Tanto en las guerras internas de países
con conflictos no superados, o las nuevas guerras civiles en el sur global;
como en las guerras internacionales, binacionales o regionales, el desarrollo
de las confrontaciones militares con el uso de armamentos que sobrepasan la
artillería tradicional, se presenta la afectación de los recursos naturales, la
contaminación de los ríos, lagos y zonas boscosas que se pierden o son
incineradas por el uso de químicos y armas no convencionales. La biodiversidad
pierde sus especies y se desestructuran los ecosistemas. La guerra no solo es
la confrontación entre combatientes (así debería ser), vienen los daños
colaterales que destruyen la naturaleza, la demolición del patrimonio
arquitectónico y cultural; más el asesinato de civiles para espantar a la
población y tomarse las tierras, o la eliminación de población protegida con el
fin de demeritar al gobernante del país agredido, presionarlo, o buscar su
rendición.
En un reciente
escrito titulado “El fetichismo de la paz con la naturaleza”, el
profesor Ricardo Sánchez Ángel, afirma que, “para conseguir la paz
con la natura, primero hay que lograrla en las sociedades humanas. Al mismo
tiempo, no habrá paz en la sociedad sino se logra con la naturaleza. Para ello, hay
que crear un orden internacional justo que lo permita, superando los procesos,
las estructuras y sistemas que generan las guerras, las amamantan, las
planifican, las usufructúan, las necesitan para sus intereses creados”.
En otras palabras, quiere decir:
Si un país como Colombia, o una región como Oriente Medio, están en guerra, no
prospera la paz con la naturaleza porque deberá resolverse primero esa guerra
interna o ese conflicto geopolítico en la región. Y viceversa, una sociedad así
no viva un conflicto bélico, pero hace un uso irracional de los recursos
naturales con un crecimiento desbordado por el modelo de producción que
mantenga, al destruir la naturaleza por agotar sus recursos naturales, no
tendrá paz plena por alterar los entornos, menoscabar la biodiversidad y
extinguir la vida de las especies que necesita para tener hábitats saludables.
El profesor Sánchez Ángel, demuestra como en las dos guerras mundiales, con el
castigo al Japón en Hiroshima, Nagasaki (utilizando bombas atómicas),también
con el bombardeo a Berlín para castigar al nazismo, y respecto a las
intervenciones militares de la guerra fría (Corea, Vietnam…), en las guerras de
invasión o intromisión, Guatemala, Chile, Granada, más todas las guerras de
“baja intensidad”, dentro de la guerra fría; las acciones bélicas destruyeron
parte de la naturaleza, desmantelaron los suelos y contaminaron ríos.
Claro que Colombia vivió un conflicto interno
o guerra interna, como si fuera una añosa guerra civil durante los años 1964
hasta 2016, por el enfrentamiento de las guerrillas con las Fuerzas Armadas,
una insurrección que no se configuró como revolución, se desconfiguró respecto a
los propósitos iniciales. El presidente Uribe negó tozudamente la existencia de
este conflicto interno durante los 8 años de sus dos gobiernos, para
descalificar a las guerrillas y encasillarlas dentro del terrorismo. Fue un
absurdo tratar de diluir la existencia de las guerrillas que se movían como
ejércitos irregulares por los departamentos de Colombia. Uribe no los derrotó,
los acorraló y disminuyó. La prueba fue que su ministro de Defensa convertido
en presidente, J. M. Santos, inició un proceso de paz (año 2012), que fue
truncado por los obstáculos en la implementación (2018/ 2022).
En Colombia desde
el año 2008 crecieron las áreas cultivadas haciendo metástasis cada vez que se
fumigaba y erradicaba. Los paramilitares transformados en BACRIM operaron en las
mismas zonas: guerra continuada con la misma financiación: la venta del polvo
blanco. Los daños también se reflejaron en las microcuencas hidrográficas.
Talan para despejar áreas de cultivo coquero produciendo aflojamiento de los
suelos, deslaves y empalizadas que dañan las vías terciarias y la malla vial en
general. De contera, alteran la potabilización de los acueductos urbanos.
Sacar a la
naturaleza del conflicto, clamaba el ex ministro del Medio Ambiente Eduardo
Verano, para evitar la continuidad de la destrucción de los recursos naturales.
El protocolo II de Ginebra trata de evitar los daños al medio ambiente normando
que los combatientes deben abstenerse de atacar la naturaleza. El Derecho
Internacional Humanitario en su desarrollo previó esta situación: los
conflictos internos deben humanizarse porque además de acabar con sectores de
la población civil, menoscaban los entornos, y por ende la calidad de vida.
La violencia tiene
dentro de sus clasificaciones una denominación apropiada para entender el daño
causado: la violencia indirecta. Mario Stoppino, profesor italiano de la
Universidad de Pavía, escribió que la violencia es indirecta cuando actúa a
través de la alteración del ambiente físico en que la víctima se encuentra, o a
través de la destrucción, el daño o la sustracción de recursos materiales. En
ambos casos el resultado es el mismo: una modificación dañosa del estado físico
del individuo o del grupo que es el blanco de la acción violenta.
