El coronavirus ha destapado todas las falencias del Estado y de la
sociedad. En Colombia la incapacidad administrativa, la falta de políticas
públicas de bienestar social, la corrupción que desvío los recursos
con los cuales habría podido desde hace décadas hacer se justicia social, la
mezquindad de los gremios económicos, el neoliberalismo desbordado, la ausencia
de planeación administrativa de los recursos, la no realización constitucional
del Estado Social de Derecho, etc.; todo se represó y ante esta calamidad por
el contagio de un virus galopante, el coronavirus, todo está aflorando para
mostrar esa falencias.
Las revueltas sociales que hemos observado esta semana en ciudades como
Pereira, Soacha, Bogotá, Cali, Medellín, Riohacha (…) son una reacción y un producto
inmediato por la desesperación de la gente ante la cuarentena decretada y la
nula posibilidad de hacerla porque no tienen provisiones. La primera
y segunda acepción de la palabra revuelta en el diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española (RAE), dicen: alboroto, alteración, sedición, riña,
pendencia, disensión.
La prensa escrita narró lo sucedido con expresiones como estas: “tenemos hambre, tenemos hambre",
corearon decenas de trabajadores informales que se concentraron en la Plaza de
Bolívar para reclamar al gobierno medidas de fondo que les permitan cumplir el
periodo de confinamiento. En Soacha un grupo de jóvenes se aglomeró a las
afueras de un establecimiento de Ara, aunque después de varios minutos entraron
a saquear el establecimiento. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)
hizo presencia en la parte céntrica de la capital, especialmente en la Plaza de
Bolívar. La gente perdió el control y empezó a exigir de forma agresiva la
comida que supuestamente les iban a entregar, la Fuerza Pública
respondió con gases lacrimógenos para controlar a los exaltados.
Estas revueltas o brotes de explosión social produjeron disturbios y
llegaran a actos de violencia sino se atiende a la población necesitada.
Reclamación social con actores no ideologizados, movidos por la desesperación, la
necesidad y el hambre. Sectores informales y semiformales respecto al trabajo y
la libertad de oficios; miembros de la tercerización económica, desempleados,
integrantes del precariado; personas que no tienen ahorros, empleo ni ingresos;
o desempeñan oficios sin estabilidad que ante las restricciones no los pueden
ejercer al no salir a la calle por la cuarentena. Estas revueltas son
diferentes a las protestas sociales antes de aparecer el coronavirus. Esas
protestas sociales motivadas por otras inequidades, el paquetazo de la reforma
tributaria, el pretendido desmonte de Colpensiones, la justicia sin eficacia,
han sido promovidas por sindicatos, movimientos sociales, líderes académicos, y
surgidas desde la base popular.
No son revueltas de inspiración ideológica o movidos por “agitadores
especializados”, o grupos políticos que quieran desestabilizar al gobierno
nacional ni a los gobiernos locales; no se trata de vándalos prepago, ni
enemigos agazapados de los gobiernos en cada ciudad, o terroristas camuflados.
Son personas del ámbito de la economía terciaria, miembros del precariado,
excluidos, marginados, sin techo, desempleados, que llegaron a la situación
límite: el encierro sin comida, ni ingresos. No teniendo nada han tenido antes
la posibilidad de salir a la calle para ejercer el rebusque diario. Ahora, con
la cuarentena no podrán ofrecer sus oficios, sus mercancías, y otros productos.
Son víctimas como todos lo somos de una pandemia transportadora de un
virus como enemigo invisible, raudo y letal. Y la cuarentena es una medida
sanitaria necesaria. Pero ellos no tienen reservas, ni un plan B. A los
revoltosos sociales no se les puede endilgar delitos por el hecho de reclamar
(distinto a quienes sean individualizados por hechos concretos); el tratamiento
no puede ser criminalizarlos, hay que resolver de inmediato el tema de la
alimentación, no con discursos ni oriflamas: con abastecimiento.
Las revueltas sociales seguirán porque no hubo previsión para subsidiar a
esta población en épocas de “normalidad”, y menos previsión para atender una
pandemia inesperada e inédita con amenazas a la salubridad nacional. Pueden
surgir disturbios, reyertas, resquebrajamiento del tejido social. La entrega de
mercados y ayudas, sin censos, sin logística adecuada, solo con la base de
datos del SISBEN, puede salírsele de las manos a muchos municipios,
reapareciendo los disturbios, revueltas y reclamos airados.
Pero si hubiese existido un desarrollo legislativo para hacer
realidad es Estado Social de Derecho, es decir
hacer efectivos los derechos sociales, culturales y económicos de la población
(artículos 42 hasta el 77 de la Constitución), con auténticas políticas de
bienestar y prosperidad social en estos 28 años de vigencia de la Constitución
de 1991, no estaría pasando esta emergencia que puede ser más caótica. Las
políticas de bienestar de estos seis gobiernos neoliberales no han sido
integrales ni sistemáticas, sino saltuarias y a medio camino. Y los programas
de bienestar hasta ahora adelantados se han ejecutados torticeramente para
instrumentalizar a los marginados, políticamente. Con censos y asistencialismo
miserabilista para volverlos sujetos políticos de campañas electorales,
atraídos con auxilios diseminados para captar sectores sociales y volverlos
adherentes de una forma de gobierno que no los reivindica socialmente.
Dentro del libro “Movimientos sociales y
Protestas”, que escribí con Juan Carlos Lozano Cuervo, expuse que, el
precariado es una amalgama gigante de personas proveniente de diferentes
sectores poblacionales, de la clase media, de los estratos bajos, con un común
denominador: han perdido la estabilidad y viven con dificultades, en situación
precaria, ya nada está garantizado. Perdieron el empleo o les cambiaron las
condiciones de estabilidad y seguridad social, los pagos disminuyeron o son
exiguos: viven de la informalidad comercial.
