16 jun. 2012

Derecho y Paz

Existe un derecho para las épocas de normalidad, un derecho aplicable para la guerra y un derecho para abrirle el camino a la paz. La guerra es la antítesis de  la paz, lo explicó Norberto Bobbio de manera magistral en su libro “El problema de la guerra y las vías de la paz”. Muchos no quieren y han impedido que el gobierno Santos inicie o intente un proceso de paz. La guerra es un negocio para algunos, y una desgracia para la mayoría.

Muy valioso el trabajo del senador Roy Barreras para lograr jalonar este marco legal a través de un acto legislativo (reforma constitucional). Es un marco para facilitar la justicia transicional, necesario en un país que de manera urgente requiere la terminación del conflicto para pasar a la normalidad. Ese tránsito de la guerra a la normalidad necesita reglamentación y renovación de leyes obsoletas. A esta justicia transicional se pueden acoger los actores armados que no han hecho parte de organizaciones mafiosas.

Colombia ha tenido procesos de paz completos y otros inconclusos. Ninguna dirigencia nacional en un país que tiene una guerra interna puede esquivar el dialogo para buscar la solución política. Durante los últimos 48 años, ni las guerrillas activas no partidistas,  ni las fuerzas armadas institucionales, han podido vencer. Ese empate tiene desangrado a Colombia: el campo desestructurado y en las ciudades la gente vive despavorida. Para encontrar la paz se necesita no solo un marco jurídico, también ganas de acercarse, voluntad para moldear las instituciones y brindar oportunidades a los excluidos.

Todas las normas que han buscado solucionar el conflicto, expedidas hasta hoy por congresos y gobiernos anteriores (leyes y decretos), no han sido suficientes. Ni las leyes de orden público, ni el derecho de excepción de estados de sitio o conmoción interior: o se ha fracasado por los enemigos agazapados. El derecho para la paz es necesario para llegar a ella, pero no copa todo. En Colombia el gran problema no es  la falta de normas, es la prohibición de la coca. Mientras no se legalice la producción (como se hizo con el tabaco, con el whisky y otras sustancias), seguirá la guerra y la violencia multiplicada, metamorfoseada y expandida en las ciudades. Bienvenido el marco legal para la paz pero sin la legalización de la coca, a ese marco le va a entrar polilla.

Innecesarias modificaciones se registraron en los debates del acto legislativo, como la de redactar la disposición para que los delitos de lesa humanidad y genocidio no fueran conexos con los delitos políticos. Innecesario porque así lo considera el derecho internacional público en conexidad con el derecho internacional humanitario. El mismo Ministro de justicia realizó una propuesta inconveniente al pretender excluir a los agentes del Estado que hubieren cometido delitos en medio de la dinámica del conflicto, lo cual generaría más impunidad y ostensible. En cambio, las liberaciones de secuestrados y de menores reclutados, como precondición para iniciar un proceso de paz, se vuelve un requisito ineludible y humaniza la situación de  los cautivos.

El gobierno Santos arrancó como si el país ya viviera en el postconflicto, como si se hubiera terminado la guerra interna, efecto de la quimera que dejó el uribismo. Para el postconflicto también se necesitaran otras normas.

      Por: Alberto Ramos Garbiras.
 Profesor de Ciencia Política, Universidad Libre.