Durante los ocho años del Presidente Uribe los Alcaldes manejaron la seguridad Urbana sin una Ley que modificara la ausencia de política criminal urbana. La “seguridad democrática” se fijó solo en lo rural para combatir a las guerrillas. Las ciudades quedaron al garete, solo con las medidas rutinarias, mientras crecía la delincuencia en virtud a las nuevas bandas criminales originadas en la desmovilización paramilitar y aumentaba la delincuencia común producto del rebusque de centenares que deambulan excluidos y sin trabajo. El presidente Santos impulsó una ley de seguridad ciudadana que está terminando el trámite en el Congreso, solo falta la evaluación de las comisiones conciliadoras.
Esta Ley modifica partes de tres códigos: el Código Penal, el de procedimiento penal y el código del menor o de infancia. Y modifica normas sobre la extinción del dominio. La Ley tiene elementos nuevos para penalizar conductas hasta ahora en blanco y que vienen causando muertes, estragos y dolor a las familias: los disparos al aire(balas perdidas); las barras bravas que como tribus urbanas se enfurecen y generan violencia en los estadios y sus alrededores; la reventa de autopartes usadas y el robo de vehículos que afectan el patrimonio familiar y personal; los aparatos celulares que se incrementó el mercado negro; el bloqueo de las líneas de servicio; la financiación del terrorismo y los grupos de delincuencia organizada; sanciones para la protección de los recursos naturales que, refuerzan las conductas antibioéticas existentes; los menores delincuentes quedan en la mira pues dependiendo de las medidas correctivas, continuaran pagando la pena sobre cuatro delitos al cumplir la mayoría de edad(Homicidio, secuestro, extorsión y delitos sexuales); el tráfico de armas; y el uso de menores de edad en la mendicidad para lucro de inescrupulosos. La delincuencia juvenil causa gran daño porque la inimputabilidad que gozan hasta ahora los hace objeto de búsqueda para ser contratados por cerebros asesinos, instrumentalizados y convertidos en mano de obra criminal.
La militarización de las ciudades sirve para operativos puntuales y para desestructurar bandas ya localizadas, pero los factores que disparan la violencia rutinaria, sistemática, necesitan soluciones sociales para combatir el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades. El hurto de celulares se ha incrementado por lo lucrativo en el mercado de segundas, pero con la desactivación de los aparatos si se desestimula. No hay que caer en el facilismo en el que incurren algunos comandantes de la policía de achacarle la culpa a los usuarios desprevenidos ni al atractivo de l os blacberrys, no, el núcleo del asunto es la descomposición de la ciudad en manos de la delincuencia de todas las pelambres, por falta de acción de la Alcaldía, la inacción de la policía, de los organismos de seguridad, y por la crisis económica.
El fleteo es un asalto express al salir las víctimas de los centros bancarios y de los restaurantes de lujo, o son escogidos en los semáforos por la clase de vehículo que conducen. El éxito de los fleteros es la falta de despliegue policial, la nula reacción de este cuerpo armado, y la ausencia de una política urbana anti criminal para desvertebrar bandas de asaltantes. La gente se está absteniendo de salir en la noche para auto protegerse (47%), según la encuesta de analizar asociados, esto vulnera los derechos de circulación, autonomía personal y recreación que, no garantiza el Estado local.
La cantidad de pandillas urbanas azotan varias comunas, se apoderan de ciertos barrios para delinquir, distribuir los narcóticos que les encomiendan, extorsionar y cobrar vacunas a los establecimientos comerciales. Aquí vemos dos modalidades reproductoras del delito. El narcotráfico y la delincuencia común. Ambos subrayados por la falta de oportunidades: ambos incontrolados por las fuerzas del orden.
Sancionar a los líderes de la protesta urbana si es un adefesio antidemocrático pues la rebeldía, el paro, las marchas, mítines, movilizaciones, huelgas y expresiones de inconformidad callejera, colectivas y con discurso de reclamación, son la única forma directa y efectiva de pronunciamiento democrático de las mayorías que no tienen escaño o curul en los cuerpos colegiados o que no se sienten identificados con la representación popular para ejercer la oposición, han cambiado de posturas o se han reacomodado con los poderes regionales o locales. La protesta urbana no es artificial, surge por el malestar de las medidas gubernamentales.
Muchos delitos tienen conexión con el narcotráfico y la nueva Ley no puede hacer nada contra ello porque exigiría la legalización de la producción y el consumo, cuando lleguemos a ese nivel se extinguirán la mayoría de los delitos. El narcotráfico tienen origen en el campo, los cultivos de hierbas, y terminan alterando la vida de las ciudades escenario de las otras partes de la cadena: La comercialización de la droga, los pagos, la distribución, los incumplimientos y los ajusticiamientos. Cali por ser un puerto seco para el narcotráfico es el Juárez colombiano. Aquí tienen asiento las cabezas de los carteles y los mini carteles.
Otra falencia es la ausencia de sitios para denunciar. Es una odisea lograrlo. No hay inspecciones de policía que las reciban, la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la Fiscalía es el único sitio, esta URI es un hacinamiento de víctimas, de inmediata no tiene nada, con escribientes mal preparados, sin ortografía, sin agilidad para recibir las denuncias, resultan taponando el inicio de la acción judicial y entorpeciendo la justicia. Muchas víctimas piensan así en la justicia privada: la venganza.
(*) Ex Personero de los Derechos Humanos de Cali.
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