Otros aspectos Sobre el Bicentenario

La concesión ingenua del Rey Carlos IV a Napoleón, al permitir el paso de las tropas francesas hacia Portugal, fue la última causal que permitió más tarde abrirle paso al proceso libertario e independentista hispanoamericano, porque Napoleón decidió quedarse y gobernar en cuerpo ajeno. La Junta central conformada para defender los derechos del heredero Fernando VII, fue un acto desesperado de los monarquistas españoles como reacción ante la invasión francesa y una estrategia al querer mostrar “organización” para reacomodarse internamente, también a fin de evitar y encausar los levantamientos de la población en las colonias.

La invitación a los criollos americanos para participar en la Junta Central, fue un señuelo para sofrenar las sublevaciones contra las autoridades virreinales registradas en las colonias hispanas. De manera mimética las juntas de las colonias reclamaban respeto por el soberano pero también autonomía en los virreinatos, primer peldaño del proceso independentista.

El afán por instalar la asamblea de Cádiz fue tal que provisionalmente permitieron la presencia de americanos-criollos residentes en España antes de que llegaran los delegados en una plenaria que al final resultó de 72 españoles peninsulares y 27 delegados americanos. La intención de los asambleístas peninsulares era de todas maneras frenar la sublevación de las colonias implantando reformas radicales (libertad de prensa, de imprenta, la elección de cabildos y otros aspectos). El llamado a los americanos era triplemente táctico para obtener: recursos económicos, humanos y para sofrenar las sublevaciones independentistas. Desde Cádiz decidieron llamar, por primera vez a la población del virreinato, con el calificativo de americanos-españoles, y destilando zalemas, el Consejo de Regencia escribe:”Os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos de antes encorvados bajo el yugo mucho más duro mientras más distantes estebáis del centro del poder…”.

Las Cortes de Cádiz y el Consejo de Regencia, dos órganos plurales que actuaron en España durante el aprisionamiento de Fernando VII, no se entendieron en la misma dirección: Las Cortes con inclinación liberal-reformista y la Regencia de estirpe meramente monárquica chocaron por la expedición de la Constitución de Cádiz.

Esta constitución monárquica significó un avance y un factor modernizador para el constitucionalismo pre-republicano provincial de la Nueva Granada. Los liberales españoles junto a los criollos delegados lograron limitar en esa normativa el poder del Rey fijándole funciones, eliminaron la inquisición, introdujeron el principio de la soberanía nacional, las mismas cortes asumieron la función legislativa y organizaron la naciente rama judicial: todo ello repercutió en las colonias y animó tanto a criollos autonomistas como a los independentistas. Los franceses se debilitaron a finales de 1812 por la derrota ante los rusos; el retorno de Fernando VII al poder se registra en marzo de 1814, este desde Valencia dio al traste con los avances liberales de la Constitución de Cádiz, restableciendo la Junta Suprema del estado, creada por Carlos III en 1787.

El constitucionalismo pre-republicano surgió como consecuencia del juntismo para formalizar las juntas de gobierno, darle forma a los estados provinciales y comenzar a armar el tinglado institucional de cara a una eventual independencia. La incertidumbre, la indecisión de los granadinos ilustrados estribaba en el desenlace de la invasión napoleónica. Si España no vencía a los franceses tendríamos más posibilidad de liberarnos, también. Si España vencía, el reforzamiento de tropas llegaría, como en efecto llegó en agosto de 1815 cuando Pablo Morillo sitió a Cartagena, después empezaron los fusilamientos. Ese constitucionalismo fue monárquico y ambiguo porque el territorio no estaba liberado y porque se imbricaba con las instituciones virreinales, no era un constitucionalismo autónomo.

Los sectores ilustrados de Bogotá, Tunja, Antioquia, Cartagena, acudieron a las primigenias constituciones americanas y francesas para encontrar la raíz de la normativa institucional; algunos habían leído a Hume, Locke, Paine, Smith, Pufendorf, Grocio, Bodin; pero básicamente los federalistas norteamericanos fueron la fuente de inspiración. Calcaron la teoría de la representación política y utilizaron la principalística (fuente del derecho), es decir los principios generales (proclamas, anhelos, gritos colectivos con mensajes generalizados, las reclamaciones transnacionales), para normatizar, por ejemplo: la soberanía reside en el pueblo, o el pueblo es soberano.

(*) Magíster en Ciencia Política, egresado de la Universidad Javeriana.

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Armamentismo Freno al Desarrollo

Autor Alberto Ramos Garbiras (*)

El acuerdo venezolano con Rusia para construir una o dos centrales de energía nuclear ha desatado una serie de reflexiones y especulaciones que se pueden enmarcar en otro paso de la carrera armamentista. Hay que resaltar que la producción nuclear tiene dos componentes: la energía nuclear y las armas nucleares. Francia se abastece en más de un 60% con energía nuclear y no por ello existe alarma en los países vecinos sobre un eventual polvorín de guerra fronteriza.

