Por: Alberto Ramos Garbiras (*)
El martes 3 de diciembre se reunieron en Cali
al menos 40 consejeros territoriales de PAZ, del Valle y del Cauca, para
aportar desde estos dos Departamentos, ideas en la construcción de una política
nacional de convivencia, reconciliación y no estigmatización. Y para afinar los
mecanismos de trabajo ante los retos venideros que, tienen estos Consejos
locales de PAZ. Entre los propósitos que tienen en mente esta la política
criminal que se aplicará en estos territorios, cómo construir una red de
alcaldes para la PAZ (teniendo en la cuenta que en enero se posesionan los
nuevos mandatarios y no se conocen sus inclinaciones), cómo insuflar el ánimo
dialogante con el presidente de la República, y cómo superar las guerras
saltuarias y la actual dispersión de actores armados no políticos. La
preocupación de las autoridades en Cali es mayúscula pues los indicadores
registrados en el paro del 21 de noviembre dejan varias lecturas. Precisamente
el mismo día, 3 de diciembre, el Comité Nacional del Paro y el Gobierno
Nacional, no se pusieron de acuerdo sobre la no presencia del ESMAD para las
marchas del 4 de diciembre, y sobre el uso del derecho de réplica para hacer
conocer el pliego de peticiones, entonces se pararon de la mesa.
El pasado 21 de noviembre las marchas
resultaron pacíficas y llenas de colorido con proclamas contra el paquetazo
tributario. Pero al final de la tarde aparecieron los llamados vándalos que
enturbiaron la jornada, pero nada tenían que ver con los convocantes ni con los
marchantes. Aparecieron de forma abrupta y comenzaron una jornada que inquietó
a toda la ciudad y levantaron sospechas sobre su accionar por la flagrancia
como actuaron y el despliegue múltiple/coetáneo en varios sitios de la ciudad,
parecían fletados y animados por agentes oscuros. Fueron atacados 19 buses del
MIO (transporte público similar al Transmilenio), más 5 estaciones del MIO, la
fachada de Unicentro, 35 vehículos particulares, el almacén Herpo, supermercados
y otros locales. La gente se quejó porque en un comienzo no aparecía la
policía, solo el helicóptero rondaba los barrios, con un carácter disuasivo.
El Alcalde Maurice Armitage, ante los primeros
aparecimientos de ataques a locales había decretado el toque de queda y en la
práctica la ley seca, todos teníamos que encerrarnos desde las 7 pm, como si
estuviéramos en Estado de Sitio. La mayoría de la población ejerció la protesta
pacífica en la noche con un ecoico cacerolazo contra el gobierno nacional y un
toque de disgusto con el gobierno municipal porque afloró la evidencia de la
ausencia de un pie de fuerza pública suficiente para controlar la situación,
inclusive el comandante de la policía Hugo Casas había renunciado hacía pocos
días.
Andrés Arango Velasco, colaborador del Blog www.elpacifista.com, expresó, “La ciudad
colapsó y las alarmas estallaban a gritos, los disparos nos dejaban sin habla,
vándalos atentaban contra la integridad física, emocional y material de los
ciudadanos; Cali empezaba a abrir sus fauces, a devorarnos lentamente para que
conociéramos el vértigo y nos diéramos cuenta de que aquello que pensábamos
invisible, en realidad no lo es, y su fuerza es descomunal (…) Surgió de
nosotros la necesidad implacable de entrar en el juego de la intimidación y
salimos de nuestras casas armados con palos, escobas y traperos; varillas,
piedras y cuchillos que parecían machetes para defender nuestras cosas, nuestro
territorio, del monstruo que nos acechaba”.
Hubo pánico en toda la noche del 21 -N y se
extendió el miedo al 22 de noviembre, los negocios al día siguiente comenzaron
a ser cerrados a las 11 y 10 de la mañana y creció la fragilidad ciudadana,
quedando aquel viernes al final de la tarde como si fuera un domingo, con poco
tráfico. Según datos oficiales, al menos 300 vándalos se esparcieron en algunos
barrios. Los barrios afectados fueron en el oriente, el Manuela Beltrán y el
Ulpiano Lloreda, donde saquearon panaderías y prenderías. Hubo perturbaciones a
la propiedad y dispersión de vándalos en los barrios Valle del Lilí, La
Hacienda, Primero de Mayo, Cañaverales, Vegas-Comfandi, El Caney, Meléndez,
Santa Helena, Chiminangos, Ciudad 2000, en el centro de Cali y el Bulevar del
Río. Se registraron saqueos a 56 establecimientos comerciales, almacenes de
ropa, y fachadas de las sedes bancarias del Centro, para un total de 22
policías heridos. Hicieron saqueos, se entraron a las unidades residenciales,
se enfrentaron a los residentes que con palos y armas los repelieron.
Pero el miedo no dejó dormir a gran parte de la
ciudadanía por que las alertas esparcidas por las redes sociales con videos
inquietantes comentaban que estaban los asaltantes regados por toda la ciudad.
Los residentes se agruparon en bloque de defensa; exhibieron armas que los vecinos
no sospechaban poseían: pistolas, escopetas, rifles. Y otros con palos, a la
manera de la guardia indígena. Este evento de zozobra demostró sin proponérselo
nadie que, Cali es una ciudad pistolizada.
