Fronteras y Crisis Diplomática

Autor Alberto Ramos G. (*)

Esos campamentos de Venezuela cerca a la frontera colombiana se sabía que operaban como refugio de jefes guerrilleros, pero Uribe no se atrevió a bombardear como lo hizo con el de Raúl Reyes en Ecuador porque preveía el desatamiento de la guerra. Entonces, veinte días antes de terminar su segundo mandato decide alborotar el cotarro, esta actitud resiste tres lecturas:

1) Hacer a un lado la vía diplomática, acudir a la vía mediática, aguarle la posesión a J.M.Santos cobrándole la designación inconsulta de ministros, y promover la intervención de la OEA, por su odio visceral a las FARC. Y para visibilizar internacionalmente el problema, otra vez, como una táctica final para que la presión internacional se produzca a fin de no dejar tranquilos a los mandos guerrilleros. La mayor molestia del Presidente Uribe se puede explicar asa: los comandantes guerrilleros que él correteó y ahuyentó lograron refugio en Venezuela. No hubo contención desde el extranjero sino expansión de la frontera. No derrotó ni venció a la guerrilla: lograron escapar y mantenerse activos.

Juan Manuel Santos, en efecto designó varios ministros sin consultarle a Uribe. Este paso los demarca y denota un primer arranque de “autonomía” respecto a quien le debe la presidencia de la república, esa es la convicción de los furibistas. Santos no ha sido del todo leal con quienes lo han nombrado en los ministerios, y por su estirpe no será sumiso. Tampoco se va a estrellar de inmediato contra su último mentor, lo hará paulatinamente. No hay que olvidar que Santos no iba a ser el ungido para el guiño presidencial: la pelea entre Uribito y Noemí acabó con los dos ungidos, él encontró el camino allanado. Su concepto de Estado es una idea calcada sobre la Tercera Vía inglesa, un punto intermedio entre el neoliberalismo, el laborismo, el liberalismo popular y el neopopulismo asistencialista, para ubicarse en el centro derecha, que no logró en la campaña política.

2) También puede interpretarse como un lavatorio de manos del Presidente Uribe porque las relaciones comerciales en declive y franco deterioro han ocasionado multimillonarias pérdidas para el empresariado y el comercio colombiano. Se han dejado de exportar en los dos últimos millones de dólares. El promedio de exportaciones era de 6.000 millones, en lo corrido del 2010 solo se han exportado 650 millones de dólares a Venezuela. Con el señalamiento del Ministro Silva Luján, el Presidente presentó ante la opinión pública internacional la razón fundada de sus reclamos: la cooperación flagrante del Gobierno venezolano a la guerrilla, origen de toda la crisis.

3) Puede ser una táctica consensuada con Juan Manuel Santos para torpedear la política exterior de Chávez y empezar a preparar la tarima del Presidente electo como “líder” de un bloque en UNASUR.La obsesión de Hugo Chávez por extender la doctrina bolivariana reactualizándola en la envoltura del Socialismo del Siglo XXI, lo obnubila para entender la política exterior de Barack Obama, confundiéndolo como continuador de Bush jr. De esta manera se aleja de EEUU y le facilita a Colombia posar como aliado del gobernante del Partido Demócrata, a quien precisamente no pensaban ascendiera al poder: el uribismo aspiraba ver al republicano McCain de Presidente.

Con esa óptica de la guerra fría, de manera cerrada y cerrera, La disputa por el liderazgo dentro de las instituciones de UNASUR, lo tratarían de definir respecto a las buenas o malas relaciones con los EEUU. Chávez sabe que la competencia por los mercados y la defensa de la soberanía se hace defendiendo los recursos naturales y mineros, lo mismo que las posiciones geoestratégicas, por ello no desistirá en la carrera armamentista y en el acceso a las plantas nucleares.

