Círculo de Pensamiento Ambiental - Boletín de
Prensa - 27 febrero 2019
En desarrollo del Séptimo Conversatorio
Ambiental realizado por el Círculo de Pensamiento Ambiental en la Sociedad de
Mejoras Públicas la semana pasada, se sustentaron desde la perspectiva jurídica
los graves impactos ambientales que está causando la Hidroeléctrica de
Hidroituango al río Cauca y sus habitantes ribereños.
Se puso de presente, que conforme lo
justipreciado por las Honorables Cortes Constitucional y Suprema de Justicia,
en sendas sentencias de los años 2017 y 2018, el río Cauca es también un sujeto
de derechos como Unidad Biocultural, conformado no solo por la rica oferta
ambiental biodiversa, así como por las comunidades ribereñas en las que
concurren alrededor de 30 mil familias de pescadores.
Son muchos los estragos que ya ha causado la construcción
de Hidroituango, proyectada como la más grande hidroeléctrica de Colombia, en
aspectos como destrucción de recursos hidrobiológicos, deforestación de grandes
extensiones de bosques seco tropical y húmedos, así como alteraciones al
microclima ante la aparición del inmenso espejo de agua conformado por el gran
embalse construido dentro del Gran Cañón del río Cauca. Afectando derechos
colectivos goce de un ambiente sano; moralidad administrativa; existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; conservación de las especies animales y vegetales; seguridad y
salubridad públicas; y, acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública; además de los punibles contra el medio ambiente y los
recursos naturales.
Por ello, se radicó este miércoles, una Acción
de Tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá contra la
Autoridad Nacional de Alternativas, por las omisiones en el agotamiento del
Proceso Sancionatorio Ambiental sin haber impuesto medida de suspensión
provisional de dichas obras y especialmente del llenado del amblase.
Esta acción de tutela fue suscrita por Armando
Palau (fundación Biodiversidad), David Gómez (Fundación Nueva Luz), Alberto
Ramos (Centro de Pensamiento y Postconflicto), Agustín H. Valencia (Instituto
Colombiano para la Igualdad de Oportunidades) y Dícter Zúñiga, quienes la
instauraron como mecanismo transitorio mientras se interpone Acción Popular
contra el mismo ANLA.
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