El proceso migratorio que ha sufrido Cali desde
de la década de los años 50s, incrementó las violencias que sumadas en
diferentes periodos ha dado como resultado un comportamiento delictivo de
ciertos sectores poblacionales durante los lapsos de asentamiento y búsqueda
identificadora con el espacio urbano. Los continuos éxodos producidos por las
violencias cruzadas e imbricadas del paramilitarismo, las guerrillas, las
autodefensas y los excesos de la fuerza pública han producido en Cali el
crecimiento de barrios con asentamientos incompletos, y una mixtura de
subculturas, los hacinamientos y los espacios reducidos en las viviendas no
invitan a la convivencia. Ese tipo de vivienda incrementa la irascibilidad, la
depresión, se dan los malos términos, el deterioro del lenguaje y la pérdida de
respeto.
Esta situación se vierte hacia la calle. La
violencia callejera, pública y común de actores individuales, independientes,
famélicos o avezados al delito como método de subsistencia adoptan una conducta
para resolver los conflictos interpersonales por la vía privada, eludiendo a
los juzgados e instancias judiciales legalmente instituidas: la imposición de
la juridicidad agenciada por las autoridades choca con la anomia social que
porta la masa poblacional flotante.
Las muertes sistemáticas en Cali, sin contar
los millares de lesionados en atracos, riñas, hurtos y demás violaciones a los
derechos humanos, significan un fracaso palmario y público a la política de
seguridad. La trasgresión masiva de los derechos humanos en Cali deja en vilo
el funcionamiento del ente territorial municipal, como parte del Estado. La
falta de seguridad impide la paz y no brinda tranquilidad: la paz como derecho
síntesis almacena todos los derechos. La
violencia en Cali es protagonizada en un 80% por la delincuencia común que
opera independientemente a cualquier dirección o liderazgo porque los actores
individuales, portadores de conductas desviadas no tienen proyecto de vida, son
excluidos del sistema y la sociedad; no poseen escolaridad y menos movilidad
social que les permita ascender, son desatendidos y marginales, o se lanzan a
la comisión de delitos y son mano de
obra sicarial instrumentalizada para llenar las apetencias de terceros.
La
administración municipal no se puede engolosinar restando muertos de un mes o
con respecto a otro año para pretender afirmar que la situación ha mejorado. La
convivencia se logra cuando el respecto se extiende entre todos los pobladores
y cuando sus necesidades básicas están resueltas. Una ciudad llena de
desempleados, desplazados y excluidos debe centrar su labor en atender a la
población desamparada, en coordinación con el gobierno central, antes de
cualquier otra inversión. Desde 1990 cada año se registran un promedio de 1600
muertos en las calles (no muertes naturales). Cali ha figurado en los últimos 6
años entre las 10 ciudades más violentas del mundo.
Pero lo que sucedió el 21 de noviembre es muy
extraño, porque los actores violentos
siembre actúan con cautela en estos 29 años, para no ser sorprendidos ni
capturados en el acto. El 21 de noviembre aparecieron en grupos como si se
hubiesen puesto de acuerdo, o estuvieran dirigidos por un grupo superior. Por
eso comenzó a circular desde el 23 de noviembre un video y unos textos que
reseñaban la teoría del pánico que agencia el mismo Estado para asustar a la
población y luego aparecer como salvador de la situación, recibiendo los
agradecimientos de la comunidad, diluyendo así los objetivos de la protesta.
Entonces se están barajando dos hipótesis para
explicar la irrupción de estos vándalos de ocasión actuando coetáneamente en
muchos barrios de la ciudad. 1) .Los delincuentes fueron fletados,
estimulados y alentados para que
actuaran con franquicia, sabiendo que no los irían a reprimir, ni
capturar. 2). Los delincuentes llegaron
a envalentonarse aprovechando el día de las marchas desde distintos sitios de
la ciudad, se agruparon y actuaron por cuenta propia.
Lisandro
Duque Naranjo en su columna de El espectador, titulada La Cacerola, expreso, “En la puerta de mi edificio, muchachos,
muchachas, señoras y hasta las mascotas, que sacaron sus cacerolas al aire
libre, recibieron una bomba aturdidora y gases lacrimógenos que pusieron a
toser y a llorar a todos los residentes. La cosa iba en serio. A la misma hora
comenzaron los rumores de que en Cali estaban asaltando casas y que los dueños
de estas se defendían con armas
largas, bates y hasta espadas samuráis. Anticipos de la famosa ley que promueve
el texano Cristian Garcés, del CD, para que los civiles porten armas.
Sospechosos todos esos sincronismos de vándalos fantasmagóricos. Clara López
cuenta por WhatsAap que por su barrio, en Bogotá, los “encapuchados” eran
habitantes de calle drogados. En Cali fue igual, aunque en este mundo tan
fotografiado es muy extraño que no quede una sola foto como evidencia. Y si la
hubiera, demostraría que fue un plan orquestado con el lumpen para que
aprovechara el anticlímax para sus tropelías, sirviendo de pretexto para exaltar
a los “héroes” como garantes de la defensa ciudadana. Es una alianza clásica
esa. Además, el Gobierno no iba a quedarse empezado después de los preparativos
de guerra que hizo contra la marcha. Ya metido en gastos..."
(*)
Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Derecho
Público con énfasis en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid
(UNED- España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre.