millones de toneladas de Gases Efecto Invernadero por esta deforestación. La cocaína genera vertimientos derivados de residuos, sustancias químicas que afectan los suelos y el agua.

Afortunadamente el Valle del Cauca tiene un número significativo de áreas protegidas, 40 áreas protegidas públicas; 189 reservas naturales de la sociedad civil; 9 áreas de conservación indígena; 3 reservas naturales especiales de comunidades negras y el 51% de los páramos están protegidos, pero falta completar la tarea. Son prácticamente 642.591 hectáreas protegidas en el Valle del Cauca, uno de los Departamento con mayores zonas protegidas. En los últimos 23 años han acrecido las áreas protegidas, así lo hemos visto con la conservación de los páramos de Las Domínguez y Pan de Azúcar; con el área protegida regional en la Reserva municipal de Rio Bravo; la restauración y educación en el Distrito Regional de Manejo Integrado RUT; el Sistema Municipal de Áreas Protegidas del municipio de Toro; área protegida en el embalse de Guacas. Municipio de Bolívar; el enclave subxerofítico de Dagua como área de manejo especial. Algunos obstáculos se presentan para formalizar un área protegida, por ejemplo, lo registrado en la cuenca media del río Calima, un área h considerada importantes por su gran biodiversidad, pero tiene enormes amenazas por la minería, la manipulación de hidrocarburos, los cultivos ilícitos y las prácticas inapropiadas del uso del suelo.

Si no se ponen en marcha políticas administrativas encaminadas a la adecuación del cambio climático, la biodiversidad seguirá sufriendo enormes impactos. Si el calentamiento llega a 2 grados, significaría que los hábitats de las especies podrían verse gravemente disminuidos y, por ende, todos los ecosistemas y la vida en ellos. Ya estamos sintiendo el calentamiento global desde el año 2023 con más notoriedad. De sobrepasar los dos grados como se advirtió en la COP de París 2015, entonces, el 47% de las especies de insectos, el 26% de los vertebrados y el 16% de las plantas podrían perder al menos la mitad de sus áreas geográficas. Llegaríamos a tener menos polinizadores, lo que significa una marca negativa en la producción de alimentos. Todo esto afecta al bienestar humano y a un medioambiente sano.

En el seno del Consejo Directivo de la CVC he propuesto con énfasis, entre otros temas, proteger los suelos y recuperar las fajas laterales de los ríos, defender a las abejas y contribuir en serio con la gestión del riesgo. Los tres asuntos encajan en el Plan nacional de Desarrollo y en las metas de la COP-15, de cara a la COP-16 acendrar las intervenciones. Lo afirme en otro escrito, si el suelo es un ecosistema nacional gobernado por los entes territoriales en su jurisdicción, y las CARs tienen a cargo los suelos como recurso natural renovable, cómo no sincronizan lo más importante. La población crece y por ende la alimentación. Conservar los suelos es lo prioritario para sostener el ritmo de la producción de alimentos. Para recuperar los suelos del Valle primero que lo terratenientes y la agroindustria devuelvan las fajas laterales de los ríos invadidas por la caña. Como se sabe por toda la información difundida sobre las abejas, la polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de frutas. El intercambio de polen entre las flores tiene el objetivo de la reproducción, es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Y si los incendios y los desastres acaban los suelos y toda la biodiversidad que contienen, que la CAR se integre al sistema nación del riesgo, donde pertenece por ley.

(*) El autor de esta columna es miembro del Consejo Directivo de la CVC en representación del presidente de la República, desde octubre del año 2023. Fue Procurador Ambiental del Valle; fue jefe departamental de la Gestión del Riesgo en el Valle, como miembro del Gabinete Departamental en el año 2015. Y autor del libro “Aguas y derechos”.

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4 mar 2024

Paralelismos entre Israel y Colombia: Guerras y violencia (1948 / 2024).

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

In memoriam de José Alberto Tejada, quien habría aceptado este análisis.

Tanto Colombia como Israel llevan los mismos años desde 1948, en una espiral de violencia sin parar, 75 años, solo con interregnos breves de reposo, pero recrudece en cada uno de ellos la violencia entre el Estado y los actores armados, afectando la convivencia nacional, la vida laboral, la producción, la economía, e irrespetándose todos los derechos humanos que, precisamente fueron ampliados y declarados universalmente por la ONU en diciembre de 1948, para ampliar los derechos declarados desde la Revolución Francesa en 1789. Otra paradoja, en 1948 se formó la OEA, dentro de una reunión americana realizada en Bogotá, el mismo mes del crimen de Jorge Eliécer Gaitán, quien no había sido invitado de manera mezquina por el gobierno que él criticaba ante la violencia desatada contra sus seguidores. Un organismo multilateral continental como la OEA creado como un símil de la ONU de carácter mundial que había nacido en 1945 para redefinir el orden internacional quebrado por la segunda gran guerra 1939/ 1945.

En 1948 se produce la primera guerra entre Judíos y palestinos para declararse Israel Estado único desconociendo la decisión de la ONU de noviembre 1947cuando la Asamblea General de ese organismo expidió la Resolución 181 autorizando el traslado a Palestina de los judíos esparcidos y desperdigados en Europa como víctimas de varias persecuciones y sus antepasado lo sufrieron en los progromos, y en esa coyuntura de postguerra, ante el holocausto ejecutado por el nazismo alemán que exterminó a casi 6.000.000 de ellos y aplicó la solución final en los campos de concentración. En 1948 asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal de tendencia socialista que había perdido la presidencia en 1946 por la división del pardito político al que regresó después de tener su propio movimiento político, UNIR. Desde 1947 había arreciado la violencia conservadora de estirpe fascista, alentada por Laureano Gómez, contra el gaitanismo eliminando a sus seguidores en los campos de Colombia.

