La reforma política que impulsa el Gobierno del
Presidente Duque se comenzó a tramitar en la segunda legislatura del año 2018,
y de salir avante con todas las discusiones que tendrá en las comisiones, será
la reforma política del año 2019. Otra reforma política de la luenga lista en
los últimos 28 años después de la Constitución de 1991 que incluye entre otras
las reformas de los años 1995 en el Gobierno Samper donde se intentó introducir
el sistema unicameral; la de 1998-99 del gobierno Pastrana Arango que, incluía
la lista única para evitar la operación avispa, el umbral y la cifra repartidora
entre otros aspectos; la reforma del año 2003 dentro del primer gobernó de
Uribe Vélez; y la otra reforma en el
segundo gobierno de este en el año 2009.
La reforma del año 2011 con la expedición de la ley estatutaria sobre
los partidos políticos. Luego dentro del segundo gobierno de Santos se intentó
la reforma de equilibrio de poderes, una mezcla político-electoral y judicial;
y en el 2018 reforma política parcial vía fast track que sirvió para reconocer
a las FARC como partido por la reinserción.
Cada
presidente quiere pasar a la historia como el gran reformador de las
instituciones políticas, pero el país sigue bajo la sombrilla de la corrupción
y sin modernizarse institucionalmente para que esta Democracia se amplíe,
funcione y sea garantista
La reforma
política 2018-2019 ha tenido como los árboles de navidad toda clase de adornos
y perendengues: Reelección del alcalde de Bogotá, propuesta de permisión para
nombrar como ministros a los congresistas, oxigenación de los mecanismos
internos de selección al interior de los partidos políticos, la intervención
del Congreso para decidir sobre la inversión presupuestal regional en un 20%,
la creación del ministerio de Colciencias, “también pasó la prohibición de la
doble militancia y la posibilidad de que los congresistas transiten del
Legislativo al Gobierno sin ninguna clase de incompatibilidad y en el mismo
periodo puedan renunciar a su curul para ser ministros o altos funcionarios del
Ejecutivo. No prosperó la propuesta de creación de vicegobernadores y vicealcaldes
en los entes territoriales, elegidos el mismo día, etc.
Al
terminar el año 2018, a las carreras o ahorcajadas, el contenido de la reforma
política terminó sin claridad sobre dos puntos básicos, la financiación estatal
de las campañas y la definición del voto preferente. Tampoco pasó la paridad de
géneros. Y nada que incluyen el voto electrónico. El voto preferente es el
aspecto más polémico, cuando empezó el trámite de la reforma política en
septiembre del 2018 todos estaban de acuerdo, había que modificar la figura,
pero al terminar el año la fueron evaporando. En los últimos años la lista
preferente desdibujo la disciplina de partidos y de bancadas. Permeó las
tesorerías de las campañas, envalentonó a los congresistas que se creen no necesitan
de nadie, pulverizó la disciplina de los partidos para volverlos nanopartidos
ya que el esfuerzo para hacerse elegir es personal o familiar. Y desideologizó
más la actividad política pues cada elegido se cree jefe haciendo transacciones
personales con el voto: una pérdida de principios.
La
reforma política obtuvo la conciliación de refilón para seguir en la próxima
legislatura con cuatro debates, 59 votos a favor entre los retazos de la
bancada de gobierno donde varios independientes jugaron a ser de la bancada
oficial, una coalición al detal atrayendo independientes graneados. Por falta
de una coalición más sólida se hundió la reforma a la justicia, se vació la
reforma política y la tributaria les quedó coja.
Las
maniobras que se hicieron en la Cámara de Representantes dejaron inconformes a
muchos pues el almendrón de la reforma política era purificar la participación
acabando con el voto preferente, al no lograrse la reforma quedará imperfecta y
el sistema político lleno de inconsistencias. Las maniobras molestaron sobre
todo a los miembros de la Alianza Verde porque vieron deformados los propósitos
iniciales de la reforma. De otro lado, Aída Avella, señaló que sin el voto de
la oposición fue aprobada esta reforma.” ¡Todo lo sustancial fue excluido, democratizar
les causa pánico! Quieren perpetuar un régimen político y electoral corrupto”.
