Ha sido una postura cíclica que las autoridades lancen un plan desarme como la gran apuesta. Las administraciones pasadas en Cali con esos anuncios quisieron tapar el crecimiento de la criminalidad y la situación de inseguridad que se ha vivido en la ciudad, pero todo se les ha salió de las manos. Entonces, varias veces con esta medida buscaban dar una sensación de seguridad, pero la prueba del no funcionamiento era el aumento de muertos y el hecho de que los ciudadanos no pudieran disfrutar de los espacios públicos con tranquilidad por el miedo urbano extendido. El alicoramiento aumenta el uso de las armas. El licor es producido y autorizada la circulación de otros licores por el mismo Estado para obtener réditos destinados a la salud. El alicoramiento es un disparador de la violencia en casos de intolerancia, reyertas personales y otras acciones. Se expende y consume licor en todos los establecimientos. Las tiendas y los estancos hasta permiten que los menores consuman alcohol en los andenes de esos lugares.
Ahora que el Alcalde Petro en Bogotá destapó otra vez el debate, debe pensarse que un plan desarme debería estar enfocado a tratar de hacer más énfasis a limitar la expedición de salvoconductos y al en el decomiso e interceptación de armas ilegales y hechizas en el mercado negro. Las medidas que se anuncien deben ir dirigidas a las capturas de los criminales y a ejercer un control más serio de la violencia porque las armas las están teniendo los delincuentes y a esos son los que hay que combatir y desarmar.
Un país que debe definir si continua expidiendo salvoconductos para portar armas o los suprime del todo.
El monopolio de las armas en manos del Estado es una quimera una falacia, por la expedición de esos salvoconductos con las excepciones de la norma, por la criminalidad rampante con armas portadas ilegalmente o fabricadas de manera hechiza por pandillas y delincuentes dispersos. También portadas por los actores armados del conflicto que se mueven como ejércitos irregulares, por las mafias atomizadas en minicarteles, y por la falta de un ejercicio soberano para manejar el territorio. Los salvoconductos de armas son el reconocimiento expreso que la Fuerza Pública hace de que no puede proteger a la población. Es la notificación del “sálvese quien pueda” y se invoque la legítima defensa.
Los salvoconductos son una excusa para armar a ciertos civiles, así, por vía de excepciones a personas, proliferan las armas. Expedir salvoconductos para que cierta gente ejerza la defensa personal es una discriminación, la deducción de muchos es entonces. Todas las personas necesitan un arma para defenderse en un país violento. En Colombia donde aún no hemos alcanzado la normalidad, todos los ciudadanos están expuestos por la inseguridad extendida. Todos los ciudadanos son un objetivo son un objetivo potencial en la mira los delincuentes para hurtos, atracos, desposesión de sus bienes, fleteos, etc. Entonces no se justifica expedir salvoconductos a unos y negarles a otros. La defensa de los ciudadanos la deben ejercer las Fuerzas Armadas constitucionalmente reconocidas, para ello están establecidas, se asigna un alto presupuesto para que funcionen y operen con resultados. Si el Estado tiene de verdad el monopolio de las armas entonces nadie debe estar armado. Ya es suficiente que el Ejército, la Policía Nacional, la Marina y la Aviación portes armas. Ni esas fuerzas, ni las empresas de seguridad privada autorizadas (múltiples grupos armados con variopintos uniformes), garantizan la seguridad.
Los Alcaldes al no poder aplicar los planes desarme con autonomía inmediata, como jefes de la seguridad en los municipios, porque necesitan la autorización del Ejército, están interferidos por los militares que impiden los planes de desarme expidiendo los salvoconductos y vendiendo las armas de INDUMIL, sin ser los responsables de la política pública de seguridad, solo posan de acompañantes dentro de los Consejos de Seguridad, y patrullan de vez en cuando ciertos sectores en momentos críticos, porque a la Policía si le corresponde la vigilancia urbana, pero nunca lo han logrado a cabalidad.
El 85% de los delitos-homicidios son cometidos con armas de fuego (con permiso o sin permiso), como lo expuso el periodista Adolfo Ochoa en un informe exclusivo, cruzando cifras de varios años y diferentes fuentes, comparando con otros años, cotejando datos y a la luz de los crímenes nacionales. Entonces los desarmes temporales o parciales, por fechas y temporadas, pueden disminuir los ataques y agresiones pero no es el remedio. A Colombia hay que desarmarla no expidiendo salvoconductos, ni el mismo Ejército vendiendo armas. Se resolvería así, en gran proporción la violencia urbana. Pero como la sociedad está pistolizada y atravesada por la guerra interna y descontrolada por tantos actores armados que se nutren del contrabando de armas, tendremos que seguir esperando la terminación de la guerra y la legalización de la coca p ara que la paz sea una realidad y un derecho como lo proclama el artículo 22 de la Constitución.
Al parecer solo un 10% de los homicidios se comete con armas amparadas en salvoconductos: no muchos, pero son una fuente de criminalidad. En la primera mitad del año 2010 el Representante a la Cámara Augusto Posada pretendió facilitar y agilizar la renovación de los salvoconductos con un proyecto de Ley so pretexto de la inseguridad extendida; de haberse aprobado seguramente se incrementaría el porte de armas de los civiles que hoy deambulan con más de un millón ochocientas mil armas como parte de su utilería personal.
Relator: Alberto Ramos Garbiras
Politólogo de la Universidad Javeriana.