En el siglo XX después de 1930 se registra en Colombia la llamada República Liberal( 1930/1945),con la oposición conservadora buscando regresar al poder, entonces alentaron el fascismo criollo(1946 / 1948) durante el gobierno de Ospina Pérez, que desembocó en la violencia bipartidista desde 1948 hasta 1958, a la postre fue un desbordamiento de la violencia no solo con V mayúscula, como se decía, sino una guerra civil instrumentalizada por las élites de los dos partidos políticos , siendo las principales víctimas los campesinos animados por las ideas partidistas de los rojos y azules, e instados a pelear en ambas corrientes. Fueron 10 años donde ingentes grupos del campesinado se eliminaron mutuamente por sentimientos banderizos. Luego de firmado el pacto del Frente Nacional para repartirse el poder el bipartidismo, por alternación obligatoria y compartirlo entre 1958/ 1974; el bandolerismo no dio lugar a un posconflicto en la sociedad colombiana; desde 1964 después de los bombardeos a Marquetalia, Villarica, El Pato, Guayabero y Riochiquito, se encadena otra violencia, la guerrillera insurreccional con el nacimiento de las FARC (1964) y siguió hasta el 2016. También aparecieron en los años 60s las formaciones políticas alternativas disgustadas con ese pacto de convivencia entre liberales y conservadores (La ANAPO, el MRL y el Frente Unido), e irrumpió una oposición extraparlamentaria armada, la guerrilla de las FARC y luego el ELN, ambas en 1964. Surgen dentro de la teoría castrista cubana y las influencias china o la soviética, como revoluciones sociales.

“Se ha debatido mucho acerca de cuán violenta es la trayectoria colombiana y sobre cuándo comenzó nuestro conflicto armado. Cada estudioso tiene seguramente su propia periodización predilecta. Pero aquello sobre lo que hay pocas dudas razonables es que los colombianos nos hemos estado matando por motivos relacionados con la política al menos desde finales de la década de 1940”. (Gutiérrez Sanín, 2020).

Con los años se desconfiguran las guerrillas por muchos factores, hasta el punto de que el proceso de Paz Santista concluido en el año 2016 permitió ver que el enfrentamiento del Estado y las FARC, de 53 años, dejó de ser una guerra revolucionaria o insurreccional, y se convirtió en una larga guerra civil, con la carne de cañón de campesinos como soldados y campesinos como guerrilleros. Período plagado de despojos de tierras y congelamiento de la reforma agraria porque las reformas de las leyes 135 de 1961 y la Ley 160 de 1994, no dieron frutos para la flexibilización de la tenencia de tierras.

75 años que revisados históricamente podemos hacer unas comparaciones o paralelismos y encontraremos 7 guerras en Israel, dos intifadas, dos fases brutales y una lucha recurrente con enfrentamientos violentos por la tierra. Y en Colombia dentro de este mismo período encontramos esas dos guerras civiles mencionadas. Más la etapa denominada bandolerismo (los guerrilleros liberales se enfrentaron con el ejército institucional del bipartidismo entre 1958 y 1964); luego varias guerras regionales, interciclos violentos, una serie de violencias como infraguerras sectoriales auspiciadas por las mafias de la marihuana, el conflicto con los esmeralderos, la guerra contra las mafias y el narcotráfico; las autodefensas promovidas por enclaves económicos, luego el  paramilitarismo y su variables; las disidencias de las desmovilizadas FARC, más la guerrilla supérstite del ELN y las bandas multicrimen, etc. El 80% de estos enfrentamientos violentos y despojos también tienen que ver con la tierra quitada, despojada y robada.

Desde 1982 las violencias en Colombia han mutado más y, no se ha podido lograr la Paz verdadera y estable por las actividades de enriquecimiento ilícito que propicia el narcotráfico. Colombia en el siglo XX podría decirse, con margen de error que tuvo 6 períodos de guerras visibles con posconflictos interrumpidos, y son diferenciables claramente con su correspondiente conflicto interno, y por los pactos que marcan el límite o el mojón de separación con otro período; pactos con tregua, amnistías, armisticios, reformas constitucionales y reformas estatales. La Paz del Frente Nacional que debió durar 16 años no se logró sino para los convivialistas. En medio de esos últimos años postfrentenacional aparecieron otras guerrillas y se imbricaron varias formas de violencia. Y Otros tres micro períodos de conflicto interno entrelazados, pero diferenciables, se quedan también sin etapa de posconflictos: A). los pactos de Belisario Betancourt con las FARC que dieron origen a un partido político, la Unión patriótica (UP) en 1986, B). luego de los acuerdos de La Uribe (Meta), el bombardeo a Casa Verde, y el movimiento por la constituyente (1990), y la desmovilización del M-19, el PRT, el EPL y el Quintin Lame, se suponía que la expedición de la Constitución de 1991 conllevaba a una etapa de transición institucional con posconflicto, el pacto contractual fue la expedición de la constitución que derogó la de 1886, pero la NO desmovilización del ELN y de las FARC interrumpieron esta etapa, hasta hoy. C). Ya en el siglo XXI el proceso de dialogo desde Ralito (año 2005) fue llevado a cabo por el gobierno de Uribe Vélez con los paramilitares que posaban de autodefensas y pretendieron convertirse en actores políticos; se hizo bajo una especie de parafernalia con el marco jurídico de la llamada Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del año 2005,donde algunos mafiosos se disfrazaron de paramilitares para evitar la extradición, pero este proceso no tuvo posconflicto real pues la sociedad colombiana seguía envuelta en otras violencias, nunca se desmovilizaron todos y hubo desmovilizaciones teatrales. D). Los arreglos o transacciones con los grupos armados han sido interrumpidos por otras violencias de actores armados o la reproducción y copamiento de espacios territoriales de los actores transformados, con otros nombres y razones, entonces la obtención de una paz imperfecta o parcial, en uno u otro momento, no ha permitido la paz total en Colombia. Y los postconflictos han sido interrumpidos. (Ramos Garbiras , 2014).

La diferencia que salta a la vista es esta. Las guerras en Israel se dan básicamente entre dos grupos étnicos: judíos contra Palestinos, inmiscuyéndose los países vecinos que han apoyado a los palestinos, entre ellos: Líbano, Siria, Egipto, Jordania e Irak. Desde un comienzo (1948) casi todos los observadores internacionales han expuesto que la solución está en el reconocimiento de los 2 Estados.  En Colombia ha sido más compleja la situación. Las guerras del siglo XX y XXI en Colombia se han dado afectando a cuatro sectores sociales: Los campesinos, los pobres, los indígenas y los negros (sectores vapuleados y ninguneados por el clasismo y el racismo combinados). Las repercusiones con los países fronterizos se han dado con Venezuela, Ecuador y Panamá, por la alteración de las fronteras, el paso de tropas y el tráfico de estupefacientes.

