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15 jul 2021

Chile y la expectativa por otra Constitución

Texto de  Alberto Ramos Garbiras (*)

Chile tendrá una nueva Constitución seguramente en marzo del año 2022, aunque pueden extenderse 3 meses más. Se ha iniciado un proceso de reforma desde el 4 de julio, tienen previsto dos meses para redactar el propio reglamento de la Convención Constitucional, y 7 meses destinados a discutir los temas necesarios con el objetivo de modernizar el Estado que está anquilosado desde la Constitución de 1980 (excepto las reformas que se adelantaron durante el gobierno de Ricardo Lagos, y otras durante el gobierno de la señora Bachelette); Estado neoliberal de corte pinochetista que, dio al traste con el modelo  institucional y de desarrollo que estaba implementando Salvador Allende, cuando lo asesinaron el 11 de septiembre de 1973 durante un Golpe de Estado cruento; artero en la conspiración y bárbaro en la ejecución, perpetrado por Augusto Pinochet, quien asumió una dictadura desembozada.

Entonces, Chile tiene un enorme atraso constitucional, con altos índices de pobreza aún, y proliferación de invasiones, también como Colombia. El neoliberalismo empezó a campear fue en Chile hasta que estranguló a la sociedad. La ola de reformas constitucionales en América Latina, de los años 90s, después de la colombiana no fue suficiente para que esos dos cambios durante los gobiernos de Lagos y Bachelette, sirvieran para instaurar el Estado Social de Derecho, los derechos sociales fueron allá mercantilizados, la educación y la salud en manos de particulares, el mercado como rector de la vida, lo mismo las pensiones manejadas por el sector financiero especulando con los depósitos, y los banqueros enseñoreados enriqueciéndose en detrimento de los sectores de capas medias y trabajadores asfixiados por las altas tasas de los intereses.

El desprestigio de la clase política deterioró la política, los partidos se erosionaron a tal extremo que existe una sensación extendida que no se debe pertenecer ni crear partidos, lo cual es un extremismo erróneo porque ni dejaran de ser el medio o vehículo de competencia y transmisión de las ideas o programas para acceder al poder. Lo que se debe aprender es a nuclearse y organizarse la sociedad civil alrededor de expresiones sociales, fuerzas nuevas que sepan expresarse y reafirmar los movimientos sociales, y motivar a los abstencionistas para votar. Se deben realizar asambleas territoriales, formar listas para participar, aprender a emprender acciones políticas, reinventar formas de organización popular.

Es el caso de los pueblos originarios, los indígenas que aún no tienen autonomía, son 10 etnias arrumbadas o aherrojadas. Y de otro lado el mestizaje aún es vergonzante, muchos no lo asumen, como en Colombia, donde vastos grupos poblacionales ni conocen el origen pluriétnico de la nación colombiana, ese cruce dado desde la conquista (50 años) y durante toda la colonia (260 años) que se desarrolló en las republica del siglo XIX (70 años) y continúa hasta hoy con la proliferación de encuentros sexuales.17 escaños en la convención constitucional lograron las comunidades indígenas y la presidenta es Elisa Loncón, de la etnia Mapuche. Ella reclama un Estado plurinacional e intercultural, y el derecho a la tierra de las naciones originarias, además que se reconozcan los derechos de la naturaleza, hacia un constitucionalismo biocéntríco, para salir del etnocentrismo, es decir que se respeten los ecosistemas que permiten calidad de vida en virtud al nexo inescindible entre recursos naturales y vida humana.

El estallido social registrado en Chile desde octubre del año 2019 fue reprimido en la fase inicial ,pero luego el Gobierno de Sebastián Piñera y los partidos de la coalición, hicieron un acuerdo que llamaron de Paz, para dar paso a un proceso constitucional que permitiera limar asperezas y transformar algunas instituciones, pero hábilmente a las fuerzas que nacieron de las revueltas las sumergieron en un acuerdo de élites para que la reforma se hiciera bajo la figura de una Convención constitucional y no de un Asamblea Constituyente, introduciendo la disposición de la votación aprobatoria de los dos tercios buscando exigir mayorías más amplias en la aprobación de los artículos que vayan reformando la Constitución, y además dejando intangibles los tratados internacionales suscritos para mantener la estructura neoliberal del Estado, desde el Tratado de Libre Comercio y otros.

