Texto de Alberto Ramos Garbiras (*)
Haití fue asolado por los españoles desde 1492,
hubo un exterminio de las comunidades indígenas Galibi y los Arawaks
provenientes del Orinoco, en los primeros 40 años de la Conquista; igual que a
los Tainos de la hoy república dominicana. Haití fue el primer país en lograr
la independencia, de lo que hoy conocemos como América latina, lo hicieron en
1804 y contra Napoleón cuando estaba en el apogeo de su poder sobre Europa, el
primer gobernante, Jean Jacques Dessalines. Haití fue solidario en 1816 con Simón
Bolívar, acorralado por Pablo Morillo quien pretendió asesinarlo en Jamaica,
cuando estaba tramitando finanzas con los ingleses. El presidente Alexander
Petion, en Haití, le proporcionó naves, armas y dinero para emprender la
segunda fase de la guerra de independencia. Luego en 1825 los franceses
ejercerán un bloqueo naval y exigirán un desembolso impagable durante muchos
años que llevaron a la quiebra a esa parte de la isla, Hasta que el presidente
-sacerdote Jean Bertrand Aristide solicitó una indemnización, que fue tortuosa
y llena de pleitos.
Haití
es un Estado fallido (failed state), o Estado fracasado por la opresión de tres
potencias extranjeras a lo largo de su historia y por la falta de cooperación
del multilateralismo internacional. Un Estado se considera fallido cuando el
país no puede controlar el monopolio de la fuerza, no hay estabilidad estatal
ni gobernabilidad, no se tiene ante la población legitimidad y se ha perdido la
eficacia para gobernar, incapacidad para manejar la seguridad interna, ya no se
puede proveer bienestar a la comunidad, se vuelve ese Estado un riesgo para los
países vecinos, han desaparecido o difuminado los controles, y el Estado ya no
pude manejar los servicios públicos ni administrar los bienes públicos.
Todas estas características convergen en el
caso de Haití. “Desde su origen, el
concepto de Estado fallido ha sido utilizado para señalar a aquellos Gobiernos
que han perdido la capacidad de controlar y brindar los bienes públicos
necesarios a su población, así como su capacidad de asegurar la seguridad
interna y territorial. La categorización se ha determinado en función de los
intereses de aquellos Estados con mayor incidencia en la esfera internacional.
Bajo estas premisas, algunos de los aspectos que definen al concepto pueden ser
abordados desde la perspectiva clásica y crítica de la Geopolítica. Mediante la
primera, se puede analizar cómo las funciones del Estado y el territorio son
elementos constitutivos del análisis de la falla estatal. Así, tal perspectiva
se relaciona, por ejemplo, con el enfoque tradicional con el que se ha abordado
el fenómeno de los Estados fallidos”. (Mancero y Múnera, 2018)
El
asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, el 7 de julio de 2021, fue el
culmen de la intrincada situación que vive ese país y le tocó sortear al
mandatario acribillado. Desde el año 2016 cuando ganó las elecciones, fue
denunciado por fraude electoral y no pudo gobernar hasta el año siguiente
después de repetir los comicios que continuaron bajo el manto de la duda. Toda
la problemática acumulada lo enredó y entrampó. Recibió el respaldo del
anterior presidente, Michel Martelly (2011- 2015), y del partido político
ultraderechista PHTK(Parti Haitian Tet Kale),conformado por un grupo de
Duvalieristas, crónicamente enganchados con turbios procedimientos de
contratación en relación con el Estado.
Moïse,
de origen humilde (hijo de una costurera y un agricultor), ascendió
vinculándose al sector bananero y obtuvo el nombramiento de director ejecutivo
de la Cámara de Comercio; fundó su propia empresa de exportación agrícola, y
fue cooptado por Martelly como un outsider, que proponía zonas francas de
exportación, pero el proyecto de Martelly era gobernar en cuerpo ajeno y por
ello lo enzarzó en toda la trama de sus desaguisados durante el quinquenio
anterior. Desde un comienzo fue atenazado por los tentáculos de la oligarquía
haitiana que se apoderaron del sector bancario y de los servicios públicos (con
la energía han montado grandes negociados).
La
inestabilidad de su gobierno era abismal, durante los casi 5 años de gobierno
el Señor Moïse tuvo 8 primeros ministros, en un régimen semipresencial esto es
de mala presentación, desdice de la buena marcha del gobierno. Dos días antes
de su asesinato designó al señor Ariel Henri quien era el ministro de defensa,
y durante los primeros días de vacío de poder no lo dejó posesionar el Sr
Claude Joseph quien adoptó medidas erráticas como solicitar intervención
extranjera que ha sido tan nociva en la historia de Haití declaró es esta de
sitio que no ha operado porque nueve bandas armadas controlan los barrios y la
fuerza pública ha sido incapaz, o mejor ha cedido el orden público para que estas bandas
repriman a los inconformes que desde 2018 se alzaron contra el desgobierno
reinante. O sea, el quiebre institucional se debe a la corrupción detectada por
la población (descreimiento respecto a la clase política), a la voracidad de
los grupos oligárquicos de poder, a la rapacidad de los dirigentes políticos
que han saqueado el Estado desde 1991; los campesinos son víctimas de varias
violencias y sufren el éxodo, son desplazados, y encontrándose en las ciudades
son cooptados como mano de obra criminal, otros parten para República
Dominicana, Brasil, Chile u otros países. Desde Cedras al derrocar a Jean
Bertrand Aristide, sin contar los 29 años de los Duvalier que vaciaron el país;
las elecciones han estado marcadas por el fraude; el desempleo raya en el 70%,
el país tiene casi 12 millones de habitantes; padece una alta inflación del 25%
anual y 6 de cada 10 personas son
pobres, o sea 6.3 millones. Dos carencias desesperan con intensidad a los
pobladores: el hambre y la inasistencia en salud.
