Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)
Dentro del libro “Movimientos sociales y
protestas”, afirme que, En las protestas se observa que la aglutinación de
indignados es la sumatoria de sectores que reclaman contra el sistema imperante
en un país, pero no es una masa homogénea. Cada sector tiene voceros desde las
organizaciones a las que pertenecen; otros acuden por la citación de las redes
sociales. Se aprovecha la coyuntura política para protestar, salir a la calle,
tomarse los espacios abiertos y rechazar las políticas públicas inconvenientes.
No salen dispuestos a adelantar la lucha de clases definitiva. No piensan que
están contribuyendo a impulsar la revolución social para acabar con la clase
hegemónica. Si la confrontación se prolonga, si lo pensarán y la acción tomaría
otro rumbo.
Las
motivaciones y aspiraciones son identitarias de sectores sociales o colectivos
interesados en resolver sus asuntos (estudiantes universitarios, feministas,
inmensas capas poblacionales que viven de la informalidad, viviendistas, camioneros, arroceros, anarquistas,
sindicalistas, estudiantes, ambientalistas, grupos diversos que trabajan como
independientes con sus oficios…), esta multiplicidad de identidades con
disímiles temas, suma participantes, pero paradójicamente diluye la fuerza negociadora o el objetivo
final de las protestas. Por ejemplo, en
Brasil la corriente inicial de las protestas passe livre, defectó, se retiraron
de las marchas cuando el Gobierno de Dilma Russeff, bajó la tarifa del
transporte.
El neoliberalismo como modelo económico no aguanta
ser sostenido por los gobernantes de derecha, porque en la medida que protegen
los grandes capitales del empresariado, se debilitan del respaldo ante las
masas urbanas de excluidos y arruinados. El gran problema estriba en la
mercantilización de los servicios públicos y los derechos sociales, que son
prestados también por los particulares, y a veces sin invertir, utilizan el
dinero de los contribuyentes como ocurre con la salud, y en la educación, con
el dinero de los padres de familia o de los estudiantes adultos. Es ominoso que
desde que se expidió la ley 100 de 1993, con todo su reglamentarismo que angosta, reduce la prestación del servicio, hayan muerto un
millón trescientas mil personas del rango enfermedades tratables, pero que no
fueron tratadas, porque con la mampara de las EPS los desatendieron y quedaron
expuestos al deterioro que los llevo a la muerte. Esa cifra espantosa es igual
cinco veces al número de víctimas de la violencia de los años 50tas (1948/
1958).
Si estos grupos poblacionales marginados de
la justicia social, siguen siendo desatendidos viene el estallido social y
luego la desobediencia civil; si no se dialoga entre las partes para corregir,
otras cosas pueden ocurrir a falta de corrección sobre el déficit democrático,
así sucedió varias veces en el siglo XIX, antes de comenzar las guerras
civiles.
Los
teléfonos inteligentes, celulares con cámaras de video y sus usos dentro de las
redes sociales han servido para que otro medio de comunicación multifacético se
exprese. Todo ciudadano que porte un Smartphone graba los hechos en directo y
los pone a rodar en las redes sociales. Con estos celulares se hace política
digital y periodismo alternativo. De no ser por ellos no se cocerían una serie
de escenas y de secuencias donde la violación de los derechos humanos es
flagrante. Cuando un ciudadano recibe un cúmulo de videos y contrasta unos con
otros, o concatena imágenes, obtiene un cuadro cercano lo que sucedió en la
realidad. Lo cual no hacen los medios tradicionales que ocultan muchas cosas. Y
otros peor, no muestran la realidad porque tiene escenas de violencia, como si
el periodismo no tuviera que ver con la realidad sino con la vida en color
rosa. El problema con las redes sociales es que no tienen regulación y circulan
muchas mentiras, bulos tendenciosos para desinformar o para inculpar a la otra
parte. La política digital está desplazando a la política presencial. La
represión en este paro nacional, una huelga de masas ha sido bárbara.
Afloraron otros paros: El paro camionero, el
paro arrocero…, es un estallido social convertido en convulsión nacional,
iniciado por la reforma tributaria injusta, por estos días, enfocado y
comentado por todos los medios de comunicación internacionales. Sé llegó hasta
el enfrentamiento racial con los indígenas de la Minga que fueron atacados con
disparos y vituperios el domingo 9 de mayo en el sur de la ciudad, cuando un
grupo de ellos recorría la avenida Cañasgordas. Luego, ordenaron la expulsión
de la ciudad, solicitaron el regreso a los resguardos. Sé internacionalizó más
esta protesta de colombianos indignados, y las reclamaciones han aumentado.
Algunos migrantes venezolanos si han delinquido desde antes de la pandemia,
pero son delincuentes comunes y algunos, ahora vándalos. Por lo tanto, no son
los agentes de la fementida revolución molecular disipada, un engendro de tesis
que, califica a todos los inconformes como conspiradores contra el Estado, es
decir, que nadie puede reclamar porque desestabiliza las instituciones.
La matrícula cero, o educación gratuita en las
universidades públicas, esta enunciada con otras palabras en la Constitución (artículo
67). Esto no afectaría el presupuesto estatal si se saben hacer las reservas
presupuestales y si las exenciones a las grandes empresas se eliminan. Lo mismo
si pudiese controlarse la evasión de impuestos. El derecho social a la
educación por lo menos encontraría un refugio real en las universidades
estatales, ya que los empresarios de la educación seguirían con sus fortines
millonarios desde las universidades privadas. Ya se inició el dialogo con los
delegados del paro nacional, la primera oferta: matricula cero. Pero solo por
un semestre, a manera de apaciguamiento, por ahora. Las reformas deben ser de
largo alcance.