El nuevo
gobierno se ha abstenido de repartir la llamada mermelada y concentrarla toda
de manera endógena por eso no tiene mayorías solventes. El nuevo gobierno proviene
de la matriz Centro Democrático, un partido que ganó las elecciones después de
una oposición personal de su jefe durante 8 años de persistencia para
desacreditar a Juan Manuel Santos, a quien vieron como usurpador; ahora Uribe
Vélez se empeña en construir un partido fuerte y hegemónico que no va a
compartir con todos porque después no logrará las mayorías que pretende ni
podría llevar a cabo las sucesiones presidenciales que concibe.
La
reforma política a fondo si es necesaria pero la pretenden dejar con flaquezas
para precisamente perpetuase los que saben cómo se apoderan de porciones de
Estado sin ser regulados y cómo se sostiene a las clientelas. Pero el
electorado esta arisco porque tanto escándalo y denuncias comprobadas hacen que
se tornen más escépticos frente a la dirigencia tradicional, la consulta
anticorrupción con 12 millones de votos fue la campanada definitiva de que todo
no puede seguir igual.
La
corrupción desbordada que se facilitó por la parcelación del aparato
administrativo en manos de clanes y élites partidistas, la atomización o
fragmentación de los partidos por falta de disciplina política y por el
relajamiento ético y la falta de militancia de los electores dentro de las
estructuras partidistas, ha hecho que los partidos se debiliten. Los partidos
tradicionales ya no son partidos fuertes, y los partidos nuevos surgidos
después de la reforma del año 2003 se deshilacharon en 16 años por las
mutaciones constantes ante el presidencialismo de reelección, con un trasteo
entre Uribistas y Santistas. Para el calendario electoral 2019 en disputa por
las alcaldías y las gobernaciones, las coaliciones serán más variadas,
abigarradas e inentendibles, y los candidatos independientes que también
buscarán coaligarse, se reproducirán.
Desaparecieron en la última reforma política
los cambios a fondo del Consejo Nacional Electoral un ente que en vez de
aclarar ha entorpecido el sistema electoral. Y esto ralentiza o pospone la
transformación que se esperaba. En Colombia se ha manipulado el sistema
electoral, se han hecho cancamusas torticeras para cambiar la legalidad del
ordenamiento jurídico aplicable. El fraude electoral, motivó una guerra civil
en el siglo XIX, generó violencia en la década del 50 del siglo XX, ha sido
motivo de asesinatos municipales, de la sicarización en algunos directorios de
los partidos en varias décadas, de distorsión de la realidad política en
Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha logrado una
modernización efectiva. Menos el Consejo Nacional Electoral copado por
políticos de segunda categoría al servicio de los jefes nacionales de los
partidos políticos.
A la
reforma le incluyeron un aspecto positivo y necesario para depurar gobernantes
desviados hacia la corrupción, como lo sintetizó Juan Camilo Montoya,
especialista en Comunicación Política- EAFIT, “A la reforma le añadieron, que
si un gobernante resulta condenado mientras ejerce, las sanciones para el
partido político que lo apoyó pueden ir desde multas, devolución de los
recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta
la cancelación de la personería jurídica. Además, el partido o movimiento que
lo avaló no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa
localidad o región. Para este caso, si faltan menos de 18 meses para
elecciones, el presidente de la República o el Gobernador deberán designar el
reemplazo “. Favorable también para el sistema político la propuesta que pasó
el 4 debate: el límite de tres periodos para congresistas, concejales,
diputados y miembros de las JAL.
Por: Alberto Ramos Garbiras | Abogado con
especialización en Derecho Constitucional de
la Universidad Libre Seccional Cali; Magíster en Ciencia Política,
Universidad Javeriana, PhD, Doctorado en Política Latinoamericana, Universidad
Nacional de Madrid (UNED- España).