La
presencia de extranjeros aprovechándose de los recursos naturales ha sido continua: Los españoles, los
franceses, los norteamericanos y los organismos multilaterales so pretexto de
buscar la estabilización han estado allí. “De modo que Haití es un producto
histórico de esa cadena de dramas y vorágines. En 2004 incluso revestida como intervención
“humanitaria”, las NNUU crearon la MINUSTAH, que llegó a Haití y tampoco sirvió
para la estabilidad gubernamental (l…) El asesinato del presidente Jovenel
Moïse en Haití, ocurrido el pasado 7 de julio (2021), nuevamente se une a los
episodios del escándalo, entre miseria social e inestabilidad política, que
caracteriza a una república sin paz ni desarrollo. Tampoco se trata del primer
episodio y la BBC recordaba, al respecto, en un interesante artículo, el
magnicidio de Vilbrun Guillaume Sam, ocurrido en 1915, que derivó en la
intervención con los marines norteamericanos y que duró 19 años. Lo que alarma
en la actualidad es que la muerte de Moïse sea obra de un comando mercenario,
integrado en su mayor parte por colombianos contratados por varias compañías.
Un hecho inquietante para América Latina, región en la cual las luchas
políticas parecen “internacionalizarse” por todos los medios”. (Paz y Cepeda,
2021)
Respecto a la participación de exmilitares
colombianos en el crimen contra el presidente Jovenel Moise, se ha comentado
suficientemente en diferentes análisis. como lo escribí desde el año 2009 para
el periódico El País de Cali, en el contexto de la globalización y de la
ocupación militar de unos Estados a otros Estados indefensos pero poseedores de
riquezas naturales, ha crecido la privatización de la guerra, también por otra
razón: aparentemente las potencias disminuyen los gastos militares ante el electorado,
pero en el fondo la contratación y la subcontratación del presupuesto de los
gastos de defensa, facilita la corrupción de las cúpulas de los organismos de
defensa. Así los fabricantes de armas no ven decaer las ganancias y promueven
los estímulos para los agentes estatales.
El monopolio de la fuerza para intervenciones
en el extranjero, no lo están ejerciendo cabalmente los Estados potencia con
sus propios ejércitos, sino que se apoyan en compañías privadas de seguridad
que se traduce en paramilitarismo internacional, mercenarios de alta categoría que, se
maquillan como fuerzas de apoyo, y en
medio del caos de los conflictos donde intervienen se entrelazan con el
tráfico de armas, de personas, con las mafias, con los traficantes de diamantes
y los explotadores de minerales. Burlan así la Convención de Ginebra que
prohíbe la participación de civiles en acciones militares. Y por separado las
compañías de seguridad internacional contratan para otras operaciones que
resultan ilícitas. El Derecho Internacional Público no está sancionando a estos
ejércitos alquilados que alimentan el desorden mundial… (Ramos, 2009)
El
sociólogo Lautaro Rivara, afirma que la clase política entroncada con la
oligarquía haitiana se ha sostenido durante décadas con dictaduras nacionales (militares
y civiles), con soportes paramilitares y con intervenciones internacionales. La
profundización en lo económico de la política neoliberal degradaría rápidamente
la situación económica del país. Y el desfalco multimillonario de los fondos públicos,
en un cuarto del PBI nacional, desajustó las finanzas del Estado. El analista
Pedro Pierre, asegura que Haití es castigado por el hambre generalizada, la
destrucción de la naturaleza y la violencia desde varios flancos. José Amesty,
licenciado en teología, nos dice que de los 2 millones de afectados por el
huracán Mathew en el año 2016, todavía un millón no ha recibido ayudas. Las
transnacionales quieren comprar tierras para controlar los recursos naturales,
esto es una especie de agonía para el campesinado y una alteración para los
planes de economía verde que están concibiendo los nativos. Haití posee Litio y
Titanio, y van a por ello.
Bibliografía.
Mancero Anita Cecilia y Múnera Oscar Eduardo.
“Los estados fallidos. Una visión desde la geopolítica” .Revista
latinoamericana de estudios de seguridad #22. www.flacsoandes.edu.ec junio del año 2018.
Paz Juan y Cepeda Miño. “Haití: Miseria y
política en el Caribe”. Columna de análisis publicada en la revista virtual
Alainet. www.alainet.org julio 13 del
año 2021.
Ramos
Garbiras Alberto. “Mercenarios o paramilitarismo internacional”. Columna
publicada en el periódico El País, Cali, agosto de 2009.
(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad
Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid
(UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional y
derecho ambiental, en la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali
(USC). Profesor de la cátedra: derechos humanos.