Entonces la duda y la pregunta saltan a la vista, y será objeto de controversias durante la redacción del reglamento, cómo a una votación   popular que dio luz a la elección 155 constituyentes, como delegados soberanos del pueblo, la van a encorsetar con una modalidad de cuerpo colegiado que le resta la fuerza fundacional de reformar por mayoría simple, atentando contra las bases primigenias de lo que significa el Constituyente como hacedor del Estado. Y, además, después de aprobada por la Convención Constitucional van a someter lo redactado a un referéndum, entonces, sino se necesita otra votación de legitimidad, esto es una pantomima inútil, puede ocurrir lo que sucedió en Colombia con el plebiscito por la Paz, que fue manoseado en la campaña de mentiras y distorsiones, y no era necesario porque la paz es contramayoritaria. Buscar una doble legitimidad es un retruécano jurídico para entrabar la original legitimidad. “Como sea, hoy se valora, eso sí, que el movimiento social, la irrupción popular y la demanda ciudadana haya logrado que se entrara de lleno al proceso constituyente, se ganara con un 80% el plebiscito donde se dijo Sí a la nueva Constitución, se determinará un órgano cien por ciento electo por el pueblo para construir el texto institucional y se pusiera sobre la mesa el cambio del carácter del Estado, la transformación del sistema político, el cambio del modelo de desarrollo y la consagración de derechos sociales”. (Guzmán, 2021)

 

El tratadista Luis Carlos Sáchica se preguntó, ¿Quién posee el poder constituyente?, y contestó citando a Montesquieu y a Rousseau, el primero lo define reposando el poder en la Nación y el segundo en el pueblo, pero al final ambos convergen porque el pueblo hace parte principal de la Nación con otros componentes. Para la tendencia Rousseauniana, el poder constituyente es una emanación de la “voluntad general”, es decir, del pueblo que afirma la necesidad de  la organización política de la sociedad mediante un acuerdo libre y voluntario de todos sus individuos (el pacto o contrato), y cuya expresión jurídica es precisamente el texto constitucional. Sobre el poder constituyente, “Los constitucionalistas lo definen como el ejercicio primario de la soberanía de un pueblo tendiente a darse un ordenamiento jurídico originario o nuevo por medio de una Constitución o a revisar esta cuando sea necesario…”, escribió Ernesto Saa Velasco, citado por Echeverri Uruburu, quien acotó: El poder constituyente primario es pues, la consecuencia de la concepción liberal acerca de la igualdad “natural” de los hombres, los cuales, en esas condiciones de igualdad, concurren a la formación del poder político destinado a representarlos y defender a todos por igual. (Echeverry Uruburu, 1997).

 

El escenario de la inapropiadamente llamada convención constitucional va a ser el terreno de la lucha ideológica, el encuentro conceptual de los poderes asentados y enraizados desde el  año 1974 con élites y castas empresariales, otras ocultas, amparadas por la Dictadura; y desde 1990 los partidos de la concertación, o los progresistas de centro izquierda en cruce de servicios con las derechas bajo otros ropajes; se van a encontrar con las fuerzas sociales independientes resultado del pugilato desde el estallido social de 2019 y las tensiones para lograr esta fórmula de reforma ante el desespero del gobierno de Sebastián Piñera que no encontraba la forma de contención, ante la presión popular, por ello en primera instancia acudió a la represión, hubo 35 asesinatos.

 

Este 2021 además es un año electoral pues se elegirá presidente de la República, la primera vuelta será el 21 de noviembre y la segunda el 19 de diciembre, donde los partidos de derecha y la llamada Concertación Nacional se coaligarán para defender el establecimiento. Aparecerán outsider y la franja lunática. El analista Francisco Herreros, expresó que se espera posiblemente, la conformación de una confluencia entre la izquierda histórica, heredera de Allende, con la izquierda social, territorial y multifacética, con un programa que logre el cambio no solo de autoridades sino de modelo de desarrollo.