Las siete guerras de Israel y los palestinos son: 1). 1948 /1949, primera guerra árabe-israelí. 2). 1956, la guerra por el Canal de Suez. 3). 1967, la guerra de los 6 días. 4).1973, la guerra del Yom Kipur. 5). 1982/ 1983, la guerra del Líbano. 6). Año 2006, la segunda guerra del Líbano. 7). octubre 7 del año 2023, ataque terrorista a los Kibutz (granjas agrícolas) por ocupaciones abusivas de Israel, y la respuesta con terrorismo de Estado de Israel como venganza insaciable. Las dos intifadas o rebeliones de la población civil palestina en los años (1987 hasta 1993), y la otra Intifada entre los años 2000 hasta el 2005. Más los otros 3 conflictos dramáticos también en Gaza, uno en el año 2008/ 2009, la operación Pilar Defensivo (2012) y el conflicto de la flotilla de Gaza, año 2019.

 “Israel, una sociedad occidentalizada y muy tecnificada que vive en una región revolucionaria y explosiva, no puede soportar para siempre un estado de guerra perpetua. Para marcar el rumbo de una política generosa respecto a Palestina, habría que superar la tendencia de los israelíes a minimizar las fricciones internas mediante un consenso hueco y autodestructivo (…) Es necesario recuperar la profunda división de los años de Rabin, Camp David y Annapolis para que Israel sea capaz de enfrentarse a las complicadas decisiones de sus dilemas existenciales. Esto requiere enfrentarse de lleno a la visión hobbesiana del problema palestino de la que hace gala la derecha anexionista, que lo considera una cuestión de poder despiadado”. (Shlomo Ben Ami, 2023)

 Tanto en Israel como en Colombia, varios países de la comunidad internacional han intervenido como mediadores, buenos componedores para que se logre la Paz. En Israel han acudido a las propuestas de Paz, Noruega, EE. UU, Egipto, Islandia, Marruecos, Macedonia, Barein, Emiratos Árabes, Jordania y España, entre otros. En Colombia durante estos 75 años han concurrido para ayudar a buscar la paz: Noruega, Venezuela, Cuba, Reino Unido, Bélgica, Suecia, China, EEUU, y Suiza, entre otros.

En Colombia algunos de estos períodos se han empleado fórmulas de justicia transicional sin que hubiere habido transición y por ende posconflicto. O, si se presentó transición, esta fue a otra forma de violencia, más cruel o sofisticada: o con otros actores transformados. La justicia transicional cuando ni siquiera se llamaba así (se llamó amnistía o el armisticio, o treguas regladas, etc.) ha obrado con una carga de normas jurídicas vertidas al derecho de excepción como los estados de sitio, sin transición y sin posconflicto, gran parte de los fracasos se explican así: El problema fundamental, la tenencia de la tierra, no ha sido resuelto. Y ese derecho de excepción obró a la vez como justicia transicional solo para beneficiar a los victimarios con el fin de que dejaran las armas, para atraerlos, convencerlos e incorporarlos. No se incorporaron las víctimas para ser reparadas.

(*) Especialización en derecho constitucional, Universidad Libre; magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; Ph.D en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España. Ha sido profesor de las asignaturas: derecho internacional, ciencia política y derechos humanos, Facultad de Derecho, Universidad Libre (Seccional Cali).

Bibliografía.

Ben Ami Shlomo. “Profetas sin honor. La lucha por la paz en Palestina y el fin de la solución de dos Estados”. Libro publicado por la editorial RBA libros y publicaciones SLU. Impreso en Barcelona- España, traducción de Ana Isabel Sánchez. Primera edición, abril de 2023.

Gutiérrez Sanín Francisco. “Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?”. Libro publicado por la editorial Debate. Penguin Randon house Grupo Editorial S.A.S. Primera edición, noviembre del año 2020.

Ramos Garbiras Alberto. “¿Que es la justicia transicional?”. Ensayo publicado en la Revista Cuadernos de Paz, bajo la dirección de Luís Alfonso Mena. Edición de la Universidad Libre. Impresión Artes Gráficas del Valle S.A.S. Cali, julio del año 2014.

 

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11 feb 2024

Las Corporaciones Autónomas Regionales y la gestión del riesgo

 Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

La ley 1523 del año 2012 adoptó la política nacional de gestión del riesgo para el conocimiento y la reducción de los riesgos y para el manejo de desastres, a fin de prevenir, atender, y evitar daños mayores en las comunidades y en los bienes públicos. Se diseñó como un sistema porque hacen parte del todas las autoridades (todos los Alcaldes, Gobernadores, Ministerios y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los Institutos nacionales, entre otros); y la población también tiene que colaborar desde las asociaciones comunitarias y formas de agrupamiento para que, “los habitantes del territorio nacional, sean corresponsables de la gestión del riesgo, actúen con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acaten lo dispuesto por las autoridades”.

El artículo 31 de la Ley 1523 ordena que las CAR apoyen a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. La entidades territoriales o municipios son parte del Departamento, pero a su vez conforman la Corporación Autónoma (artículo 23 y 25 de la Ley 99 de 1993), Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica (art 23). La Asamblea Corporativa, es el principal órgano de dirección de la Corporación y estará integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción (art 25). Y en los Consejos Territoriales del sistema nacional de Gestión del Riesgo, su funcionamiento se deposita en un coordinador designado por el gobernador o por el alcalde, dependiendo del caso, para vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo. Es decir, son los mismos entes que conforman el Departamento los que conforman la CAR. Por lo tanto, es clarísimo las obligaciones de estas, y es inexcusable la baja actuación aleatoria o de escaso perfil para cooperar en la atención, reducción de desastres y que las inversiones no tengan contundencia para resolver los daños a los recursos naturales.

Si bien es cierto que las CAR tienen un rol complementario y subsidiario (respecto a los alcaldes y gobernadores que tienen el rol principal), las CAR deben estar enfocadas al apoyo de labores de la gestión del riesgo que correspondan a la sostenibilidad ambiental del territorio. Bajo una interpretación literal y sistemática le corresponde a las CAR incluir un previsible presupuesto para recuperar el territorio afectado por los desastres, con énfasis por incendios y remociones en masa, desastres recurrentes que dañan los suelos recurso natural de la gobernanza principal de las CAR. “Sostenibilidad ambiental del territorio, engloba todos los recursos naturales y se relaciona con la preservación de los mismos. El apoyo a las labores de la gestión del riesgo, según el parágrafo 1, de esta Ley se hace con disponibilidad presupuestal que no se ve. ¨Por ejemplo a los Bomberos del Valle, para 4 años (2020/2023), la CVC les asignó menos de 600 millones y son 42 cuerpos de Bomberos, que no se compadece con las afugias y eventos que deben enfrentar. Ya solicité en el último Consejo Directivo realizado el 29 de enero del año 2024 que se incluya este eje temático dentro del PAC en construcción para los años 2024/ 2027, frente a la oleada de incendios que ha vivido la República de Colombia, dentro de la temporada seca, baja en precipitaciones, dentro del fenómeno del niño en marcha y el acendramiento del calentamiento global por el incumplimiento de las metas en todos los países que desacatan las instrucciones de la ONU.

El Parágrafo 2 de la Ley 1523, expresa: “Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible”. Aquí hay relación inescindible porque se trata de que en el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) de la CAR deben estar incorporadas las acciones para la adaptación al cambio climática, prescritas en la Ley 2169 del año 2021, y explicadas por la ONU, contenidas en la agenda de las ODS de París 2015, protección de ecosistemas terrestres y marinos, ciudades resilientes, protección de las cuencas hidrográficas, fortalecimiento de los suelos, etc. Y en el Plan de Gestión el riesgo del Departamento y en os planes municipales de Gestión del Riesgo, aparecen las zonas y áreas de vulnerabilidad de cada municipio, estos componentes los debe considerar el PAC y dentro del eje de eventuales riesgos y desastres, reservar la partida necesaria por si llegaren a ocurrir. De no ser así se hará la posterior reversión o reintegro de ese rubro para ajustarlo a una vigencia anual posterior. El artículo 2, parágrafo 1 de la Ley 2169, expresa: “Las entidades territoriales y los organismos y entidades del orden nacional, deberán implementar las acciones necesarias para lograr estas metas en el marco de las competencias que les han sido asignadas por la Constitución y la ley, así como trabajar juntamente con el sector privado, crear los instrumentos necesarios y promover la implementación de acciones que aporten a las metas nacionales”. Si se revisan las cifras de incendios y deslaves de años anteriores se verá que siempre ocurren desastres de esta clase. Los Bomberos que se exponen, colocan su pecho, cuerpo y vida no pueden estar al garete de la caridad municipal que tampoco los incorpora en sus nóminas.

 El Parágrafo 3 de la Ley 1523 del año 2012, contiene el siguiente literal: “Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación”. De este literal se desprende y comprende que la CAR en Colombia y la CVC, en lo particular (Valle del Cauca), deben apoyar a los municipios (además integran la CAR), para implementar los procesos de gestión del riesgo y serán corresponsables. La implementación no es solo orientar o solicitar incluir en el POT o en plan de desarrollo Municipal, y otros instrumentos de planeación, la implementación es poner en marcha, hacer funcionar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice de la palabra implementación: Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. La CVC no actúa eficientemente ni en la prevención y reducción del riesgo, menos en la implementación de los procesos, según lo expone el comandante de Bomberos que obra como delegado departamental, Rafael Arango, quien agrega, “La C.VC, su operación como autoridad ambiental está limitada por el orden público por lo que no ejerce a cabalidad como autoridad ambiental al no ingresar a territorios que consideran de inseguridad. El recurso de la C.V.C para prevenir y reducir el riesgo no contempla a los Bomberos del Valle del Cauca. En la elaboración de planes de acción no se nos incluye, ni nos tienen en cuenta para exponer las necesidades operativas. No hay una política pública en materia de prevención mitigación. La presencia institucional en el terreno y trabajo de campo es cuestionable aun en los casos post incendio. Los bomberos del Valle no solo enfrentamos los incendios estructurales en los cascos urbanos, también los rurales y forestales, siendo los bomberos también actores en la época invernal”.

Colombia se demoró muchas décadas para entender que su derecho interno o Estado de derecho debía contener normas para atender los desastres de manera preventiva. 16 décadas desde 1821, 164 años hasta que llegó el desastre de Armero donde como lo expresé en una columna a dos manos con el economista Ernesto Pino, “En otros países desde antes de 1985 ya funcionaba la relación desastres y derecho. En Colombia después del desastre de Armero (1985), solo 3 años después se expide la Ley 46 de 1988 para atender eventos similares, nacieron los CLOPAD y se aumentó el socorrismo , fortaleciéndose la Defensa Civil, La Cruz Roja, los bomberos, los Boy Scouts; pero resultó ser una legislación asistencialista y samaritana con ausencia de cientificidad para el conocimiento del riesgo; la reducción y la previsión quedó anclada en la atención de los desastres, hasta que en el año 2012, luego del desastre diluvial del fenómeno climatológico “la niña” del 2010/ 2011 que inundó la mitad del país se expidió la Ley 1523 que creó el sistema nacional de gestión del riesgo y se fundó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD, con una capacidad económica para actuar inmediatamente y con la estructuración de una planta de expertos y científicos que  han atendido eficientemente desastres como el de Salgar y el de Mocoa,  han previsto y evitado otros desastres por deterioros que se han controlado y reducido, pero nos falta mucho” . (Ramos y Pino, 2015).

Cuando se habla de desastres la mayoría de las personas exclama, “era inevitable”, “la naturaleza se enfureció”, “son fuerzas sobrenaturales”, etc. Pero si se evalúa bajo la lupa de las ciencias naturales, y del derecho ambiental vigente, muchos desastres si son previsibles, reducibles, mitigables, y producidos por factores antrópicos, es decir por las mismas personas que alteraron o violentaron los ecosistemas. Muy pocos desastres son incontenibles como los terremotos, los cuales son resistibles si las construcciones se han hecho con procedimientos e infraestructuras de sismoresistencia.

 La bioética debe difundirse como parte de la educación ambiental, difundir en la población las buenas prácticas o conductas de respeto a los recursos naturales renovables y la biodiversidad. Por ejemplo, la extracción del material de arrastre de los ríos en exceso (sacando arena y piedras sin límite), llega a socavar el Talweg del lecho y destruyendo las orillas, conllevará en la destrucción del acorazamiento del rio volviéndolo turbulento y acelerando la velocidad del cauce.