Santos respecto a las relaciones exteriores con los países vecinos también deseará ubicarse en el centro: ni guerrerista ni melifluo o almibarado. Recomponer el comercio y cobrar un liderazgo en la región pueden ser sus propósitos. Con las invitaciones que había cursado para su posesión Santos extiende el tapete diplomático hacia afuera y hacia adentro porque su proyecto personal es quedarse 8 años en el poder.

Los compromisos como Estado parte de la OEA los estaría incumpliendo Venezuela por permitir y albergar grupos armados insurrectos de otro país. Si la OEA no inspecciona ni actúa eficazmente, porque requiere la aceptación de Venezuela para ingresar la comisión de verificación, el asunto podría ser examinado por la ONU que UNASUR aboque el conocimiento de la problemática y también tome una determinación. Son tres organismos multilaterales de los cuales Colombia y Venezuela hacen parte. Aquí estará a prueba la diplomacia multilateral y la eficacia de estos entes supraestatales; los tres tienen objetivos similares sobre cooperación, defensa común frente a grupos terroristas, seguridad múltiple, respeto a la soberanía de las naciones, cumplimiento del derecho Internacional público…, de no funcional la diplomacia multilateral se abriría el camino de las acusaciones ante la Corte penal Internacional y luego, el enfrentamiento militar entre los dos países.

La idea de ir a la guerra no es ajena a Hugo Chávez, quien ya lo ha invocado en al menos tres ocasiones. Si no permite la inspección que pudiera hacer una comisión de verificación del Consejo Permanente de la OEA, estaría aceptando tácitamente la existencia de los campamentos clandestinos, y ocultando a los integrantes de la guerrilla asentados en esos lugares indicados por el Embajador Hoyos.

La expansión del ideario bolivariano, mal entendido, y el afán de propalar el Socialismo del Siglo XXI, inclina a Chávez para favorecer a las FARC porque la refundación de La Gran Colombia es su obsesión latente, por ello cree que las FARC encarnan un ejército popular que puede tomarse el poder en Colombia, con su ayuda, para luego, él figurar como Lord protector, y a través de un Protectorado, cogobernar.

(*) Catedrático de Ciencia Política, Universidad Libre.

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Ingrid Desistió

Autor Alberto Ramos G. (*)

La demanda de reparación directa que pretendía Ingrid Betancourt no era descabellada, sino exorbitante. Buscar una indemnización por culpa del Estado lo puede intentar cualquier víctima o persona que haya sufrido daños, siempre y cuando las causas encajen en los parámetros del articulo 86 del Código Contencioso Administrativo: hechos ajenos a la voluntad de la víctima, omisiones del Estado…, el resultado de la demanda depende de los factores determinantes, la imprevisión, el riesgo u otros elementos. Son muchos los eventos que pueden plantearse para buscar la reparación directa. El éxito de la demanda se ventila en el debate probatorio.

Para que se declare judicialmente la responsabilidad patrimonial del Estado es necesario que el particular afectado pruebe un daño moral, material, o en su equilibrio de existencia, que no tenga el deber jurídico de soportar, y de otro lado logre probar la ocurrencia de una acción concreta o una omisión de protección por parte de los agentes estatales. Sin embargo, el Estado puede ser exonerado de responsabilidad si demuestra que un tercero, y no el Estado, fue el causante exclusivo del daño, o que hubo culpa exclusiva de la víctima en el daño finalmente padecido. Puede también presentarse en un caso concreto el fenómeno de la concausalidad, es decir, que resulte probado judicialmente que en la producción del daño concurrieron dos causas relevantes: la conducta imprudente de la víctima, pero también la omisión de protección estatal, caso en el cual el monto de la condena contra el Estado se reduce. Así lo ha descrito el administrativista y magíster James Fernández Cardozo.

Dell articulo 16 de la Ley 446 de 1998 se desprende que, es importante tener en cuenta que una noción amplia de reparación va más allá de la esfera estrictamente pecuniaria del individuo, pues en ella se deben incluir los bienes jurídicos -como es el caso de la dignidad y los derechos humanos- que generalmente no pueden ser apreciados monetariamente, pero que, si resultan lesionados por el Estado, deben ser reparados mediante compensación. Solo así el principio de la reparación integral del daño cobra una real dimensión para las víctimas.

Respecto a los precedentes judiciales, “La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de actos terroristas ha declarado la responsabilidad del Estado, cuando los agentes estatales actúan con omisión frente a los llamados de la comunidad, de un particular o frente a situaciones de las cuales se puede prever la amenaza inminente de un atentado terrorista en razón a que, no desplegó el equipo de seguridad o de prevención requerido para conjurar las posibilidades de un ataque, como el refuerzo del pie de fuerza, dotación de municiones, diseño de operaciones de inteligencia, preparación militar”, en opinión del jurista, Wilson Ruiz Orejuela, en su libro Responsabilidad Extracontractual.

La señora Ingrid desistió de la acción de conciliación por lo tanto de la instauración de la demanda porque dejó vencer el término de los dos años que buscó evitar con la conciliación como requisito previo según la Ley 446 de 1998; no se trataba de dejar una constancia y liderar las demandas de los demás secuestrados y víctimas del conflicto interno.La intención clara: demandar u obtener un arreglo directo, pero la presión pública la hizo desistir.La reacción de la ciudadanía a través de los medios de comunicación y de los opinadotes de las redes sociales virtuales que la calificaron de apátrida, oportunista, arpía y decenas de epítetos.

Haber sido rescatada tardíamente (perdió seis años de su vida familiar y laboral) no excluye el derecho que tenía a demandar. Otros ex secuestrados como Sigifredo López, Jorge Eduardo Gechem, Consuelo González y Orlando Beltrán, ya han demandado.Y la reacción no ha sido virulenta. Quien más tendría factores a favor sería Lizcano que, no fue rescatado, ni liberado, se escapó, y no va a demandar: ello depende de la voluntad de la víctima.

Tampoco es suficiente que se le hubiera advertido a la ex congresista Ingrid Betancourt, o señalado el peligro que corría si seguía el camino, porque al Estado le corresponde garantizar la seguridad y la paz en todo el territorio nacional. El Estado no puede excusarse solo con admoniciones e indicaciones sobre los límites de la circulación, ése es el reconocimiento expreso de que no detenta ni es capaz de desplegar la Soberanía sobre el territorio nacional. Y la Soberanía en su componente interno consiste en el dominio del orden en toda la geografía.

En las circunstancias del secuestro de Ingrid el Gobierno de Pastrana Arango había renunciado a ejercer la Soberanía sobre 42.000 kilómetros en la llamada área del Caguán, pero tres días antes, a raíz del secuestro de Gechem, había terminado la “cesión de la zona de distensión” y se había avisado que el Gobierno recuperaría el control y la Soberanía Estatal.

(*)Catedrático de Ciencia Política, Universidad Libre

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Apuntes Sobre el Bicentenario de la Independencia

Autor Alberto Ramos G (*)

El período comprendido entre 1808 y 1810 empezó a marcar el decaimiento del poder de la Corona española para mantener la hegemonía sobre las colonias americanas. La traducción de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, realizada por Antonio Nariño, marcó la ebullición al conocerse la magnitud de los logros franceses, los derechos humanos elevados a normas constitucionales. Las diferencias entre criollos y chapetones comenzaron a minar la “superioridad española pura”, los criollos formaron núcleos de activistas y pensadores que cuestionaban ya a las autoridades del Rey y del Virrey.

Los levantamientos populares del movimiento negro en Santo domingo y Haití entre 1791 y 1804 sirvieron de aliento para las insurrecciones posteriores y de modelo para Simón Bolívar en sus análisis de los antecedentes. Paralelamente aumentaba la población mestiza, los indígenas y esclavos aumentaban su inconformidad; crecía la población de pardos, mulatos y otros segmentos raciales que acrecían la multiculturalidad, sin que se resolvieran las reclamaciones por la tenencia de la tierra, o al menos se viera beneficiada la mano de obra que participaba en los procesos productivos de cara a las exportaciones hacia Europa. En el marco de esa ebullición social se produjo la invasión napoleónica a España.

Una serie de juntas provinciales conformada por líderes criollos, inicialmente rechazando la invasión francesa a la península ibérica, reclamando la libertad del depuesto Rey Fernando VII y solicitando participación en las instituciones de la administración virreinal. En realidad estas juntas provinciales difundidas fueron una copia, un calco, de las juntas ibéricas organizadas después de la invasión napoleónica, pero constituyeron en el interior del virreynato en la semilla que fertilizaría las actas de independencia, los actos y las acciones político-militares como antesala a la guerra de independencia que se desdoblaría en antiabsolutista.

La inconformidad dentro de la Colonia comenzó a larvarse por las obvias desigualdades y el trato despótico de los españoles para con los indígenas, mestizos y población afro. La tardía toma de conciencia y la lenta formación de una clase dirigente criolla autonomista retrasaron el proceso de independencia.

La invasión francesa a España debilitó a la monarquía borbónica comenzando a perder el control en las colonias americanas por imposibilidad de seguir enviando tropas de refuerzo. Dentro del Virreynato de la Nueva Granada, la conformación de la Junta Suprema de Quito (1809) y su manifiesto da inicio al proceso del llamado juntismo.La junta de Quito en la redacción del manifiesto de agosto 1809 dejó constancia de la claridad que tenían sobre la independencia que se avizoraba, manejando hábilmente el lenguaje lleno de dicterios contra el invasor Bonaparte, exaltando al Rey Femando VII, cuestionando a los españoles europeos, desconociéndoles por la inacción, fomentando gobiernos autónomos aparatados de las decisiones de quienes no defendieron oportunamente la península, ni tenían planes para enfrentar al enemigo común(los franceses).

El 3 de julio se conoce el Acta de la Junta extraordinaria de Cali. En Cali también había crecido notoriamente la población mestiza, y como un cuasi-puerto-seco por la relativa cercanía era la vía predilecta hacia el pacífico y conexión hacia los andes, más que Popayán, de allí la importancia que revestía. La Junta fernandista de Regencia de Cádiz “gobernaba” (a contracorriente de la invasión francesa), invocando al Rey depuesto y había pedido solidaridad a los grupos destacados de las colonias. Existía en el imaginario criollo y popular la creencia como espejismo jurídico de que esa Junta tenía la autoridad sobre los territorios ultramarinos. Ese espejismo se despeja en febrero de 1811 cuando el Cabildo de Cali al no estar conformes ni acatar la Junta de Regencia de Cádiz, creando la junta provisional de las ciudades Confederadas.

La autonomía que reclamaban inicialmente era miope por la obnubilación que tenían respecto a la soberanía Divina del Rey, y por estar imbuidos del primer constitucionalismo monárquico de estirpe inglesa y francesa, esa creencia con visión recortada no es deleznable para la época, teniendo en la cuenta que el ejército realista dominaba el territorio, pero fue otro peldaño para avanzar hacia la guerra de independencia total, como todos los procesos ideológicos de maduración. La confusión creada en el Valle durante los primeros años de la década de 1810 entre regentistas y autonomistas, como facciones pre-partidistas, no debe servir como tarima descalificatoria para esos grupos de criollos que después aportaron a la guerra de independencia, como el caleño Ignacio Herrera, catedrático de la Universidad del Rosario, humanista que influyó en la mentalidad de los criollos de Cali y Quito. Queda claro que dentro de la corriente juntista, el movimiento de Quito fue el primero del Virreynato en reaccionar con una visión más acertada.

(*) Miembro de la Academia de Historia del Valle.

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