La violencia
directa dirigida a personas o grupos atenta contra el derecho a la vida y la
integridad física; produce un efecto inmediato, objetivo y contundente: muerte,
masacres, o desplazamientos. La violencia indirecta produce daños en el
entorno, desolación, impotabilidad del agua, erosión o infertilidad de los
suelos: la fauna y la flora son menoscabadas: La biodiversidad arruinada. La
calidad de vida disminuye al final, también genera desplazamientos. La voladura
de un oleoducto, aunque no produzca una sola víctima en el acto, con el paso de
los días el medio ambiente alterado impide la explotación de la tierra, el
riego se hace imposible, los cultivos se pierden, las aguas que van a los
acueductos se contaminan y las enfermedades se propalan. Las víctimas portan
efectos posteriores, teratogénicos.
A manera de ejemplo
e ilustración, en Colombia durante los primeros seis meses de 1998 se
registraron 36 actos de terrorismo ecológico contra oleoductos, 126.000
barriles fueron derramados. Los costos de reparación medioambiental y de
reposición de tuberías en ese lapso ascendieron a 40.000 millones de pesos.
Hasta esa fecha se estimó que durante 12 años del conflicto colombiano con
voladuras estas habían afectado unas 6.000 hectáreas de terrenos cultivables,
2500 kilómetros de ríos y 1.600 hectáreas de humedales. Sumando 14 años de
voladuras los derrames ascienden a un millón seiscientos mil barriles de
petróleo. La inversión en descontaminación se elevó a 26 millones de dólares,
estas son cifras parciales. Han pasado 26 años y podríamos hacer los cálculos
durante la continuidad de los conflictos internos, con actores desdoblados en
disidentes y reincidentes de las FARC, con una guerrilla intransigente como la
del ELN, con bandas desideologizadas multicrimen sustentadas por el mercado de
la cocaína y otras rentas criminales.
La guerrilla al
protagonizar las voladuras de oleoductos ejecuta terrorismo ecológico, pues las
reacciones y consecuencias afectan la cadena alimenticia, alterando la
biodiversidad. Y los sucesivos gobiernos
al continuar con los programas de fumigación con glifosato o tebutiurón,
ejecutan terror ecológico. El terrorismo ecológico es un exceso de la violencia
de grupos, y el terror ecológico un exceso de la fuerza pública para luchar
contra actores armados extralegales: ambos dañan la naturaleza.
Los cultivos
ilícitos no han desaparecido en Colombia. La sustitución de cultivos era la
solución, previa concertación con los sectores campesinos. La sustitución de
cultivos y la erradicación manual de la coca y amapola son la única vía para
evitar la fumigación y aspersión con cualquier otro herbicida distinto a los
letales y devastadores productos ya probados en Colombia que han afectado
bosques, páramos y ríos. Es necesario conocer experiencias internacionales,
como la alternativa boliviana, pues ha reducido las áreas sembradas a través de
estímulos a los campesinos. El problema radica en las indefiniciones para
llegar a los acuerdos en la mesa de negociación, la dilación de las partes
protagonistas del conflicto armado van en desmedro de la naturaleza. Se acuerda
tarde la paz (después de 5 años de diálogos), dejaron llegar el período de otro
gobierno y les taponaron lo acordado. Hoy urge fijar fechas y compromisos para
la sustitución y erradicación manual, dentro de los trámites de la Paz total, y
encontrar una verdadera salida ecológica a la problemática. al no logarse todo se empeorará. La
experiencia peruana así lo indica, no hubo acuerdos y se empezó a utilizar el
hongo Fusarium en el Alto Huallaga, básicamente dentro del sector llamado
Paraíso, observándose siete años después, virus patógenos y daños en otros
cultivos: por las mutaciones del hongo.
La voluntad de
campesinos e indígenas no es suficiente sino prospera la propuesta de cese al
fuego, cese de hostilidades y la aplicación en serio del Derecho Internacional
Humanitario. De no ser así, el deterioro de la biodiversidad continuará por la
contaminación química, la fragmentación acelerada de los hábitats naturales y
la expansión de la frontera agrícola con la tala sistemática de los bosques
protectores.
El ecocidio se
visualiza como un delito contra el medio ambiente, contra la naturaleza, al
dañar o afectar los recursos naturales y por ende a la biodiversidad que se
encuentra entre los ecosistemas (flora, toda clase de bosques, fauna, especies
animales de todo tipo, vertebrados e invertebrados, microrganismos y demás
especies que habitan los suelos y afectar los ecosistemas. Dentro de las
legislaciones penales internas existen delitos contra los recursos naturales en
la mayoría de los Estados; pero a nivel internacional desde la expedición del
Estatuto de Roma (año 2002), convertido en la normativa de la Corte Penal
Internacional (CPI), no figura el delito de ecocidio concebido por Olof Palme,
ex primer ministro sueco y Arthur W. Galston, profesor de biología de la
Universidad de Yale. O sea, hoy todavía no es un
crimen internacional y no hace parte de los delitos sustanciados por la CPI,
por ende, no tiene una jurisdicción especial.