La extracción minera de oro, metales, calizas, coltán, litio, petróleo, carbón, de cualquier mineral debe acoplarse a las reglas del derecho minero y bajo los principios ambientales, etc. Allí está la relación entre el derecho objetivo, escrito y los recursos no renovables. El derecho ambiental cubre todos los ámbitos. Pero si el derecho no se hace cumplir por laxitud o corrupción, esta conducta abre un ariete hacia los desastres. La vigilancia, la exigencia de los requisitos y hacer valer las restricciones para no ocupar los sitios de vulnerabilidad, son medidas preventivas, hacer lo contrario, facilita la ocurrencia de los desastres. Es obvio que, si se dejan avanzar las viviendas sobre la faja lateral de los ríos, vendrá la avalancha que arrastre las casas; lo mismo ocurre con las construcciones en las laderas, sitios de vulnerabilidad por la falta de alcantarillados que empozarán las aguas y producirá la remoción en masa o deslizamiento. Todo desastre que no se prevenga, mitigue, o reduzca y que estando al alcance de las autoridades hacerlo, pero por omisión y falta de inversión no se haga, resulta más costoso y viola los derechos humanos de las personas protegidas.

 El Estado es el único dotado de todas las formas de prevenir para advertir a la población. Ninguna persona o grupo de voluntariado tiene la capacidad de hacerlo a nivel nacional. El Estado y sus entes territoriales están articulados por la administración o Gobierno nacional, del cuatrienio determinado, pero el Estado como organización política de la sociedad es uno solo; otra cosa son los entes territoriales como parte del Estado local o municipal y los departamentos como orientadores de los municipios en su jurisdicción, y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como sumatoria de las alcaldías en cada Departamento. Para ello existen los sistemas nacionales creados en dos leyes, el SINA (Ley 99 de 1993) y la Gestión del Riesgo (Ley 1523 del año 2012). Si las autoridades que integran estos dos sistemas no se comportan bajo los principios que los rigen, no funcionan esos dos sistemas nacionales.  Y eso es lo que pasa en Colombia.

Los principios generales son fuente del derecho, la principalistica los estudia y valora. Los principios se encuentran en la Constitución y estos irradian toda la fuerza interpretativa para comprender las normas rectoras de la Nación; los principios se encuentran también en las Leyes y los Decretos, encabezando las normas de esos cuerpos jurídicos; permiten la comprensión de las normas y coadyuvan la interpretación con cualquiera de los métodos que se utilicen. Miremos solo 6 de los principios generales del artículo 3 que presiden la Ley 1523 del año 2012. El principio participativo, numeral 5, es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales. Principio de interés público o social, numeral 7, En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Principio de precaución, numeral 8, cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. Principio de sostenibilidad ambiental, numeral 9, el riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. Principio de coordinación, numeral 12, la coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Principio de concurrencia, numeral 13, La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas.

No he mencionado los principios de subsidiaridad, oportuna información, gradualidad, diversidad cultural, autoconservación y el de la igualdad. De este grupo de principios generales se desprende que sin el conjunto de las autoridades Estatales es difícil prevenir y resolver la atención de los desastres. Y el sistema de Gestión del Riesgo debe ir a la par o enlazarse con el Sistema Nacional del medio ambiente SINA, donde también las autoridades se deslizan o escurren para no concurrir e invertir.

“Los estándares jurídicos internacionales en materia de desastres han relacionado la prevención con los siguientes factores: la reducción de exposición a desastres, la disminución de vulnerabilidad de las personas y la mejora en la preparación para eventos adversos (Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastre, 2009). Es necesario que la reducción de riesgos por desastres sea pensada en clave de derechos humanos, con el fin de que los marcos jurídicos y las políticas públicas desplegadas no se restrinjan a la protección de infraestructura, sino que contemplen la reducción de vulnerabilidad de las personas mayormente expuestas al riesgo, teniendo como pilar la protección de la vida”. (biblioteca UNAM, 2017)

CITAS:

Biblioteca de la UNAM. DERECHOS HUMANOS Y DESASTRES. OBLIGACIONES DE ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES. Capitulo octavo. Libro sobre desastres y marcos jurídicos aplicables. www.archivos.juridicas.unam.mx / México, año 2017.

Ramos Garbiras Alberto y Pino Ernesto. “Armero sin gestión del riesgo”. Comentario de cine publicado en las revistas digitales Caja de Herramientas, y elciudadanoenlared.Blogspot.com edición de abril, año 2018.

(*) El autor de esta columna es miembro del Consejo Directivo de la CVC en representación del presidente de la República, desde octubre del año 2023. Fue Procurador Ambiental del Valle; jefe departamental de la Gestión del Riesgo en el Valle, como miembro del Gabinete Departamental en el año 2015. Y autor del libro “Aguas y derechos”.

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29 ene 2024

La importancia de los suelos. El suelo como ecosistema.

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

Dentro de los elementos del Estado, según la teoría constitucional se relacionan, la tierra, la nación, las instituciones y la soberanía. La tierra es el origen de las disputas y de las guerras. El componente tierra según los constitucionalistas lo integran, además, el subsuelo (con las riquezas minerales), el espacio aéreo, la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el mar. El suelo en general debe ser mirado como un ecosistema nacional en cada país, que se fragmenta en fincas, predios, haciendas, latifundios, minifundios, terrenos baldíos, etc., todo ello en virtud a las divisiones de la propiedad privada, las ventas, transacciones mercantiles, tradiciones sucesorales, posesiones, despojos y las diferentes formas de tenencia de la tierra.

 Según nuestra constitución el suelo debe desempeñar una función ecológica, es decir que ningún propietario en sus linderos puede depredar esos suelos, ni contaminar las aguas que discurren por su predio. Una doble situación en la mayoría de los predios: la tierra con título de un particular y las aguas que son de la Nación, no tienen dueño, pero disponen de ella y quienes la “controlan”, las Corporaciones Autónomas CAR, son laxos con los agentes contaminantes, o no se enteran. Con este mandato constitucional de la función ecológica y social, podemos empezar a pensar sobre el por qué se registra tanta degradación de los suelos.

Sobre los suelos discurren los ríos, quebradas, sobre ellos se conforman las cuencas hidrográficas; sobre los suelos se levantan los páramos, crecen los bosques, las variadas vegetaciones, se conforman los humedales, es decir todos los ecosistemas dependen y devienen de grandes áreas de suelos. Pero vemos como tumbar bosques para comercializar la madera o convertirla en carbón vegetal, es un negocio de muchos; otros pirómanos promueven incendios por maldad o para desvegetalizar e invadir; otros como técnica agrícola para ahorrarse el desbroce de la caña de azúcar, así desertizan, y con las fumigaciones salinizan; algunos agroindustriales y promotores de monocultivos, afectan los suelos al usarlos intensivamente, excavando, arando y reduciendo de manera drástica las especies y organismos del suelo; otros desbrozando irracionalmente tierras forestales y pastizales; empresarios agrícolas que invaden la faja lateral de los ríos para extender los cultivos de sus propiedades, dejando desprotegidas a las corrientes de agua de su acorazamiento; y otro sector, por las actividades de minería ilegal  intensiva en busca de riqueza acelerada, destruyen los lechos de los ríos y  la biodiversidad circundante, etc.

La capa del suelo no siempre es del mismo espesor, unas son delgadas y otras hasta de tres metros, esa fragilidad es la que no se tiene en cuenta para el cuidado y conservación, de allí el riesgo de destrucción de los suelos y de afectación de la agricultura, por ende, la amenaza a la seguridad alimentaria. El riesgo de alterar la biodiversidad, el equilibrio ambiental y demoler los ciclos productivos. “La evapotranspiración constituye la principal vía de salida en condiciones en las que no haya pérdidas por percolación. El aporte de agua diluye el contenido iónico de la fase líquida y la evapotranspiración concentra la solución del suelo. La presencia de sales solubles en el agua del suelo puede llegar a ser perjudicial para las plantas, al impedir que éstas puedan absorber el agua o por el efecto tóxico de algún ión”, así lo expone el investigador Porta Casanellas. Si los procesos de evotranspiración son interrumpidos se pierde el roció que conforma el agua área.

Un estudio de la Universidad Pablo De Olavide, liderado por Manuel Delgado Baquerizo, “proporciona novedosas evidencias experimentales y observaciones de que la biodiversidad de distintos grupos de organismos del suelo es esencial para el funcionamiento adecuado a lo largo de distintos biomas de la tierra. Estos procesos ecosistémicos incluyen la regulación del clima, la fertilidad del suelo, la producción de comida, la descomposición de desperdicios y el mantenimiento de suelos con una carga reducida de patógenos y genes de resistencia a antibióticos. El estudio destaca la necesidad de mantener la biodiversidad de distintos grupos de organismos del suelo, desde bacterias a lombrices y, sobre todo, de identificar y proteger aquellas especies con especial importancia funcional y que se encuentran altamente conectadas dentro de la red trófica”.

El ingeniero vallecaucano, agrónomo y entomólogo, Jades Jiménez, respetado en círculos agrícolas y conferencista reconocido en Perú y otros países de América Latina, me expresó sobre esta argumentación, lo siguiente. La pérdida de la biodiversidad de los componentes del suelo se da por factores externos como la quema de la caña en nuestro Departamento, por los riegos con aguas contaminadas que inducen a la salinización, por la aplicación de herbicidas químicos, por la compactación que hacen las maquinarias de gran calado, etc. Está diversidad básicamente la conforman los hongos y bacterias benéficas que ayudan a la nutrición y a la toma del agua de los cultivos, además de antagonizar enfermedades y controlar ciertos insectos-plaga que habitan en los suelos; también la flora y fauna son muy diversos, pero son extremadamente maltratadas con las aplicaciones de productos químicos y por las altas temperaturas que causan las quemas. Su columna coloca en el público un conocimiento básico de la agricultura en forma amena y sencilla. Ojalá desde las diferentes organizaciones ambientalistas e instituciones tan poderosas como la CVC, salga la voz que se esparza por toda la región afectada por este fenómeno de pérdida del suelo orgánico, cuyo principal agente de daño es el monocultivo de la caña de azúcar.

 Al degradarse las tierras por estos factores que expone el científico Jades Jiménez, esto hace que el carbono del suelo sea liberado a la atmósfera y de esta manera aumenta el cambio climático. Entonces imaginémonos que en Colombia las malas prácticas agrícolas no se corrijan, por esta razón el Ministerio de Agricultura, con el liderazgo de Jhenifer Mojica, está empeñado en las intervenciones y orientaciones a propietarios y campesinos, por ello, recibiendo la pedagogía, deben estar dispuestos a corregir, y exigirles a las agroindustrias que se salen de estos cánones del manejo apropiado de los suelos. Los suelos saludables mejoran y acrecen la resiliencia ante los eventos climáticos extremos. Las guías dadas en la COP 21 desde París 2015 lo contemplan, pero no se aplican con disciplina: La gestión sostenible de los suelos. El planteamiento es, cómo difundir las enseñanzas para fomentar la conciencia sobre el uso adecuado de los suelos, para tener suelos saludables, esa debe ser la tarea constante de las Alcaldías municipales a través de las UMATA. El Ministerio de Agricultura necesita de esa concurrencia de las localidades, que apliquen y practiquen el Decreto 1929 de 1994 y la Ley 607 del año 2000.

El 80% de los alimentos provienen de los cultivos agrícola, dependen de la salud de los suelos. La relación suelo y atmósfera debe ser objeto de más estudio. No solo los bosques son sumideros de carbono, los suelos en general, también. La desertización de la tierra lleva a mayor degradación y las medidas de corrección no son rígidas ni coherentes. Debería estrecharse el vínculo en la gestión por la sostenibilidad de los suelos entre las CAR y el Ministerio de Agricultura, no aislarse en sus tareas de preservación porque si el suelo es un ecosistema nacional gobernado por los entes territoriales en su jurisdicción, y las CAR tienen a cargo los suelos como recurso natural renovable, cómo no sincronizan lo más importante. La población crece y por ende la alimentación. Conservar los suelos es lo prioritario para sostener el ritmo de la producción de alimentos. Y si para descontaminar la atmósfera se necesitan las energías alternativas, entre ellas los biocombustibles, entonces se necesitan suelos sanos para el crecimiento de esas plantas que generan los biocombustibles. Todo ello para combatir las emisiones de los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas), que se sustituyan en parte por los biocombustibles.

  “Se necesitan muchos años para formar 1 centímetro de suelo. Sin embargo, puede ser destruido en casi nada de tiempo. Las prácticas agrícolas insostenibles, las infraestructuras urbanas, la contaminación, la erosión, el cambio climático y otros factores contribuyen a la rápida degradación de nuestros suelos y a la desertificación. Alrededor del 33 % de nuestras tierras ya están degradadas, y esta tendencia creciente está poniendo freno al logro de muchos acuerdos mundiales”, dijo Cristiana Paşca Palmer, Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su mensaje para marcar el Día Mundial del Suelo.