 

Ante la fragmentación de las formaciones políticas, en la coyuntura actual de Chile, no hay un partido político tradicional o una fuerza social (movimiento social o sector social) que tenga la capacidad de jalonar o imponer el rumbo de la transformación que se requiera, va a ser una controversia de bancadas durante 9 meses y de pronto 12 si llegan a la prórroga. Las deliberaciones, los discursos cruzados, las diatribas van a ser inevitables, y por ende los acuerdos. Esto en el fondo es “saludable” porque encaja en la vía del cambio sin violencia, la vía de la mutación institucional, pero con la prevención que deben tomar las nuevas fuerzas sociales, por los entrampamientos jurídicos que suelen tender los que no se reformaban y ahora aceptan el cambio para que todo siga igual, utilizando la vía de las cancamusas y los ardides. Dentro de esas previsiones ya anunciaron un mecanismo vinculante para recepcionar propuestas y motivar a los movimientos sociales, a los cabildos, asambleas populares, organizaciones territoriales, a fin de que envíen o reporten las inquietudes populares para ser procesadas y decantadas en las sesiones de la Constituyente.

(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional y derecho constitucional, en la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali (USC). Profesor de la cátedra: derechos humanos.

Bibliografía.

Echeverry Uruburu Álvaro.” Teoría constitucional y ciencia política”  Libro publicado por Ediciones Librería del Profesional, página 344, quinta edición, Bogotá, 1997.

Guzmán Hugo “Chile frente a una disputa estratégica”. Columna publicada en la revista electrónica Alainet www.alainet.org.  Julio 2 del año 2021. 

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4 jul 2021

La Renta Básica, un ingreso de subsistencia

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

Las libertades democráticas se encuentran en el ejercicio de casi todos los derechos humanos. No es solo la libertad personal (no estar preso ni secuestrado), las otras libertades van ligadas a la autonomía personal, pero dependiendo del tipo de democracia se ejercen con más amplitud que en otras donde los recortes de las libertades se dan por razones de orden público o por restricciones para sobreproteger la propiedad privada. La democracia burguesa es un oxímoron, una contradicción como diría Anthony Domenech, porque las leyes benefician a los que más tienen y golpean a los asalariados o desclasados. Las democracias burguesas se afinan en las dictaduras civiles, donde las leyes y decretos retuercen los derechos sociales o los angostan.

Encaja esta Renta Básica con el espíritu del artículo 13 de la Constitución. Los incisos segundo y tercero de esta norma, como derecho humano (la igualdad ante la ley) dice, “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (…)”.

El trabajo sirve para apuntalar la “LIBERTAD”, así sea una libertad limitada, porque da autonomía, seguridad y garantiza la subsistencia, así sea un trabajo asalariado. Sin trabajo se inicia el camino a la servidumbre, a la degradación y se puede llegar a la abyección. Hay trabajos rutinarios, monótonos, no edificantes, pero permiten el sustento. Y para ello existe la capacitación que imprime movilidad o ascenso. En Colombia la Constitución ordena que el Estado intervenga y planifique la economía para lograr el pleno empleo (artículo 334). Una sociedad que no ofrece ni garantiza el trabajo reduce a la población desempleada al rebusque o a la delincuencia, a la búsqueda de actividades ilícitas, de rentas criminales, al abrir ese camino se dispara la descomposición.

Todas las personas deberíamos tener la existencia material garantizada si realmente queremos ser libres para no depender del todo de otro. Y para ello, la Renta Básica es una medida de política económica viable que, disminuiría la pobreza extrema, y “garantizaría” la subsistencia. Para que la renta básica cumpla su objetivo, también tiene que ser manejable, para garantizar así la existencia material de todas las personas con índices de pobreza.  Lo que pasa es que mientras muchas de las medidas económicas que tenemos hoy son altamente regresivas, la Renta Básica es significativamente progresiva. Llevan muchos años apretándose el cinturón los de abajo, y con una renta básica se conseguiría algo de justicia social.

 El estallido social no fue animado entre marzo y abril de 2021 por ninguna mente maquiavélica o por adversarios perversos del gobierno, fue el cúmulo de todas las inequidades ,al menos de los últimos 18 años (por no decir 30 años), fue producto del neoliberalismo practicado por todos esos gobiernos que dejaron desbocar las ganancias de los empresarios privados y desregularon las intervenciones estatales, generando este empobrecimiento descarrilado y dejando sin efectividad los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991. La Renta Básica trata de un simple reparto de la riqueza más equitativo, mediante el cual se reduciría la desigualdad social que se está volviendo cada vez más alarmante.

En Colombia funciona el Estado Social de Derecho o solo es apariencia constitucional. A este interrogante surgen muchas respuestas las cuales depende del punto vista que se tenga y la posición social en donde se encuentre quien haga el análisis. Observándolo bien, los derechos que están consagrados en la constitución nacional como sociales, culturales y económicos, no se cumplen a cabalidad. Todo esto demuestra que no hay estado social de derecho ya que para serlo tendríamos que garantizar que todo aquello que está plasmado en carta magna se cumpliera en su inmensa mayoría, o al menos en un 80% lo cual en Colombia es el opuesto se aplica en el 20% y por ende la desprotección que sufre la mayoría de la población colombiana.

El estado social de derecho que tenemos no es que el queremos o el que está plasmado en la Constitución por ende la lucha debe continuar por garantizar los derechos básicos, buscar una verdadera justicia social y no la injusticia social que existe hoy por hoy en Colombia en donde el concepto del estado social solo se quedó en el papel. Solo lo jueces han tratado desde las altas cortes de hacer justicia social, con sentencias de reconocimiento, pero este es un trabajo dispendioso que no logra cubrir todas las aspiraciones. El estado social de derecho tiene tres fuentes nutrientes, además de las sentencias, las políticas públicas administrativas de los gobiernos, más las leyes que se expidan reconociendo mínimos vitales. El trabajo está por desarrollarse dentro del postconflicto. Y este postconflicto fue interrumpido por la falta de implementación y por las trizas que los adversarios de la paz confeccionaron con obstáculos y degradaciones.

En un texto de la página Web Uniderecho, se exponía que, la pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una tendencia decreciente desde el 2010: pasó de 30,4% al inicio de la década a 17,8% en 2016. Esto significa que el país pasó de tener 13´719.000 de personas en condición de pobreza multidimensional. De ellos 4.000.000 de pobres absolutos cayeron en la indigencia, con menos de $130.000 de ingresos mensuales. La pobreza multidimensional se observa no solo por los ingresos monetarios sino también por la falta de atención en salud, educación; las condiciones de la niñez y juventud, trabajo y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda etc., derechos sociales que no se cumplen, en sus mínimos vitales. Los otros 9. 700.000 personas estaban en el umbral de la pobreza que según el DANE no reciben más de $ 300.000 mensuales.

En la página Web del periódico La República (www.larepublica.co), se destacó el 30 de abril de 2021, que, “ya ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia del covid-19 y, tal como lo pronosticaban los expertos, las afectaciones sociales y económicas que trajo el virus hicieron que Colombia retrocediera casi una década en la lucha contra la pobreza. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el año pasado 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019 (35,7%). En total son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de $331.688 mensuales, un monto que, según el DANE, es la línea de pobreza en Colombia”.

La distribución del ingreso y la pobreza pesa mucho la distribución de los activos de los hogares y el nivel educativo, así como la naturaleza de los sectores a los cuales están vinculados. Colombia sigue afectada por una mala distribución de la tierra, un bajo desarrollo industrial y un distorsionado sector de servicios. Esta estructura productiva nos impide desarrollarnos plenamente y abatir la pobreza.

Mauricio Cabrera, citando un estudio del Global Wealth Report, publicado por el Credit Suisse, Banco Suizo, relaciona a sus lectores cómo todos lo índices muestran que la desigualdad en la distribución de la riqueza mundial aumentó sustancialmente en el año 2020. La versión 2021del reporte se concentra en los efectos del Covid-19 sobre la riqueza mundial y su distribución. Un primer hallazgo inesperado es que, a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, la riqueza mundial no se redujo, por el contrario, se incrementó en 7.4%. Más extraño aún, los países más afectados por el Covid-19 fueron los que registraron las mayores ganancias en riqueza. (Cabrera,2021)

En una entrevista realizada por Laure Vega de la Revista Catarsi, al economista español Daniel Raventós, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, y republicada por la Revista SP, expuso este pionero del tema en Cataluña que, “Republicanamente las grandes fortunas son incompatibles con la democracia. Por democracia siempre se entendió hasta hace relativamente pocos años el gobierno de los pobres libres, que es la definición que se le otorgó hace 2.400 años. Nosotros ahora lo diríamos de otra manera, diríamos que la democracia es el gobierno de toda la población independientemente de sus fortunas, pero es que las fortunas no pueden existir porque precisamente atentan contra esta libertad. Eso lo han dicho incluso gente no republicana. El premio Nobel de economía (el nombre popular del premio que otorga el banco de Suecia, que no es Nobel, pero así se dice) Joseph Stiglitz, economista moderado -de izquierdas, pero moderado- lo dice claramente. Las grandes fortunas son un atentado contra la democracia y, en consecuencia, un atentado contra la libertad”. (Raventós,2021)

Bibliografía.

Cabrera Mauricio. Crece, crece la desigualdad”. Columna publicada en el periódico El País, de Cali, julio 27 del año 2021.

Raventós Daniel. “La renta básica permitiría ganar una base social que es imprescindible…”. Entrevista republicada por la Revista catalana SP, www.sinpermiso.info, mayo 7 del año 2021.

 (*) Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional y derecho constitucional, en la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali (USC). Profesor de la cátedra: derechos humanos.

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26 jun 2021

Renta Básica y Libertades individuales

Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

     Las libertades democráticas se encuentran en el ejercicio de casi todos los derechos humanos. No es solo la libertad personal (no estar preso ni secuestrado), las otras libertades van ligadas a la autonomía personal, pero dependiendo del tipo de democracia se ejercen con más amplitud que en otras donde los recortes de las libertades se dan por razones de orden público o por restricciones para sobreproteger la propiedad privada. La democracia burguesa es un oxímoron, una contradicción como diría Anthony Domenech, porque las leyes benefician a los que más tienen y golpean a los asalariados o desclasados. Las democracias burguesas se afinan en las dictaduras civiles, donde las leyes y decretos retuercen los derechos sociales o los angostan.

    La Renta Básica puede mirarse como una mensualidad asignada a las personas en situación vulnerable, de indefensión, y podría decirse para cubrir las necesidades básicas insatisfechas hasta que se recupere y logre un trabajo no precario. Por eso la Renta Básica en Colombia podría se temporal y no universal ni incondicional, como se discute en otros partes. En nuestro país podría condicionarse asignándose en ciertos estratos (1 y 2), y a personas que no tengan empleo. El ciudadano beneficiado que reciba la asignación mensual bajo la forma de Renta Básica estará libre de “apremios o afugias diarias” (la alimentación, el alquiler), y tendrá más opción para pensar en capacitarse o encontrar un trabajo u oficio que le complemente el ingreso y lo dignifique. Por eso habría que pensar cual es el tope de ingresos de la persona acogida para suspenderle la Renta Básica si logra un trabajo de ingreso mínimo, o sea fijar el tope del sueldo para no privarlo de esa renta.

     Encaja esta Renta Básica con el espíritu del artículo 13 de la Constitución. Los incisos segundo y tercero de esta norma, como derecho humano (la igualdad ante la ley) dice, “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (…)”.