La Constitución de 1991 fue reformada al menos
50 veces en estos 30 años y al menos en esas ocasiones 20 veces contra
reformada, estrechando el espíritu general de las normas rectoras para recortar
garantías y desarrollos legislativos favorable, es decir la deformaron. La
constitución estaba mejor que ahora. Pero aún conserva artículos para
desarrollar con mínimos vitales y hacer justicia social. Los derechos sociales,
culturales y económicos están sin cumplirse debidamente en una proporción muy
alta. Los que se ha cumplido no ha sido por políticas públicas gubernamentales
sino por sentencias de tutela, de cumplimiento y acciones populares. La rama
ejecutiva y el Congreso tienen una deuda pendiente con la materialización de
los derechos sociales. A pesar del manoseo y las podas que ha tenido la
Constitución de 1991, aún conserva normas que si se desarrollaran por parte del
Congreso y los gobiernos, bastarían para aliviar la marginalidad de esos 21
millones de pobres que tiene el país, que no alcanzan a llegar al fin de mes,
como dicen los españoles. Invito a releer los artículos 13, 44, 46, 48, 49, 51,
65, 67, 70, 79, 80 y 334, para solo mencionar 12 de ellos. Parece si se leen,
que correspondieran a un país nórdico donde si se lleva a cabo el estado del
bienestar, el estado social de derecho que aquí en Colombia confunden con el
estado de derecho, son dos conceptos diferentes.
Para empezar a solucionar las dificultades de
abastecimiento y el encierro de las ciudades en este paro nacional, se solicitó
el desbloqueo con corredores humanitarios para el paso de lo esencial:
alimentos, insumos hospitalarios, y demás. Ese ha sido el error de las
protestas iniciadas el 28 de abril, extenderse en el tiempo al bloquear las
vías. Llevaron al desespero a quienes necesitan circular (otro derecho humano,
artículo 24 de la Constitución). O sea, a la gente en las ciudades obstruidas
para la circulación. Y esto enfrenta a la misma sociedad. El desbloqueo, aunque
sigan los plantones (otra forma de manifestarse) allí mismo en los puntos de
resistencia, deja a la fuerza pública sin excusa, y cesa o disminuye la
represión. En aplicación de la ponderación de los derechos humanos ante esta
colisión (manifestación y circulación), así puede resolverse el ejercicio de
los dos derechos humanos.
Cómo reordenar todo lo que ha sucedido en
estos 30 años de vigencia de la Constitución de 1991, si no hemos logrado
ampliar la Democracia, ni cumplir el ciclo de transición de esta última, esos
ciclos según los expertos
transicionistas, para el asentamiento de las nuevas instituciones se necesita al menos 15 años, y
llevamos el doble de tiempo; el proceso de paz firmado en el 2016, no logró
remozar las instituciones porque la implementación fue truncada; otras formas
de violencia se han disparado en las regiones, hay más actores colectivos
copando los territorios despejados. Lo que ha sucedido en estos 4 años después
de firmada a paz en el teatro Colón, ha sido devastador: la corrupción
desbordada y la disfuncionalidad de las instituciones, que ha llevado al
descreimiento de la población, es necesario una solución de fondo. En dialogo
sostenido con el dirigente político Michel Maya, graduado en Gobierno y
Relaciones Internacionales, hemos percibido que, si todo el proceso de las
conversaciones de paz hasta llegar a los acuerdos fueron en la práctica una
pre-constituyente, luego sobrevino la desilusión por los intentos fallidos con
la implementación, que ni por la vía fast track se logró y, tampoco por la vía
de actos legislativos, porque el mismo Congreso de la República obstruye los
cambios. Se necesita una reforma estructural al mismo Congreso, a la salud, a
los partidos políticos, a la justicia y al sistema electoral. Además, encontrar
una acción constitucional apropiada para amparar los derechos sociales.
Entonces se debe buscar la reforma de fondo a través de una Asamblea
Constituyente, que siendo engorroso su trámite como lo establece la ley 134 de
1994 y los artículos 376 y 155 de la Constitución, podría impulsarse por
iniciativa del 30% de los diputados del país. De no ser así, continuaran los
mismos lastres, fardos y rémoras que tienen vaciada la República.
Afectaron, fisuraron y prácticamente
derrumbaron las instituciones de la República por apropiarse las élites de las
instituciones y el pueblo no ejercer la soberanía. El senador Iván Marulanda,
lo explica diciendo que, el Estado colombiano ya no le pertenece a la nación
sino a unas élites políticas; debido a la abstención (solo votan las
clientelas), a la falta de cultura política y a la ausencia de controles, en
manos del Gobierno nacional, hoy, y antes por el juego de la transacción con
favores, entre elegido (Procurador, Contralor, personeros municipales, etc.) con
los que lo eligen, entonces no hay sanciones. El voto obligatorio acabaría con
la abstención que permite la perpetuación de la clase política, las élites y
los poderes secretos detrás de los mandatarios.
(*) Especialización en derecho constitucional,
Universidad Libre; Magister en ciencia política de la Universidad Javeriana;
PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional (UNED) de Madrid España;
ha sido profesor de derecho internacional y ciencia política en la Universidad
Libre. Profesor de la cátedra derechos humanos, en la misma universidad.