(*) El autor de esta columna tiene una especialización en Derecho Constitucional, Universidad Libre; es magister en Ciencia Política de la Universidad Javeriana; PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España. Fue Procurador Ambiental del Valle. Ha sido profesor de Derecho Internacional y Ciencia Política en la Universidad Libre. Profesor en la cátedra de derecho ambiental en la Universidad Santiago de Cali (USC) y en la Universidad Libre. Asistió a seminarios internacionales sobre derecho ambiental en la Universidad Externado de Colombia

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20 ene 2024

Palestina: Ocupación permanente, después la invasión y el genocidio

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*).

Esta situación de ataques demoledores, de arrasamiento que hace Israel sobre Gaza no tiene ninguna explicación para sostener una conducta de terrorismo de Estado permanente (ni  siquiera el transitorio terrorismo Estatal de los años 2012 y 2021, de las 4 guerras anteriores en Gaza), porque se trata de un Estado de la comunidad internacional , dentro de la ONU, que su defensa la debió haber ejercido dentro de los cánones del derecho internacional, por ende, dentro de las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El DIH no prohíbe la guerra, solo la regula entre combatientes y prescribe conductas de respeto a prisioneros, heridos, personal médico, etc. Esta venganza ilimitada, irracional, ha marcado a Israel ante el mundo por la masacre de civiles, la destrucción de hospitales, la muerte masiva de niños, la afectación de los campos de refugiados, la utilización de la inanición el hambre), como arma de guerra, la supresión de los servicios públicos, el corte de las comunicaciones, etc.

 Actos de barbarie y salvajismo so pretexto de estar en guerra contra el grupo Hamas, no tiene explicación ni sustento porque para combatir al adversario que perpetró un acto de terrorismo político el 7 de octubre de 2023, Israel debió plantear las confrontaciones bélicas dentro del campo de la guerra contra el terrorismo, no en operaciones de exterminio que violan todas las reglas de la guerra. La venganza o retaliación ha reemplazado al derecho internacional, dándole cabida a la retorsión (de igual dimensión); todo debida a la falta de regulación y eficacia de las instituciones internacionales para evitar los desangres de las naciones mal dirigidas. Igual al caso de Ucrania contra Rusia y viceversa. Desde Ucrania concibieron en medio de la contraofensiva iniciada en el 2023, atacar localidades rusas donde tienen centros de abasto militar para golpearlos; así, con drones y misiles han ejecutado ataques a ciudades rusas como Pskov, Soltsy, Briansk, Belgorod, Oriol, Kursk.

El analista David Hearst, de la revista digital Middle East Eye, nos recuerda que en 1982 época de los ataques de Israel a Beirut y la destrucción de los campos de refugiados de Sabra y Shatila, el presidente Reagan llamó a Menajem Begin y solicitó un alto el fuego, tardío, pero fue acatado. La falta de eficacia de la ONU se comprueba porque ni al menos una fuerza de mantenimiento de la paz dirigida por Naciones Unidas, se ha desplegado. Es decir, inutilidad del supra organismo para tratar de mantener la Paz, núcleo vital de su existencia.

 Los abominables hechos de ambas partes no pueden romper las normas internacionales para resolver los conflictos. Este desprestigio de la cúpula gubernamental israelí soportada en una ultraderecha sionista con alto componente religioso produjo una reacción mundial de rechazo, “unió” espiritualmente a los palestinos de Cisjordania y de Gaza, y alteró la región con la participación de otros países que solicitan moderación, ante la conducta equivocada de los EEUU y las actuaciones melifluas del canciller Blinken. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió el 15 de enero/ 2024 a solicitar otro alto al fuego, después de los fracasos anteriores por la falta de confirmación del Consejo de Seguridad, lo hizo por lo menos para dejar constancia y distanciarse de las gélidas decisiones de los que se amparan en la unanimidad del voto de los 5 para favorecer intereses geopolíticos. Votación que debería estar desueta en pleno siglo XXI que requiere de la multilateralidad real para evitar el desorden mundial imperante. Apenas hace pocos días la ONU designó a la Señora Sigrid Kaad, para coordinar el ingreso de ayudas humanitarias, pues Israel no ha respetado a los funcionarios de ese organismo multinacional, al menos 140 han perecido en las diferentes operaciones de exterminio contra los gazatíes.

Israel al tolerar la acción de los colonos dejó avanzar el despojo de tierras, afectando desde hace muchos años la esperanza de la construcción de los dos Estados. Desde 1967 no han cesado los colonos israelíes para logar más tierras, y sobre todo en Cisjordania los colonos religiosos ultra, que suspiran por la tierra bíblica que dicen Dios se las adjudicó, buscan que la antigua judea y Samaria (hoy Cisjordania), sea de ellos. En la otra parte de Palestina, el muro alrededor de Gaza la volvió ciudad-prisión; la militarización excesiva, las discriminaciones, las restricciones, la supresión de la locomoción, la volvieron un apartheid. Y la venganza total, el irrespeto a los civiles, conllevaron al etnocidio y al genocidio. La imparable cadena de agresiones contra Gaza conllevó al genocidio, han profundizado el odio racial y encadenaran más venganzas. La deducción que salta a la vista es la “limpieza” étnica y territorial, algunos calculan que se trata de tener acceso a los yacimientos de gas descubiertos, otros con sarcasmo sumo dicen que están despejando la vista al mar único goce visual que tienen en Gaza. Pero como lo explica Moshe Machover, profesor de filosofía del King's College, de la Universidad de Londres, el verdadero objetivo de la guerra es la limpieza étnica, y esto está sucediendo frente a nuestros ojos. Nadie que vea el horror de lo que está sucediendo - la escala de la dislocación, la escala del hambre y la sed, y la escala de la destrucción - puede negar que esto es en realidad una limpieza étnica en acción. Pero la pregunta implícita en la limpieza étnica es ¿a dónde irán los dos millones de habitantes de Gaza? Creo que (y mirando aquí la experiencia de la Nakba de 1948), los líderes israelíes preferirían que los palestinos de Gaza, por así decirlo, se limpiaran ellos étnicamente, que lo hicieran por su propia voluntad. Están creando condiciones que son tan insoportables que la gente, al final, se ve obligada a huir. Esta respuesta se la dio a Yassamine Mather, profesora de la Universidad de Glasgow.