     La Renta Básica permite que la dignidad humana se accione. La persona en situación de vulnerabilidad, un pobre de solemnidad, como dicen las “señoras de bien”, cae en las humillaciones, declina muchas veces toda reacción ante el agravio y se somete hasta a tratos infames con tal de lograr una ayuda de los que son pudientes o por un trabajo ocasional y miserable, o una limosna callejera. Como decían los romanos, se les aplica la capitis deminutio (disminución de la capacidad), y pierde la libertad personal, así “disponga de ella” para circular (aunque no esté preso ni detenido),pero su vulnerabilidad no le permite reaccionar, y le es pisoteada la dignidad; perdiendo coetáneamente varias libertades conexas con los derechos humanos como la libertad al trabajo y a los oficios (artículos 25 y 26 de la Constitución), “libre de escoger profesión u oficio”, pero cómo , si ha sido excluido, no ha podido escolarizarse ni capacitarse. Además, la aporofobia extendida (odio o aversión hacia los pobres), en vastos sectores sociales los apartan. Y la misma libertad personal, artículo 28 de la Constitución, queda sin poderse gozar porque su personalidad jurídica es mutilada por la marginalidad, la falta de oportunidades y el despojo, quedan sin patrimonio.

     El trabajo sirve para apuntalar la “LIBERTAD”, así sea una libertad limitada, porque da autonomía, seguridad y garantiza la subsistencia, así sea un trabajo asalariado. Sin trabajo se inicia el camino a la servidumbre, a la degradación y se puede llegar a la abyección. Hay trabajos rutinarios, monótonos, no edificantes, pero permiten el sustento. Y para ello existe la capacitación que imprime movilidad o ascenso. En Colombia la Constitución ordena que el Estado intervenga y planifique la economía para lograr el pleno empleo (artículo 334). Una sociedad que no ofrece ni garantiza el trabajo reduce a la población desempleada al rebusque o a la delincuencia, a la búsqueda de actividades ilícitas, de rentas criminales, al abrir ese camino se dispara la descomposición.

     La Constitución nacional se expidió a nombre del pueblo de Colombia dice el preámbulo, para asegurar a los integrantes de la Nación, la libertad, entre otras garantías. Y el Estado fue organizado como una Democracia pluralista fundado en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas, dice el artículo primero de la Constitución, como principio fundamental. La Renta Básica sirve para soliviantar o apuntalar la dignidad humana, este es el pilar de los derechos humanos, pero esa Renta Básica, debe ir acompasada con el funcionamiento de los derechos sociales, de las personas seleccionadas para la asignación mensual, y del goce de los derechos sociales de aquellos que se mueven en su entorno. Esto es lo que no se ha hecho en Colombia durante los 30 años de la expedición Constitucional (1991/ 2021), el cúmulo de exclusiones nos llevó a este estallido social.

(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional y derecho constitucional, en la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali (USC). Profesor de la cátedra: derechos humanos.

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21 jun 2021

Renta Básica y Democracia

 Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)

   El preámbulo de la Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU, consideró que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales  de todos los miembros de la familia humana; y que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada de las personas; por ello consagró en los artículos  7 y 25 que, “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Y que, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

       Si en la Democracia decide el pueblo y es un sistema para el pueblo, según el argumento liberal clásico; cómo es posible que Colombia un país de 21 millones de pobres, con 15 millones en situación de pauperización progresiva, en pleno tercer pico de la pandemia y en medio de un estallido social, se atrevan unos congresistas a entrabar la discusión legislativa para crear una Renta Básica que serviría lograr algo de equidad y justicia, como deber democrático. Esa renta básica no se necesitaría si en este país se cumpliera con proporcionar el pleno empleo que contempla el artículo 334 de la Constitución. En Colombia el solo hecho de la estratificación urbana para los barrios de menor nivel es un estigmatizador la geografía barrial, y el vestuario, otro diferenciador social: Otra marca de la pobreza. Y sin empleo, peor.

       La propuesta del ingreso ciudadano a manera de Renta Básica Condicional se presenta, así como una alternativa diferente de las políticas de transferencias de ingresos a las personas y familias hoy en vigor (familias en acción o familias guardabosques, o lo que se mantenga de ellas). Los actuales programas que pagan ingresos no tienen este mismo propósito, están condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos debidamente certificados por la autoridad competente y no están integrados con el sistema tributario.

        La integración fiscal progresiva del ingreso ciudadano y familiar lo vuelve un instrumento potente para aumentar la autonomía económica de las personas y, por lo tanto, su autonomía para ejercer sus libertades políticas. En otras palabras, permitiría generar condiciones para alcanzar el ideal republicano de «libertad como no dominación», al reducir la interferencia del poder político y económico sobre las opciones de vida elegidas por las personas.