La lucha contra el calentamiento global invita desde las cumbres mundiales (Poznan, Bali, Copenhague), a buscar energías alternativas para sustituir a los combustibles fósiles: petróleo, carbón, gas. Además, está en entredicho la capacidad financiera de Venezuela para instalar estas centrales nucleares, cada una de ellas para empezar requiere más de 3.200 millones de dólares, y en este momento el gobierno de Chávez se encuentra en calzas prietas hasta para generar energía eléctrica tradicional.

Entonces, el anuncio solo puede ser el anticipo de un proyecto querenciado pero de difícil puesta en marcha, puede tratarse de una baladronada para posar de potencial productor, o puede ser una estrategia geopolítica con un interés político: mostrarse armado y cercano a Irán y Rusia dentro del alinderamiento internacional en pos del diseño de un nuevo orden mundial con países nucleares que no pertenecen a la OTAN o Alianza Atlántica. También puede ser una táctica distractora, presentando como lo principal los pactos nucleares, cuando lo principal es la adquisición envuelta en bajo perfil, de anti-misiles S-300 con destino a Irán, en una especie de intermediación simulada, ante el bloqueo que en la práctica padece Irán.

El armamentismo de Venezuela y Brasil se puede explicar así. Como miembros de UNASUR e impulsores de este organismo multilateral, ven allí un mercado ampliado a 12 países, en la búsqueda de ese mercado ampliado están dando unas puntadas ya que la fuerza militar en toda la historia de la humanidad es básica para sostener las fortalezas con las cuales se cuenta, y acrecerlas para lograr los intereses geopolíticos que se han concebido. Entonces, dentro de los países que conforman UNASUR hay una competencia velada por la preponderancia ante el futuro mercado comercial ampliado. Los países bolivarianos aglutinados en el ALBA marcan notoriamente esa tendencia.

Desde la Guerra de las Malvinas se vio la ineficacia de la cooperación militar dentro de la OEA, y de su instrumento de asistencia recíproca, el TIAR, no funcionó porque no le cooperaron a Argentina para la defensa común. UNASUR tampoco tiene listo ese instrumento de defensa común. Si lo tuvieran la OEA, o UNASUR, entonces, el afán armamentista individual disminuiría. Esa ausencia de un mecanismo de defensa común marca una inestabilidad institucional multilateral en el subcontinente suramericano. Claro, no se trata de una carrera armamentista desbocada que implique un peligro incendiario para la región. Al mismo tiempo vemos que Brasil está desempeñando un papel de mediador, de colchón amortiguador en la región, buscando apaciguar los ánimos. El uso de la fuerza internacional y la trasgresión al Derecho Internacional Público (DIP) ;como en el caso de Colombia atacando un campamento en Sucumbíos-Ecuador; sin sanciones por parte de la OEA, ni drasticidad de UNASUR desde Bariloche, es decir América latina vive un limbo respecto a las sanciones por violaciones al D.I.P.,esto conlleva de manera tácita pero visible que se armen los países militarmente de manera preventiva pero no para una escalada guerrerista bilateral, ni subcontinental.

En Suramérica, en términos generales, el armamentismo ha crecido durante los últimos 5 años en cuanto a la compra de armas, tanques, helicópteros e implementos de guerra; pero más que un armamentismo desbordado, se trata de una modernización militar disuasiva. Esta calificación puede proceder porque tiene que ver no con ataques directos a otro país, o con guerras bilaterales; tiene que ver con lucha contra el narcotráfico interno y fronterizo, combates a las guerrillas o contra reductos de actores armados, con enfrentamientos a la delincuencia interna, o esperando una potencial guerra como en el caso de Venezuela con Colombia. Así como en otras épocas lo fue contra los opositores ideológicos de las dictaduras militares.

El proceso histórico del militarismo en América latina de los años 50, 60 y 70s dejó una carga pesada para los gobiernos civiles que les siguieron dentro de los procesos de redemocratización, heredaron también un vicio continuado por las cúpulas militares, con la compre excesiva de armas que está ligada a los comportamientos de corrupción de algunas castas militares, comprando sin necesitar gran parte del armamento. Hoy, en los países andinos, el problema del narcotráfico está ligado al armamentismo. Hasta que no se logra la legalización del consumo y la producción de la coca, seguirán estos conflictos internos con las mafias, los paramilitares, las guerrillas y la corrosión de sectores de la fuerza pública permeados por el dinero; y seguirá el juego del rearme de cada uno de los países y por ende la provocación o el amague con la guerra. Esta situación lleva a otra relación: el militarismo y la deuda externa. O sea, el militarismo y la prohibición frenan el desarrollo. Los empréstitos son para el rearme y la militarización, no para el desarrollo.

(*) Magíster en Ciencia Política egresado de la Universidad Javeriana.