Hoy por la crisis económica, el recorte de los
subsidios, la austeridad de las empresas, el despido masivo de personas, la
mecanización, la informalidad de trabajos a destajo, por horas o con propinas,
la competencia desleal, etc., se viene afectando a muchas personas sacadas del
sector productivo y lanzados al desempleo y a la tercerización para la búsqueda
de la subsistencia. Este panorama es muy distinto inclusive al de los
desplazados y los indigentes, en condición más lamentable. Dos enormes sectores
excluidos y desatendidos, con carencias totales. En cambio el precariado está
disperso en todos los estratos, se vuelve una carga familiar para los que aún
trabajan o están pensionados, sosteniendo la economía familiar; son víctimas de
los recortes estatales y de la ausencia de políticas públicas de bienestar social;
no pueden ejercer las profesiones u oficios. Según el DANE la informalidad
laboral urbana es del 62%, y en el campo del 84%, o sea 14 millones de
personas, van a sufrir más en la cuarentena y no tienen como abastecerse.
Colombia, como otros países de América Latina, tiene ciudades llenas de
pobreza. Invasiones, miseria suburbana y periférica, con hacinamientos
degradantes.
Ante esta coyuntura crítica, el presidente Iván
Duque y el Departamento Administrativo de Protección Social han comunicado a la
opinión pública que beneficiaran a los trabajadores informales con la entrega
de $160.00 a cada uno como un ingreso solidario, repitiendo la entrega si se
prolonga la cuarentena. El presidente creó un programa de televisión con el
lema “Contagiémonos de solidaridad”. Y dijo
que continúan los giros a las Familias en Acción, a los Jóvenes en
Acción y a los Adulos Mayores, haciéndoles
además un giro adicional. Y que harán la devolución del IVA a familias
vulnerables. Es decir, están tratando de aplicar todo el asistencialismo
posible (pero de urgencia), y no lo
habían hecho de manera programada, por eso el Estado Social de Derecho no ha
operado debidamente. Ninguno de los gobiernos ha concebido una verdadera Renta
Básica. Los auxilios y subsidios anunciados de afán buscan evitar el estallido
social, claro está. Deben lograr el redireccionamiento de los subsidios
dispersos y no esenciales para otorgar una renta básica a las familias carentes
de ingreso fijo.
Como lo expone el investigador del Instituto de
Estudios Culturales y Cambio Social, Alberto Tena, en la página web www.ieccs.es,
“aparece la política económica pensada en
clave de emergencia y excepcionalidad. Las propuestas de diferentes rentas de
cuarentena están apareciendo por todo el mundo como medidas dirigidas a
sostener los ingresos de las personas durante este período inusual”.
Con el Ex Gobernador Ubeimar Delgado, los
filósofos Juan Carlos Lozano y Harold Ortiz Calero, el analista Alejandro López
Lasso, más un equipo de académicos y expertos en finanzas como Juan Manuel
Obregón, trabajamos el tema de la Renta Básica bajo la forma de Ingreso Básico
Familiar, en el año 2017 y lo dejamos estampado en documentos. Ante esta
pandemia vemos hoy a presidentes como Emmanuel Macron de Francia, propuso el no
pago del agua, la luz y el gas, durante este encierro por el coronavirus, y
crear un fondo de solidaridad para pagar a los desempleados una mesada; Alberto
Fernández de Argentina, ofreció 150 dólares a quienes perdieron el ingreso
callejero; en España el gobierno de Pedro Sánchez, trata de poner en marcha un
ingreso mínimo vital, han perdido mucho tiempo porque allá varios catalanes de
la revista SP, entre ellos Daniel Raventós han impulsado desde hace muchos años
la renta Básica (Basic Income); el Presidente Nayib Bukele de El Salvador,
autorizó la suspensión del pago de los servicios públicos, suspensión de
alquieres y congeló el cobro de los créditos personales; otros presidentes
están proponiendo fórmulas de renta básica, que ya han difundido las redes
sociales en los últimos 10 días.
La
Renta Básica o el ingreso Básico familiar, operaría como un aporte a miembros
de las familias de los estratos 1 y 2 que no tienen empleo, ni salario mínimo.
También puede aplicarse a las madres cabeza de hogar que aunque teniendo un
salario mínimo no puedan solventar los gastos de esa familia vulnerable. A los
discapacitados o se aplicaría a la atención de los niños en extrema pobreza.
Una
renta básica condicional se trata de una renta destinada a garantizar unos
mínimos para el derecho a la existencia, una medida que despierta asombro por
ser rupturista y ambiciosa, pero que es totalmente razonable porque va ligada
al principio de la dignidad humana, ayudando a garantizar la existencia
material de gran parte de la ciudadanía. La Renta Básica es un ingreso
ciudadano que permite cubrir parte de las necesidades básicas o primarias de la
población. Se trata de una discusión que pone en el centro de la escena la
cuestión de la ciudadanía, del respeto a las personas; pero también deja ver la
necesidad de un sistema impositivo progresivo, y frenar la corrupción como base
para el buen funcionamiento del ingreso dirigido a los que nada reciben.
La renta
Básica condicional (RBC) o el ingreso básico familiar, se
refiere a un arreglo institucional cuyo objetivo es garantizar cierta forma de
ingreso condicional a las personas que no tienen empleo ni salario mínimo. Esto
es, un ingreso para cuyo acceso se requiere no trabajar en un empleo mercantil
(como es el caso del salario), no tener pensión, pero se debe demostrar que se
está desocupado y encontrarse en un nivel de pobreza.
(*) Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Derecho
Público con énfasis en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid
(UNED- España); profesor de derecho internacional en la Universidad Libre.