      Claro que debemos agotar primero el debate sobre los problemas del empleo en Colombia y la incapacidad del actual sistema de atender los nuevos escenarios de precariedad laboral e insuficiencia de ingresos, la extendida informalidad del rebusque, así como las trasformaciones de los mercados de trabajo que ponen en cuestión la posibilidad del pleno empleo.

       Las fuentes financieras para hacer viable económicamente la Renta Básica y darle sostenibilidad fiscal  pueden ser : dineros del sistema de participación; crear una tasa a las transacciones financieras para esta renta básica, los bancos deben aportar de sus ganancias al bienestar social de la población; cerrando las válvulas de la corrupción; simplificando  una larga lista de ayudas existentes que se pierden en las oficinas de bienestar social porque no las aplican sino que las desaguan; impuestos a las sociedades; impuestos a herencias existentes; impuestos sobre donaciones; modificación de los sistemas actuales del impuesto a la renta; al 20% más rico de la población se le podría imponer una reforma fiscal progresiva para financiar la Renta Básica. Todo esto se justifica por el alto grado de pobreza, desempleo y precariedad en que está sumida la población colombiana.

         En Alaska se creó existe una renta básica hace 43 años, la forma de financiarla se logró mediante una gran fundación semipública-semiprivada. En otros países del mundo, como Finlandia donde se implementó; en Holanda se ensayó en una ciudad. Lo destacable es que se están demoliendo las barreras culturales o mentales que hay en contra de la Renta Básica. La pandemia, el encierro y el hambre motivaron a muchos gobernantes renuentes para proponer formas de renta básica, algunos propusieron remedos miserabilistas. Todo el dinero que los evasores evitan pagar en impuestos es dinero que no irá a hospitales ni colegios públicos ni a justicia social. Se podría pagar una renta básica de una cantidad igual al umbral de la pobreza, como han mostrado distintos estudios tanto en la región vasca de España, o en Cataluña.

(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Derecho Público con énfasis en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); profesor de las cátedras: derechos humanos y derecho internacional, en la Universidad Libre.

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8 jun 2021

Renta Básica ineludible

 Texto de Alberto Ramos Garbiras

      Desde marzo del año 2020, escribí para Un medio de comunicación de Bogotá, una columna titulada “Renta básica o estallido social”, argumentando que la pauperización y precarización de vastos sectores poblacionales en las naciones son indudablemente producto del rapaz ensamblaje del neoliberalismo. La economía en manos del mercado no puede continuar determinando la vida social. La privatización de los servicios públicos esenciales agrava los patrimonios familiares porque elevan los costos y las tasas impositivas. La cesión del Estado a los particulares para la prestación de las actividades que son derechos sociales y económicos como la salud y la educación se convirtieron en el agravante mayor que golpea los bolsillos de los sectores subalternos.

     La carta de los derechos sociales, culturales y económicos está bien descrita y consagrada en la Constitución, artículos 42 al 77. Pero si esos derechos continúan siendo prestados por empresarios sin límites, seguirán minando y acogotando la paciencia de los desfavorecidos. De esta manera se desmorona el Estado Social de Derecho (ESD) y se golpean los derechos humanos. Existe un nexo directo entre derechos humanos y derechos sociales; al no cumplirse ni materializarse los segundos, se afectan los primeros. De esta manera Colombia no tiene Estado del bienestar (ESD) como lo ordena el artículo primero de la Constitución, ni se garantizan los derechos humanos o individuales, caotizando la vida social. Con la presencia de la pandemia y la imposición de la cuarentena se visualizó más este cuadro desolador de la sociedad colombiana.

      La concentración de la riqueza aumenta el crecimiento de la pobreza. Es alarmante e incontenible el descontento social, si continua el neoliberalismo operando como sistema económico y político admitido, la precarización se ahondará hasta llegar al estallido social.