Las empresas tampoco están señaladas como
sujetos de procesamiento ante la CPI, siendo
las empresas las que aparecen como contaminadoras en el mercado mundial
por esa competencia capitalista desbordada en el tráfico marino, y siendo las
que más obtienen concesiones de explotación en los países del sur global. De
esta manera se dificulta el juzgamiento de los responsables. Y en tratándose de
las guerras internacionales, los Estados agresores al no ser firmantes del
Tratado de Roma, pueden eludir responsabilidades y los altos mandos civiles y
militares, también. Al iniciarse la segunda semana de la COP-16 en Cali, el
Ministerio de Ambiente anunció la aparición de la “Coalición Mundial de Paz
con la Naturaleza”, con 22 estados suscriptores para adelantar una campaña
internacional de sonora repercusión. Es una iniciativa valiosa para la
protección de la biodiversidad en todos los países. La cruda realidad hoy con
estas dos guerras de invasión (Ucrania y Gaza), la extensión del conflicto
regional en oriente medio (Líbano, Siria, Irán), más las guerras en
Etiopía, Sudán y otros países, nos hacen pensar que, sin alcanzar la paz en
cada país, tampoco respetan allí la naturaleza. Y donde no hay guerras
intestinas, fratricidas o por la geopolítica, la campaña de la Coalición
mundial puede avanzar mejor porque se trata de modular y moderar la conducta de
los depredadores contra la naturaleza.
En Gaza la guerra
de invasión se ha llevado a cabo desde octubre del año 2023, perpetrando
ecocidios encadenados. La salinidad de las aguas para el riego ya afectó los
cultivos de olivos y verduras, es decir la agricultura tradicional quedó
estropeada. El suelo agrícola perdió fertilidad por los componentes tóxicos de
los bombardeos, esparciendo el cromo, el níquel, el cobalto y el plomo:
Convirtieron las tierras agrícolas en polvo. La táctica es convertir a Gaza en
un lugar inhabitable para quitarles las tierras. Han aparecido vertederos con
residuos tóxicos y aguas residuales que conllevan a la falta de salubridad para
barrios y localidades que sufren el desplazamiento y la falta de servicios
públicos cortados o estropeados por los ataques aéreos que han destruido la
infraestructura de las aguas residuales (el alcantarillado), infectando más el
mar y las calles, aumentando la insalubridad. Los militares de Israel han
utilizado el fósforo blanco, deteriorando los suelos; de graves consecuencias
medioambientales, provocando incendios en los relictos de bosques. Con el
ecocidio se vulneran ipso facto los derechos humanos.
El Gobierno de
Netanyahu ha practicado el terror estatal (o, terrorismo de Estado), con la
extralimitación del uso de la fuerza gubernamental. En Gaza se comete un
genocidio de inmensas proporciones porque no solo cubre las 5 características
de este delito según la ONU en la Resolución 260 del año 1948, sino que también
se cometen paralelamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de agresión; y de contera, un ecocidio dentro del genocidio perfilado
con tendencia al etnocidio. Israel viola todo el Estatuto de Roma, pero no hace
parte de él por eso se escurre a las sanciones. Y, además, viola los principios
de la Convención de Ginebra, al transgredir los principios de distinción, de
proporcionalidad, de humanidad, de limitación y de precaución. Para Israel el
derecho internacional no tiene importancia.
En Ucrania el
decurso de la invasión rusa ha devastado parajes agrícolas inmensos y alterados
ecosistemas con el uso de armamentos químicos, toneladas de detonantes. Podrían
contabilizarse más de 200 ecocidios en estos 33 meses de esta ocupación militar
con ataques inclementes que, afectan el aire, los mares y los suelos agrícolas.
Las minas antipersonales regadas o dispersadas en varias zonas han inutilizado
áreas cultivables. En Ucrania han demolido instalaciones industriales y
energéticas, e intentado la toma de las edificaciones donde se procesa energía
nuclear civil. La voladura de la represa de Kajovka, cerca de
Zaporivia, produjo inundaciones en varios poblados cercanos como Kherson, el
arrastramiento de las sustancias a lo largo de varios kilómetros afecto los
suelos agrícolas. El ministro de Medio Ambiente, Ruslan
Strilets, estimó los daños ambientales en unos 50 millones de euros.
Cita.
Sánchez Ángel Ricardo. “El fetichismo de la paz con la naturaleza”, columna de opinión publicada en la página Web de la publicación digital La Rosa Roja, como un Manifiesto por la vida humana y la del planeta Tierra. www.larosaroja.org , Bogotá, octubre 28 del año 2024.
(*) Especialización en derecho constitucional de la Universidad Libre;
Magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana; PhD en Política
Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); estudios de
actualización política en la Universidad Complutense de Madrid; ha sido profesor de las cátedras:
derecho internacional, ciencia política, derechos humanos, derecho
constitucional y derecho ambiental, en la Universidad Libre, Cali.