Pero la derecha israelí quiere lo mejor de cada mundo. Quiere “aplicar la soberanía” sobre una base étnica y nacional para evitar concederles derechos políticos a los palestinos, que así seguirían siendo apátridas o, en el mejor de los casos, individuos indefinidos desde el punto de vista político (…) La alianza de Benjamín Netanyahu con los evangélicos fundamentalistas, los republicanos de línea dura y otros partidarios Trumpianos estadounidenses, junto con la deriva de Israel hacia políticas ultranacionalistas bajo su gobierno, tienen gran parte de la culpa, aunque no toda, de que este sea el estado de las cosas”. (Shlomo Ben Ami, 2023)

La solución a este complejo problema donde la paz parece imposible por las posturas de Israel y la de Hamas, se encuentra en la teoría de los dos Estados que siempre se ha invocado, pero no han practicado. Ya estamos viendo en estos días de mitad de enero 2024 como el presidente Biden comenzó a dar un giro recordando que se debe pensar en retomar esta propuesta de reconocer los dos Estados (Uno para Israel y otro para Palestina), única forma de darle soberanía y tierra jurídicamente reconocida a los palestinos ante la comunidad internacional y que de esa forma puedan coexistir con el pueblo de Israel. El Señor Borrel, jefe de la política exterior de la Unión Europea, lo expresó también, todos tardíamente, ante esta hecatombe, pero ya se ve que es la única forma de cerrar las puertas del infierno que se abrieron desde el 7 de octubre. Y existen formas de conformar ese Estado. Así como coexisten República Dominicana y Haití dentro de una Isla; o Portugal y España, dentro de una península, a su vez, España, dividida en regiones autonómicas.  O formas de Estado Confederal, en otras latitudes.

Israel como potencia nuclear está envalentonada para someter al Estado débil militarmente, esa capacidad nuclear los hace sentirse invencibles. Además, el apoyo logístico y político de EEUU y de Alemania, acrece su comportamiento. “…Israel es una potencia nuclear y no precisamente una dotada con un pequeño arsenal de armas atómicas. Israel está fuertemente armado y no sólo convencionalmente. En total, el país gasta más del 4,5 por 100 de su PIB en sus fuerzas armadas (2022), cifra que no incluye la consistente ayuda militar adicional procedente especialmente de Estados Unidos y Alemania. Antes del último ataque contra Gaza, el número de cabezas nucleares israelíes se estimaba entre las ochenta y las cuatrocientas. Y lo que es más importante, Israel posee toda la gama de sistemas de vectores para lanzar sus cabezas nucleares, entre los que destaca el denominado Trident, que le dota de capacidad de lanzamiento desde tierra, mar y aire. Se dice que los misiles nucleares terrestres de Israel están almacenados en silos lo suficientemente profundos como para resistir un ataque nuclear, lo cual los hace adecuados no sólo para lanzar un primer ataque, sino también para lanzar un segundo. Para el uso de armas nucleares desde el aire, el ejército israelí mantiene una flota de al menos treinta y seis de sus doscientos veinticuatro aviones de combate y dispone de amplias capacidades de reabastecimiento aéreo. Israel también dispone de seis submarinos de la clase Dolphin, de fabricación alemana, que los expertos consideran capaces de disparar misiles de crucero con armamento nuclear desde la propia estación de inmersión. Los misiles tienen un alcance estimado de 1500 kilómetros y ofrecen a Israel opciones de práctica invulnerabilidad en el caso de una guerra nuclear. En general, cabe suponer que Israel dispone de toda la gama de recursos nucleares existentes, que incluye el uso táctico de armas atómicas en el campo de batalla, el bombardeo aéreo de bases y centros logísticos militares enemigos y el lanzamiento de ataques misilísticos contra ciudades como, por ejemplo, Teherán”. (Streeck, 2023)

Mientras tanto se tramita la denuncia se Suráfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIP), en la Haya. La gente se confunde y piensa que se trata de la CPI o Corte Penal Internacional, que también esta maniatada ante Estados que no suscribieron el Tratado de Roma. Aquí Suráfrica no demandó a Netanyahu, ni al Ministro de Defensa Yoav Galant, o algún militar en particular; demandó al Estado de Israel por la responsabilidad ante los daños causados. Y alguna medida previa podrá tomarse para suspender las acciones de agresión mientras que se tramitan las cuantías por los daños y perjuicios, como la ha explicado el Exfiscal Moreno Ocampo. Suráfrica con esta demanda da una lección a otros Estados que podrían actuar y no lo hacen. Esta actitud puede reconducir la impasividad ante el desastre humanitario y mostrar que, aunque la inutilidad del derecho internacional esta evidenciada, aún se puede aconductar a los Estados bárbaros y desbocados por la ansiedad de tierras y recursos minerales. La esencia de la reclamación de Suráfrica está centrada en demandar al Estado no a las personas que ejecutan u ordenan (campo de la CPI), pero al demandar al Estado esas personas están implicadas y si se les puede juzgar de contera.

Cualquiera que vea la inutilidad de continuar la guerra y las dimensiones de la matanza y la destrucción en la Franja de Gaza, que quiera poner fin al sufrimiento inhumano de más de dos millones de seres humanos, tiene que tener esperanza, aunque sea en lo más profundo de su corazón, en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya decretará una medida provisional ordenando la suspensión de las operaciones militares de Israel en la Franja.

No es fácil para un israelí desear una orden judicial contra su país que también pueda dar lugar a medidas punitivas contra él, pero ¿hay alguna otra manera de detener la guerra?” (Levy ,2024).

(*) Abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali (USC); especialización en derecho constitucional, Universidad Libre; magister en ciencia política de la Universidad Javeriana; PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España. Ha sido profesor de las asignaturas: derecho internacional, ciencia política y derechos humanos, Facultad de Derecho, Universidad Libre (Seccional Cali).

 Citas:

Ben Ami Shlomo. “Profetas sin honor. La lucha por la paz en Palestina y el fin de la solución de dos Estados”. Libro publicado por la editorial RBA libros y publicaciones SLU. Impreso en Barcelona- España, traducción de Ana Isabel Sánchez. Primera edición, abril de 2023.

Levy Gideon. Buena suerte a la CIJ, los israelíes deberían esperar que decrete el fin de la operación en Gaza. Columna de prensa de un periodista del diario Haaretz, republicado en la revista catalana Sin Permiso (SP). www.sinpermiso.info / Barcelona, España, enero 7 del año 2024. 

Wolfgang Streeck. Masacre en Gaza: La lógica del poder nuclear israelí. Análisis publicado en la revista catalana Sin Permiso (SP). www.sinpermiso.info / Barcelona, España, diciembre 12 del año 2023.

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