       Para darle un soporte constitucional a la Renta Básica (RB), miremos tres artículos correspondientes de la Constitución nacional: 2, 334 y 350. El artículo 2 como principio fundamental, pertenece a la principalistica, cubre lo que el Constituyente concibió que, el Estado requiere alcanzar en objetivos, estipula que uno de los fines del Estado es promover la prosperidad general. El artículo 334 se refiere a la intervención del Estado en la economía, consagra que, “El Estado de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular los de menores ingresos, tendrán acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”. O sea, que un propósito esencial del Estado es lograr el pleno empleo, si este se cumpliera no habría necesidad de diseñar una Renta Básica porque todos tendrían ingresos. El artículo 350 sobre el gasto público social, expresa que, “en la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa…” ; es decir que deben tenerse los censos y las estadísticas sobre las personas con necesidades básicas insatisfechas, para saber dónde se aplica el gasto público social y si las otras erogaciones son eficientes desde lo fiscal(hacienda pública), lo cual visualiza normativamente el encaje constitucional de la Renta Básica, encaminada a cubrir las necesidades básicas insatisfechas.

      Y, en el mismo mes de marzo 2020, para el Centro de Pensamiento Estratégico, democracia y posconflicto, redacté una sustentación sobre la necesidad de La Renta Básica como un ingreso ciudadano a cargo del Estado que permite cubrir parte de las necesidades básicas o primarias de la población. Se trata de una iniciativa que pone en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía, del respeto a las personas; pero también deja ver la necesidad de un sistema impositivo progresivo y la necesidad de frenar la corrupción como base para el buen funcionamiento del ingreso dirigido a los que nada reciben.

       La pandemia obligó a la población a recluirse en sus casas y dejar de trabajar, las familias que viven del día a día se vieron en serias dificultades para adquirir los alimentos diarios. Esta propuesta debe ser discutida y aplicada de manera urgente, pues miles de familia ya se encuentran al borde de la inanición. Y el estallido social evidenció la urgencia de implementar un ingreso sólido más que solidario.

        La renta Básica condicional (RBC) o ingreso básico familiar, se refiere a un arreglo institucional cuyo objetivo es garantizar cierta forma de ingreso condicional a las personas que no tienen empleo ni salario mínimo. Esto es, un ingreso para cuyo acceso se requiere no trabajar en un empleo mercantil (como es el caso del salario), no tener pensión, se puede demostrar que se está desocupado y encontrarse en un nivel de pobreza.

      El ingreso ciudadano de Renta Básica Condicional es un ingreso suficiente para generar niveles básicos de consumo y garantizar la ingesta calórica-proteica mínima, el cual será pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad que habita en estratos 1 y 2 y no tiene ingresos y se financiará con los recursos destinados a enfrentar la crisis social y económica que generó a partir de la pandemia.

        En el libro Movimientos sociales y protestas, desde el año 2016, abordé el tema de amplios sectores sociales afectados por el neoliberalismo. El precariado es una amalgama gigante de personas que proviene de diferentes sectores poblacionales, de la clase media, de los estratos bajos, etc.; con un común denominador: han perdido la estabilidad que tenían y viven con dificultades, en situación precaria, ya nada está garantizado. Perdieron el empleo o les cambiaron las condiciones de estabilidad y seguridad social, los pagos disminuyeron o son exiguos; si consiguen un empleo no corresponde a la cualificación que habían logrado para desempeñarse; viven de la informalidad comercial, se mueven en el rebusque; si están vinculados al sector estatal son prestadores de servicios (PS) y no tienen seguridad social, ni continuidad, trabajan por meses de manera saltuaria; otros han perdido el nivel de ingresos…

       Podríamos intentar una aproximación a este sector social del precariado que queda en esa situación sin buscarla, son un producto de la dinámica neoliberal y víctimas de los recortes, las políticas de austeridad y del reciclaje laboral. Los precarizados paulatinamente, aunque tengan ingresos estos no sirven para realizar ahorros, solo para subsistir. Sin seguridad social se gastan los excedentes en la primera enfermedad, y no tienen un horizonte para la vejez, porque no acumulan o cotizan para la pensión. El precariado, también debe ser objeto de especial atención dentro del Estado Social de Derecho, porque miles de ellos caen cíclicamente en periodos, sin ingresos.

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