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Elecciones Atípicas (Valle del Cauca)

Autor Alberto Ramos Garbiras

Faltando pocas horas para terminar su segundo Gobierno el Presidente Uribe firmó el decreto nombrando un Gobernador para el Valle ante el vacío creado por la destitución de Juan Carlos Abadía, podía hacerlo si lo hubiera encargado de manera transitoria para citar a elecciones, pero dejó socarronamente la ambigüedad en el texto del decreto para que se instalara hasta el fin del mandato del gobernador defenestrado. Esta arbitrariedad originó todos los reclamos y críticas que conllevaron al Gobierno Santos a ubicar la situación dentro de la legalidad: citando a elecciones, como lo contempla el artículo 303 de la constitución.

Sacarle el cuerpo al cumplimiento de las normas para obtener provecho es un camino para llegar a la ilegalidad, interpretar a medias o acomodaticiamente es otra forma de ilegalidad. La ilegalidad siempre se desploma. La participación indebida en política para favorecer a un candidato le hizo perder el poder al Gobernador elegido; la posesión con pretensión de quedarse sin haber sido elegido, le hace perder el poder al Sr. Lourido, porque la citación a elecciones es decirle, en otras palabras que no se puede quedar.

La no convocatoria de elecciones en el Departamento del Valle sería mucho más costosa por los daños que ocasionaría a las instituciones no cumplir con la normatividad y las leyes vigentes. Para la permanencia de alguien sin haber sido elegido y en contravía del artículo 303 de la constitución, lo único que puede recomponer el escenario departamental frente a esta desinstitucionalización vivida desde abril 2010, son unas elecciones transparentes y por eso lo que debe hacerse es una veeduría total sobre esta justa electoral.

El mes de enero 2011 es un mes lejano para preparar las elecciones y hacer una campaña frente a la brevedad que queda del periodo. Esa fecha debería haber sido a finales de noviembre 2010, dos meses para preparar las elecciones son suficientes porque, primero, enero desgana a algunos aspirantes, segundo, la conexión con una elección inmediata para octubre del 2011,ya que empieza la campaña en febrero para octubre, tercero posibilidad de excusas de naturaleza presupuestal o logísticas para no hacerlas en enero y cancelarlas. Las elecciones son necesarias porque constituyen un ejercicio válido para otorgar un verdadero mandato, es el único escenario de la democracia donde pueden concursar o concurrir los que tienen aspiraciones, para hacer alianzas y coaliciones a fin de definir un gobernante de origen popular, siempre cuando no aparezca el fraude, que es lo único que mancilla este ejercicio de participación popular.

Las elecciones son necesarias porque ante las disputas entre grupos, gremios, partidos y fracciones políticas por el poder departamental donde se estaban saltando normas legales. La citación a elecciones para el 23 de enero de 2011 tiene angustiados a muchos, se quejan de los costos, de la brevedad del período, de los obstáculos para gobernar por la Ley de garantías que ya frenó parte de la avidez de los contratistas; de otro lado se anunció la instauración de dos demandas de Acción Popular para evitar la realización de los comicios, demandas que considero no prosperaran porque no se viola ningún derecho colectivo de los catorce nominados en la Ley 472 de 1998.

Un país que respete la cultura política y sus instituciones puede funcionar sin sobresaltos perjudiciales. Una Democracia funciona si la Constitución es respetada, sus componentes, reglas del juego, supremacía normativa; no se puede desconocer por partes las normas que se han ido conformando para sostener la Democracia y las variables del sistema electoral. El respeto debe provenir de las mismas autoridades y de los ciudadanos, así se desprende del artículo 95 de la misma Carta Política.

En se amplió la desinstitucionalización porque debió citarse a elecciones desde la fecha en que quedó en firme la decisión judicial que negó la tutela al Gobernador elegido, en ese momento también se reafirmó la sanción disciplinaria. Toda la puja entre grupos disputándose el aparato de Estado departamental, a la manera de botín, postergó la citación a elecciones, dilación que lograron retorciéndole el cuello a la norma constitucional que es clarísima en el artículo 303. Ha sido todo un sainete que irrespeta al Valle del Cauca, los mismos actores institucionales transgreden las reglas, corren las decisiones, dan bandazos, y sumergieron al Valle en las dificultades administrativas que tiene: los mismos Alcaldes ya no saben que va a pasar con todos los convenios en marcha, las políticas públicas y los planes de desarrollo quedaron obstaculizados y el Departamento perdió categoría frente a otras regiones que teníamos como pares.

Otro ejemplo claro de desinstitucionalización fueron los procedimientos para la reelección y su efecto: la yidispolítica. Sin respetar las reglas democráticas todo conllevó a las consecuencias funestas durante el segundo mandato presidencial. Ahora el impulso de la reelección de alcaldes para beneficiar a los que están en ejercicio puede traer también consecuencias negativas con los manejos de los presupuestos municipales buscando apoyos para quedarse, cada uno, dispondría de ventajas para competir, ofrecer y pactar para continuar, en detrimento de los que aspiran a ser elegidos sin contar con la nómina oficial y la disponibilidad del presupuesto oficial. Si se llega a la reelección de Alcaldes, debería ser para los períodos posteriores no incluir a los que están despachando.

(*) Magíster en ciencia política, egresado de la Universidad Javeriana.

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